Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49128-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la sentencia apelada, excepto en cuanto a las costas que se imponen por su orden en ambas instancias (art. 68, segunda parte del CPCCN). Déjase sin efecto la regulación de honorarios practicada.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19811/2021 “Incidente Nº 1 - ACTOR: GUARRACINO, JUAN MARTIN - TF 49128-I DEMANDADO: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
Buenos Aires, de marzo de 2022 VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación denegó, con costas, el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el actor, por no haber acreditado su falta de recursos y la imposibilidad de obtenerlos (fs. 57 y vta.).
2. Que, contra dicha decisión, el Sr. Guarracino interpuso apelación a fs. 63/8, contestado por su contraria a fs. 83/88. Sostiene, en síntesis, que se encuentra acreditada su falta de recursos para hacer frente al pago de los gastos. Cita jurisprudencia a su favor.
Solicita que en subsidio se impongan las costas por su orden en tanto se pudo creer con derecho a promover el presente beneficio. A fs. 70 apeló los honorarios regulados a los letrados del Fisco por altos y a fs. 74 éstos los apelaron por bajos.
3. Que el artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial establece que podrán solicitar el beneficio de litigar sin gastos aquéllos que “carecieren de recursos”, por lo que se trata de un privilegio restrictivo y excepcional otorgado sólo a los que efectivamente no posean recursos para costear la demanda que se ha de iniciar, lo cual debe ser probado fehacientemente.
Según el artículo 79, inciso 2°, de ese código, es requisito ofrecer en la solicitud la prueba “tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos”, de lo que se infiere que la misma parte que invoca el beneficio tiene la carga procesal de aportar todos los elementos conducentes a crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos probados.
4. Que, la concesión del beneficio debe quedar librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. El legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En suma, en cada uno de ellos el tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372). Esa situación debe ser excepcional y se impone un criterio restrictivo en su apreciación.
En el beneficio de litigar sin gastos frente a los intereses del peticionario se hallan los de la parte contraria, tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio, y los de la comunidad en general –interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos (Fallos: 311:1372 y 313:1015).
5. Que, en el caso, del único medio probatorio incorporado al incidente (prueba informativa del Banco Comafi de fs. 41), surge que el actor posee un saldo de caja de ahorro de $10.774,45 y de cuenta corriente de $5.551,75, al 22 de marzo de 2019.
6. Que, por lo expuesto, no existen elementos que permitan llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de empobrecimiento alegadas, dado que no se ha demostrado que el actor carezca de patrimonio suficiente como para hacer frente al pago de la tasa de actuación sino, en todo caso, que presenta un problema de liquidez. En esta línea cabe, destacar que el recurrente no acompañó otras pruebas a fin de demostrar la falta de capacidad económica alegada Por lo expuesto, y toda vez que el apelante no logra rebatir lo resuelto por el Tribunal Fiscal al respecto, corresponde desestimar sus agravios sobre la procedencia del beneficio.
7. Que, no obstante ello, en cuanto a las costas corresponde hacer lugar al agravio del actor e imponerlas en ambas instancias por su orden, en atención a las particularidades del caso (art. 68, segunda parte del CPCCN).
En consecuencia, procede dejar sin efecto la regulación de honorarios.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19811/2021 “Incidente Nº 1 - ACTOR: GUARRACINO, JUAN MARTIN - TF 49128-I DEMANDADO: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
Por todo lo expuesto SE RESUELVE:
confirmar parcialmente la sentencia apelada, excepto en cuanto a las costas que se imponen por su orden en ambas instancias (art. 68, segunda parte del CPCCN). Déjase sin efecto la regulación de honorarios practicada. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELI O W. VINCENTI
Fin de la sentencia