Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49761-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto y toda vez que los agravios esgrimidos por el recurrente no logran rebatir lo resuelto por el Tribunal Fiscal en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21760/2021 “Incidente Nº 1 - ACTOR: QUIBUS, ANTONIO JOSE-TF 49761-I DEMANDADO: FISCO NACIONAL s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
Cuanto a que no ha acreditado en forma concluyente la incapacidad económica a que refiere, corresponde desestimarlos, ya que no ha quedado acreditado en los presentes autos que el contribuyente carezca de bienes y/o su incapacidad de obtenerlos.
6Que, en cuanto a las costas, corresponde confirmarlas e imponer las de esta alzada a la vencida, toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primera parte del CPCCN).
7Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia de la cuestión en debate –beneficio de litigar sin gastos–; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de las labores desarrolladas durante el trámite ante el Tribunal Fiscal, corresponde reducir a las sumas de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHO ($23.608) - equivalentes a la cantidad de 2,27 U.M.A.- los honorarios regulados a favor de la dirección letrada del Fisco Nacional y confirmar -desde que sólo fueron apelado por altos- los correspondientes a la representación de la mencionada parte (arts. 16, 19, 20, 48, 51 y ccdtes. de la ley 27.423; ac. CSJN 25/22). …
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
21760/2021 “Incidente Nº 1 - ACTOR: QUIBUS, ANTONIO JOSE-TF 49761-I DEMANDADO: FISCO NACIONAL s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
Buenos Aires, de octubre de 2022 Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 113, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió:
a) denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado. Con costas y b) intimar al actor para que en el término de cinco días ingrese la tasa de actuación por la suma de $107.778,38, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda. Para así resolver, consideró que el actor no había acreditado la hipótesis de pobreza alegada.
En particular, y en cuanto a la prueba informativa acompañada, merituó que de ella no se infería con qué medios económicos contaría o de dónde los obtendría a fin de procurarse su subsistencia diaria, como así tampoco surge de las probanzas arrimadas que se encuentre impedido de acceder a un crédito a fin de cancelar el importe debido en concepto de tasa de actuación. A lo que agregó que no hay informes de que pese sobre él inhibición alguna sobre sus activos y bienes de cambio.
2. Que contra dicho decisorio apela el actor y expresa agravios a fs. 126/129, cuyo traslado es contestado por su contraria a fs. 135/137, solicitando la revocación de la resolución y la concesión del beneficio. A fs. 132 apela los honorarios regulados a los letrados del Fisco por considerarlos altos. Se agravia del análisis parcial de la prueba producida y de las constancias de la causa, como así también de la condena en costas cuando ha quedado acreditado en autos que al momento de iniciar el presente beneficio su parte se encontraba sin liquidez para afrontar el pago de la tasa en cuestión. Sostiene que carece de capacidad contributiva para hacer frente al pago de la gabela.
Asimismo, en cuanto a las costas, afirma que le causa agravio su imposición en tanto al momento de iniciar el beneficio su parte se encontraba imposibilitada de afrontar el pago de la tasa de actuación, por lo que, para el caso de que este Tribunal entendiera que no corresponde acceder al beneficio solicitado o sólo procediera parcialmente, solicita que se revoque la condena.
3. Que el artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial establece que podrán solicitar el beneficio de litigar sin gastos aquéllos que “carecieren de recursos”, por lo que se trata de un privilegio restrictivo y excepcional otorgado sólo a aquéllos que efectivamente no posean recursos para costear la demanda que se ha de iniciar, lo cual debe ser probado fehacientemente. Según el artículo 79 inciso 2° de ese código, es requisito ofrecer en la solicitud la prueba “tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos”, de lo que se infiere que es la misma parte que invoca el beneficio quien tiene la carga procesal de aportar todos los elementos conducentes a crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos probados.
4. Que, la concesión del beneficio debe quedar librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. El legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En suma, en cada uno de ellos el tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372). Esa situación debe ser excepcional y se impone un criterio restrictivo en su apreciación (conf., esta sala, 29-6-2004, “Oveon SA c/ Banco de la Nación Argentina” y 21-10-2004, “López de Aguirre Marcelina Virginia - Reconstrucción- c/ Poder Judicial de la Nación y otros”).
En el beneficio de litigar sin gastos frente a los intereses del peticionario se hallan los de la parte contraria, tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio,y los de la comunidad en general –interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos- (Fallos: 311:1372 y 313:1015). 5º) Que, de los medios probatorios incorporados al incidente no se observan requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de empobrecimiento alegadas.
Ello es así dado que si bien surge de los informes presentados por las diversas entidades bancarias ofrecidas que el actor no posee cuentas a su nombre, no obstante, se le dio por decaído el derecho a ofrecer prueba informativa al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de la Plata (fs. 96).
Por lo expuesto y toda vez que los agravios esgrimidos por el recurrente no logran rebatir lo resuelto por el Tribunal Fiscal en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21760/2021 “Incidente Nº 1 - ACTOR: QUIBUS, ANTONIO JOSE-TF 49761-I DEMANDADO: FISCO NACIONAL s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
cuanto a que no ha acreditado en forma concluyente la incapacidad económica a que refiere, corresponde desestimarlos, ya que no ha quedado acreditado en los presentes autos que el contribuyente carezca de bienes y/o su incapacidad de obtenerlos.
6. Que, en cuanto a las costas, corresponde confirmarlas e imponer las de esta alzada a la vencida, toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primera parte del CPCCN).
7. Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia de la cuestión en debate –beneficio de litigar sin gastos–; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de las labores desarrolladas durante el trámite ante el Tribunal Fiscal, corresponde REDUCIR a las sumas de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHO ($23.608) - equivalentes a la cantidad de 2,27 U.M.A.- los honorarios regulados a favor de la dirección letrada del Fisco Nacional y CONFIRMAR -desde que sólo fueron apelado por altos- los correspondientes a la representación de la mencionada parte (arts. 16, 19, 20, 48, 51 y ccdtes. de la ley 27.423; ac. CSJN 25/22). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, la importancia del asunto discutido y las tareas desempeñadas ante esta alzada, REGÚLANSE en la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($11.544) - equivalentes a la cantidad de 1,11 U.M.A.-, los emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte demandada.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales interviniente frente al citado tributo. ASI SE RESUELVE.
El Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Marcelo Daniel Duffy Jorge Eduardo Morán
Fin de la sentencia