Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 48082-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente el recurso de apelación de la parte actora y conceder el beneficio de litigar sin gastos peticionado en un 50 por ciento (art. 84 del CPCCN), con costas de ambas instancias en el orden causado en virtud del modo en que se resuelve (conf. art. 68, segunda parte, del CPCCN).
2Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 17 de diciembre de 2021, en virtud de lo expuesto en el considerando V.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
23452/2022 Incidente Nº 1 - ACTOR: OVEJERO, HORACIO FABIAN (TF 48082-I)
DEMANDADO: FISCO NACIONAL s/BENEF. DE LITIGAR S/G Buenos Aires, de septiembre de 2022.-
I. Que, a fojas 100/vta. la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación denegó, con costas, el beneficio de litigar sin gastos que había sido solicitado por el Sr. Horacio Fabián Ovejero a fin de que se lo eximiera de ingresar la suma de 37.442,24 pesos, en concepto de tasa de actuación, en el marco de la causa 48.082-I en la que se le había determinado de oficio por Impuesto a las Ganancias –periodo fiscal 2010– y por el Impuesto al Valor Agregado –periodos fiscales de diciembre 2009 a marzo 2011– por la suma total de 1.498.049,56 pesos.
Para decidir así, sostuvo que de la prueba producida no resultaba que el solicitante hubiera demostrado fehacientemente la imposibilidad de afrontar el pago de la tasa de actuación. En particular, señaló que el actor poseía tres tarjetas de créditos y una caja de ahorros en una de las entidades bancarias oficiadas; que se encontraba inscripto en el régimen del Monotributo, en la categoría “D”, y su profesión era arquitecto. Por otra parte, destacó que, si bien era cierto que de las declaraciones del impuesto a los Ingresos Brutos, entre el periodo de noviembre 2016 a septiembre de 2018, no se habían detectado ingresos, ni facturaciones o recibos, no era menos cierto que el perito propuesto por el Fisco Nacional había destacado que “puede existir otra documentación no presentada o ingresos no declarados y que con los elementos presentados no se puede tomar conocimiento de la situación real de la actora”.
Seguido de ello, sostuvo que tampoco resultaba de las declaraciones testimoniales acompañadas, ni de la situación familiar acreditada, que se encontrara imposibilitado para acceder a una financiación a fin de cubrir la suma exigida en concepto de tasa de actuación; y, a su vez, no se advertía que el actor estuviere embargado o inhibido.
Por todo ello, intimó al actor para que en el término de cinco días ingresara la suma de 37.442,24 pesos en concepto de tasa de actuación. Luego, el 17 de diciembre de 2021 se regularon los honorarios de los letrados intervinientes por la parte demandada y los peritos de parte.
II. Que, contra la primera de las resoluciones mencionadas, la parte actora interpuso recurso de apelación y fundó sus agravios a fs. 104/106vta., que fueron replicados por su contraria a fs. 125/129. Se agravia por considerar que en la resolución apelada el Tribunal Fiscal no valoró la prueba de manera adecuada. Concretamente, sostiene que parar acreditar la situación patrimonial en la que se encuentra acompañó las declaraciones testimoniales de las que resultaba que se encontraba desocupado; además de que de la pericia contable resulta su falta de ingresos. Señala que, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal a quo, no es necesario el extremo de estar embargado a los fines de solicitar el beneficio pretendido. En ese sentido, afirma que no posee la posibilidad de acceder a esos fondos.
Por otra parte, destaca que el Tribunal Fiscal de la Nación no debió apartarse de las conclusiones expuestas en la pericia contable producida con el fundamento de que podrían existir, en su caso, documentos no presentados. Califica de conjetural ese fundamento y sostiene que, si existieran ingresos no declarados, es la AFIP la agencia que tiene la obligación de detectarlo, pero no puede el Tribunal sostener como válido ese argumento sin prueba alguna al respectos.
Por todo ello, concluye que no cuenta con la capacidad para afrontar los gastos necesarios para poder defender sus derechos y, en consecuencia, una denegatoria del beneficio solicitado implicaría una denegatoria de acceso a la justicia.
III. Que, de manera preliminar, cabe recordar que el instituto en examen encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional). Ello es así, pues por su intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a las circunstancias económicas de los contendientes. En ese marco deben ser valorados también los intereses CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de la contraria, tan respetables como los de la actora, a fin de que no se vean conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio (conf. Fallos: 311:1372, considerando 2° y, esta Sala, en INC Nº1- “Mendy, Marcelo Adolfo s/ BLSG”, Nº 77889/2017, del 16 de febrero de 2018).
IV. Que, en tal contexto, cabe señalar que al actor, en el marco de la causa 48.082-I, se le determinó de oficio por Impuesto a las Ganancias –periodo fiscal 2010– y por el Impuesto al Valor Agregado –periodos fiscales de diciembre 2009 a marzo 2011– por la suma total de 1.498.049,56 pesos; y por ello, se los intimó a ingresar la suma de 37.442,24 pesos en concepto de tasa de actuación (v. fs. 2/3). De las declaraciones testimoniales acompañadas resulta que el actor es de profesión arquitecto y para el año 2017 se encontraba sin trabajo; que no poseía otro inmueble más que el de su vivienda familiar, en la que residía con su esposa y tres hijos; ni automóvil (v. fs. 5/7). Por otra parte, en cuanto a los bienes registrables, no resultó posible su identificación en razón de haberse dado por decaído el derecho a producir esa prueba ante la inacción del actor (v. fs. 60) Asimismo, que en el año 2014 se dio de alta en el régimen del Monotributo –en la categoría “D”– que esa situación duró al menos hasta el año 2018. En ese mismo año, tampoco registraba un trabajo en relación de dependencia (v. informe de AFIP de fs. 38/39).
De todas las entidades bancarias oficiadas por solicitud del BCRA, resulta que el actor únicamente es cliente del Banco Galicia y, en esa entidad posee, desde el año 2008, tres tarjetas de crédito de las cuales no se conoce su consumo disponible; y una caja de ahorro en pesos, con un saldo –al 15/9/2018– de cero pesos (v. fs. 94).
Respecto del informe contable producido, para la profesional propuesta por la parte actora, el actor no cuenta con los recursos suficientes para afrontar los gastos del pleito que, en el mismo informe, estimó; mientras que, en opinión del profesional propuesto por la demandada, esos costos no son posibles de calcular e incumben al tribunal. En cuanto a los ingresos, ambos profesionales concuerdan en que el 8/11/2026 el actor recibió 35.000 pesos, pero, para el profesional propuesto por el Fisco Nacional, no es posible aseverar que el actor no contara con otros ingresos; mientras que, para la perito de la parte actora, de la declaraciones del impuesto a los Ingresos Brutos, entre el periodo de noviembre 2016 a septiembre de 2018, no se habían detectado ingresos, ni facturaciones o recibos (v.111/112).
V. Que, en tales condiciones, cabe concluir que si bien no resulta que el actor carezca totalmente de recursos económicos lo cierto es que tampoco se obtiene la absoluta certeza de que los posea. En efecto, nótese que, del informe presentado por el Banco Galicia mencionado por el Tribunal a quo, no es posible conocer el saldo disponible de las tarjetas de crédito mencionadas y la cuenta de ahorro no poseía dinero. En consecuencia, en autos, corresponde conceder el beneficio solicitado en un 50 por ciento. Una solución contraría podría razonablemente implicar una denegatoria de acceso a la administración de justicia. Máxime cuando, el instituto requerido es de naturaleza provisoria hasta tanto mejore la situación del peticionante (v. artículo 84 del CPCCN, de aplicación supletoria al caso).
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, en del modo en que se resuelva y la naturaleza de los derechos en debate (conf. art. 68, segunda parte, del CPCCN). En consecuencia, cabe dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 17 de diciembre de 2021 con fundamento en la imposición de costas que por la presente se revoca.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Admitir parcialmente el recurso de apelación de la parte actora y conceder el beneficio de litigar sin gastos peticionado en un 50 por ciento (art. 84 del CPCCN), con costas de ambas instancias en el orden causado en virtud del modo en que se resuelve (conf. art. 68, segunda parte, del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 17 de diciembre de 2021, en virtud de lo expuesto en el considerando V.
Se deja constancia que el Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente, por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y −oportunamente− devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani
Fin de la sentencia