Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 19368046-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Vicentín S.A.I.C. y confirmar la decisión apelada en cuanto denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora, con costas de esta Alzada a la vencida (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); 2°) ordenar al Tribunal Fiscal de la Nación se expida concretamente respecto al pedido de reducción de la tasa de actuación, conforme lo dispuesto en el considerando VIII de la presente; y 3º) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando IX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 34844/2023/1 – “INCIDENTE Nº 1 - ACTOR: VICENTIN SAIC (TF 19368046-I) S/ BENEF. DE LITIGAR S/G”
Buenos Aires, 5 de abril de 2024.- LEM VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio de la resolución (ver páginas 853/855 del archivo P.D.F.) del 02 de mayo de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación denegó el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
Por otra parte, intimó a la recurrente para que en el término de cinco (5) días ingresara la suma de pesos un millón trescientos quince mil cincuenta y cinco con 01/100 ($1.315.055,01.-) en concepto de tasa de actuación ante dicho Tribunal; bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda.
Para decidir del modo indicado, destacó que, conforme lo informado por los expertos contables al producir su informe pericial, se desprendía de los puntos 2 y 3 que, la parte actora, al 31/07/2022, contaba con la suma de $80.739.548,78 (dinero en efectivo), como así también la suma en monedas extranjeras de u$s326.671.- y €38.420; por otro lado, consideró que se encontraba acreditado que en la Sucursal Uruguay poseía la suma de u$s152.748,28.
A su vez, contempló que de los propios estados contables arrimados por la incidentista, surgía que el estado de su situación patrimonial, a la fecha antes indicada (en el apartado Activo Corriente Caja y Bancos) que poseía $904.448.637.
Añadió que:
“Que siguiendo con el informe pericial contable se aprecia del punto 4) del mismo que el índice de liquidez de la actora en relación al Activo Corriente/Pasivo Corriente, al 31/10/2021, es de 1,36, mientras que el índice de prueba ácida lo es de 1,22 no acreditando los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II mismos la imposibilidad de afrontar el pago de la tasa de actuación Que de los puntos 6) y 7) del citado informe, se advierte que la incidentista ha realizado donaciones por un total de $41.969.609,83.- mientras que posee inversiones en Fondos Comunes de Inversión al 31/07/2022 por un total de $1072.765.791,91, como así también y a la misma fecha, Bonos por un total de $12.732.988,73.-. Que en cuanto al concurso que se encuentra tramitando la actora debe señalarse que la incidentista ha efectuado una propuesta de acuerdo preventivo que se encuentra pendiente de aprobación “ (sic). Así las cosas, concluyó en que no habiendo acreditado la incidentista la hipótesis de pobreza exigida por la doctrina y la jurisprudencia, como presupuesto inexcusable del beneficio de litigar sin gastos que pretende, correspondía rechazar dicha petición.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 09/05/2023, Vicentín S.A.I.C., interpuso recurso de apelación (cfr. Página 861) y expresó agravios el 17/05/2023 (cfr. Páginas 906/937).
Corrido el pertinente traslado, mereció réplica de su contraria el 01/08/2023 (cfr. Páginas 1007/1018).
En primer lugar, el recurrente aduce que no resulta un hecho controvertido que su mandante se encuentra concursada; que tal situación derivó en numerosos hechos que influyeron en ese ejercicio financiero (año 2020) y en aquellos venideros, hasta que la empresa logre recomponer su situación.
Afirma que la empresa se encuentra operativa pero que el rendimiento de dicha actividad resulta ser inferior en comparación el generado en un desarrollo pleno de sus funciones.
Puntualiza que conforme surge de los informes periciales acompañados resta saldar un pasivo concursal de $213.836.414.696,09; destaca que, de acuerdo con las normas concursales, su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II poderdante, se encuentra impedida de realizar activos sin autorización del síndico y del Juez concursal.
Añade a lo expuesto que, si bien la empresa ha llegado a un acuerdo con la masa concursal, el mismo no ha sido homologado y que dicha deuda supera los mil quinientos millones de dólares, cuya devaluación impacta en los resultados de la empresa.
Hace hincapié en que las pérdidas producidas en los períodos 2019 y 2020, generaron un déficit del patrimonio neto que derivó en un estado de disolución por pérdida de capital social -en los términos del art. 94 de la Ley General de Sociedades nro. 19.550-, si no fuera por la reforma introducida por la Ley de Solidaridad (2019) y lo posteriormente dispuesto mediante el Decreto nro. 167/2021, que suspendió la aplicación de tal norma y, por ende, pospuso la obligatoriedad de disolución.
Arguye que:
“De la suma de los saldos en efectivo, y considerando el saldo bancario negativo al 31.7.22 por (72.383.216,66) se concluye que Vicentín poseía al 31.7.2022, un total de $ 84.146.205,87. Teniendo en consideración que el monto a abonar en concepto de tasa de actuación asciende a $1.315.055,01 el pago de la tasa ocasionaría que mi mandante deba disponer de un elevado porcentaje del total del dinero que disponía al 31.07.2022 para afrontar el pago de la tasa. Más absurdo resulta si se toma el efectivo en moneda nacional al 31.10.2022, que ascendía a 48.847.535, representando un porcentaje aún más elevado, considerando solamente la tasa de actuación.” (sic).
Por ello, resume la situación patrimonial considerada en los puntos de la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación en que:
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“…a) A partir del ejercicio cerrado en 2019, Vicentín comenzó a presentar patrimonio neto negativo, cuyo monto a julio/2022 era de -$72.664.000.000 (según informaron los expertos en el Informe Pericial Financiero) y de -$114.120.587.092 al cierre del ejercicio 2022, conforme se acreditó con el balance auditado correspondiente. b) Los activos totales han disminuido drástica e ininterrumpidamente desde el ejercicio 2018-2019 hasta el último ejercicio cerrado (2022); mientras que los activos corrientes han seguido igual tendencia, excepto por un leve repunte durante el ejercicio 2020-2021. c) Los ingresos de la Compañía se han reducido fuertemente desde el ejercicio cerrado en 2020; sufriendo caídas del 90% en el 2019-2020, 71% en 2020-2021 y 45% en 2021-julio de 2022. d) Los resultados del ejercicio 2019-2020 experimentaron una inmensa reducción de - 1.956% (desde $2.830.000.000 a -$52.537.000.000).
A partir de entonces, la Compañía ha experimentado repuntes, ubicándose a julio/2022 en $13.288.000.000 y en $17.536.531.971 al cierre del ejercicio 2022, aunque con una enorme merma en cuanto a la actividad productiva, reflejada en la disminución progresiva de los ingresos (punto C)…” (sic).
Así las cosas, considera que la sentencia recurrida resulta arbitraria en cuanto, según estima, lleva a cabo una irrazonable apreciación de la prueba producida y se aparta de las constancias comprobadas en la causa; resalta que a partir de la prueba informativa y pericial contable producida, se deduce que Vicentín se encuentra concursada y que aún no ha llegado a un acuerdo con sus acreedores.
Alega que la decisión en crisis toma elementos aislados que, incluso, refieren a momentos distintos de la empresa, para concluir que “tiene efectivo en caja para solventar los $ 1.315.055,01, solo en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II concepto de tasa de actuación y por uno solo de los numerosos juicios que posee en trámite.” (sic).
Hace notar que el Tribunal Fiscal de la Nación se limitó a analizar los activos de la empresa pero que en ningún momento pondera sus pasivos.
En segundo lugar, pone de relieve que las conclusiones de la prueba financiera no fueron, en absoluto, valoradas por el a quo.
Manifiesta que el Tribunal debió evaluar los índices de liquidez y prueba ácida más próximos a la fecha, contando con los elementos para hacerlo.
Recalca que corresponde desestimar la observación efectuada en orden a la donación efectuada por la empresa por el monto de $ 41.969.609,83 en orden a que, según explica, “se trata de incentivos para promover la fidelidad de los empleados, en una época que fue muy difícil de atravesar para todos.” (sic).
Finalmente, se agravia por cuanto, según sostiene, el Tribunal Fiscal de la Nación soslayó analizar su petición subsidiaria de reducción en los términos del artículo 9 de la Ley nro. 25.964, la que considera a todas luces aplicable a la especie.
III. Que el 19 de mayo de 2023 el Tribunal Fiscal de la Nación (cfr. Página 944 del archivo P.D.F.) reguló los honorarios de los representantes legales del Fisco Nacional (punto I) y los honorarios del perito contador interviniente en la contienda (punto II).
la representación legal del Fisco Nacional apeló por bajos los emolumentos estipulados para su parte.
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El 31 de mayo de 2023 (cfr. Páginas 955/986)
Vicentín S.A.I.C. apeló por altos dichos estipendios; fundó su recurso en la misma presentación.
El 01 de agosto de 2023 el Fisco Nacional contestó los agravios de la parte actora en lo referido a los agravios de la regulación de honorarios (cfr. Páginas 1021/1031 del archivo P.D.F.)
V. Que, así las cosas, cabe destacar –a título preliminar– que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
Se trata de un instituto de interpretación restrictiva y excepcional, otorgado sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos –y la imposibilidad de obtenerlos– para afrontar el pago de los gastos causídicos, y su concesión queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Fallos: 311:1374).
Por otra parte, en tanto el art. 79 del CPCCN no contiene distinción alguna al respecto, cabe interpretar que incluye también a las personas de existencia ideal. Empero, tratándose de sociedades comerciales, atendiendo a que su desenvolvimiento se inspira en obvios fines de lucro, el examen de los recaudos que hacen procedente el beneficio de litigar sin gastos debe efectuarse con mayor rigurosidad, máxime ponderando que la carta de pobreza es un remedio de excepción y no un recurso habitual y corriente aplicable a situaciones de insolvencia temporaria o de mera falta de iliquidez (Fallos: 329: 2719).
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Asimismo, en el citado precedente el Alto Tribunal ha sostenido que los jueces deben estar naturalmente inclinados a una interpretación restrictiva de la admisibilidad del instituto en cuestión cuando se trata de demandas de elevado monto a fin de que, en esos casos, el beneficio de litigar sin gastos no se constituya en una garantía de irresponsabilidad por las deudas que pueden resultar de los gastos y costas del proceso o, lo que es lo mismo decir, en vehículo mismo de la injusticia y el abuso.
Por último, debe recordarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (Fallos: 311:1373).
VI. Que, así reseñada y delimitada la cuestión, corresponde adentrarse en el fondo del asunto.
En tal inteligencia conviene señalar que, en el caso, la firma actora promovió el presente incidente a efectos de que se le autorice a litigar acogiéndose al beneficio previsto en el art. 78 del C.P.C.C.N. por considerar que su mandante:
“se encuentra en una delicada situación económica y financiera, que la ha llevado a solicitar la formación de su concurso preventivo; y actualmente se encuentra en discusión la viabilidad económica de la propuesta de concordato formulada por mi mandante; situación que, vale destacar, le impide actualmente solventar los gastos del proceso.” (sic). (cfr. Página 7 del archivo P.D.F., escrito inaugural). En tal sentido, en misma presentación, alegó que:
“El beneficio de litigar sin gastos -previsto normativamente en los arts. 78 y ss. del CPCCN- es una institución establecida en favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de los gastos que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II necesariamente implica la sustanciación de un proceso (contencioso o voluntario). Encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (artículos 18 y 16 de la Constitución Nacional).” (sic).
Acompañó como prueba documental ofrecida en el inicio del presente beneficio:
“ANEXO I: Copia de la Resolución N° 81/2021 (DV RRFS);
ANEXO II: Copia del Acta de Asamblea Ordinaria Nº 84, celebrada el día 15 de octubre de 2020;
ANEXO III: Copia de los EECC cerrados al 31 de octubre del 2019 y 2020;
ANEXO IV: Estado de situación crediticia de Vicentín S.A.I.C., generado en la página del Banco Central de la República Argentina, del cual surge las entidades financieras locales con las cuales la Compañía registra deuda y la calificación que dichas entidades le han asignado a Vicentín S.A.I.C.” (sic). -la documental fue incorporada el 02/03/2022; conforme página 160 del archivo P.D.F.-.
Por otra parte, a los efectos de demostrar los extremos requeridos por la normativa que regula el instituto en cuestión, ha llevado a cabo diversas diligencias de distinta índole, para dar cumplimiento a la prueba informativa ofrecida y los puntos ofrecidos en orden a la realización de las periciales contable y financiera.
Páginas 376/406 del archivo P.D.F. obra agregada la contestación de oficio del Banco Central de la República Argentina.
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Páginas 429/453 del archivo P.D.F. obra agregada la respuesta de la Sindicatura del Proceso Concursal de Vicentin S.A.I.C.
Páginas 664/685 del archivo P.D.F.
correspondiente a las actuaciones administrativas, luce agregado el informe pericial financiero.
Páginas 688/707 del archivo P.D.F., luce agregado el informe pericial contable.
En subsidio, Vicentín S.A.I.C., al solicitar la presente franquicia, pretendió que, para el caso que se rechaza total o parcialmente el beneficio, el Tribunal Fiscal de la Nación redujera al 50% el monto de la tasa de actuación, en orden a lo estipulado por el artículo 9 de la Ley nro. 25.964 (ver ap. III.2.4).
VII. Que, sobre la base de lo expuesto, de manera preliminar no puede soslayarse la jurisprudencia del Máximo Tribunal quien sostiene que las resoluciones judiciales deben valorar circunstancias vigentes al momento de su dictado (Fallos: 325:2177).
En la especie, ha de destacarse que, según surge del informe acompañado por la Sindicatura del Concurso Preventivo de la firma aquí incidentista:
“ha continuado con sus actividades económicas principalmente a través de la ejecución de contratos de fazón, servicios de industrialización y otros servicios a terceros y contratos de almacenaje o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II depósito, los cuáles se mantienen en vigencia en la actualidad y se encuentran en curso de ejecución.” (sic).
Por otro lado, informó los puntos de concordancia de la propuesta formulada por la firma incidentista a sus acreedores. Luego, recuérdese que el Tribunal Fiscal de la Nación consideró, al momento de resolver, respecto de los informes periciales formulados en las presentes actuaciones que:
“…la actora al 31/07/2022 contaba con la suma de $80.739.548,78 de dinero en efectivo como así también la suma en monedas extranjeras de u$s326.671.- y €38.420.-, mientras que en la Sucursal Uruguay posee u$s152.748,28.-, asimismo de los estados contables arrimados por la incidentista surge de su estado de situación patrimonial al 31/10/2022, en el apartado Activo Corriente Caja y Bancos que posee $904.448.637.-. Que siguiendo con el informe pericial contable se aprecia del punto 4) del mismo que el índice de liquidez de la actora en relación al Activo Corriente/Pasivo Corriente, al 31/10/2021, es de 1,36, mientras que el índice de prueba ácida lo es de 1,22 no acreditando los mismos la imposibilidad de afrontar el pago de la tasa de actuación Que de los puntos 6) y 7) del citado informe, se advierte que la incidentista ha realizado donaciones por un total de $41.969.609,83.- mientras que posee inversiones en Fondos Comunes de Inversión al 31/07/2022 por un total de $1072.765.791,91, como así también y a la misma fecha, Bonos por un total de $12.732.988,73.-…” (sic).
Así las cosas, de los actuados se desprende que la empresa cuenta con posibilidades para reprogramar su deuda y ofrecer modalidades de pago a sus acreedores; siendo del caso añadir que a los efectos de la cuestión aquí ventilada, el monto que podría surgir de la tasa de actuación no se aprecia -en principio- como susceptible los intereses de los acreedores, aun con un resultado adverso de la pretensión de fondo.
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En efecto, los elementos de prueba agregados a la causa impiden admitir la franquicia peticionada, en la medida en que no se ha demostrado fehacientemente la imposibilidad actual de obtener recursos, a los fines de solventar la gabela devengada, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una sociedad comercial en plena actividad y, por tanto, con fines y posibilidades de obtención de lucro (Fallos: 326:4319).
De otro modo, se arribaría a una interpretación extrema y ciertamente arbitraria si se asimilara una “situación financiera crítica” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis; ello, sin perjuicio de señalar que la requirente no acredito fundadamente la imposibilidad de obtener recursos necesarios para afrontar los gastos del litigio, extremo requerido por el art. 79, inc. 2º, del Código Procesal (confr. C.Nac.Apel.Civ.yCom.Fed., Sala 2 in re “Alas del Sur S.A. c/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina s/ Beneficio de Litigar sin Gastos Nº 1.510/98, del 13.09.12).
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por Vicentín S.A.I.C. y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que denegó la franquicia pretendida por la firma.
VIII. Que, sin perjuicio de la decisión arribada, asiste razón al recurrente en cuanto a la omisión incurrida por el Tribunal Fiscal de la Nación al tratar la cuestión de fondo; ello con especial referencia al pedido subsidiario de reducción del monto de tasa de actuación formulado por Vicentín S.A.I.C. en dicha sede.
En tal sentido, corresponde disponer que, una vez que fueran devueltas las presentes a la instancia de origen, pasen al despacho de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar un pronunciamiento en punto a lo aquí referido.
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IX. Que, sentado lo expuesto, a fin de tratar el recurso interpuesto, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
En tales condiciones, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio; en atención al valor, motivo, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la presentación del beneficio de litigar sin gastos y su vinculación con el proceso principal, así como el carácter incidental del presente trámite y el desistimiento efectuado, corresponde, reducir a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($136.320) –equivalente a 3 UMA- y PESOS CINCUENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($54.528) - equivalente 1,20 UMA- los honorarios regulados con fecha 19/05/2023, en favor de la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 25, 29 inc g), 44 inc. b), 58 y ccdtes. y citados de la ley 27.423). Sobre idénticas pautas a las desarrolladas en cuanto al monto del pleito, ponderando la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento del perito contador propuesto por el fisco JOSE LUIS DOMPER, atento el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (C.S. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), corresponde, reducir a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($36.352) -equivalente a 0,80 UMA- los emolumentos del citado profesional.
Por las tareas efectuadas en la alzada y atento el resultado obtenido, corresponde regular la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($57.254,40) –equivalente a 1,26 UMA-; los emolumentos de la DRA. SABRINA SANCHEZ, letrada apoderada de la demandada (arts. 16, 20, 21, 29 inc. g), 30, 44 inc. b), ccdtes. y citados de la ley 27.423-Dto. Nº 1077/17).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1º)
rechazar el recurso de apelación interpuesto por Vicentín S.A.I.C. y confirmar la decisión apelada en cuanto denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la parte actora, con costas de esta Alzada a la vencida (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); 2°) ordenar al Tribunal Fiscal de la Nación se expida concretamente respecto al pedido de reducción de la tasa de actuación, conforme lo dispuesto en el considerando VIII de la presente; y 3º) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando IX.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Fin de la sentencia