Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35628-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConceder el beneficio solicitado en un 50%, sólo en cuanto al pago de la tasa de justicia. Distribuir las costas del incidente por su orden, en atención al modo en que se decide (arts. 68, segundo párrafo, y 69, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
27364/2025/1 Incidente Nº 1 BLSG en “Ingeniería y Computación SA (TF 35628-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, noviembre de 2025.
1. Que Ingeniería y Computación SA solicitó beneficio de litigar sin gastos para que se la eximiese del pago de la tasa de justicia que debe integrar por la promoción del expediente principal. Allí recurrió una decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había confirmado parcialmente la resolución DE PRLA 7722/14, dictada en la actuación SIGEA 12197-5082- 2009, en cuanto la condenaba al pago de una multa y tributos por la comisión de una infracción al artículo 970 del Código Aduanero.
La actora ofreció prueba documental para acreditar que el importe que debería abonar por tal concepto ($16.865.205,65, de acuerdo con la liquidación que efectuó), excedía ampliamente su capacidad económica y constituía un límite infranqueable para el ejercicio de su derecho de defensa.
Explicó que es una empresa argentina radicada en la provincia de Mendoza que se dedica a la elaboración, desarrollo y comercialización de proyectos integrales para la ingeniería, suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de automatización y control; procesamiento de datos; consultoría; servicios de computación y sistemas. También indicó que la sociedad estaba controlada en un 100% por Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA; empresa, ésta, que se dedica a la construcción y puesta en marcha de centrales y turbinas de generación hidroeléctricas (v. pruebas “A” y “B”).
Aclaró que, aunque podía resultar extraño que una empresa de su evargadura tuviese problemas para canalizar su derecho de defensa, lo cierto era que se encontraba imposibilitada de pago como consecuencia de una serie de eventos (cesación de pagos de la actual empresa estatal de energía de la República Bolivariana de Venezuela, de quien es proveedora). En sustento de sus dichos, adjuntó el Informe de Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de junio de 2023, realizado por auditores independientes, de donde surge que la empresa tenía a dicha fecha un quebranto acumulado superior a $100.000.000 (prueba “C” y “D”).
También acreditó que había tenido que suspender prácticamente a todo su personal en virtud de lo establecido en el artículo 223bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por medio de un acuerdo con el sindicato que se encontraba en trámite de homologación por ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, y cuya copia acompañó como prueba “E”.
En el mismo anexo documental “E” adjuntó prueba de que las señaladas circunstancias, y su agravamiento, llevaron a la empresa a tener que reestructurar su deuda en varias oportunidades. En concreto, acreditó el acuerdo preventivo extrajudicial que instó su controlante ante el Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza Nº 2, Circunscripción 1, y que se encuentra en trámite bajo los autos Nº CUIJ: 13-05066012-9 (011902-4357712) caratulados “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAIC Y FP/ MEGA APE”.
En ese marco, concluyó que el pago de la tasa de justicia y otros gastos judiciales que pudiera verse condenada a satisfacer devenían en erogaciones secundarias frente a la prioridad de mantener fuentes de trabajo y la subsistencia misma de la empresa.
2. Que, el Representante del Fisco, no formuló oposición a su otorgamiento (v. DEOX del 8/9/25).
3. Que, el artículo 78 del CPCCN —supletoriamente aplicable en la especie; arg. art. 1182, CA— establece que podrán solicitar el beneficio de litigar sin gastos aquéllos que “carecieren de recursos”, por lo que se trata de un privilegio restrictivo y excepcional otorgado a quienes efectivamente no posean recursos para costear la demanda que se ha de iniciar. Según el artículo 79, inciso 2°, de ese código, la solicitud debe contener la prueba “tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos”, de donde se infiere que la misma parte que invoca el beneficio tiene la carga procesal de aportar prueba fehaciente de sus dichos.
4. Que, de acuerdo a lo que establece la normativa procesal, la concesión del beneficio queda librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas.
El legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En suma, en cada uno de ellos el tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; énfasis añadido).
En esa apreciación se impone un criterio restrictivo, toda vez que, en el beneficio de litigar sin gastos, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de la parte contraria –tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio–, como así también los de la comunidad en general –interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos– (Fallos: 311:1372 y 313:1015; y doctr. esta Sala, causa “Oveon SA c/ BNA”, sent. del 29/6/04, entre otras).
5. Que de la prueba acompañada por la empresa actora se infiere que ésta atraviesa problemas de liquidez; sin embargo, no existen elementos para generar la convicción necesaria acerca de la imposibilidad de obtener los recursos para afrontar los gastos del juicio. Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta el abultado monto de la tasa de justicia que deberá ingresar, como así también las circunstancias de hecho que se pusieron de manifiesto en el escrito de inicio y que se acreditaron sumariamente con la prueba acompañada en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27364/2025/1 Incidente Nº 1 BLSG en “Ingeniería y Computación SA (TF 35628-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
el anexo E, se estima adecuado otorgar el beneficio en un 50% y únicamente en lo que respecta al pago de ese tributo.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Conceder el beneficio solicitado en un 50%, sólo en cuanto al pago de la tasa de justicia. Distribuir las costas del incidente por su orden, en atención al modo en que se decide (arts. 68, segundo párrafo, y 69, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia