Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 32125 2
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 32125-2, caratulados "SALABERRY ALEJANDRO JAVIER S/INCIDENTE DE NULIDAD", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini.
Que con patrocinio letrado de la Dra. María Adelina Martorella, los Sres. Rolando Guido Agusti Ventosa y Graciela Beatriz Panebianco, quienes resultan particulares damnificados en la IPP 08-00-175940-04, han promovido incidente de nulidad por medio del que procuran que se declare la invalidez jurídica del dictado de la prescripción de la acción penal y del consecuente sobreseimiento de Alejandro Javier Salaberry, decisión adoptada el 31 de mayo de 2019 por la Sra. Jueza de Garantías, Dra. Rosa A. Frende.
Los requirentes consideran que la resolución fue "dictada bajo error judicial motivado en accionar delictivo y fraudulento del imputado", quien se habría valido de una falsa identidad para sustraerse de la acción de la justicia y sobre esa base argumentativa cuestionan la validez de la decisión judicial.
La prenombrada Magistrada no hizo lugar a la nulidad articulada por considerar que el planteo resulta prematuro y, a la par de ello, tuvo presente para el momento procesal oportuno la solicitud de declaración de imprescriptibilidad del delito de homicidio agravado por ser cometido en perjuicio de un funcionario policial en su función, cargo o condición, ello en relación a la presentación efectuada en subsidio por el Dr. Fernando Soto en representación de la Asociación Civil Usina de Justicia, con el patrocinio letrado del Dr. Martín Luis Sarubbi y en calidad de amicus curiae.
El resolutorio ha sido puesto en crisis por los particulares damnificados y ello motiva la intervención de esta Alzada, pudiéndose leer las líneas argumentativas de la parte recurrente en la presentación electrónica del 23 de noviembre de 2021.
Surgen de tal documento digital que a criterio de los particulares damnificados la Magistrada no adoptó una posición jurídica que discierna y seleccione entre los postulados normativos de los distintos sujetos procesales que intervinieron en el incidente, siendo procedente a criterio de esa parte la "cosa juzgadaírrita".
Como segundo agravio exponen que la Dra. Frende redujo la cuestión a resolver a la conceptualización jurídica de la causal interruptiva de la prescripción individualizada con el precepto legal "comisión de otro delito", a la par de que explicó porqué debe excepcionarse la regla de la sentencia condenatoria firme en el caso concreto.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo: I.- Caso. Antecedentes.
Que como se ha dicho, el 31 de mayo de 2019, la Sra. Juez de Garantías, previo declarar prescriptas y consecuentemente extinguidas las respectivas acciones penales que se dirigían a Alejandro Javier Salaberry en el marco de la la IPP 08-00-175940-4, lo sobreseyó en relación a las imputaciones que sobre él pesaban por la presunta comisión de los delitos de Robo doblemente agravado por el uso de arma y por su comisión en lugar poblado y banda, Homicidio doblemente agravado, criminis causa y por ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública y Homicidio doblemente agravado, criminis causa y por ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública en grado de tentativa, hechos cometidos en esta ciudad el 23 de octubre de 2003.
También se ha dicho que los particulares damnificados promovieron acción de nulidad y que a consecuencia de ello se formó este incidente en el que se corrieron sendos traslados al Sr. Agente Fiscal, Dr. Leandro W. Arévalo, y a la Sra. Defensora Oficial Dra. María Victoria Sosa, quien asiste al nombrado Salaberry.
El representante de la vindicta pública realizó dos presentaciones, en la primera de ellas, de fecha 10 de agosto de 2021, consideró que el proceso había finalizado con el dictado de una resolución definitiva que alcanzó el estado de cosa juzgada, señaló que con eso también cesaba su intervención en el mismo, a lo que agregó que la única posibilidad de revertir la decisión adoptada y habilitar nuevamente la actividad procesal del representante del Ministerio Público Fiscal en el proceso era mediante la revisión de sentencia prevista en el art. 467 y concordantes del CPP. Con apoyo en la línea argumental transcripta entendió que no correspondía que se expidiera sobre la nulidad articulada y que la pretensión se debía rechazar instando a la peticionante a encausar la misma mediante el uso del instituto señalado.
La segunda presentación del Sr. Fiscal Dr. Leandro W. Arévalo es del 9 de septiembre de 2021, en la misma mantiene su posición legal en relación a la procedencia de la acción de revisión para procurar el dictado de una resolución que declare que existe cosa juzgadaírrita y, como segunda línea expositiva, adhiere a los particulares damnificados en relación a que no resulta necesario el dictado de un pronunciamiento condenatorio firme para entender que concurre la causal interruptiva de prescrición prevista en el apartado "a" del anteúltimo párrafo del art. 67 del CP, a saber, comisión de un nuevo delito.
En lo que respecta a la actividad de la defensa, consta que la Sra. Defensora Dra. María Victoria Sosa se presentó por medios electrónicos el 2 de septiembre de 2021 y expuso que no se verificó que existiera en autos una causal interruptiva de la prescripción, concretamente que no se ha dictado una sentencia condenatoria firme en relación a Salaberry dentro de los doce años contados desde la fecha en que se reputan cometidos los delitos de Robo calificado y Homicidio calificado en tentativa, ni quince años desde el hecho calificado como Homicidio calificado consumado.
En subsidio, postuló que existe cosa juzgada -declaración de sobreseimiento pasada en autoridad de cosa juzgada- y por ello no resultaría posible que la Sra. Juez de Garantías resolviera la nulidad planteada, siendo que a criterio de la defensa corresponde que la calidad de írrita de aquella sea evaluada por el Tribunal de Casación Penal por medio del recurso de revisión de sentencia previsto en el art. 467 del CPP.
II. Cosa Juzgada, seguridad jurídica y Estado de derecho.
Como veremos infra, los tres conceptos se encuentran íntimamente relacionados, y podría decirse -en un primer análisis- que esta relación es directamente proporcional.
La cosa juzgada significa, en general, la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia, cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, o permitiéndolo, aquella no ha sido impugnada a tiempo. Se entiende que existe cosa juzgada en sentido material, cuando a lo expuesto precedentemente se agrega la imposibilidad de que en cualquier otro proceso se juzgue lo decidido en la sentencia (Ossorio, Manuel, "Diccionario de Ciencia Jurídicas, Políticas y Sociales", Heliasta, 2005, p. 240.). Siguiendo el mismo orden de ideas, se puede agregar a ello que "...no constituye (...) un efecto de la sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad..." (Palacio, Lino, "Manual de Derecho procesal Civil", Abeledo-Perrot, Año 1998, p. 536.).
Al conceptualizar el instituto de la cosa juzgada, es indefectible hacer mención a la seguridad jurídica, y a través de ésta, referirse al Estado de Derecho. En este sentido se ha dicho que aquel principio -tanto en el ámbito administrativo como judicial- se encuentra intrínsecamente relacionado con el principio de seguridad jurídica, y que éste a su vez, es el que rige el sistema normativo de un Estado de Derecho (Carreiras, Claudia y Dubini, Silvina, "Cosa juzgada: concepto", Revista de Jubilaciones y Pensiones", Vol. 17, Año 2007, p. 419.). Esta última aseveración, tiene sentido ya que en los regímenes autocráticos y totalitarios, las personas siempre están sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder (Tabernero, Rodolfo, "El estado de derecho y la seguridad jurídica", Diario La Ley Actualidad, Nº 175, Año 1990, p.1).
Representando el concepto de seguridad jurídica, Manuel Osorio afirma que es una condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, y que representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley. De este modo los individuos saben a cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicio. De tal forma, la seguridad jurídica también determina y limita las facultades y los derechos de los poderes públicos (Ossorio, Manuel, ob. cit., p. 873).
Entonces puede decirse sin temor a equivocarse que la seguridad jurídica es aquella situación basada en el Derecho, en la que se encuentra resguardada la libertad, la vida, y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías. En nuestro sistema Representativo, Republicano y Federal (CN, 1), se materializa con la plena vigencia de las instituciones creadas por la Constitución Nacional (Granillo Ocampo, Raúl, "Estado de Derecho, Justicia y Seguridad Jurídica", Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Nº 233, Año 1998, p. 22).
Concluyendo este punto, Murray, expresa -citando a Hitters- que "la cosa juzgada (...) no está expresamente regulada en la Constitución Nacional pero sí en los tratados internacionales que adquirieron jerarquía constitucional...", y que con anterioridad a la reforma de 1994, la jurisprudencia "...la consideró una garantía implícita emergente del sistema republicano y del Estado de Derecho", en algunos casos enlazado "...con el derecho de defensa en juicio o la igualdad ante la ley...", y en otros "...dentro del derecho de propiedad...". En este último sentido, la cosa juzgada era considerada un bien que ingresaba al patrimonio del favorecido por el pronunciamiento, del que no podía salir, sin violarse su propiedad (Murray, Juan Patricio, "Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina", Secretaria de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, p. 235 y Hitters, Juan Carlos, "Revisión de la cosa juzgada", Editorial Platense, año 2001, p. 8).
Como colofón, y como bien lo expresa el autor citado, la reforma constitucional de 1994 le otorgó a la cosa juzgada raíz constitucional, como consecuencia de la jerarquía que detentan ahora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (14.7), y la Convención Americana de Derechos Humanos (8.4), entre otros tratados.
III. Su revisión.
Ahora bien, dando por sentado lo expuesto en el punto II, algunos autores se preguntaban si solo era necesaria la existencia de una sentencia para que operaran los efectos de la res judicata -cualquiera sea su contenido o presupuestos-, o si por el contrario, se necesitaba que la misma no se hubiere dictado mediando algún vicio. Mayoritariamente la doctrina es conteste en señalar que la sentencia debe coronar un proceso válido en todos sus aspectos (Paso, Jorge Enrique, "Cosa juzgada y su revisabilidad", Revista Notarial / Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Año 87, Vol. Número Especial, no. 853 (Nov./Dic. 1980), p. 2283).
Hitters -citando a Kohler- se adscribe a la idea de quienes entienden que la invariabilidad de las decisiones judiciales no es un principio absoluto, y que si bien "...hay que rendirle pleno honor a la cosa juzgada...", no hay que extremar las cuestiones jurídicas "...haciendo de ellas un tabú sagrado...", ya que el fundamento del instituto -oportunidad y utilidad- reposa en última instancia en exigencias políticas y no jurídicas, y de necesidad práctica. También señala que esas mismas razones, a veces aconsejan el sacrificio de aquel instituto (Hitters, Juan Carlos, "Revisión de la cosa juzgada", Editorial Platense, año 2001, p. 8).
De lo expuesto precedentemente, parece desprenderse que existen supuestos que justifican penetrar la valla de la cosa juzgada. Pero antes de adentrarme en ese análisis, considero pertinente -como lo hace el autor ya citado- señalar el carácter mutable de las normas jurídicas en general, y de la sentencia en particular. En este cometido, el autor hace referencia en la obra citada a los estudios de Kelsen y Cossio en los que se asevera la existencia de una relación de género a especie -entre ambos institutos-, para luego -y a través de un largo análisis- concluir que los preceptos normativos -incluida la sentencia- son por naturaleza derogables y modificables, ya que el derecho es "...vida humana, libertad, en consecuencia cambio", y que se ha dispuesto normativamente la prohibición de derogar los preceptos individuales dictados por los jueces, por la ineludible necesidad de darles certeza y seguridad, pero esta limitación no "...es absoluta ni altera la esencia de estos que sigue siendo siempre mutable" (Hitters, Carlos, ob. cit., pp. 157 y 174).
Siguiendo el orden de ideas propuesto en este punto, creo conveniente analizar aquello que, nuestra Corte Nacional tiene dicho en relación a la problemática que nos ocupa. En el caso "Mazzeo" (CS, 2007/07/13, "Mazzeo, Julio L. y otros", La Ley, Año 2007- D, p. 401), y luego de analizar los planteos referidos a la garantía del juez natural, el fortalecimiento del bloque de constitucionalidad Federal como sistema de fuentes, la Corte declara -en relación a las garantías de cosa juzgada y ne bis in idem- que "...Cabe recordar que la garantía (...) ha sido reconocida por nuestros tribunales como una derivación implícita de diferentes cláusulas de la Constitución Nacional. Hoy, además, está expresamente prevista en los arts. 8. inc. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 inc. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (...) Sin embargo, dicho principio ha estado sujeto a algunas excepciones". Entre otras razones, el Tribunal entendió que la afectación a "...la seguridad jurídica, propia de las sentencias firmes ... no debe ceder a la razón de justicia" (Fallos: 254:320); y que es conocido el principio conforme con el cual son revisables las sentencias fraudulentas o dictadas en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación. Y que no puede invocarse tal garantía cuando "...no ha habido un auténtico y verdadero proceso judicial, ni puede aceptarse que, habiendo sido establecida la institución de la cosa juzgada para asegurar derechos legítimamente adquiridos, cubra también aquellos supuestos en que los que se reconoce que ha mediado sólo un remedo de juicio..." (CS, 2007/07/13, "Mazzeo, Julio L. y otros", ob. cit., voto de la mayoría, considerando 33).
Bidart Campos expresa que para considerar "… la base constitucional de la cosa juzgada, que la resguarda con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, deben tenerse en cuenta los siguientes principios: a) La cosa juzgada inviste esa jerarquía y esa incolumidad constitucional se da en una sentencia dictada en un proceso regular en el que no haya habido desviaciones graves (dolo, estafa, fraudes procesales, connivencia de juez con las partes, etc.); b) No hay óbice constitucional para la revisión de la cosa juzgada cuando concurren tales supuestos de excepción; c) La revisión de la cosa juzgada tiene asidero implícito en la Constitución, en cuanto ésta impone en el deber de afianzar la justicia, el de dictar sentencia justas; d) la revisión de la cosa juzgada procede aún a falta de reglamentación procesal que la autorice y que ordene el procedimiento (Bidart Campos, Germán, en Libro de Ponencias del "X Congreso Nacional de Derecho Procesal" Salta, 1979, citado por Gozaíni, Osvaldo A, "Revisión de la cosa juzgada", Ediar, Buenos Aires, 2015, p. 167).
El carácter relativo de la cosa juzgada no afecta a la seguridad jurídica. Podría decirse que en casos especiales la recomposición de la situación de inseguridad descansa únicamente en la revisión, convirtiéndose ella, en la única herramienta para redimirla. La seguridad y la justicia, son conceptos que se complementan. No son antitéticos (De Carlo, Iván Lucas, "Seguridad Jurídica vs. Cosa Juzgada Irrita", SAIJ, Infojus, 20/3/15).
IV. Cosa juzgadaírrita.
Aceptada -aunque excepcional-, la revisabilidad de las sentencias firmes, no existe óbice para que ante el "trastocamiento de valores" -o lo que es lo mismo: "un cambio de las circunstancias que le dieron origen"- se case una resolución firme. Máxime, si este cambio no significa otra cosa que acondicionar la valoración de una norma con valores y garantías que descansan en nuestra Carta Magna desde sus orígenes, las que a su vez fueron fortificados por los tratados internacionales que adquirieron jerarquía constitucional en la reforma de 1994. - Cierto es que la seguridad jurídica y la cosa juzgada son institutos necesarios en un Estado de Derecho, pero no menos cierto es que éste también necesita indefectiblemente que aquellos valores se armonicen con la justicia. De lo contrario, podría dotarse de perpetuidad aquellas arbitrariedades, y es bien sabido que en un Estado de Derecho esto es intolerable en la medida en que convulsionaría enérgicamente las razones que cimentaron su existencia.
El verdadero conflicto axiológico no se da entre los conceptos seguridad y justicia como lo expresamos, sino que por el contrario, se entabla con sus respectivos disvalores -justicia vs. injusticia, y seguridad vs. inseguridad-.
Con la intención de aclarar la discusión, Hitters -citando a Legaz y Lacambra- expresa "...una de las motivaciones radicales que impulsa al hombre a establecer reglas jurídicas es la inminente necesidad de crear un orden cierto y de seguro cumplimiento...", pero es innegable que el "...rango axiológico de la seguridad es inferior al de otros valores jurídicos tales como la justicia (...) la revisión de la cosa juzgada no atenta en sí contra el valor seguridad en tanto y en cuanto se la regule de forma orgánica y la ejerza un órgano jurisdiccional con atribuciones suficientes (...) no obstante si en algo la roza sería en aras de cristalizar la justicia (...) la temática debe plantearse y resolverse en un punto medio, ni una cosa juzgada con toques de divinidad, de carácter infalible e indiscutible; ni una total posibilidad de revisión sin límites de tiempo y motivos (...) para la efectiva realización del derecho (...) ambas figuras de la axiología jurídica tienen que conjugarse armoniosamente y subordinadamente, pero invariablemente con la meta final de afianzar la justicia" (Hitters, Juan Carlos, ob. cit., p. 175).
Finalmente sobre la jerarquía constitucional, el autor expresa en relación a nuestro máximo tribunal nacional que: "...el Tribunal citado le ha reconocido también al valor justicia raigambre supralegal, al resaltar que el Preámbulo de nuestra Carta Magna estatuye como pauta fundamental el afianzar la justicia, y bajo este aspecto le ha tocado decidir que en determinadas ocasiones la seguridad de las sentencias firmes cede a la razón de justicia...". También afirma que "...la inmutabilidad de los decisorios judiciales, o sea la vocación de eternidad que tiene toda sentencia firme, solo puede ser quebrada en los casos en que opera: a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo, o b) cuando se detectan ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto". En este sentido explica que entre ambas hipótesis existe una notoria diferencia, ya que en las primeras no hay un defecto en la construcción de la sentencia, sino que la causa de la modificación, se debe exclusivamente a un cambio cronológico de las circunstancias posteriore
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.