Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 42160-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de apelación de la parte actora y conceder el beneficio de litigar sin gastos peticionado (art. 84 del CPCCN), con costas de ambas instancias en el orden causado (conf. art. 68, segunda parte, del CPCCN).
2Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en virtud de la imposición de costas que, por la presente, se revoca.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
19826/2021 Incidente Nº 1 - ACTOR: SERVICIOS DE LOGISTICA DE ALTO RIESGO SA - TF 42160-I DEMANDADO: DGI s/BENEF. DE LITIGAR S/G Buenos Aires, de octubre de 2022.-
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que el 13 de septiembre de 2021, el Tribunal Fiscal de la Nación denegó, con costas, el beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 del C.P.C.C.N., solicitado a los fines de evitar sufragar la tasa de actuación exigida en el expediente nro. 42.160-I, en el que la empresa cuestionaba las determinaciones de oficio por el Impuesto al Valor Agregado (periodos fiscales de febrero de 2008 al mes de diciembre de 2009); y el Impuesto a las Ganancias (periodos fiscales 2008 y 2009). Como fundamento, el citado Tribunal descartó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la empresa actora respecto de la modificación del porcentaje de tasa de actuación en la Ley 25.964. Por otra parte, y respecto de la prueba producida en la causa, destacó que de la misma no resultaba que para el año 2015 –en el que había promovido la causa principal–, la empresa actora careciera totalmente de fondos como para acceder a la franquicia solicitada. En particular, sostuvo que la parte actora se limitó a acreditar que no poseía bienes inmuebles registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires; así como tampoco automotores a su nombre, pero que no había acompañado documentación alguna que permitiera conocer el estado de sus balances, ni resúmenes bancarios. En efecto, destacó que la prueba pericial que ella misma había ofrecido, se había tenido por decaída pese a los múltiples intentos de producción. En ese contexto, concluyó que la firma actora no había cumplido con la carga procesal prevista en el 377 de CPCCN, en cuanto no había demostrado el presupuesto de hecho básico para acceder al beneficio solicitado.
Finalmente, intimó a la parte actora a ingresar la suma de 185.915,22 pesos en concepto de tasa de actuación, impuso las costas a su cargo y reguló los honoraros de por la representación fiscal en la suma Alta en sistema: 21/10/2022 8.180 pesos y su patrocinio letrado en 20.451 pesos; mientras que al perito contador, le reguló 2.000 pesos por la aceptación del cargo.
II. Que el 21 de septiembre de 2021 la incidentista apeló aquella resolución y fundó sus agravios en la misma oportunidad, los que fueron replicados por su contraria el 25 de octubre de 2021.
En su presentación del 21 de septiembre de 2021, la actora transcribe la resolución cuestionada y se agravia de lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación respecto de su petición. Entiende que la apreciación probatoria efectuada en el fallo apelado ha sido insuficiente, toda vez que no se ha merituado debidamente la prueba aportada. Reitera que no cuenta con los fondos necesarios para solventar los gastos del proceso y que, efectivamente, se encuentra imposibilitado de obtener los recursos necesarios a tal efecto. En particular, sostiene que su empresa no realiza actividad comercial alguna, ni posee CUIT desde el 2012, por ello, sostiene que su mandante se encuentra imposibilitada para afrontar el pago requerido. Agrega que “no desarrolla desde hace más de 10 años actividad económica alguna que le permita afrontar los gastos causídicos, generados exclusivamente por la arbitraria e infundada determinación de oficio realizada precozmente por el Fisco Nacional”. Seguido de ello, cuestiona el modo en que se impusieron las costas. Sostiene al haberse pronunciado sobre ese aspecto, el Tribunal violó el principio de congruencia; pues, ese aspecto nunca fue introducido por las partes. Apela por considerar “altos” los honorarios regulados.
III. Que, planteada en esos términos la cuestión, es dable señalar que la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas, para lo cual debe efectuarse –en cada caso– un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos de quien invoca el privilegio de considerarse dispensado de afrontar las erogaciones que demanda el proceso (cfr., en similar sentido, esta Sala, en la causa: “Inc. Nº 1 – Actor: Flecament SA s/ Alta en sistema: 21/10/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Benef. De Litigar s/g” –expte. nº 47.924/2014–, pronunciamiento del 19 de marzo de 2015 y sus citas).
Precisamente, el objeto de la actividad probatoria a desarrollar en el incidente de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar la convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener, o no, los recursos para afrontar el costo que eventualmente irrogue la acción por él incoada. Por ello, la peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizadas conforme a las reglas de la sana crítica, no atienda a un grado de absoluta certeza sino a la posibilidad de que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio De allí que, aunque el criterio de valoración es amplio, es preciso que el requirente demuestre concretamente la carencia de medios y la imposibilidad de obtener los necesarios para afrontar la empresa procesal, circunstancias esenciales para su concesión (confr. esta Sala, precedente citado en ultimo termino), pues, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como contrapartida de los intereses de quien lo solicita, se hallan los de la contraria y los de la comunidad en general interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos que podrían ser conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (conf. CSJN, Fallos: 311:1372; 313:1015, entre otros). Por otra parte, si bien es cierto que la circunstancia de que el solicitante revista el carácter de una persona ideal no la priva del derecho a pedir el beneficio de litigar sin gastos, pues la ley no hace distingos al respecto, no lo es menos que cuando el peticionante de la franquicia es una sociedad comercial, con el consecuente fin de lucro perseguido, el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos debe ser apreciado con mayor prudencia (Confr. esta Sala en “Seven Stars SA (TF 33074-I)-BLSG c/ DGI”, expte. Nº 6091/2013, del 24 de septiembre de 2013).
IV. Que, de las constancias de la causa resulta que la empresa actora, en el expediente nro. 42.160-I, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación con el objeto de cuestionar las determinaciones de oficio que se le efectuaron por el Impuesto a las Alta en sistema: 21/10/2022 Ganancias (periodos fiscales 2008 y 2009), por la suma de 1.284.932,05 pesos más intereses y multa; y, por el Impuesto al Valor Agregado (periodos fiscales de febrero de 2008 al mes de diciembre de 2009), por la suma de 683.066,69 pesos más intereses y multa. Por ese motivo, se la intimó a ingresar el 2,5% del monto cuestionado en su recurso en concepto de tasa de actuación.
Así, de la prueba producida en autos, resulta que: a) la empresa actora no cuenta con bienes inmuebles registrables en la provincia de Buenos Aires ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como tampoco posee bien alguno registrado en el Registro de la Propiedad Automotor (v. 89//90, 106/107, y 112/113); b) las entidades bancarias oficiadas han respondido que la empresa no se encuentra incluida en la lista de sus clientes (v. fs. 87, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 104, 111); c) la AFIP acompañó las declaraciones juradas presentadas por la empresa por el Impuesto a las Ganancias, por los periodos fiscales comprendidos entre los años 2010 y 2014, de las que resulta que no hubo ganancias para la empresa durante ese periodo; y las del Impuesto al Valor Agregado, por los periodos enero 2010 a julio 2012, de las que resulta que existieron saldos en favor de la AFIP, no así en favor de la contribuyente. Asimismo, hizo saber que desde septiembre de 2012, la CUIT de la actora se encuentra dada de baja y que la última operación se efectuó en julio de 2012 (v. fs. 120/194).
En tales condiciones, cabe recordar que la actividad probatoria desarrollada en el incidente de otorgamiento de beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar la convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos económicos necesarios. Por ello, la peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizada conforme a las reglas de la sana crítica, no atienda a un grado de absoluta certeza sino a la posibilidad que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio (cfr. Sosa, G.L.- Berizonce, P.O., Códigos. Proc Civ y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, t II-B, pags. 281 y 282 y sus citas, y esta Sala en las causas “Rodríguez César c/ Est. Nac. S/ Benef. de Litigar sin Gastos”, del 23/12/96; “Bossi Carlos A. c/ Est. Nac. s/ Benef. de Litigar sin Gastos”, del 6/6/01, entre otras).
Alta en sistema: 21/10/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En ese sentido, de la prueba producida en autos es razonable concluir que la empresa no posee bienes a los fines de hacerse de los fondos suficientes para afrontar el pago de la tasa de actuación requerido y, en efecto, su CUIT se encuentra de baja desde septiembre de 2012, lo que la imposibilita para efectuar giro comercial alguno a los fines de hacerse de la suma exigida en el concepto aludido.
En consecuencia, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 13 de septiembre de 2021, y conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora a los fines de eximirse del pago de la tasa de actuación que le fue requerida. Máxime cuando, el instituto requerido es de naturaleza provisoria hasta tanto mejore la situación del peticionante (v. artículo 84 del CPCCN, de aplicación supletoria al caso). Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado en virtud de las particularidades del caso y que ambas partes pudieron considerar con un mejor derecho al peticionar como lo hicieron (art. 68, segunda parte, del CPCCN).
Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Admitir el recurso de apelación de la parte actora y conceder el beneficio de litigar sin gastos peticionado (art. 84 del CPCCN), con costas de ambas instancias en el orden causado (conf. art. 68, segunda parte, del CPCCN). 2) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en virtud de la imposición de costas que, por la presente, se revoca.
Regístrese, notifíquese a las partes, y devuélvase.
Guillermo F Treacy Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany Alta en sistema: 21/10/2022
Fin de la sentencia