Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39376-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso deducido por la parte actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 7/11/2019, ello, claro está sin perjuicio de que, en lo futuro y dada la mutabilidad que caracteriza a los pronunciamientos relativos a la procedencia del instituto del beneficio de litigar sin gastos, que no causan estado, la decisión pueda ser revisada, en tanto se incorporen nuevos elementos probatorios que puedan lograr la convicción de que su concesión resulta la decisión que a derecho se ajusta, con costas.
La Dra. Maria Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
49621/2018 - Incidente Nº 3 - ACTOR: COOPERATIVA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PORTEROS LTDA DEMANDADO: AFIPDGI s/BENEF. DE LITIGAR S/G Buenos Aires, 02 de noviembre 2021.- MVD Y VISTOS; CONSIDERANDO:
1. Que, mediante el pronunciamiento de fs. 193/vta. (del expte. formato papel que se tiene a la vista) digitalizado el 20/9/2021, el Tribunal Fiscal de la Nación desestimó la nueva solicitud de beneficio de litigar sin gastos requerido por la Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento Integral Porteros Ltda., con costas. Para así decidir, consideró que las nuevas medidas probatorias acompañadas en autos no alcanzaban para acreditar la falta de recursos alegada y la imposibilidad de obtenerlos con el fin de afrontar el pago de la tasa de actuación.
2. Que, disconforme con lo decidido, a fs. 198 la parte actora interpuso recurso de apelación en subsidio, fundándolo a fs. 200/203 (digitalizadas el 20/9/2021). Sostuvo que el fallo recurrido resultaba infundado y arbitrario.
Expuso que no hace falta acreditar la incapacidad o imposibilidad de pago, bastando con demostrar que el pago de los gastos del proceso resultaría gravoso para el solicitante o que afectaría su patrimonio.
Manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta que al excedente que arroja el Balance General del ejercicio 2017 se le debe restar las reservas y fondos legales y que de ese modo queda un remanente de $ 2.662.300,56 que constituyó el total de los retornos a distribuir entre los asociados por ese período.
Añadió que la resolución no se expidió respecto de la certificación contable legalizada pro el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de ACA sobre el saldo acreedor de excedentes del ejercicio 2017 pendientes de pago cuyo monto ascendía a $ 700.962,61 y que constituía una acreencia de asociados que habían dejado de pertenecer a la cooperativa.
Agregó que la tasa de actuación superaba el excedente y que el pago de la misma afectaría gravemente los ingresos de los asociados y los beneficios sociales que la cooperativa atiende periódicamente.
Se quejó también de que no se haya valorado la prueba testimonial que dio cuenta de la afectación que sufriría en caso de abonar la tasa de actuación.
Adujo que el tribunal mencionó rubros del Balance del año 2017 que nada tienen que ver con la disponibilidad de fondos o la liquidez ya que no resulta compatible con la naturaleza y el espíritu del instituto del beneficio de litigar sin gastos pretender que se vendan los activos para hacer frente a los gastos del proceso o deje de pagar salarios a sus empleados.
Finalmente sostuvo que el fallo apelado se apartó del principio “ in dubio pro beneficio” que resulta ser el mas compatible con las garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio, igualdad ante la ley y el acceso a la jurisdicción.
3. Que corrido el pertinente traslado al Fisco Nacional (AFIP-DGI), quien solicitó la confirmación de la sentencia cuestionada.
4. Que a título preliminar, y como ya ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, es del caso indicar que beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se fundamenta en los principios de defensa en juicio e igualdad ante la ley, de raigambre constitucional y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
Es un instituto de interpretación restrictiva y excepcional, otorgado sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos –y la imposibilidad de obtenerlos– para afrontar el pago de los gastos causídicos y su concesión queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Fallos: 311:1374).
También ha de tenerse en cuenta que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse afectados si a un restringido beneficio se lo transforma en un privilegio indebido (Fallos: 311:1373).
5. Que, así reseñada y delimitada la cuestión, corresponde adentrarse en la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal.
Así, es de señalar que de la compulsa de las presentes actuaciones surge que el letrado apoderado de la Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento Integral Porteros Ltda. solicitó que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, adjuntando nueva prueba, ello frente a la intimación que le fuera cursada respecto de la deuda en concepto de Tasa de Actuación de fecha 12/2/2019 (v. fs. 101 del expediente formato papel que se tiene a la vista).
Fundó su solicitud en la imposibilidad de afrontar la tasa liquidada, la que asciende a la suma de $ 713.787,23, sin afectar prestaciones básicas de sus asociados. Expuso que se trata de una cooperativa de trabajo y que el total de los ingresos que obtiene por el servicio que prestan sus asociados, se distribuye íntegramente entre los mismos, quienes mensualmente perciben anticipos de excedentes y que al final de ejercicio se distribuye proporcionalmente entre los mismos, el excedente neto. Por tal motivo, manifestó que el monto adeudado supera inclusive el excedente del saldo acreedor del balance del año 2017 por lo que consideró que queda demostrado la imposibilidad de la Cooperativa de solventar la Tasa de Actuación, toda vez que el pago de la misma afectaría gravemente los ingresos de sus asociados, como la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II cobertura de salud, maternidad, etc., afectando la continuidad misma de la cooperativa como herramienta esencias de la actividad que desplegan sus asociados. A efectos de demostrar los extremos requeridos por la normativa que regula el instituto en cuestión, ofreció prueba testimonial brindadas por los Sres. Adrián Antonio Villalba, Débora Agustina Díaz y Juan Alberto Berengo –todos ellos asociados a la Cooperativa-, quienes aseguraron que la peticionante no puede afrontar el pago de la tasa de actuación (ver fs. 172/176).
También ofreció prueba documental consistente en un cuadernillo y documental adjuntos a fs. 132/153 (todas del expediente en formato papel.).
A su vez, acompañó copia de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio Nº 23 al 31/12/2017, como así también, una certificación contable del saldo pendiente de la cuenta excedentes correspondiente al ejercicio 2017 (v. fs. 154/162).
6. Que, del cotejo de la prueba documental aportada, con la que la requirente pretende respaldar su petición, se advierte que la mayoría de tales documentos exhiben una una lejanía temporal -con relación a los extremos que se pretenden acreditar- de tal entidad que imposibilita a este Tribunal conocer la situación económica real y actual de la cooperativa actora (vale aclarar que las actuaciones fueron elevadas a la Sala el 16/9/202).
A ello se debe añadir que las declaraciones testimoniales fueron brindadas en el año 2019 y la Memoria-Balance General data del año 2017, las cuales por sí mismas, no reflejan los ingresos y egresos actuales de la cooperativa y no representan su estado financiero vigente al tiempo en que la situación patrimonial debe ser evaluada. En este sentido, debe recordarse que las decisiones judiciales deben ponderar, principalmente y en virtud de la invariable jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la situación existente al momento de decidir ( Fallos: 311:870; 314:568; 315:2684; 318:342, entre muchos otros).
7. Que, mas allá de la temporalidad de la prueba aportada, en lo que respecta a la Memoria-Balance General del año 2017, es dable mencionar que surge de la misma que al cierre del ejercicio la cooperativa contaba con un total activo de $ 15.427.580,80 y un total pasivo de $ 10.343.489,49, alcanzando un patrimonio neto de $ 5.084.091,31, (ver cuadernillo adjunto fs. 116 vta./117).
Siendo ello así, no puede dejar de señalarse que, teniendo la Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento Integral Porteros Ltda. reservas por un total de $1.710.496,07 al cierre del ejercicio 2017, prima facie, no aparece irrazonable la posibilidad de hacer frente a la tasa de actuación.
Por consiguiente, no se aprecian circunstancias que permitan afirmar, de manera indubitable, que la firma peticionante no posea los recursos necesarios para hacer frente a los gastos causídicos, como así tampoco no posea los medios necesarios para hacerse de ellos y destinarlos a tal fin.
Asimismo, la parte actora no ha podido crear una plena convicción acerca de la imposibilidad de afrontar el pago de la tasa de actuación cuya exención pretende y, siendo que en ella recae la carga probatoria, el recurso interpuesto no puede prosperar.
8. Que, a mayor abundamiento, debe ser valorada con especial detenimiento y desde la correspondiente perspectiva estricta, la prueba testimonial que se pretende aportar, toda vez que de la compulsa de las mismas surge que los tres testigos invisten el carácter de asociados y prestan servicios en la cooperativa actora. Es verdad que, por sí solo, ese dato no descalificaría los aludidos testimonios, pero sí impone -como se dijo- apreciarlos en forma estricta.
Por lo tanto, de la lectura de tales declaraciones se visualiza que no adquieren la virtualidad suficiente como para crear una convicción plena acerca de la procedencia de la concesión de la franquicia.
Por lo que resulta que no se advierten motivos que justifiquen la concesión del beneficio peticionado.
9. Que, en atención al modo en que se decide corresponde imponer las costas de Alzada a la actora vencida, por no encontrar mérito alguno que justifique apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. art. 68, 1º párr., del C.P.C.C.N.). Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso deducido por la parte actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 7/11/2019, ello, claro está sin perjuicio de que, en lo futuro y dada la mutabilidad que caracteriza a los pronunciamientos relativos a la procedencia del instituto del beneficio de litigar sin gastos, que no causan estado, la decisión pueda ser revisada, en tanto se incorporen nuevos elementos probatorios que puedan lograr la convicción de que su concesión resulta la decisión que a derecho se ajusta, con costas.
La Dra. Maria Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Fin de la sentencia