Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 23334200-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la resolución del 03/08/23 por medio de la cual se denegó el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas (conf. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); y
2Tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado y fijar los emolumentos de la dirección letrada y representación de la demandada por su actuación ante esta Alzada (Considerando VI).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
43562-2023-1 Incidente Nº 1 - ACTOR: PARK SEE HOON (TF 23334200-I) s/BENEF. DE LITIGAR S/G Buenos Aires, 12 de diciembre de 2023.- PGR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio de la sentencia del 03/08/23 (v. fs. 255/258), el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió no hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado por la parte actora. Asimismo, impuso las costas a la accionante.
Para así decidir, describió los lineamientos del instituto bajo estudio y sus alcances, para posteriormente concluir que en estos actuados no se habían reunido los supuestos fácticos necesarios de procedencia.
En ese sentido, expresó que, de la documentación acompañada por el incidentista, la existente en los expedientes principales y sus antecedentes administrativos surgen datos que tienen directa incidencia en la evaluación que corresponde efectuar para decidir sobre la procedencia del beneficio solicitado.
Puso de relieve que, en autos se solicitaron las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado del comercio correspondiente a los últimos 24 meses y el detalle de los ingresos brutos desde el mes de enero de 2022 y ninguna de esa información fue proporcionada, señalando que lo aportado es toda la documental que se encuentra en su poder, en una clara ausencia de evidencias sobre la verdadera situación económica y financiera.
Sostuvo que, la información requerida hubiera permitido conocer el flujo de ingresos y compras/gastos del negocio; y al mismo tiempo y sobre el particular resulta llamativo que luego de expresar que no contaba con otras constancias o registraciones, solicitó una pericia contable a fin de informar si los libros y demás papeles de comercio estaban llevados en legal forma, sobre la evolución de los ingresos del último año y el comportamiento financiero de los últimos tres años, y el resultado de la propuesta indicó una clara intención dilatoria. Adujo que, “[R[especto de la prueba informativa que propone para que el Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires indique sobre la tenencia de inmuebles a su nombre, resulta cuanto menos sumamente parcial e insuficiente, pues aún una respuesta negativa por parte de los organismos involucrados, no resultaría indicadora de la ausencia de este tipo de bienes, ya que en el país existen 22 jurisdicciones provinciales más, sin perjuicio de la potencial presencia de ese tipo de bienes en el exterior” (sic). Adujo que, en lo que incumbe a la evolución financiera, la falta de registros y documentación que esgrime en el IF-2023-64871473- APN-DTD#JGM, lleva a una base débil para producir un informe como el solicitado, atendiendo a que la situación financiera no se agota con la existencia de bienes registrables.
A ello, añadió que, tampoco resulta aceptable el argumento que cita en el IF-2023-73229420-APN-DTD#JGM, donde aclara que actualmente el Sr. Park Se Hoon es representante de una empresa y no presenta ingresos brutos, quedando claro que se trata de un simple relato y constituye una respuesta dogmática sin evidencia alguna, resultando a su vez contradictoria con la pericial contable solicitada sobre los demás “papeles del comercio”.
Por último, advirtió que, con la información administrativa disponible correspondiente a los expedientes principales (libros de IVA VENTAS) se ha podido verificar que la empresa en los períodos fiscalizados y motivo de recursos ante dicho Tribunal ha facturado una suma que supera los $ 40.000.000 (período enero 2016 a septiembre 2017).
Por tales consideraciones, concluyó que, el incidentista no ha demostrado de manera alguna su situación de pobreza que impida abonar las tasas de actuación que ascienden a la suma de $ 940.035,51, por lo que cabía rechazar la solicitud de litigar sin gastos. Ello así, intimó a la actora para que en el término de cinco (5) días ingresara la suma de $1.184.482,33 (pesos un millón ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con 33/100) en concepto de tasa de actuación e intereses, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal (conf. artículos 2°, 7° y concordantes de la ley 25.964).
Finalmente, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II de $ 133.781 (pesos ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y uno) equivalente a 8,96 (ocho con 96/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por el patrocinio letrado y de $ 53.513 (pesos cincuenta y tres mil quinientos trece) equivalente a 3,58 (tres con 58/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 9/2023 (04/04/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 11/08/23 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto (v. fs. 263/269). En cuanto interesa, se agravia de la resolución recurrida por cuanto sostiene que, no sólo ha valorado incorrectamente la realidad de los hechos, sino que asimismo ha olvidado la finalidad última del instituto que nos ocupa.
Sostiene que, el fundamento del beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en dos preceptos de raigambre constitucional: la igualdad ante la ley y la garantía de la defensa en juicio (artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional).
Cita jurisprudencia que estimó aplicable al sub examine.
A ello, agrega que, la circunstancia de que el peticionante del beneficio posea una propiedad y algunos ingresos no obsta a su concesión si aquella es improductiva y éstos sólo alcanzan para cubrir su subsistencia.
Por ello, solicita se revoque la sentencia recurrida y se conceda el beneficio de litigar sin gastos peticionado, dejando sin efecto la intimación al ingreso de las tasas de actuación, con costas a la parte demandada.
Por lo demás, sostiene que, resultan excesivos los honorarios regulados a los letrados del Fisco Nacional, por lo que solicita se los deje sin efecto y, eventualmente, se proceda a una nueva regulación de acuerdo a los extremos invocados.
Corrido que fuera el pertinente traslado, su contraria formuló réplicas el 20/10/23 (v. fs. 293/301).
III. Que, sentado lo expuesto, a título preliminar cabe recordar que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el artículo 78 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
Se trata de un instituto de interpretación restrictiva y excepcional, otorgado sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos -y la imposibilidad de obtenerlos- para afrontar el pago de los gastos causídicos, y su concesión queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Fallos: 311:1374).
Asimismo, debe recordarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (Fallos: 311:1373).
IV. Que, así delimitada y contextualizada la cuestión, corresponde adentrarse al análisis del fondo de la cuestión debatida; en ese sentido, se advierte de la lectura de las presentes actuaciones que, se presenta PARK SE HOON representado por Marcos Gabriel Gutman y solicita que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos que acuerda el artículo 1° de la ley 25.964, que regula la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, con aplicación de las normas contenidas en los artículos 78 y siguientes del C.P.C.C.N (v. fs. 6/63).
Funda su solicitud explicando que no tiene fortuna ni dinero suficiente para afrontar los gastos e importa una situación de impotencia patrimonial, circunstancia que expone la carencia de recursos haciéndola merecedora del beneficio de litigar sin gastos.
A efectos de demostrar los extremos requeridos por la normativa que regula el instituto en cuestión ofreció (ver punto IX del escrito de inicio “Prueba sobre el beneficio de litigar sin gastos” – v. fs. 61/62):
a) Informativa: se librara oficio al Registro de Propiedad del Inmueble de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que informe si la actora tiene inmuebles a su nombre y los gravámenes que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II pesan sobre los mismos. También se librara oficio al Registro de la Propiedad Automotor a los mismos fines y efectos; y b) Pericial contable: a fin de reportar si los libros y demás papeles de comercio están llevados en legal forma, mencionando su actividad, la evolución de los ingresos en el último año, la evolución financiera en los precedentes tres años, indicando si ha disminuido o aumentado su patrimonio en los últimos tres períodos, si posee cuentas bancarias y bienes; y todo otro dato de interés para la causa. Cabe destacar que, por medio de la providencia del 14/07/23 (fs. 249), el Tribunal Fiscal de la Nación dispuso lo siguiente: “[V]isto el estado de autos y en virtud de que la documentación acompañada por la incidentista mediante IF-2023- 64871524-APN- DTD#JGM, IF-2023-64871473-APN-DTD#JGM y IF-2023-73229502-
APN-DTD#JGM, la obrante en los expedientes principales y sus antecedentes administrativos resulta suficiente para el análisis de la procedencia del beneficio de litigar sin gastos solicitado, no resulta necesario ordenar la producción de las probanzas ofrecidas en autos […]”.
V. Que, así las cosas, teniendo en cuenta la orfandad probatoria, unida a la valoración de las circunstancias configuradas en el trámite del presente beneficio, debe concluirse que no se encuentran reunidos en la especie los extremos fácticos de procedencia para la concesión de la franquicia pretendida.
Es que, el objeto de la actividad probatoria para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos consiste en aportar elementos que permitan al Tribunal formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos para afrontar los gastos que eventualmente irrogue la acción por él incoada (cfr. Sala I, in re: “Stancato, Carmelo Alfredo c/BCRA s/beneficio de litigar sin gastos”, del 16/07/15).
Cuadra advertir que el Tribunal Fiscal de la Nación, resaltó que “se solicitaron las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado del comercio correspondiente a los últimos 24 meses y el detalle de los ingresos brutos desde el mes de enero de 2022 y ninguna de esa información fue proporcionada, señalando que lo aportado es toda la documental que se encuentra en su poder, en una clara ausencia de evidencias sobre la verdadera situación económica y financiera. La información requerida hubiera permitido conocer el flujo de ingresos y compras/gastos del negocio. Al mismo tiempo y sobre el particular resulta llamativo que luego de expresar que no cuenta con otras constancias o registraciones, solicite una pericia contable a fin de informar si los libros y demás papeles de comercio están llevados en legal forma, y sobre la evolución de los ingresos del último año y el comportamiento financiero de los últimos tres años. El resultado de la propuesta indica una clara intención dilatoria” (sic).
A lo dicho, agregó que, “[r]especto de la prueba informativa que propone para que el Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires indique sobre la tenencia de inmuebles a su nombre, resulta cuanto menos sumamente parcial e insuficiente, pues aún una respuesta negativa por parte de los organismos involucrados, no resultaría indicadora de la ausencia de este tipo de bienes, ya que en el país existen 22 jurisdicciones provinciales más, sin perjuicio de la potencial presencia de ese tipo de bienes en el exterior” (sic).
Por último, agregó que, “[c]on la información parcial puesta a disposición de esta Vocalía Instructora, se concluye que el incidentista no ha demostrado de manera alguna su situación de pobreza que impida abonar las tasas de actuación que ascienden a la suma de $ 940.035,51, por lo que cabe rechazar la solicitud de litigar sin gastos” (sic).
Así las cosas, debe destacarse que de la compulsa de las actuaciones surge que se ha omitido efectuar una descripción clara y abarcativa de la situación patrimonial y financiera de la parte actora, y mucho menos se ha demostrado con mínimos elementos, cuál es su real nivel de ingresos y egresos. En ese sentido cuadra advertir que no se ha precisado su lugar de residencia, ni las condiciones del inmueble que habita, si paga expensas, o cuánto abona en concepto de impuestos y servicios; si tiene personas a cargo, en su caso menores, si ejerce la profesión, si realiza viajes al exterior del pais, etc., es decir, no ha aportado elementos concretos que permitan conocer su concreta situación economica y financiera.
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En tales condiciones, es ostensible que no existen en la causa elementos que permitan conocer la real y concreta situación del actor, y es por ello que, ante la evidente orfandad probatoria el recurso no puede ser admitido.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmar la resolución del 03/08/23 que resolvió denegar el beneficio solicitado en autos, sin perjuicio de que, en lo futuro y dada la mutabilidad que caracteriza a los pronunciamientos relativos a la procedencia del instituto del beneficio de litigar sin gastos (que no causan estado), la decisión pueda ser revisada, en tanto se incorporen nuevos elementos probatorios que puedan lograr la convicción de que su concesión resulta la decisión que a derecho se ajusta (en ese sentido, esta Sala, in rebus: “Incidente de beneficio de litigar sin gastos, en autos: ‘Einaudi, Sergio c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 37.267/13/1, del 26/11/15 y “Incidente n° 3 – Actor: EN – INTA (Legajo 14443) Demandado: Cacace, Juan Eduardo s/ Beneficio de Litigar sin Gastos”, expte. N° 51495/2003, del 07/10/21).
VI. Que, por último, a fin de tratar el recurso interpuesto contra los emolumentos fijados, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito. Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.” del 2-IV-98, entre otras). Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
En tales condiciones, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio; en atención al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante el beneficio de litigar sin gastos y su vinculación con el proceso principal, así como el carácter incidental del presente trámite, corresponde modificar los emolumentos fijados en el punto 4°) de la resolución de fecha 03/08/23, reduciendo a la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($91.686) –equivalente a 3 UMA– y PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($36.674,40) -equivalente a 1,20 UMA- los honorarios de la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29 inc g), 44 inc. b), 58 y ccdtes. y citados de la ley 27.423). Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular la suma de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS ($30.562) –equivalente a 1 UMA– y PESOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($9.168,60) – equivalente a 0,30 UMA–; los emolumentos de los DRES. ANOUK IARDELEVSKY y PATRICIO SUOZZI, patrocinante y apoderado de la demandada, respectivamente (arts. 16, 20, 21, 29 inc. g), 30, 44 inc. b), ccdtes. y citados de la ley 27.423-Dto. Nº 1077/17).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la resolución del 03/08/23 por medio de la cual se denegó el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas (conf. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); y 2°) tratar la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado y fijar los emolumentos de la dirección letrada y representación de la demandada por su actuación ante esta Alzada (Considerando VI).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia