Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 81396054-I
—SALA IV— CAF 17825/2023/1/CA1 BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS DE CECAITRA (TF 64684610-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, mayo de 2023 VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 6 de octubre de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación denegó, con costas, el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora, por no haber acreditado su falta de recursos y la imposibilidad de obtenerlos. En consecuencia, la intimó a pagar la suma de $8.644.298,75.
2. Que, contra dicha decisión, aquélla interpuso recurso de apelación y lo fundó el 24 de octubre de 2022, contestado por su contraria el 22 de marzo de 2023.
Sostuvo, en síntesis, que se hallaba acreditada su falta de recursos para hacer frente al pago de los gastos. Afirmó, al respecto, que todos sus ingresos eran destinados a la consecución de sus fines sociales y que resultaban menores que los egresos, por lo que se veía imposibilitada de afrontar los gastos.
Apeló, asimismo, los honorarios regulados a los letrados del Fisco por estimarlos altos, y éstos últimos los impugnaron por bajos.
3. Que el artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial establece que podrán solicitar el beneficio de litigar sin gastos aquéllos que “carecieren de recursos”, por lo que se trata de un privilegio restrictivo y excepcional otorgado sólo a los que efectivamente no posean recursos para costear la demanda que se ha de iniciar, lo cual debe ser probado fehacientemente.
Según el artículo 79, inciso 2°, de ese código, es requisito ofrecer en la solicitud la prueba “tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos”, de lo que se infiere que quien invoca el beneficio tiene la carga procesal de aportar todos los elementos conducentes a crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos probados.
4. Que, la concesión del beneficio debe quedar librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. El legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En suma, en cada uno de ellos el tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372). Esa situación debe ser excepcional y se impone un criterio restrictivo en su apreciación.
En el beneficio de litigar sin gastos frente a los intereses del peticionario se hallan los de la parte contraria, tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio, y los de la comunidad en general –interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos (Fallos: 311:1372 y 313:1015); máxime, cuando se trata de personas de existencia ideal.
5. Al respecto, es oportuno destacar que, a fin de acreditar sus dichos, la actora ofreció prueba informativa y certificación contable. A la primera se la tuvo por decaída, en tanto que, respecto de la segunda, se advierte que la situación económica de la asociación no es la de una carencia de recursos ni de la imposibilidad objetiva de obtenerlos, sino la de una dificultad financiera o de inmediata liquidez que, por su propia naturaleza, no habilita la concesión del beneficio pretendido.
6. Que, por lo tanto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, con costas en esta instancia por su orden, habida cuenta de las particularidades del caso (art. 68, segunda parte del CPCCN).
7. Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia de la cuestión en debate, así como el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante el trámite ante el Tribunal Fiscal corresponde CONFIRMAR los honorarios regulados a la dirección y representación del Fisco (arts. 16, 19, 21, 29, inc. a y b, 51 y cdtes., de la ley 27.423; ac. CSJN (acordada 9/23).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia