Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79014
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente para conocer y decidir en el asunto el Juzgado de Paz Letrado de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
B.79.014 "SCHIAVI, LETICIA MABEL C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/INCIDENTE DE NULIDAD - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. La señora Leticia Mabel Schiavi, en su carácter de cónyuge de Carlos Aníbal Macchion, deduce la presente acción contra la Municipalidad de Bragado, a fin de que se declare la nulidad de la resolución dictada por el Juzgado de Faltas de Bragado en el marco de la causa Nº20.157/22, mediante la cual se le impusiera a aquel una multa en vista de las consecuencias (acumulación de basura y proliferación de alimañas) que habría traído aparejada la falta de desmalezamiento en un predio que sería de su propiedad. Lo anterior, en tanto las actuaciones administrativas sobre las que se sustentó dicha sanción no habrían dado cumplimiento con aquellas garantías que deben regir todo procedimiento sancionatorio, en lo medular las concernientes al derecho de defensa.
Adicionalmente, dada la estrecha relación que guardarían con el sub lite , requiere que se deje sin efecto todo lo actuado en los autos caratulados "Municipalidad de Bragado c/ Macchion, Carlos Aníbal s/ Apremio" (expdte. nº 36.983) y "Municipalidad de Bragado c/ Macchion, Carlos Aníbal s/ Medidas Precautorias" (expdte. nº 36.984), ambos en trámite ante el Juzgado de Paz Letrado de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes (v. escrito electrónico de fecha 13-VI-2023).
II. Así, conforme a lo expuesto en la presentación inicial, la causa se radicó directamente ante el mentado órgano de paz letrado de aquella localidad.
En la primera oportunidad que tuvo, la jueza a cargo de esa dependencia se declaró incompetente por entender -básicamente- que el objeto de la litis excedía el ámbito de competencia material que le asigna el art. 61 de la ley 5.827 -texto según ley 13.645- (v. resol. electrónica de fecha 15-VI-2023).
Consecuentemente, con el pase previo a la Receptoría General de Expedientes, los obrados fueron asignados al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Pero su titular, adelantando, por un lado, su incompetencia para entender en el caso y, advirtiendo, por el otro, la falta de pronunciamiento de su par preopinante "....respecto de lo requerido en los arts. 8 (en su concordancia con el art. 4), 352 inc. 1° y ccts. del CPCC, y art. 8 del CPCA", le devolvió el expediente a este último para que siga interviniendo en el pleito (v. proveído electrónico de fecha 12-VII-2023).
Devueltos los actuados al juzgado de origen, la magistrada a su cargo, disintiendo con el proceder del órgano remitente, puesto que -afirmó- "...ya se había declarado incompetente en razón de la materia para intervenir en autos", tuvo por configurada una contienda negativa, que giró a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín para ser dirimida (v. despacho electrónico de fecha 1-VIII-2023).
Sin embargo, sus integrantes le devolvieron el expediente al juez especializado a los efectos de que este se expidiera sobre la inhibitoria de la magistrada de paz y, en su caso, de no estar de acuerdo con ella, elevara las actuaciones a esta Suprema Corte de Justicia para que resuelva el conflicto de competencia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. sent. interlocutoria de fecha 7-IX-2023).
Así entonces, en su nueva intervención, el juez en lo contencioso administrativo, insistiendo con su postura inicial, reputó que el conocimiento del sub examine correspondía a la Justicia de Paz Letrada dado que en casos como los del presente se encontraba previsto un régimen específico que le asignaba competencia (conf. arts. 172 y 216, Const. prov.; 2 inc. 1 in fine , CCA; 54 y 57, decreto ley 8751/77).
De tal suerte, sobre la base de esas consideraciones, dejó planteado el conflicto negativo de competencia y elevó los obrados a este Tribunal para su resolución (conf. art. 7 inc. 1, CCA) -v. sent. interlocutoria de fecha 2-X-2023-.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que la jurisdicción en materia de faltas municipales, según lo establece el decreto ley 8751/77, será ejercida por los jueces de faltas en aquellos partidos en los que el Departamento Deliberativo hubiera dispuesto su creación, o por los intendentes en los municipios donde no se hubiesen creada tales juzgados o cuando, existiendo ellos, sus titulares se hayan excusado de actuar.
En relación con la competencia de alzada, el plexo citado establece que la ejercerá el "Juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción, o de Paz Letrado en aquellos partidos de la Provincia que no sean cabecera de Departamento Judicial", quien entenderá en los recursos de apelación y nulidad que se interpongan contra las "sentencias definitivas" emanadas de los juzgados de faltas municipales (art. 54), pudiéndose recurrir en queja directamente ante ese órgano cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar sentencia (art. 57).
III.2. Sentado ello, cabe recordar que, en principio, si una determinada normativa sectorial con arreglo a la Constitución prevé un canal específico de impugnación en materia de faltas, la competencia quedará de ese modo fijada y solo habrá de ceder si del relato de los hechos surge de modo indubitable que la cuestión debatida excede el marco estrictamente contravencional -lo que no sucede en este supuesto- (doctr. causas B. 73.566, "Valdata", resol. de 16-III-2016; B. 74.502, "Vepez SA" y B. 74.498, "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas resol. de 7-XII-2016; B. 75.289, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018; B. 77.233, "Drexler", resol. de 17-IX-2021 y B. 78.197, "Longobardi", resol. de 27-X-2022, e.o.).
De allí que este Tribunal haya sostenido tanto en casos de análoga configuración al presente como en el ámbito de conflictos resueltos en ejercicio de la atribución que le confiere el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, que compete a los jueces en lo correccional -o de Paz, según corresponda en función del territorio- entender en los casos en los cuales, al margen de su procedencia o viabilidad adjetiva, se peticionan medidas suspensivas de sanciones adoptadas por jueces de faltas en el ámbito del procedimiento reglado por el decreto ley 8751/77 -en virtud de su accesoriedad-, como así también en las impugnaciones deducidas contra esas sanciones (doctr. causas B. 68.506, "Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Dolores", resol. de 31-V-2006; B. 69.026, "Shoines SRL", resol. de 2-V-2007; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.196, "Solfima SA", resol. de 8-V-2013; B. 74.352, "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", resol. de 26-X-2016; B. 74.502, B. 74.498, B. 75.289, B. 77.233 y B. 78.197, cits.).
IV. A la luz de lo expuesto, dado el modo en que ha quedado trabada la contienda y considerando que la parte actora solicita que se declare la nulidad -por supuestos vicios de procedimiento- de una resolución dictada por la justicia de faltas municipal, es dable concluir que el presente caso es ajeno a la competencia de los juzgados en lo contencioso administrativo.
Así las cosas, corresponde que sea el Juzgado de Paz Letrado de Bragado quien continúe conociendo en la litis .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente para conocer y decidir en el asunto el Juzgado de Paz Letrado de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:58:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:49:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:20:16 hs. bajo el número RR-286-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia