Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 36939-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso de apelación de la parte actora, con costas (cfr. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.);
2Regular los honorarios de la representación fiscal en los términos expuestos en el considerando V de la presente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
19810/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: CASTRO, FABRICIO ALEJANDRO - TF 36939-I DEMANDADO: DGI s/BENEF. DE LITIGAR S/G Buenos Aires, de mayo de 2022.-RBG VISTO Y CONSIDERANDO:
I. Que el 17 de febrero de 2020, el Tribunal Fiscal de la Nación denegó, con costas, el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el actor.
Para así decidir, por un lado, señaló que las declaraciones testimoniales de sus pacientes acompañadas resultaban insuficientes para generar la convicción de que el actor se encontraba en la situación denunciada. Por otra parte, destacó que la prueba pericial tampoco lograba demostrar su incapacidad de pago, pues, el informe aportado por el actor se había realizado sobre declaraciones juradas tributarias de fechas inciertas y/o no concomitantes a la causa; y, a su vez, tampoco había sido posible para el perito del Fisco realizar el informe requerido por no haberse puesto a su disposición la documentación necesaria. A ello, agregó que se había constatado que la declaración jurada del año 2013, del Impuesto a las Ganancias, ascendía a la suma de 1.019.604,69 pesos; y que la de Bienes personales, a la suma de 1.390.897,50.
Por todo ello, concluyó que debido a la carencia total de medios probatorios -conforme requería en el art. 79 del C.P.C.C.N.- y, ante la ausencia de evidencias que impedían evaluar la situación económica del actor, cabía concluir que el peticionante no había logrado acreditar la falta de recursos necesaria para eximirlo del pago de la tasa de actuación. Asimismo, intimó al incidentista para que en el término de cinco (5) días ingresara la suma de pesos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos con trece centavos ($49.252,13) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 25.964. Finalmente, reguló los honorarios de los letrados de la parte demandada en la suma de 7.585 pesos.
Alta en sistema: 27/05/2022 II.- Que, disconforme con lo resuelto, el actor interpuso recurso de apelación el 12 de marzo de 2020, el cual fue fundado a fs. 184/188. Finalmente, dicha pieza recursiva fue contestada por su contraria a fs. 211/215 vta. Se agravió respecto de que se hubiera considerado que, para la procedencia del beneficio aquí intentado, era necesario acreditar una situación de pobreza extrema tal que no pudiera afrontarse el pago de la tasa; lo cual, arguyó, no se correspondía con la letra del artículo 78 del C.P.C.C.N. De la misma manera, sostuvo que no se había valorado debidamente la prueba producida. En particular, sostuvo que, de las declaraciones testimoniales acompañadas, resultaba que, a la fecha de solicitar el presente beneficio, no contaba con capacidad financiera suficiente y que, esa situación quedó ratificada en el informe contable. Finalmente se agravió respecto de la imposición de costas y, consideró prematura y elevada la regulación de honorarios practicada en la resolución recurrida.
III. Que, de manera preliminar, cabe recordar que el instituto en examen encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional). Ello es así, pues por su intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a las circunstancias económicas de los contendientes. En ese marco deben ser valorados también los intereses de la contraria, tan respetables como los de la actora, a fin de que no se vean conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio (conf. Fallos: 311:1372, considerando 2° y, esta Sala, en INC Nº1- “Mendy, Marcelo Adolfo s/ BLSG”, Nº 77889/2017, del 16 de febrero de 2018).
IV. Que, sin perjuicio de ello, debe señalarse que, en virtud de lo dispuesto por el art. 265 del C.P.C.C.N., la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y debe ser idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas. Crítica concreta y razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implica el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y Alta en sistema: 27/05/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr., esta Sala, causa “Incidente nº 1 - Actor: Aguamarina SA s/ Beneficio de Litigar S/G” –expte. nº 58.774/2015–pronunciamiento del 23 de junio de 2016).
Sobre estas premisas, debe indicarse que los argumentos vertidos por la parte actora no demuestran concretamente el desacierto de la decisión adoptada, en cuanto denegó el beneficio solicitado. En cambio, el apelante se limita a formular una serie de apreciaciones dogmáticas y genéricas tendientes a justificar la concesión del beneficio de litigar sin gastos, argumento que no guarda relación con el fundamento vertido en el decisorio recurrido a los fines de resolver de la manera en que se lo hizo.
En efecto, la recurrente no logró demostrar críticamente que los vocales hubieran errado en el razonamiento, y las reflexiones que expuso en su memorial, referentes al incorrecto criterio de apreciación de la escasa prueba producida, tampoco pueden ser tenidas en cuenta por este Tribunal pues constituyen consideraciones insuficientes para sustentar válidamente el recurso en orden a los aspectos específicamente controvertidos y resueltos en autos.
Por las razones expuestas, corresponde declarar desierto el recurso de apelación de la parte actora, con costas (cfr. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).
V. Que, resta expedirse respecto de los honorarios regulados en la resolución del 17 de febrero de 2020 y apelados por considerarse “altos”.
A tal fin, teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso; el monto involucrado; del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido en la anterior instancia, corresponde CONFIRMAR la regulación de honorarios practicada en el punto 3) de la aludida resolución; habida cuenta de que la misma fue apelada únicamente por considerarse “alta”–arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Por otra parte, y con relación a las tareas desarrolladas antes esta instancia, corresponde FIJAR los honorarios de la representación y el patrocinio fiscal en la cantidad de 0,31 UMA –que, a la fecha, equivalen a 2.790,31 pesos–, a cargo de la parte actora (arts. 16, 20, 21, 22, 24, 30 y ccdtes., de la Ley nro. 27.423; Ac CSJN 12/22).
Alta en sistema: 27/05/2022 En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 1) declarar desierto el recurso de apelación de la parte actora, con costas (cfr. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); 2) Regular los honorarios de la representación fiscal en los términos expuestos en el considerando V de la presente. Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase.
Guillermo F. Treacy Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 27/05/2022
Fin de la sentencia