Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 52855031-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el planteo de prueba formulado por la parte actora.
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el pronunciamiento de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas a la vencida (conf. art. 68, primer párrafo del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
46946/2023 Incidente Nº 1 - ACTOR: VICENTIN SAIC (TF 52855031-A)
DEMANDADO: AFIP DGA s/BENEF. DE LITIGAR S/G Buenos Aires, de diciembre de 2024.-
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y Jorge F. Alemany dijeron:
I. Que con fecha 29/05/2023 la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el beneficio de litigar sin gastos formulado por la firma Vicentin S.A.I.C y la intimó a que en el término de cinco (5) días abone la suma de pesos siete millones setenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve con 14/100 ($7.974.159,14) en concepto de tasa de actuación.
Para así decidir, señaló que de la prueba producida no se evidenciaba una incapacidad económica que impidiera el pago de la tasa de actuación. Agregó que el estado concursal de la actora no presuponía por si mismo una situación de pobreza que requiera el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos.
Por otro lado, rechazó el pedido de reducción de la tasa en un 50% en los términos del artículo 9º de la Ley Nº 25.964. En tal sentido, señaló que en otra causa análoga (que tramitó ante esa Sala), la firma actora obló la tasa de actuación sin manifestar objeción alguna o pedido de reducción, demostrando poseer la capacidad para hacer frente a dicha erogación.
II. Que contra esa decisión, con fecha 06/06/2023 la parte actora dedujo recurso de apelación, el cual fundó el 13/06/2023 y fue replicado por el Fisco Nacional el 14/07/2023.
En su memorial, la recurrente sostuvo que el Tribunal Fiscal de la Nación efectuó una arbitraria interpretación de la prueba producida en la causa, ya que se limitó a analizar los activos de la empresa pero en ningún momento ponderó sus pasivos, abstrayéndose de su realidad financiera. Al respecto, afirmó que no posee acuerdo de acreedores Alta en sistema: 13/12/2024 homologado y por lo tanto su concurso preventivo aún continúa. En ese contexto, alegó que debe hacer frente al pasivo corriente de la empresa con los escasos recursos de los que dispone.
En subsidio, solicito que se le reconozca la reducción prevista en el artículo 9º de la Ley N° 25.964. Por último, pidió que se produjera la “prueba financiera” la cual fue denegada en la instancia anterior en los términos del artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del artículo 1174 del Código Aduanero.
III. Que, previo a examinar la concesión o no del beneficio de litigar sin gastos pretendido, corresponde analizar la admisibilidad del planteo de la prueba denegada en la instancia anterior.
Cabe recordar que la apertura a prueba en esta instancia es de carácter excepcional habida cuenta que las situaciones que la autorizan están previstas expresamente por las normas de un modo limitativo, debiendo, por ello, interpretarse con carácter restrictivo. A su vez, para la procedencia del replanteo se debe formular una crítica concreta y razonada de la resolución denegatoria de la prueba que se intentó producir (conf. esta Sala, en “EN -M° Planificación - Ley 26466 c/ Interinvest SA y otro”, N° 778/2009, del 4 de diciembre de 2014). En ese contexto, corresponde recordar que la recurrente pretende que en esta instancia se produzca la “pericia financiera” ofrecida en el escrito de inicio a los efectos de que se practique una evaluación crediticia de la accionante y se determine su capacidad para acceder a créditos bancarios. Dicha prueba fue denegada por el Tribunal Fiscal de la Nación mediante la resolución de fecha 02/10/2020 por resultar inconducente.
Así las cosas, se advierte que la recurrente no explicó de qué manera la medida probatoria pretendida permitiría dilucidar si la empresa posee o no la capacidad de hacer frente a las erogaciones de un proceso judicial, como así tampoco explicó de qué forma su capacidad de acceder a un crédito bancario reflejaría el estado patrimonial necesario para acceder al beneficio.
En consecuencia, corresponde denegar el planteo de prueba formulado en el recurso interpuesto por la parte actora.
IV. Que en este estado de las actuaciones, cabe recordar que la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza Alta en sistema: 13/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V alegadas, para lo cual debe efectuarse –en cada caso– un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos de quien invoca el privilegio de considerarse dispensado de afrontar las erogaciones que demanda el proceso (cfr., en similar sentido, esta Sala, en la causa: “Inc. Nº 1 – Actor: Flecament SA s/ Benef. De Litigar s/g” –expte. núm. 47.924/2014–, pronunciamiento del 19 de marzo de 2015 y sus citas).
Precisamente, el objeto de la actividad probatoria a desarrollar en el incidente de beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar la convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener los recursos para afrontar el costo que eventualmente irrogue la acción por él incoada. Por ello, la peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizadas conforme a las reglas de la sana crítica, no atienda a un grado de absoluta certeza sino a la posibilidad de que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio. De allí que, aunque el criterio de valoración es amplio, es preciso que el requirente demuestre concretamente la carencia de medios y la imposibilidad de obtener los necesarios para afrontar la empresa procesal, circunstancias esenciales para su concesión (cfr. esta Sala, precedente citado en último término), pues, ha dicho la Corte federal que, como contrapartida de los intereses de quien lo solicita, se hallan los de la contraria y los de la comunidad en general interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos que podrían ser conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (cfr. Fallos: 311:1372; 313:1015, entre otros).
Al respecto, cabe poner de resalto que la prueba rendida en autos resulta insuficiente para tener por acreditada la carencia de medios económicos del accionante. Es decir, no se ha demostrado, con la convicción suficiente, extremos que determinen la acreditación de los requisitos que demanda el instituto requerido.
En este sentido, no puede soslayarse que los expertos contables intervinientes, al emitir su informe pericial, han establecido que la demandante tenía a su disposición en febrero del 2021, la suma de $569.555.288,27 como saldo en las cuentas de bancos en la República Argentina. Asimismo, se constató que, en la Sucursal Uruguay, la demandante poseía saldos expresados en dólares, euros y pesos uruguayos, cuya suma total ascendía al total de $464.558.358,35. Además los distintos informes contables señalaron que dentro del periodo analizado (31/10/2018 al 31/10/2020) la empresa elevó su índice de liquidez pasando de un 1,636% a un 6,185%. Asimismo, del Alta en sistema: 13/12/2024 informe surge que la actora posee “[…] un inmueble ubicado en Calle Vuelta de Obligado N º 635, de la localidad de Barranqueras (3503), provincia de Chaco, con una superficie total de 79.000 m2, y construcciones que abarcan una superficie aproximada de 26.000 m2 [cuyo] valor residual a Fecha Cierre Ejercicio 2020, según surge de los registros contables, es de U$D 783.097,00”.
Por ello, se advierte que algunas de las afirmaciones realizadas por la parte recurrente se limitan a expresar su desacuerdo con el contenido literal de la decisión impugnada, sin constituir una crítica seria, específica y razonada de la resolución en cuestión. La decisión se sustentó principalmente en la prueba pericial contable realizada a los fines del caso, la cual no ha sido sustancialmente refutada. Es importante señalar que la mera expresión de una opinión divergente o alternativa a la del juez no es suficiente para descalificar una sentencia, a menos que quede demostrado de manera evidente que dicha opinión conduce a un desvío flagrante de la solución jurídica prevista para el caso o que la sentencia carece de una fundamentación esencial (ver Fallos: 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979).
En suma, al no acreditarse la concurrencia de los requisitos para procedencia del beneficio de litigar sin gastos solicitado, corresponde confirmar el resolutorio de grado en este punto y, en consecuencia, confirmar la denegación del beneficio solicitado (En igual sentido, esta Sala en la causa “Incidente Nº 1 – Actor: Vincentin SAIC (TF 21826141-I) Demandad: AFIP (DGI) s/ Benef. de litigar S/G”, Expte Nº 34850/2023, resolución de fecha 15/10/2024 y sus citas).
V. Que, sentado lo anterior, corresponde pronunciarse sobre la reducción de la tasa de actuación prevista en el artículo 9º de la Ley N° 25.964 planteado en forma subsidiaria.
Al respecto, cabe señalar que la recurrente no controvirtió los argumentos expuestos por el Tribunal Fiscal de la Nación al denegar tal petición sustentado en que al momento de la interposición del presente recurso directo no se encontraba incursa en dicha excepción y, además, no tuvo inconveniente en abonar la tasa de actuación en otro expediente iniciado durante el mismo periodo. En consecuencia, corresponde rechazar el pedido de reducción solicitado en forma subsidiaria por la recurrente.
ASÍ VOTAMOS.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani dijo:
Alta en sistema: 13/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V I.- Que, sin perjuicio de mi postura en lo referido a la amplitud probatoria (conf. mi voto en la causa “Telefónica Móviles Argentina SA c/ DNCI s/Defensa del consumidor – Ley 24240 – art 45”, Expte 5405/2020, resolución de fecha 09/04/2024 y sus citas), las particulares características del caso me permiten apartarme de lo dicho anteriormente, y adherir en su totalidad al voto que antecede.
ASÍ VOTO.
En virtud de las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 1) Desestimar el planteo de prueba formulado por la parte actora. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el pronunciamiento de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas a la vencida (conf. art. 68, primer párrafo del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. Treacy Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani (por su voto)
Alta en sistema: 13/12/2024
Fin de la sentencia