Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 52926874-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora;
2Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional imponiendo a la actora las costas del trámite cumplido por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y 3) imponer las costas de esta instancia a la parte actora por resultar vencida.
48383/2023/1 - INCIDENTE Nº 1 - ACTOR: VICENTIN SAIC (TF 52926874-A) DEMANDADO: DGA S/BENEF. DE LITIGAR S/G
Buenos Aires, 10 de julio de 2024.- LEM VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, las actuaciones referenciadas se encuentran incorporadas al expediente digital.
Por medio de la resolución (ver páginas 452/457 del archivo P.D.F.) del 01 de agosto de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación denegó el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
Por otra parte, intimó a la recurrente para que en el término de cinco (5) días ingresara la suma de pesos dos millones ochocientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y cinco con 88/00 ($ 2.829.645,88.-) en concepto de tasa de actuación ante dicho Tribunal.
Para decidir del modo indicado, destacó que de la prueba producida en el presente se desprendían claramente las dificultades financieras por las que atraviesa la empresa, sin embargo, puntualizó que ello distaba de evidenciar una incapacidad económica tal que impidiese el pago de la tasa de actuación intimada en el expediente principal.
Por otra parte, indicó que, si bien la existencia de un concurso preventivo presupone una situación económica comprometida, no es una situación que por sí misma acreditase la situación de pobreza que se requiere para otorgar la franquicia de litigar sin gastos.
A continuación, expuso el Tribunal la carencia de recursos que configura tal situación de pobreza no puede confundirse con dificultades financieras, aquellas que pueden dar lugar al concurso, sin perjuicio de la posible reducción en un cincuenta por ciento (50%) de la tasa de actuación ante la situación concursal, lo cual surge de lo establecido en el art. 9 de la ley 25.964. Desde dicha perspectiva, el Tribunal consideró que, si bien al momento en que se configuró el hecho imponible que hace nacer la obligación de pagar la tasa de actuación, la actora se encontraba concursada, no resultaba aplicable al caso lo allí estipulado.
Ello así, puesto que surgía de que en un expediente que tramita por ante la misma Vocalía, la empresa recurrente había abonado el monto de $ 2.073.031,21, en concepto de tasa de actuación y que, en consecuencia, el hecho que el estado concursal de la empresa no implicó la solicitud de reducción en dicha tasa, no había justificación para acceder a lo peticionado en las presentes actuaciones.
En ese orden de ideas, recordó el Tribunal que el “estado de pobreza” -requerido en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley nro. 25.964- no resulta tal si se ha podido hacer frente al pago de la tasa en el otro expediente.
Finalmente, sin perjuicio de todo lo expuesto, lo que el Tribunal consideró como categóricamente decisivo para resolver la cuestión planteada, que “la obligación de pagar la tasa de actuación de ninguna manera conculca el derecho de la defensa del litigante. En efecto, el pago de dicha tasa no constituye un requisito de procedencia de la acción, de tal manera que su falta de pago no suspende el procedimiento, el cual continuará hasta su terminación, no obstante, claro está, la ejecución de la deuda impaga.” (sic).
En tales condiciones, se rechazó el beneficio de litigar sin gastos peticionado, sin imposición de costas.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional, interpuso recurso de reposición, apeló en subsidio y expresó agravios, en el mismo acto procesal (cfr. Páginas 464/467). Corrido el pertinente traslado, mereció réplica de su contraria (cfr. páginas 860/868).
En definitiva, el Fisco Nacional se agravió de la distribución de los accesorios en el orden causado.
III. Que, a su turno, la parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios (cfr. páginas 478/533).
En primer lugar, el recurrente aduce que no resulta un hecho controvertido que su mandante se encuentra concursada; que tal situación derivó en numerosos hechos que influyeron en ese ejercicio financiero (año 2020) y en aquellos venideros, hasta que la empresa logre recomponer su situación. Afirma que la empresa se encuentra operativa pero que el rendimiento de dicha actividad resulta ser inferior en comparación el generado en un desarrollo pleno de sus funciones.
Puntualiza que conforme surge de los informes periciales acompañados resta saldar un pasivo concursal de $213.836.414.696,09; destaca que, de acuerdo con las normas concursales, su poderdante, se encuentra impedida de realizar activos sin autorización del síndico y del Juez concursal.
Añade a lo expuesto que, si bien la empresa ha llegado a un acuerdo con la masa concursal, el mismo no ha sido homologado y que dicha deuda supera los mil quinientos millones de dólares, cuya devaluación impacta en los resultados de la empresa.
Hace hincapié en que las pérdidas producidas en los períodos 2019 y 2020, generaron un déficit del patrimonio neto que derivó en un estado de disolución por pérdida de capital social -en los términos del art. 94 de la Ley General de Sociedades nro. 19.550-, si no fuera por la reforma introducida por la Ley de Solidaridad (2019) y lo posteriormente dispuesto mediante el Decreto nro. 167/2021, que suspendió la aplicación de tal norma y, por ende, pospuso la obligatoriedad de disolución.
Por ello, resume la situación patrimonial en que:
“el índice de endeudamiento del ejercicio 2019, fue de 1,19 y se elevó al 31.10.2020, a 1,463, lo que significa que el pasivo excede ampliamente al activo; y, en consecuencia, que las deudas superan a los recursos propios, por lo que el endeudamiento es excesivo. Esto acredita a todas luces la imposibilidad de mi mandante de continuar endeudándose para poder afrontar la tasa de actuación reclamada en autos.” (sic).
En dicha línea, alega que:
“Teniendo en consideración que el monto a abonar en concepto de tasa de actuación, por solo este expediente, asciende a $7.974.159,14, el pago de la tasa ocasionaba que mi mandante deba disponer de la totalidad de su dinero que disponía en efectivo a la fecha de presentación del informe pericial - 28.02.2021- para afrontar el pago de la tasa.” (sic).
Recuerda que el Tribunal Fiscal consideró que, si bien se verificaba una dificultad financiera, no existía una imposibilidad económica; al respecto, critica que lo decidido soslaya el estado de indisponibilidad patrimonial por el cual atraviesa la firma.
A su vez, se queja por cuanto considera que es improcedente la postura del Tribunal Fiscal en punto a que la falta de ingreso de la tasa de actuación no obsta a la continuación del juicio, puesto que dicha tasa constituye una obligación de tipo “postconcursal” de modo tal que habilita, ante su falta de pago, la ejecución por parte de su acreedor, es decir, el Fisco Nacional, lo cual puede perjudicar la propuesta de concordato en el marco del concurso y habilitar al acreedor a pedir la quiebra de la compañía.
Así las cosas, considera que la sentencia recurrida resulta arbitraria en cuanto, según estima, lleva a cabo una irrazonable apreciación de la prueba producida y se aparta de las constancias comprobadas en la causa; resalta que a partir de la prueba informativa y pericial contable producida, se deduce que Vicentín se encuentra concursada y que aún no ha llegado a un acuerdo con sus acreedores.
Alega que la decisión en crisis toma elementos aislados que, incluso, refieren a momentos distintos de la empresa, para concluir que “tiene efectivo en caja para solventar los $ 2.829.645,88 solo en concepto de tasa de actuación únicamente por estos actuados” (sic).
Hace notar que el Tribunal Fiscal de la Nación se limitó a analizar los activos de la empresa pero que en ningún momento pondera sus pasivos.
Pone de relieve que las conclusiones de la prueba financiera no fueron, en absoluto, valoradas por el a quo. Manifiesta que el Tribunal debió evaluar los índices de liquidez y prueba ácida más próximos a la fecha, contando con los elementos para hacerlo.
Finalmente, se agravia por cuanto, según sostiene, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó de manera infundada su petición subsidiaria de reducción en los términos del artículo 9 de la Ley nro. 25.964, la que considera a todas luces aplicable a la especie. Solicita la producción de prueba denegada en la instancia anterior y la actualización del informe pericial contable rechazado; refiere, específicamente, a una pericia financiera.
IV. Que, así las cosas, cabe destacar –a título preliminar– que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
Se trata de un instituto de interpretación restrictiva y excepcional, otorgado sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos –y la imposibilidad de obtenerlos– para afrontar el pago de los gastos causídicos, y su concesión queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Fallos: 311:1374).
Por otra parte, en tanto el art. 79 del CPCCN no contiene distinción alguna al respecto, cabe interpretar que incluye también a las personas de existencia ideal. Empero, tratándose de sociedades comerciales, atendiendo a que su desenvolvimiento se inspira en obvios fines de lucro, el examen de los recaudos que hacen procedente el beneficio de litigar sin gastos debe efectuarse con mayor rigurosidad, máxime ponderando que la carta de pobreza es un remedio de excepción y no un recurso habitual y corriente aplicable a situaciones de insolvencia temporaria o de mera falta de iliquidez (Fallos: 329: 2719).
Asimismo, en el citado precedente el Alto Tribunal ha sostenido que los jueces deben estar naturalmente inclinados a una interpretación restrictiva de la admisibilidad del instituto en cuestión cuando se trata de demandas de elevado monto a fin de que, en esos casos, el beneficio de litigar sin gastos no se constituya en una garantía de irresponsabilidad por las deudas que pueden resultar de los gastos y costas del proceso o, lo que es lo mismo decir, en vehículo mismo de la injusticia y el abuso. Por último, debe recordarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (Fallos: 311:1373).
V. Que, así reseñada y delimitada la cuestión, por razones de orden metodológico corresponde adentrarse, en primer término, en el fondo del asunto; circunstancia de la cual se agravia la firma actora.
En tal inteligencia conviene señalar que, en el caso, promovió el presente incidente a efectos de que se le autorice a litigar acogiéndose al beneficio previsto en el art. 78 del C.P.C.C.N. por considerar que su mandante:
“a partir de la prueba que se ofrece en el marco de este proceso incidental, concurren en el caso de VICENTIN los presupuestos que hacen a la procedencia del beneficio de litigar sin gastos, por cuanto la Compañía no dispone de fondos suficientes para solventar los gastos del proceso y asimismo se encuentra en la imposibilidad de destinar ingresos o activos para afrontarlos.” (sic). (cfr. Página 67 del archivo P.D.F., escrito inaugural).
Acompañó como prueba documental ofrecida en el inicio del presente beneficio:
“ANEXO I: Copia del poder que acredita la representación invocada.
ANEXO II: Copia de la Resolución N° 95/2020.
ANEXO III: Copia de la resolución de fecha 5.3.2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, que, en fecha 5.3.2020, resolvió la apertura del concurso preventivo de VICENTIN, en el marco de los autos caratulados: “VICENTIN S.A.I.C. s/ CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 21-
25023953-7).
ANEXO IV: Copia del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 522/2020 y del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 636/2020, que lo derogó.
ANEXO V: Estado de situación crediticia de Vicentín S.A.I.C., generado en la página del Banco Central de la República Argentina, del cual surge las entidades financieras locales con las cuales la Compañía registra deuda y la calificación que dichas entidades le han asignado a Vicentín” (sic).
Por otra parte, a los efectos de demostrar los extremos requeridos por la normativa que regula el instituto en cuestión, ha llevado a cabo diversas diligencias de distinta índole, para dar cumplimiento a la prueba informativa ofrecida y los puntos ofrecidos en orden a la realización de la pericia contable. Desde dicha perspectiva, surge acreditado que a:
Páginas 173/181 obra el informe de la pericia contable respecto del consultor técnico de la compañía. Páginas 205/206 obra agregada contestación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.
Páginas 209/214 obra agregada la contestación de oficio del Banco Central de la República Argentina. Páginas 217/369 obra incorporado el informe general de la sindicatura (concurso preventivo).
Páginas 371/381 obra incorporado el informe del perito contador designado ante el Tribunal Fiscal.
VI. Que, sobre la base de lo expuesto, de manera preliminar no puede soslayarse la jurisprudencia del Máximo Tribunal quien sostiene que las resoluciones judiciales deben valorar circunstancias vigentes al momento de su dictado (Fallos: 325:2177). Así las cosas, de los actuados se desprende que, pese a que la empresa se encuentra atravesando un concurso preventivo, ello no impide considerar que cuenta con posibilidades para reprogramar su deuda y ofrecer modalidades de pago a sus acreedores; siendo del caso añadir que, a los efectos de la cuestión aquí ventilada, el monto que podría surgir de la tasa de actuación no se aprecia -en principio- como susceptible de afectar a los intereses de los acreedores, aun con un resultado adverso de la pretensión de fondo.
En efecto, los elementos de prueba agregados a la causa impiden admitir la franquicia peticionada, en la medida en que no se ha demostrado fehacientemente la imposibilidad actual de obtener recursos, a los fines de solventar la gabela devengada, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una sociedad comercial en plena actividad y, por tanto, con fines y posibilidades de obtención de lucro (Fallos: 326:4319).
De otro modo, se arribaría a una interpretación extrema y ciertamente arbitraria si se asimilara una “situación financiera crítica” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis; ello, sin perjuicio de señalar que la requirente no acreditó fundadamente la imposibilidad de obtener recursos necesarios para afrontar los gastos del litigio, extremo requerido por el art. 79, inc. 2º, del Código Procesal (confr. C. Nac.Apel.Civ.yCom.Fed., Sala 2 in re “Alas del Sur S.A. c/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina s/ Beneficio de Litigar sin Gastos Nº 1.510/98, del 13.09.12).
Sobre el punto, debe resaltarse que en el pronunciamiento recurrido se puso de resalto que, la situación económica que invoca la actora, y a cuya acreditación se encontró encaminada la prueba producida en el presente, constituye en verdad una real dificultad financiera. Los resultados que arroja principalmente el informe pericial, del cual surgen, por ejemplo, saldos bancarios e inversiones financieras en moneda nacional y extranjera, no evidencian una incapacidad económica tal que impida el pago de la tasa de actuación. Asimismo, incluso, se informa la titularidad sobre un inmueble. (ver informe pericial contable vinculado en autos mediante IF-2021-57968710-APN-DTD#JGM).
A lo que se añadió que, incluso el informe efectuado por los síndicos en virtud del art. 14 inc. 12 de la LCQ (cuya visualización se obtiene de la página web del concurso https://concursopreventivovicentin.com.ar/, facilitada en la respuesta al oficio dirigido al Juzgado de Primera Instancia Civ. y Com. 2da. Nom. de Reconquista, vinculada en autos mediante IF-2020-
83924101-APN-SGASAD#TFN y IF-2021-45815071-APN- SGASAD#TFN) determina que “En general las empresas en concurso preventivo en los meses posteriores a la apertura del procedimiento concursal ofrecen notorios altibajos fundamentalmente por la inexistencia de capital de trabajo, sin embargo en el caso que nos ocupa advertimos que, contrariamente a esa tendencia, la Sociedad ha seguido operativa y gestionando sus actividades, claro está con algunas limitaciones propias de las circunstancias atravesadas, …”. Y continúa diciendo que “… la Sociedad no solo ha conseguido seguir gestionando sus operaciones –con limitaciones en algunos casos- sino que ha observado un alto grado de cumplimiento de sus obligaciones laborales -pago de sueldos y jornales al día- sino también las referidas al Régimen Nacional de Seguridad Social (…) y, además, las derivadas de la presentación oportuna de sus declaraciones de impuestos y el correspondiente pago en los casos que aquí correspondiere. …”. Asimismo, dicho informe refiere a “Otros ingresos informados” , entre ellos, pagos a favor de la concursada, o la realización de una operación de venta de saldo favorable de IVA. (ver págs. 16 y 17 de dicho informe)”.
En tales condiciones, el Tribunal estima que, las dificultades financieras por las que atraviesa la empresa, no evidencian una incapacidad económica tal que impida el pago de la tasa de actuación intimada en el expediente principal.
Debe aquí puntualizarse que frente a idéntica petición formulada por la misma contribuyente, este Tribunal ha adoptado en fecha reciente similar temperamento, con base en análogos fundamentos de hecho y de derecho que los aquí vertidos (Expte- Nro. 34844/2023/1, Resolución del 05/04/2024).
Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por Vicentín S.A.I.C. y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que denegó la franquicia pretendida por la firma.
VII. Que, por otro lado, conviene recordar que el artículo 9 de la Ley nro. 25.964 -último párrafo- establece que:
“…En el supuesto de litigantes concursados civil o comercialmente, la tasa por actuaciones que corresponda a dicha parte podrá ser reducida hasta en un cincuenta por ciento (50%)…” (sic), resultando absolutamente clara la redacción de la norma transcripta en cuanto a que la tasa de actuaciones “podrá” (sic) ser reducida.
Desde dicha perspectiva, el Tribunal Fiscal analizó la cuestión invocada por el aquí recurrente y fundó la decisión adoptada en el sentido de no ejercer dicha facultad.
Frente a ello no se advierte la existencia de un agravio concreto sobre el punto puesto que, en definitiva, el Tribunal Fiscal fundó las razones por las cuales estimó que, a su criterio, no correspondía ejercer la facultad conferida por la normativa vigente, sin que la interesada hubiera controvertido eficazmente el criterio adoptado.
VIII. Que, por lo demás, teniendo en cuenta el estado procesal de las actuaciones y por no haberse articulado una impugnación oportuna de la resolución del 02/10/2020 (páginas 150/151) mediante la cual la vocalía XXI, en cuanto aquí interesa destacar, denegó la producción de la prueba pericial financiera (ver punto 5 de la resolución aludida), la cuestión no puede ser examinada en esta instancia.
En tales condiciones, al no advertirse el cuestionamiento por parte del aquí recurrente en sede del Tribunal Fiscal, ha de concluirse que la decisión sobre el punto se encuentra firme y consentida.
IX. Que, ahora bien, a los fines de otorgar tratamiento al recurso de apelación del Fisco Nacional, es menester recordar que el Tribunal a quo resolvió denegar el beneficio de litigar sin gastos que solicitara la firma actora, “[s]in costas.” (sic). En tal contexto, debe ponerse de relieve que no se desprende de los argumentos brindados en el pronunciamiento apelado, como así tampoco de la parte resolutiva del mismo, razón o fundamento alguno a efectos de justificar el temperamento adoptado.
Por ser ello así, y sobre la base de las ponderaciones traídas a colación en el Considerando que antecede, no cabe sino concluir que la decisión adoptada en punto a las costas resulta nula; ello, toda vez que – como se indicara– no se ha expresado motivo alguno como lo exige la normativa aplicable a efectos de apartarse de la máxima objetiva que rige sobre la materia (conf. arg. C.S.J.N., in re, “Organización Brandsen Asesores de Seguros S.A. c/A.F.I.P. - D.G.I. s/impugnación de deuda", O. 237. XLII, del 19/04/11).
En conclusión, con arreglo a lo expuesto, asiste razón al apelante, de modo tal que procede modificar el pronunciamiento de grado en el sentido de asignar de manera expresa los gastos causídicos de la anterior instancia a la actora.
X. Que, atención al modo en que se resuelve, las costas de esta instancia deben ser soportadas por la parte actora ya que resultó vencida (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 1174 del Código Aduanero). En tales condiciones, el Tribunal RESUELVE: 1) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; 2) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional imponiendo a la actora las costas del trámite cumplido por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y 3) imponer las costas de esta instancia a la parte actora por resultar vencida.
Regístrese, notifíquese y - oportunamente- devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia