Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 47823-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la recurrente y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);
2Elevar los honorarios regulados a fs. 94/94vta. y fijar los correspondientes a la actuación de la representante del Fisco Nacional ante esta Alzada, en los términos dispuestos en el considerando 6º supra; y
3Rectificar la carátula del incidente toda vez que conforme surge de las constancias de la causa, la actora se denomina “International Power Entertainment S.A.”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
15558/2021 “Incidente Nº 1 - ACTOR: ITERNATIONAL POWER ENTERTAINMENT SA-TF 47823-I DEMANDADO: FISCO NACIONAL (AFIP-DGI) s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2021.
Estos autos caratulados: “Incidente Nº 1 – Actor: Iternational Power Entertainment SA-TF 47823-I Demandado: Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ Benef. de litigar S/G”; y
1. Que, a fs. 87/88, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: a)
denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas y b) intimar a la actora que en el término de cinco días ingrese la suma de $50.251,97 en concepto de tasa de actuación.
Para así resolver, ponderó que las respuestas brindadas por los testigos respecto a la actividad comercial de la incidentista resultaban contradictorias y no aportaban datos concretos y contundentes relativos a la realidad económica de la actora. Ello así, manifestó que la prueba testimonial era insuficiente para tener por probada la falta de recursos económicos alegada.
Por su parte, puso de resalto que, pese a las intimaciones cursadas, la parte actora no había instado la producción de la prueba pericial contable, por lo que se la tuvo por desistida. De este modo, concluyó que ante la falta de probanzas, no había quedado fehacientemente acreditada la imposibilidad de la recurrente de obtener recursos financieros suficientes a fin de afrontar la tasa de actuación.
2. Que, contra este pronunciamiento, apeló la actora y expresó agravios a fs. 93 y a fs. 103/104, respectivamente, cuyo traslado fue contestado por su contraria a fs. 110/111vta. En su memorial, puntualiza que el a quo realizó una interpretación “desviada” de las declaraciones testimoniales toda vez que, según alega, todas son contestes en que la recurrente explotaba el complejo “Sobremonte” que atravesaba una grave crisis, desarrollando su actividad sólo en verano y en eventos esporádicos. En ese sentido, esgrime que los testimonios se vieron refrendados por la realidad en tanto se vio obligada a cerrar definitivamente. A fin de probar los extremos requeridos para la obtención del beneficio que persigue, replantea la prueba pericial oportunamente solicitada.
3. Que, el artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que podrán solicitar el beneficio de litigar sin gastos aquéllos que “carecieren de recursos”, por lo que se trata de un privilegio restrictivo y excepcional otorgado sólo a aquéllos que efectivamente no posean recursos para costear la demanda que se ha de iniciar, lo cual debe ser probado fehacientemente.
Según el artículo 79 inciso 2° de ese código, la solicitud debe contener la prueba “tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos”, de lo que se infiere que la misma parte que invoca el beneficio tiene la carga procesal de aportar todos los elementos conducentes a crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos probados.
4. Que, la concesión del beneficio debe quedar librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. El legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En suma, en cada uno de ellos el tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372). Esa situación debe ser excepcional y se impone un criterio restrictivo en su apreciación (confr., esta Sala, in re “Oveon SA c/ Banco de la Nación Argentina”, sent. del 29/6/04 y “López de Aguirre Marcelina Virginia -Reconstrucción- c/ Poder Judicial de la Nación y otros”, sent. del 21/10/04). En el beneficio de litigar sin gastos, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de la parte contraria, tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio, y los de la comunidad en general -interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos (Fallos: 311:1372 y 313:1015)-, máxime cuando se trata de personas de existencia ideal, cuyo desenvolvimiento se inspira en fines de lucro.
5. Que, en el caso de autos, la actora se limitó a acompañar tres testimonios según los cuales la empresa tendría escasa actividad comercial, ingresos reducidos y serias complicaciones para afrontar gastos (fs. 59/65).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
15558/2021 “Incidente Nº 1 - ACTOR: ITERNATIONAL POWER ENTERTAINMENT SA-TF 47823-I DEMANDADO: FISCO NACIONAL (AFIP-DGI) s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
A ello cabe añadir que, a fs. 78 se tuvo a la incidentista por desistida de la prueba pericial contable en tanto no arbitró los medios necesarios para su producción (conf. fs. 74 y 76).
En este contexto, resulta claro que no existen elementos suficientes que permitan tener por acreditadas las condiciones de empobrecimiento alegadas, circunstancia que sella la suerte adversa de la apelación intentada.
Por lo demás, y en respuesta al replanteo de la pericial contable, cabe destacar que en virtud de la correlación de los arts. 379 y 385, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a los que remite el art. 260, inc. 2° del código citado, sólo es admisible el replanteo de pruebas en la Alzada y la consiguiente apertura, en el caso de negligencias o caducidades mal decretadas o no ajustadas a derecho, siempre y cuando el peticionario justifique adecuadamente que de su parte no medió demora, desidia o desinterés en la producción de las probanzas pertinentes (conf. esta Sala, in re “Ciocchini Héctor c/ CONICET s/ empleo público”, sent. del 27/12/12 y sus citas); extremo que no se verifica en el sub examine. Sin perjuicio de ello, es dable recordar que la apertura a prueba en esta instancia es de carácter excepcional habida cuenta de que las situaciones que la autorizan están previstas expresamente por las normas de un modo limitativo, debiendo, por ello, interpretarse con carácter restrictivo (conf. esta Sala, in re “Figueiras, Juan Carlos c/ Sedronar s/ empleo público”, sent. del 10/10/17). A todo evento, corresponde estar a lo dispuesto en el art. 82, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
6. Que, con relación a los honorarios regulados a fs. 94/94vta. y apelados por bajos y por altos (fs. 96 y 97, respectivamente), y en atención a lo establecido en los artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 19, 33, 37, 39 y concordantes de la ley 21.839 y sus modif., SE ELEVAN los emolumentos fijados por el Tribunal Fiscal a favor de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional a pesos nueve mil cuarenta y cinco a favor de Valeria Poey Sowerby por su doble actuación como apoderada y letrada co-patrocinante ($9.045) y a pesos cinco mil veinticinco a favor del Dr. Carlos Muzzio por su calidad de co-patrocinante ($5.025).
Por su parte, por la actuación en la Alzada, SE FIJAN los honorarios de la representación del organismo fiscal en la suma de pesos cuatro mil doscientos veinte ($4.220) (art. 14, ley 21.839).
Se deja constancia de que el monto regulado no incluye el IVA, que, en su caso, deberá adicionarse según la particular situación de los beneficiarios respecto del tributo.
En virtud de las razones expuestas, SE RESUELVE: 1º) rechazar el recurso interpuesto por la recurrente y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 2º) elevar los honorarios regulados a fs. 94/94vta. y fijar los correspondientes a la actuación de la representante del Fisco Nacional ante esta Alzada, en los términos dispuestos en el considerando 6º supra; y 3º) rectificar la carátula del incidente toda vez que conforme surge de las constancias de la causa, la actora se denomina “International Power Entertainment S.A.”.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia