Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 47100-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso intentado por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
10621/2023 Incidente Nº 1 - ACTOR: VV JOIN SRL-TF 47100-I DEMANDADO: AFIP-DGI s/BENEF. DE LITIGAR S/G ///nos Aires, 16 de febrero de 2024.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por unanimidad, denegar los beneficios de litigar sin gastos solicitados en autos, con costas. Asimismo, intimó a la parte actora a que, en el término de cinco días, ingresara la suma de $ 1.611.756,62 en los expedientes N.º 47.100-I y 48.124-I, en concepto de tasas de actuación, bajo apercibimiento de librar el certificado de deuda correspondiente (cfr. artículo 7 de la ley 25.964). Para fundar su decisión, en primer término reseñó los argumentos vertidos por las partes respecto de la incidencia y, luego, detalló los elementos probatorios que fueron rendidos en la causa. Ello así, también recordó que, los objetivos, efectos y lineamientos relacionados con el instituto bajo estudio. Sentado lo anterior, calificó como insuficiente a la prueba informativa rendida, en tanto “[l]os oficios dirigidos a conocer la existencia de bienes inmuebles bajo propiedad se [circunscribían] a un ámbito territorial limitado (CABA) […]”. A su vez, destacó que, el Banco Santander Río, había comunicado que “[V]V JOIN SRL registra la titularidad de una cuenta corriente y visa bus sin dar mayores precisiones respecto de los saldos […]” y que, por conducto del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, era posible verificar que “[F]ernández Vázquez transfirió la titularidad dominial de un rodado marca: Rover 416 SI (Sedan 4ptas Año 1998) […]”.
Asimismo, indicó, para el caso del Sr. Fernández Vázquez, que éste no había ofrecido librar un oficio al Banco Central de la República Argentina para demostrar si era cliente de entidades bancarias y, en su caso, el estado de sus cuentas.
Por otra parte, apuntó, respecto del informe pericial y los elementos testimoniales y documentales, que no lograban exponer cual era la situación patrimonial, financiera y económica general de los requirentes y que, por ende, “[n]o [habían] podido evidenciar la ausencia de recursos o la imposibilidad de acceder a los mismos para litigar en el presente Tribunal [por lo que correspondía] concluir que sus agravios, al no ser sustentados por actividad probatoria conducente, resulta[ban] meras consideraciones dogmáticas que no [lograban] demostrar fehacientemente la situación económica de [ellos] […]”.
Por lo demás, dejó sentado que “[E]n lo que hace al Expte. N° 48.124-I la prueba ofrecida no ha logrado tampoco acreditar dicha situación respecto del Sr. Fernández Vázquez Cristian Belisario […]” (sic).
II. Que, disconformes con lo resuelto, el 28/04/22 apelaron VV Join SRL y el Sr. Cristian Belisario Fernández Vázquez, quienes fundaron su recurso el 04/05/22.
En primer lugar, aludió a las circunstancias procesales que daban lugar a la interposición del recurso, los antecedentes del caso y los fundamentos desarrollados por el Tribunal Fiscal, al tiempo en que se tachó de arbitraria la resolución bajo estudio, en el entendimiento de que no había considerado adecuadamente las pruebas documental y pericial que demostraban la falta de actividad comercial de la firma, circunstancia que agraviaba a ambos actores.
Criticó que el razonamiento articulado se hubiera limitado a exponer que la prueba rendida resultaba “insuficiente” y, además, indicó que fue ignorado el hecho de que la sociedad dejó de tener actividad e ingresos. Por otra parte, adujo que, al exigir la acreditación de “pobreza extrema” el Tribunal Fiscal desnaturalizó los objetivos perseguidos por el beneficio de litigar sin gastos, a lo que agregó que su parte no se encontraba en condiciones fácticas de acceder a una línea de crédito para solventar las erogaciones involucradas.
Consideró que la posesión de inmuebles, o su eventual venta, no resultaban elementos dirimentes para acreditar la capacidad económica de un sujeto determinado y, finalmente, sostuvo que “[L]os actores se hallan verdaderamente imposibilitados de realizar erogación alguna vinculada con los gastos inherentes a la tramitación del presente proceso jurisdiccional. Sobre todo teniendo en cuenta la emergencia económica y sanitaria actual y las posibles consecuencias de una nueva ola […]” y que debía evitarse una interpretación excesivamente restrictiva sobre el asunto.
III. Que, sentado lo anterior, cabe recordar que el beneficio de litigar sin gastos previsto en los artículos 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
En virtud de tal cometido, se ha sostenido que el instituto bajo estudio requiere la acreditación prima facie de la situación económica del reclamante (cfr. esta Sala in re “Incidente N.º 1 – Actor: Palermo, Sergio Fabián Aníbal Carmelo s/Benef. de litigar S/G”, expte. N.º 34627/2019, sentencia de agosto de 2023), que debe ser interpretado de forma restrictiva y excepcional, otorgándose sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos -y la imposibilidad de obtenerlos- para afrontar el pago de los gastos causídicos y que, su concesión, queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (cfr. C.S.J.N. Fallos: 311:1374).
Asimismo, debe ponderarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (cfr. C.S.J.N. Fallos: 311:1373).
V. Que, en ese contexto, es menester rememorar que, el concepto de “carencia de recursos”, debe ser examinado en su relación con el concreto monto del proceso de que se trate, valorándose su entidad o cuantía y la exigencia económica implicada (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “A” in re “Steiner, Otilio c/Pérsico, Armando y otros” LL 1990-A-129; Sala “B” in re “Mansilla, Manuel A. c/Hepner, Manuel y otro” JA-1989-III-215 y Sala “H” in re “Chiarello c/Daraio”, JA 1991-III-Síntesis).
Así, conviene destacar que, por medio de la Resolución N.º 57/2016 (DV CCR1), el Fisco Nacional resolvió, en cuanto aquí importa, impugnar las declaraciones juradas presentadas por VV Join S.R.L., correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 01/09 a 12/11). Además, determinó de oficio con carácter parcial la obligación impositiva frente a dicho tributo y le impuso a la contribuyente citada la obligación de ingresar las sumas de $21.179.690,45 (en concepto de Impuesto al Valor Agregado) y de $43.290.574,44 (en concepto de intereses resarcitorios).
Por otra parte, debe señalarse que, por conducto de la Resolución N.º 83/2017 (DV CRR1) el Fisco Nacional determinó que, el Sr. Cristian Belisario Fernández Vázquez, resultaba responsable solidaria y personalmente por la deuda fiscal que VV Join S.R.L. poseía y lo intimó a ingresarla.
VI. Que, en tales condiciones, es que corresponde adelantar que los agravios articulados contra la denegatoria del 18/04/22 no pueden prosperar; ello, habida cuenta de que la situación económica y financiera de los actores no se encuentra probada con una actualidad suficiente que justifique el otorgamiento de la franquicia.
Para conformar criterio expuesto, deviene necesario apuntar que, de la prueba informativa ofrecida, se verificó que, al 21/04/17, VV Join S.R.L. era titular de una cuenta corriente en el Banco Santander Río y un producto financiero más, titulado “Visa BUS”. De igual modo, se consignó al Sr. Fernández Vázquez como “representante” autorizado.
Asimismo, del informe pericial acompañado el 13/11/17, se verificaron tanto el índice de acidez (esto es, el ratio de liquidez que mide la suficiencia de los activos a corto plazo de una empresa para cubrir sus pasivos corrientes) como el resultado económico y la cantidad de disponibilidades con las que contaba la empresa frente a sus pasivos corrientes, para los años 2015, 2016 y 2017. Se debe aclarar, en este aspecto, que el estudio formulado por el profesional se limitó a consignar una conclusión numérica, sin fundamentar de modo preciso la correlatividad entre los montos indicados y su forma de obtención.
De otro lado, es necesario apuntar que, a fs. 242/249, se encuentran agregados una serie de extractos de cuenta informativos, del año 2017, pertenecientes al Sr. Fernández Vázquez y que, a fs. 250/252, obran las declaraciones testimoniales de los Sres. Nicolás Esteban Castaño y Lino Mariano Camaño (amigos del citado), quienes manifestaron que la firma se encontraba “en una muy mala situación económica”, que no poseía bienes ni inversiones y que, el Sr. Fernández Vázquez carecía de recursos que no fueran destinados a garantizar su subsistencia.
Por otra parte, el informe emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble consignó que no existían inmuebles registrados a nombre de los actores (fs. 282/283) y, aquel emitido por el Registro de la Propiedad Automotor, acreditó una venta de un rodado, efectuada por el Sr. Fernández Vázquez, por la suma U$D 4.104, en el mes de julio del año 2006 (fs. 284/286). Finalmente, es necesario indicar que, a fs. 291/353, obra copia de los estados contables de VV Join S.R.L. al 31/12/17 y copia de los resúmenes bancarios hasta el 30/04/19.
VII. Que, frente a las circunstancias reseñadas, es que resulta necesario reafirmar la existencia de una evidente insuficiencia probatoria, caracterizada por la falta de actualidad de la representación de la situación financiera y económica de la parte apelante.
En efecto, como primera medida debe recordarse que, el deber de ponderar las circunstancias actualmente existentes, encuentra fundamento en la invariable jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual sus sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir (cfr. Fallos: 311:870; 314:568; 315:2684; 318:342, entre muchos otros).
Por consiguiente y aun tomando razón de los datos y circunstancias particulares de los recurrentes, que surgen de sus propias manifestaciones y de los elementos de prueba aportados, no se vislumbran factores que permitan afirmar, de manera indubitable, que la parte actora (en la actualidad) no posea los recursos necesarios (o los medios para obtenerlos) para hacer frente a los gastos causídicos (cfr. esta Sala in re “Incidente N.º 2 – Actor: Aguirrezabala, Mirta Susana Demandado: AFIP-DGI s/benef. de litigar S/ G”, expte N.º 84181/2017/2, sentencia del 19/09/18).
Ello así, y con base en las constancias aportadas a la causa, debe señalarse que los agravios de la recurrente carecen de entidad para desvirtuar los fundamentos que sustentaron la decisión en crisis, pues como se viene diciendo, las pruebas aportadas no resultan suficientes para tener por demostrada la imposibilidad real de afrontar los gastos causídicos como alega. Debe quedar perfectamente aclarado que la falta de actividad comercial o de ejercicio de actividad no puede convertirse “per se” en argumento fundante del beneficio, en tanto y cuanto tales extremos provienen de la decisión discrecional del interesado, de manera que en definitiva mal pueden trasladarse a terceros (en el caso el fisco), las consecuencias de los respectivos temperamentos adoptados por los contribuyentes en este orden. En ese sentido, conviene añadir que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 del C.P.C.C.N. (aplicable al caso por sentar un principio general en materia probatoria), la carga de la prueba de acreditar concretamente la ausencia de recursos suficientes para solventar los gastos causídicos, suministrando los elementos de juicio que hagan viable esa pretensión, le incumbía al solicitante (en tal sentido, ésta Sala , in re: “Incidente N.° 1 beneficio de litigar sin gastos en autos, Glicel S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo, expte. n° 36.936/2016/1, sentencia del 14/7/2016, entre otros).
Estas circunstancias precedentemente descriptas sellan la suerte del recurso de la parte actora y determinan la confirmación de la sentencia apelada, circunstancia que no obsta a que, en la medida en que se incorporen nuevos elementos probatorios que logren desvirtuar los extremos actualmente acreditados, la decisión pueda ser revisada y –eventualmente– modificada en la medida en que sea solución que a derecho se ajusta.
VII. Que, respecto a las costas, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, ellas se imponen en ambas instancias a la recurrente, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1a parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
rechazar el recurso intentado por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia