Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 6770567-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
La Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Expte. 38731/2025/1.-
Incidente N° 1 –ACTOR “TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (TF 6770567-I) DEMANDADO: FISCO NACIONAL -A.F.I.P. -
D.G.I. s/BENEF. DE LITIGAR S/G”.
///nos Aires, 20 de noviembre de 2025.- AP Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 21/08/2025, la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, con costas (ver fs. 312/314 del documento digitalizado).
Asimismo, intimó a la parte actora a que, en el término de cinco días, ingresara la suma de $ 883.521,05, en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el certificado de deuda correspondiente (cfr. artículo 7 de la ley citada 25.964).
En lo sustancial, consideró que: “…de la prueba documental aportada como de la información remitida por la Dirección Provincial de Presupuesto Público obrante en el IF-2024-109490942-APN-DTD#JGM, relacionada con las partidas presupuestarias asignadas a la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires -Ejecución al 3/10/24 -Gasto no salarial-, no logra vislumbrar la falta total de recursos -o la imposibilidad de obtenerlos-, ni tampoco la forma en que el pago de las costas del presente proceso afectarían de manera sustancial la existencia y el cumplimiento de sus fines” (sic).
Remarcó que si bien: “…el incidentista alega no contar con la correspondiente partida presupuestaria como para hacer frente a las erogaciones derivadas del proceso ante este Tribunal, ello en nada impide que pueda reasignar partidas o preverlas para ejercicios futuros, conforme surge de los elementos arrimados a este incidente” (sic).
Destacó que el peticionante fundamentó en distintas normas y decretos provinciales, en particular la Ley de Presupuesto, pero que las argumentaciones no se encontraban orientadas a acreditar el estado de pobreza o carencia total de recursos exigido por la normativa aplicable para la procedencia del beneficio requerido.
Sostuvo que: “…la referencia a normas propias del régimen presupuestario provincial fortalece la presunción de que la Tesorería dispone de mecanismos para hacer frente a los gastos derivados de este proceso […] A ello sumado que tampoco ha logrado acreditar que carezca de toda posibilidad para prever, reasignar o gestionar partidas presupuestarias que le permitan asumir las costas y demás erogaciones derivadas de las presentes actuaciones, toda vez que la situación planteada responde, en realidad, a un problema de gestión 1 presupuestaria o de liquidez, en el peor de los casos, y no a una condición de pobreza extrema” (sic).
Concluyó que la incidentista no había logrado probar, a fin de sustraerse al pago de la tasa de actuación y gastos, la falta de recursos suficientes ni que se encuentre en una situación de pobreza extrema que justifique el beneficio.
II. Que, disconforme con lo resuelto, la actora interpuso revocatoria con apelación en subsidio, en los términos del art. 82 del C.P.C.C.N. contra el beneficio de litigar sin gastos denegado (cfr. fs. 321/329 del documento digitalizado).
Asimismo, en caso de mantenerse la decisión, solicitó que se conceda prorroga para el pago de la tasa de actuación, en atención a la particularidad de la Administración Provincial y la imposibilidad de redireccionar partidas en plazos exiguos.
En dicha presentación, indicó que la resolución incurrió en un error de interpretación al reducir el análisis de la insuficiencia presupuestaria de la Tesorería a un problema de liquidez coyuntural.
En este sentido, hizo hincapié que conforme el art. 78 del C.P.C.C.N. debe evaluarse la imposibilidad de afrontar gastos extraordinarios sin afectar el cumplimiento de funciones esenciales.
Refirió que la nueva documental acompañada acredita la situación deficitaria persistente y que se agravó, lo cual refuerza la necesidad del beneficio. Citó jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación que según entendió avalan su postura.
III. Que finalmente, mediante pronunciamiento de fecha 4/09/2025 la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, reguló los honorarios de la demandada, en atención a la imposición de costas dispuestas el 21/08/2025; rechazó la revocatoria articulada por la parte actora por improcedente y, en ese acto, concedió el recurso interpuesto de manera subsidiaria (cfr. fs. 342/343 del documento digitalizado).
Corrido que fuera el traslado de los fundamentos presentados por la actora el 1/09/2025 (cfr. fs. 321/329 y 358 del documento digitalizado), su contraria formuló sus réplicas (cfr. fs. 360/369 del documento digitalizado).
IV. Que, sentado lo expuesto, a título preliminar cabe recordar que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el artículo 78 y ss. del C.P.C.C.N., se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
En razón de tal cometido, se ha sostenido que el instituto bajo estudio requiere la acreditación prima facie de la situación económica del reclamante (cfr. esta Sala, in re, “Incidente N.º 1 –Actor: Palermo, Sergio Fabián Aníbal Carmelo s/Benef. de litigar S/G”, Expte. N.º 34627/2019, del 25 de agosto de 2023), que debe ser interpretado de forma restrictiva y excepcional, otorgándole sólo a quienes CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA fehacientemente la falta de recursos económicos -y la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II imposibilidad de obtenerlos- para afrontar el pago de los gastos causídicos y que, su concesión, queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (cfr. C.S.J.N. Fallos: 311:1374). Asimismo, debe recordarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (Fallos: 311:1373).
V. Que, así delimitada y contextualizada la cuestión, de los actuados se desprende que por medio de la Resolución N.º 62/2022 (DV RRLP), el Fisco Nacional, en cuanto aquí importa, determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias (SICORE) de los periodos fiscales 1/2015 a 12/2016, por la suma de $ 11.504.674,69., con más $ 23.836.168,97 en concepto de intereses resarcitorios (cfr. fs. 158/170 del documento digitalizado).
Por ser ello así, la parte actora promovió beneficio de litigar sin gastos en función de la providencia PV-2024-59696622-APNVOCVI#TFN del 6 de junio de 2024 en el marco del expediente EX-2022-87358424- -APN-SGAI#TFN, que en su parte pertinente dispuso: “...2) Intimar a la parte actora para que, en el improrrogable plazo de quince (15) días, inicie a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) el incidente de beneficio de litigar sin gastos, bajo apercibimiento de tener a la parte por desistida de la pretensión que diera lugar al mismo en caso de no iniciarlo en el término acordado (conforme lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación)” (sic) (ver fs. 15/16 del documento digitalizado).
En particular, manifestó que resulta necesario que: “…se otorgue el beneficio requerido a efectos de poder ejercer el derecho de defensa en juicio ante ese Tribunal, en atención a la situación de la Provincia en relación a su recaudación y la coparticipación de sus recursos; y a la problemática que trae aparejada el pago de gastos inherentes al proceso utilizando fondos presupuestariamente otorgados para un destino diferente al asignado, dado que los mismos son concedidos para el cumplimiento de las funciones inherentes esenciales para los que fueron creados…” (sic).
Aportó, a lo largo de los actuados: (i) La Ley N°15.394 de Presupuesto General para el ejercicio 2023 (ver fs. 21/148) y (ii) Informe de la Dirección Provincial de Presupuesto Público, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 268/270).
VI. Que, en tales condiciones, es que corresponde adelantar que los agravios articulados contra la denegatoria del 21/08/2025 no pueden prosperar; ello, habida cuenta de que, si bien se han aportado a la causa datos concernientes a la situación económica y financiera de la parte actora, lo cierto es que no se ha 3 hacer frente a los gastos causídicos. Al respecto, cabe recordar que sobre ella recae la carga probatoria, por lo que el recurso no puede prosperar. Es que el objeto de la actividad probatoria para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, consiste en aportar elementos que permitan al Tribunal formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos para afrontar los gastos que eventualmente irrogue la acción por él incoada (conf. Sala I, in re: “Stancato, Carmelo Alfredo c/B.C.R.A. s/beneficio de litigar sin gastos”, del 16/07/2015, entre otros).
En efecto, los elementos de prueba agregados a la causa impiden admitir el beneficio peticionado, en la medida en que no se ha demostrado fehacientemente la imposibilidad actual de obtener recursos, a los fines de solventar la gabela devengada. Es decir, si bien cabe resaltar que la invocada situación deficitaria -a cuya acreditación se encontró encaminada la prueba acompañada en el presente-, podría constituir una temporaria dificultad financiera, ello no significa que la parte actora carezca de recursos ni de una imposibilidad objetiva de obtenerlos. De otro modo, se arribaría a una interpretación extrema y ciertamente arbitraria si se asimilara una “situación financiera crítica” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis; ello, sin perjuicio de señalar que la requirente no acreditó fundadamente la imposibilidad de obtener recursos necesarios para afrontar los gastos del litigio, extremo requerido por el art. 79, inc. 2º, del Código Procesal (cfr. C.Nac.Apel.Civ. y Com.Fed., Sala II, in re, “Alas del Sur S.A. c/Estado Nacional -Fuerza Aérea Argentina s/Beneficio de Litigar sin Gastos”, Expte. Nº 1.510/98, sentencia del 13/09/12; cfr., asimismo, esta Sala en autos: “Vicentín S.A.I.C. (TF 52926874-A) c/D.G.A. s/Benef. De Litigar S/G”, Expte. Nº 48383/2023/1, del 10/07/2024). Es que, si bien la actora ha alegado encontrarse en una situación económica desfavorable, y de los elementos aportados (estado de ejecución de presupuesto de erogaciones, consulta de ejecución del crédito y detalle de ejecución del crédito), no permite formar una plena convicción de que el Estado Provincial carezca de recursos -ni se encuentre imposibilitada de obtenerlos- para hacer frente a la gabela.
Sumado a ello, y atento a lo previsto por el art.17 de la Ley 15.394 invocada por la parte actora, no se acreditó que la Tesorería General no pueda direccionar partidas presupuestarias.
Por consiguiente, y aun tomando razón de los datos y circunstancias particulares de la recurrente, que surgen de sus propias manifestaciones y de los elementos de prueba aportados, no se vislumbran factores que permitan afirmar, de manera indubitable, que la parte actora no posea los recursos necesarios (o los medios para obtenerlos) para hacer frente a los gastos causídicos (cfr. esta Sala, in re, “Incidente N.º 2 –Actor: Aguirrezabala, Mirta Susana Demandado: A.F.I.P. - D.G.I. s/benef. de litigar S/G”, Expte Nº 84181/2017/2, sentencia del 19/09/2018).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
En este orden, conviene recordar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 del C.P.C.C.N. (aplicable al caso por sentar un principio general en materia probatoria), la carga de la prueba de acreditar concretamente la ausencia de recursos suficientes para solventar los gastos causídicos, suministrando los elementos de juicio que hagan viable esa pretensión, le incumbe al solicitante (cfr. en tal sentido, ésta Sala, in re: “Incidente N.° 1 beneficio de litigar sin gastos en autos, Glicel S.A. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. N° 36.936/2016/1, sentencia del 14/07/2016, entre otros). Ello así, y con base en las constancias aportadas, debe señalarse que los agravios de la recurrente carecen de entidad para desvirtuar los fundamentos que sustentaron la decisión en crisis, pues no demuestran la imposibilidad real de afrontar los gastos causídicos como alega.
Estas circunstancias sellan la suerte del recurso y determinan la confirmación de la sentencia apelada, circunstancia que no obsta a que, en lo futuro y dada la mutabilidad que caracterizan a los pronunciamientos relativos a la procedencia del instituto del beneficio de litigar sin gastos (que no causan estado) la decisión pueda ser revisada, en tanto se incorporen nuevos elementos probatorios que puedan lograr la convicción de que su concesión resulta la decisión que a derecho se ajusta (cfr. esta Sala, in re: “Incidente de beneficio de litigar sin gastos, en autos: ‘Einaudi, Sergio c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo’”, expte. Nº 37.267/13/1, del 26/11/15).
VII. Que, con motivo de la decisión adoptada, las costas se imponen en ambas instancias a la recurrente por no advertirse razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1a parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
La Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia