Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 42030-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la recurrente y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); y
2Dejar sin efecto los honorarios regulados a fs. 218/218vta. y devolver la causa al Tribunal Fiscal a fin de que practique una nueva regulación en los términos dispuestos en el considerando 6º supra.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
6053/2022 “Incidente Nº 1 - ACTOR: RILEY SUR SA - TF 42030-I DEMANDADO: FISCO NACIONAL s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
Buenos Aires, de mayo de 2022
Estos autos caratulados: “Incidente Nº 1 – Actor: Riley Sur SA -TF 42030-I Demandado: Fisco Nacional s/ Benef. de litigar S/G”; y
1. Que, a fs. 209/210, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: a)
denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas y b) intimar a la actora que en el término de cinco días ingrese las sumas de $876.311,69 y $859.222,70 en concepto de tasa de actuación correspondiente a los expedientes que originalmente tramitaran bajo los números 42.030-I y 48.464-I.
Para así resolver, ponderó que a pesar del tiempo transcurrido y las sucesivas prórrogas concedidas por ese Tribunal, la pericial contable ofrecida por la actora no se había presentado. Advirtió que la documental acompañada a fs. 68/103 refería a la cuestión de fondo debatida en los autos principales de modo que a fs. 205 se había ordenado su desglose. Precisó que de los informes producidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires surgía la propiedad de la recurrente de inmuebles en ambas jurisdicciones sobre los que no pesaban gravámenes o restricciones. Consideró irrelevante la falta de localización de dominios informada por el Registro Nacional de Propiedad Automotor. En ese contexto, concluyó que la incidentista no había acreditado en forma fehaciente la configuración de los requisitos exigidos para la procedencia del excepcional remedio pretendido.
2. Que, contra este pronunciamiento, apeló la actora y expresó agravios a fs. 215/216, cuyo traslado fue contestado por su contraria a fs. 238/239. En su memorial, puntualiza que la titularidad de inmuebles no resulta suficiente para considerar que puede afrontar los gastos judiciales del litigio. En esa misma línea, señala que para ser merecedora del beneficio solicitado no resulta exigible acreditar un estado de total indigencia sino una insuficiencia verosímil de recursos para hacerse cargo de los gastos causídicos.
3. Que, el artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que podrán solicitar el beneficio de litigar sin gastos aquéllos que “carecieren de recursos”, por lo que se trata de un privilegio restrictivo y excepcional otorgado sólo a aquéllos que efectivamente no posean recursos para costear la demanda que se ha de iniciar, lo cual debe ser probado fehacientemente.
Según el artículo 79 inciso 2° de ese código, la solicitud debe contener la prueba “tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos”, de lo que se infiere que la misma parte que invoca el beneficio tiene la carga procesal de aportar todos los elementos conducentes a crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos probados.
4. Que, la concesión del beneficio debe quedar librada a la prudente apreciación judicial y sujeta a que los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. El legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En suma, en cada uno de ellos el tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372). Esa situación debe ser excepcional y se impone un criterio restrictivo en su apreciación (confr., esta Sala, in re “Oveon SA c/ Banco de la Nación Argentina”, sent. del 29/6/04 y “López de Aguirre Marcelina Virginia -Reconstrucción- c/ Poder Judicial de la Nación y otros”, sent. del 21/10/04). En el beneficio de litigar sin gastos, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de la parte contraria, tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio, y los de la comunidad en general -interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos (Fallos: 311:1372 y 313:1015)-, máxime cuando se trata de personas de existencia ideal, cuyo desenvolvimiento se inspira en fines de lucro.
5. Que, en el caso de autos, la actora ofreció prueba informativa y pericial contable (fs. 49vta./50 y 193vta./195). Sin perjuicio de ello, se limitó a diligenciar los oficios dirigidos a los Registros de Propiedad Inmueble y Automotor —cuyas respuestas obran a fs. 124/129, 142/145 y 148— y, a pesar de las sucesivas prórrogas solicitadas, la interesada no arbitró los medios necesarios para la producción de la prueba pericial contable (cfr. fs. 115, 119, 122).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
6053/2022 “Incidente Nº 1 - ACTOR: RILEY SUR SA - TF 42030-I DEMANDADO: FISCO NACIONAL s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
En este contexto, resulta claro que no existen elementos suficientes que permitan tener por acreditadas las condiciones de empobrecimiento alegadas, circunstancia que sella la suerte adversa de la apelación intentada.
6. Que, con relación a los honorarios regulados a fs. 218/218vta., que fueron apelados por altos (fs. 224), y en atención a que el beneficio de litigar sin gastos relativo a la causa 48.464-I (acumulada a la causa 42.030-I) fue solicitado bajo la vigencia de la ley 27.423 (fs. 195vta.), corresponde dejar sin efecto la regulación practicada y devolver las actuaciones al a quo para que realice una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas que emanan de la presente (en sentido concordante v. esta Sala in re CAF 32765/99 “Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en Liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/Contrato Administrativo”, sentencia del 22/03/22).
En virtud de las razones expuestas, SE RESUELVE: 1º) rechazar el recurso interpuesto por la recurrente y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); y 2º) dejar sin efecto los honorarios regulados a fs. 218/218vta. y devolver la causa al Tribunal Fiscal a fin de que practique una nueva regulación en los términos dispuestos en el considerando 6º supra.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia