Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 171848
Lo que resolvió el tribunal
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Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo corresponde, en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales efectuadas, SE RESUELVE: I.) confirmar, en cuanto fuera materia de agravio, la sentencia de fecha 9/12/20 y rechazar el recurso de apelación interpuesto en fecha 9/02/21; II.) Imponer las costas de alzada a la incidentista vencida (art. 68 del CPCC). III.)
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata
Expte. Nº 171848.-
Autos: "PICORELLI LAURA ESTER C/ CONSUMO S.A. S/ INCIDENTE DE NULIDAD".-
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez y 2º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "PICORELLI LAURA ESTER C/ CONSUMO S.A. S/ INCIDENTE DE NULIDAD".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes
El señor Juez de Primera Instancia dictó sentencia en fecha 9/12/20 por la cual rechazó el incidente de nulidad de notificación articulado por la parte incidentista, Sra. Laura Ester Picorelli, con costas.
Contra ese pronunciamiento, la citada interpuso recurso de apelación en fecha 9/02/21. Dicho recurso fue concedido en fecha 2/03/21 y fundado en fecha 3/03/21, sin que mereciera réplica alguna de la contraparte, según lo expuesto por el a quo en fecha 30/03/21.
Al fundar su embate, la recurrente se agravia por las siguientes cuestiones: a) el pagaré que motivó la ejecución principal es de consumo y el mandamiento se diligenció en un domicilio diferente al real del consumidor; b) al tratarse de una relación de consumo, el juez debería haber extremado las diligencias para determinar el real domicilio del consumidor; c) el juez tiene por válido el domicilio del pagaré por el hecho que dicho documento está reconocido por el deudor o dado por reconocido ante su incomparecencia sin hacer mención a la naturaleza del documento; d) al presentarse en el proceso ha demostrado que no vivía hace varios años en el domicilio donde se diligenció el mandamiento; e) el hecho de consignar un domicilio que adquiere la característica de “constituido” en el pagaré no tiene validez alguna pues la única premisa que debe seguirse al momento de ejecutarse un pagaré de consumo es que el ejecutado sea intimado de pago en el domicilio real, sea cual fuere, al momento de la ejecución y; f) el hecho que el documento que firma la ejecutada es un formulario pre impreso denota un dato de la debilidad que muestra frente a Consumo S.A.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es justa la sentencia de fecha 9/12/20?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
El recurso no merece prosperar.
En efecto, los argumentos expuestos por la incidentista en la totalidad de los agravios invocando como "protección" la legislación consumeril (que debo aclarar, no fue oportunamente invocada para fundar la nulidad de la notificación, sino sólo para la excepción, por lo que mal aún podría ahora introducirla en esta instancia -doctrina art. 272 del CPCC) denota un marcado incumplimiento al principio de buena fe contractual.
Así, en su escrito de demanda, reconoce que el mandamiento de intimación de pago y embargo fue librado a un domicilio en donde no residía por lo menos desde 6 años antes (manifiesta que se mudo en el año 2009 y el mandamiento se libró en el año 2015) y que al ser librado bajo responsabilidad, según el alcance del art. 338 del CPCC, se debe anular todo lo actuado con posterioridad.
En primer lugar, el mandamiento fue dirigido al domicilio de calle San Benito 7674 de esta ciudad, el que consta en el pagaré que fue librado y motivó el inicio de los autos principales sobre ejecución.
Y aquí una primera aclaración: el domicilio no era falso, como lo exige la última parte del art. 338 del CPCC, sino que estaba desactualizado; dado que la incidentista no dio aviso alguno de su cambio a la parte incidentada, contrariando con su conducta el principio de buena fe contractual.
En ese sentido, cabe recordar que la nulidad prevista en el último párrafo del art. 338 del CPCC requiere como condición sine qua non que el domicilio asignado por el actor a la parte demandada fuere falso, lo que reitero, aquí no aconteció pues la propia incidentista reconoce que habitó en él hasta el año 2009 (Cam. Apel. Civ. y Com., San Nicolás, 29/11/18, sumario Juba n° B5065301).
Pero volviendo a la cuestión de la buena fe, resulta importante impulsar un ejercicio responsable de los propios actos, de manera que se debe exigir coherencia a quien efectúa una declaración, entre lo declarado y su verdadera intención; a ello se suma la necesidad de evitar lamentables sorpresas en quien recibe esa declaración que, de buena fe, interpreta lo declarado, teniendo en cuenta el sentido común de las palabras, los usos y costumbres del lugar y el modo de expresión al tiempo de la declaración (Conf. Borda, Alejandro; Derecho Civil y Comercial. Contratos, Ed. La Ley, Bs. As., 2020, versión proview, capítulo XV).
El principio de buena fe exige que, aún tratándose de una relación de consumo, las partes eviten toda conducta artera, solapada o abusiva, de manera de permitir a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones propias, sin la sorpresa de conductas ejercidas en forma abusiva, fuera de lo que era de esperar en el marco de la relación; es decir, comporta un deber de conductas probas, leales, dignas, descartando todo procedimiento contrario que defraude la confianza suscitada (esta sala, causa 168.084, 2/6/20).
No debe soslayarse que el deber recíproco de buena fe pesa sobre ambas partes contratantes en una relación de consumo, no agotándose esa carga solo en el proveedor o empresario; el principio del in dubio pro consumidor no ampara en modo alguno el ejercicio abusivo de los derechos (arts. 1071 del derogado Código Civil y art. 10 del CCyC; Cám Segunda Civil y Com., La plata, Sala II, causa 127767, 17/10/20, sumario juba n° B5073422, causa 127.580, 19/08/20, sumario juba n° B5070463).
Se debe guardar fidelidad a la palabra empeñada y no defraudar la confianza o abusar de ella pues ésta es la base indispensable de todas las relaciones humanas (arg. CFed. Córdoba Sala civ. y Com 28/7/78 "Banco Nac. de Desarrollo c/ San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros" en LL 1979-A-201 y JA 979-II-579 cit. por Marcelo López Mesa; "La doctrina de los propios actos", Ed. Depalma pág. 31).
En otras palabras, la buena fe es la llave de corte que permite evitar en ciertos casos un ejercicio disfuncional de derechos tendientes a provocar daños mediante el uso desviado de resortes legales -en el caso, incidente de nulidad de notificación-, inicialmente legítimos (López Mesa; ob. cit., pág. 28).
Por otra parte, debe recordarse que el principio rector es que las nulidades procesales son de interpretación restringida debido a la necesidad de obtener actos válidos y firmes (Couture; "Fundamentos", p. 391).
Esto hace que en la disyuntiva y siempre que exista duda, debe darse preeminencia a la validez del acto y no a su nulidad.
Este criterio de interpretación restrictiva deriva del principio de conservación que, formulado en los términos de Berizonce, es aquél que consagra "la conveniencia de preservar la eficacia, la validez de los actos...frente a la posibilidad de su anulación o pérdida, lo que llevaría siempre a un resultado disvalioso" (Berizonce; "La nulidad del proceso", p. 91).
Y si analizamos la cuestión desde la óptica del derecho cambiario, el actuar de la incidentista no queda exento de lo hasta aquí expuesto.
Desde el momento en que ella puso su firma en el pagaré, y por ese solo hecho; esa declaración unilateral de voluntad resultó vinculante y pasó a integrar, como uno de sus elementos, la estructura funcional del título de crédito, quedando obligada a cumplir la prestación correspondiente lítteris en los términos formales del documento (Conf. Gómez Leo, Osvaldo; Títulos valores y Títulos cambiarios, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2018, pág. 77; mismo autor; Tratado del Pagaré cambiario, Ed. Abeledo Perrot, B. As., 2004, págs. 211/212).
Es que respecto de los firmantes, sujetos pasivos de la obIigación cambiaria, el rigorismo se manifiesta al poner la firma en un título de crédito pues el sujeto o sujetos firmantes quedan obligados, con prescindencia de la real voluntad de vincularse cambiariamente, ya que la sola firma los obliga en los términos objetivos emergentes del documento y con independencia de las razones subjetivas, económicas y jurídicas que pudo tener en cuenta el firmante al suscribirlo, sea como librador, transmitente o avalista (Conf. Escutti, Ignacio, Títulos de Crédito, Ed. Astrea, Bs. As., 2016, pág. 41; Gómez Leo, Osvaldo; Tratado del Pagaré cambiario, págs. 306/307).
Y dentro de esos términos objetivos, el lugar de pago resulta un elemento muy importante porque es allí donde se exigirá el cumplimiento de la prestación debida, donde hay que efectuar el protesto y, en lo que aquí interesa, determinar el tribunal competente para promover la acción carnbiaria (Conf. Escutti, Ignacio; ob. citada, págs. 66 y 73).
Dicho lugar de pago, entonces, es trascendente, pues el poseedor del título debe saber no sólo a quien reclamarle el pago sino dónde reclamarlo (arts. 41, 64, 101, 102 y cctes. Decreto Ley 5965/63; arts. 1815, 1816, 1817 y cctes. del CCyC; Legón, Fernando; Letra de cambio y Pagaré, Ed. Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Bs. As., 2006, págs. 67 y 332).
En el caso de autos, el domicilio al que se libró el mandamiento de pago fue el consignado en el pagaré, calle San Benito 7674 de esta ciudad, según lo reconocen ambas partes en sus escritos.
Un viejo principio general de derecho (art. 16 del CC derogado) indica que nadie puede ser oído cuando alega su propia torpeza; ello significa que si se consignó un lugar de pago en el título cambiario y su ulterior cambio no se notificó al incidentado, es obvio que la incidentista no puede pretender que el mandamiento dirigido a dicho lugar sea inválido aunque intente resguardarse en la existencia de una relación de consumidor (arg. esta Sala c. 139920 Reg. 1349/2007; c. 110439 Reg. 777/99; 138266 Reg. 137/2007; c. 129509 Reg. 1133/2004; c. 123220, Reg. 390/2003 y ots; arg. CC0001 ME c. 108427 Reg. 172/2004).
Si al librar el pagaré se consignó el lugar de pago, la intimación allí realizada resulta válida, debiendo el firmante soportar las consecuencias de su negligencia al no comunicar el cambio de su domicilio al aquí incidentado en contravención al citado principio de buena fe (arts. 9, 10 y cctes. del CCyC).
Lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 24.240 en cuanto a la competencia del tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor nada agrega a la cuestión, ni obsta la solución propuesta, desde que el cambio de domicilio operó dentro de la circunscripción territorial de esta ciudad.
La incidentista, entonces, ha hecho un evidente uso antifuncional y abusivo del proceso pues pretendió en sustancia -a través del planteo nulitivo- neutralizar la pretensión principal -ejecución de pagaré- instaurada en su contra (doctrina esta sala, causa 115.055, 4/12/14, voto del Dr. Ricardo Monterisi).
Lo expuesto hasta aquí es suficiente para rechazar la totalidad de los agravios expuestos y confirmar la sentencia apelada.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
Corresponde, en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales efectuadas: I.) Confirmar, en cuanto fuera materia de agravio, la sentencia de fecha 9/12/20 y rechazar el recurso de apelación interpuesto en fecha 9/02/21 ; II.) Imponer las costas de alzada a la incidentista vencida (art. 68 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
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Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo corresponde, en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales efectuadas, SE RESUELVE: I.) CONFIRMAR, en cuanto fuera materia de agravio, la sentencia de fecha 9/12/20 y rechazar el recurso de apelación interpuesto en fecha 9/02/21; II.) Imponer las costas de alzada a la incidentista vencida (art. 68 del CPCC). III.) NOTIFÍQUESE la presente por el sistema automatizado a los domicilios electrónicos consignados en autos (Ac. 3845/17 - según Ac. 3991/20-). DEVUÉLVASE.-
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Firmas
Funcionario Firmante: 17/06/2021 10:38:28 - MENDEZ Alfredo Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/06/2021 12:25:27 - CATALDO Rodrigo Hernan - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/06/2021 12:48:42 - GUTIERREZ Jose Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia