Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61515 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al incidente de nulidad y revisión de la sentencia homologatoria dictada en los autos principales promovido por los señores Norberto Oscar Andrés y Eduardo Néstor Chacón (arts. 175 y concs., CPCC y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-)
B.61.515-2 “DI PAOLO AGUSTIN Y OTROS CONTRA CAJA RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCIDENTE DE NULIDAD”
I. Los señores Norberto Oscar Andres y Eduardo Néstor Chacón –mediante apoderados- promueven incidente de nulidad a fin de obtener: 1) la declaración de invalidez de los convenios oportunamente celebrados con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; 2) la revisión de las sentencias homologatorias de aquellos acuerdos y, por último, 3) la declaración de inconstitucionalidad de la ley 13.437.
No obstante, aclaran que debido al carácter alimentario del crédito en cuestión continuarán percibiendo las cuotas pactadas, las que deberán ser imputadas inicialmente a intereses y luego al capital como pago a cuenta de las sumas que finalmente se reconozcan en el proceso ordinario que iniciarán posteriormente.
II. Relatan que a partir del año 1998 varios retirados, jubilados y pensionados de la Caja de la Policía entablaron numerosos juicios reclamando el ajuste de los haberes de pasividad como consecuencia de los aumentos de sueldo otorgados al personal en actividad de manera encubierta. Así, explican que mediante decreto 1.014/97 se dispuso una mejora salarial para quienes se encontraban en actividad con carácter “no remunerativo”, que no se reflejó en el beneficio por pasividad; situación que continuó hasta la sanción del decreto 1.650/04.
Frente a esto, alegan que en el año 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en los autos caratulados “Jara, Mario Alberto c/ Instituto de Seguridad Social de Neuquén” (Fallos: 327:870), lo que habría motivado a las autoridades bonaerenses a dictar la ley 13.437, por la cual se ofrecía un acuerdo transaccional –a su parecer- leonino, que favorecía únicamente al Fisco dado que saldaba apenas la mitad de los montos presuntamente adeudados, en sesenta cuotas sin intereses. Describen que, apremiados por las particulares circunstancias del caso, los pasivos se vieron obligados a aceptar la propuesta ofrecida por el Estado provincial.
En este marco, arguyen que debe procederse a la revisión no sólo de los convenios firmados sino también de las resoluciones homologatorias que han alcanzado la autoridad de cosa juzgada. Al tal efecto, argumentan que: 1) no se ha alcanzado el porcentaje de adhesión que se estableció en el art. 3° de la citada ley como condición de validez de los acuerdos suscriptos; 2) aún en el hipotético caso de haber obtenido el nivel de aceptación indicado (75%), el planteo nulificante debe prosperar frente a la vulneración de principios básicos previsionales; 3) el sistema de consolidación de deudas establecido en la ley 13.437 -para el supuesto de no alcanzarse el porcentaje en cuestión- que incluyó pautas para el pago en bonos, ha sido declarado inconstitucional por el Máximo Tribunal nacional.
Continúan sosteniendo que la falta de reconocimiento de intereses por el período comprendido entre el dictado del decreto 1.010/97 y la ley 13.437, junto con el pago del 50% de las diferencias acumuladas y la cantidad de cuotas fijadas para su pago, conducen a que el monto final percibido meramente equivalga al 23% de su verdadera acreencia. Así, denuncian que se ha provocado un agravio patrimonial de tal magnitud que se hallaría configurado el vicio de “lesión enorme” contemplado en el art. 954 del Código Civil, por entonces vigente.
Finalmente, resisten anticipadamente cualquier defensa de cosa juzgada que la contraria pudiera oponer, en tanto las sentencias homologatorias han sido dictadas sobre una base fáctica “errada” –o, “alterada”- en tanto no estaba reunida la condición impuesta por el art. 3° de la ley 13.437.
III. Conferido el pertinente traslado, comparece el apoderado del señor Fiscal de Estado y solicita el rechazo del planteo incidental.
Comienza exponiendo que la pretensión encubre un intento de controvertir la sentencia homologatoria emitida por este Tribunal con fecha 19 de marzo de 2008, que ha quedado firme y que, en consecuencia, el pronunciamiento ha pasado en autoridad de cosa juzgada formal y material. Bajo tal entendimiento, asevera que no están dados los recaudos que habilitarían acudir a esta excepcional vía de revisión.
Siguiendo aquella línea argumental, enumera los distintos supuestos puros de revisión admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para luego concluir que los coactores no precisan cuáles serían los vicios extrínsecos – v.gr. hallazgo de documentos ignorados, extraviados, retenidos, declarados falsos o la existencia de vicios en el consentimiento- que ameritarían la revocación del fallo recaído en la causa principal.
Asimismo, resalta que los peticionantes se han sometido voluntariamente y sin reserva alguna a los términos de la ley 13.437 y su decreto reglamentario 2124/06, por lo que –a su modo de ver- mal podrían cuestionar, aun invocando bases constitucionales, la aplicación de un régimen jurídico luego de haberlo consentido a través de actos voluntarios y libremente ejercidos.
En otro orden, aduce que tampoco es cierto que no se habría alcanzado el porcentaje de adhesión requerido por la ley 13.437. En respaldo de sus dichos, acompaña copias certificadas del expediente administrativo nº 2138-111194/06, de donde surge que el nivel de aceptación llegó al 80,12% y que fue obtenido dentro del plazo de noventa días corridos establecidos en el decreto 2124/06.
Asegura, además, que el cuestionamiento que realizan al sistema de consolidación de deudas contenido en la mencionada ley, para el caso de no lograr el porcentaje del 75%, es inoficioso pues no se les ha aplicado aquel mecanismo a los actores, quienes han efectuado una incorrecta interpretación de los precedentes emanados de la Corte Suprema nacional en la materia.
Seguido a esto, comenta que la ley 13.437 no propuso una fórmula de pago de derechos adquiridos ni ha reconocido ningún derecho retroactivo, sino que ha brindado una solución conciliadora sobre derechos litigiosos compatible con la postura adoptada por el Estado, a fin de terminar los pleitos generados en torno al tema sobre la base de concesiones recíprocas.
Entiende que, contrariamente a lo sostenido por los actores, no se los ha obligado a aceptar ningún acuerdo fraudulento, extorsivo o viciado por "lesión enorme", toda vez que, de un lado, la propuesta ofrecida por la Provincia quedó a su disposición para ser aceptada o no según su discreción o criterio y, de otro, el pago de los períodos prescriptos compensó con creces la supuesta quita denunciada.
Por último, impugna los informes contables y liquidaciones acompañadas por los demandantes.
IV. Pasados los autos al acuerdo, se debe abordar y decidir en primer término, por una cuestión de orden lógico, el planteo relativo a la revisión y anulación de la sentencia homologatoria recaída en los autos principales. Luego, en caso de estimarse procedente aquella pretensión, se tratará el pedido de nulidad de los convenios celebrados por los señores Norberto Oscar Andrés y Eduardo Chacón y de inconstitucionalidad de la ley 13.437.
V.1. Es útil comenzar recordando que los incidentistas suscribieron un acuerdo transaccional de pago a la luz de las disposiciones de la ley 13.437 –que creó el Plan de Saneamiento de deudas con el Personal pasivo Policial y Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires- y su decreto reglamentario 2124/06. Conforme el citado convenio, los beneficiarios aceptaron la cancelación de cualquier acreencia que mantuvieran o alegaran mantener contra la Provincia de Buenos Aires en general, vinculada a la aplicación del decreto 1014/97 o de sus prórrogas dispuestas por decretos 23/98, 237/99, 1192/02, 80/03 y 196/04.
Entre lo pactado, se estimó un monto que surgió de emplear las previsiones del decreto 1014/97 al cargo con que el agente hubiera obtenido su beneficio previsional por el tiempo que aquél resultara aplicable al 30 de junio de 2004; sobre aquella suma, se concertó una quita del 45%. A partir del 1º de enero de 2005 se devengaron intereses, calculados sobre el monto de la acreencia a aquella misma fecha luego de aplicada la quita, a la tasa de interés promedio de caja de ahorro común que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre saldos.
Se determinó, además, que los intereses devengados hasta el 30 de junio de 2005 se capitalizarían y a partir de ese momento nacería la obligación de abonar los intereses a la tasa antes referida juntamente con las cuotas de capital. Respecto del inicio del servicio de capital, se pactó que comenzaría a correr al mes siguiente a la fecha de perfeccionamiento del acuerdo transaccional.
En atención a lo establecido en el art. 2° de la ley 13.437 y la edad de cada uno de los beneficiarios, se estipuló que el importe adeudado se acreditaría en 30, 45 o 60 cuotas de capital iguales, mensuales y consecutivas, con más los intereses correspondientes.
A su vez, se convino que los importes serían liquidados por la Caja y depositados en efectivo y en moneda de curso legal, en la cuenta haberes de titularidad de los beneficiarios o, en caso que ello no fuera posible, a través del mecanismo que la demandada dispusiera al efecto.
Sobre las costas y costos del juicio, se acordó que estos no serían afrontados por la Provincia. A su vez, los beneficiarios y su representante legal prestaron expreso consentimiento para que la Caja procediera a descontar a cada beneficiario el porcentaje necesario para afrontar el pago de los honorarios que fueran estipulados, los cuales representarían el 5% de lo que los actores tuvieran derecho a percibir.
En virtud de ello, los beneficiarios desistieron y/o renunciaron de manera irrevocable e incondicional a todo reclamo judicial y/o administrativo en relación a la deuda cancelada mediante el acuerdo transaccional. En particular, desistieron de la pretensión deducida en la causa principal articulada contra el decreto 1014/97. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires renunció a invocar la prescripción liberatoria respecto a las sumas devengadas a favor de los beneficiarios por estos conceptos.
Este Tribunal, el día 19 de marzo de 2008, homologó los convenios transaccionales celebrados entre la demandada y varios coactores, entre los que se encuentran los aquí peticionantes.
Es en esta oportunidad que los señores Andrés y Chacón, a través de un nuevo apoderado, solicitan la revisión y nulidad de la resolución que ha quedado firme y consentida. Sustentan su reclamo en que el pronunciamiento se emitió sobre una base fáctica errada, pues –a su modo de ver- no estaba dada la condición de validez impuesta por el art. 3° de la ley 13.437.
V.2. Al respecto, cabe destacar que los acuerdos conciliatorios homologados judicialmente se asimilan en sus efectos a una sentencia firme con la fuerza vinculante propia de la cosa juzgada (conf. art. 309, CPCC; causas Ac. 50.351, "Gómez”, sent. de 20-IX-1994; C. 120.567, "Fourcade”, sent. de 30-XII-2021, e.o.), por lo que solo es posible proceder a su revisión si se acredita la existencia de circunstancias graves y excepcionales –tales como vicios de la voluntad- que lo ameriten.
Con insistencia se ha sostenido que la decisión que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad; se trata de una solución definitiva, concluyente y determinada. Es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar (conf. causas C. 102.297, "Bilotte", sent. de 1-IX-2010; C. 106.338, "S., R. H.", sent. de 14-IX-2011; C. 121.394, "Fernández", sent. de 19-IX-2018; C. 121.901, "Barboni de Stella", sent. de 14-XI-2018; e.o.), y de allí que no resulta jurídicamente posible volver sobre lo que ha pasado a ser fallo irreversible por haber ganado autoridad de res iudicata , toda vez que responde a una consideración esencial del orden público: la necesidad de poner fin a los litigios evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente (conf. causas C. 113.730, "R., M.", sent. de 11-IX-2013, C. 121.394, cit. Y B. 55.816 bis, “Cañete”, resol. de 20-IV-2021).
Es que el efecto de la cosa juzgada es el de la imposibilidad de alterar lo decidido que debe permanecer inmutable, por lo que infringe tales efectos el fallo que altera lo resuelto en un pronunciamiento firme (conf. causas Ac. 75.634, "De Otazúa", sent. de 13-XII-2000; C. 112.611, "Muiño", sent. de 20-XI-2013, C. 121.394 y B. 55.816 bis, cit.).
Con todo, también se ha cuidado de precisar que los motivos de seguridad jurídica, economía procesal y necesidad de evitar sentencias contradictorias, que dan fundamento a la institución de la cosa juzgada, no son absolutos y deben ceder frente al deber de afirmar otros valores jurídicos de raigambre constitucional. La cosa juzgada, como todas las instituciones legales, debe organizarse sobre bases compatibles con los derechos y garantías constitucionales, por lo que no a toda sentencia judicial puede reconocérsele fuerza de resolución inmutable, sino sólo a aquellas que hayan sido precedidas de un proceso contradictorio, y en el cual el vencido haya tenido adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba (conf. causas Ac. 80.476, "P. d. M.", sent. de 29-X-2003; C. 115.000, "Complejo Edilicio UTA III MDP Sociedad Civil", sent. de 26-VI-2013; C. 119.585, "Ciochini", sent. de 15-VI-2016 y C. 120.508, "Gelusini", sent. de 13-IX-2017; entre muchos otras).
Cabe tener presente que haciendo excepción al sólido principio expuesto se ha admitido la revisión, como un proceso especial, ante la existencia de vicios trascendentes, específicamente delineados por la jurisprudencia.
V.3. Sobre esas bases, se advierte que los actores no logran estructurar un supuesto de excepción que permita relativizar la autoridad de la cosa juzgada en la especie. Lo cierto es que los incidentistas se limitan meramente a cuestionar la existencia o no de una de las condiciones de validez del acuerdo conciliatorio, presupuesto objetivo que fuera oportunamente analizado por este Tribunal al homologar el convenio presentado (arg. art. 308, CPCC). En consecuencia, el planteo -tal como fuera formulado- resulta inatendible.
V.4. Tampoco puede soslayarse que lo ahora requerido importa una clara contradicción con un comportamiento anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz que se emparenta con el principio general de buena fe del cual deriva necesaria e inmediatamente la doctrina de los actos propios (doctr. causa B. 56.249, "Rico", sent. de 25-X-2000 y sus citas).
Como lo ha señalado el Tribunal, de consuno con la doctrina de los actos propios ("Acuerdos y Sentencias", 1988-III-335; 1990-IV-385; causas B. 56.703, "Juncal", sent. de 2-IV-2000; L. 59.702, sent. de 15-VII-1997; L. 74.275, sent. de 12-IX-2001 y B. 58.169, "Kissner", sent. de 7-V-2003) cuadra desestimar las pretensiones contradictorias con la conducta pasada del pretensor, toda vez que la citada doctrina promueve el cumplimiento del deber de coherencia del comportamiento jurídicamente relevante. Porque a nadie debe permitírsele, en principio, hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando ella, interpretada objetivamente según la ley, los usos o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho cuando hacerlo contraría tales parámetros (conf. B. 56.694, "Tissot", sent. de 18-V-2005; B. 52.366, "Calix S.A.", sent. de 12-IV-2006 y B. 53.706, "Electromecánicos Asociados SRL”, sent. de 11-XI-2015, e.o.).
V.5. Misma suerte ha de correr el argumento basado en lo decidido el 18 de marzo de 2009 en la causa B. 60.279, "Terzaghi", cuyo criterio fuera repetido en la sentencia de fecha 11 de agosto de 2010 en los autos B. 60.715, "Nocetti", donde este Tribunal -por mayoría- decidió apartarse de la anterior doctrina sentada en el caso "Acosta" (causa B. 59.092, sent. de 12-IX-2001) en relación a la bonificación dispuesta por el decreto 1014/97.
Esto por cuanto, la Corte Suprema nacional ha señalado que, en virtud de los principios de preclusión y cosa juzgada antes referidos, resulta inadmisible la modificación de una decisión judicial firme en razón de un cambio de jurisprudencia posterior (Fallos: 293:531).
Asimismo, este Tribunal, adoptando igual temperamento, ha decretado la imposibilidad de aplicar una nueva jurisprudencia a un pronunciamiento consentido, por cuanto no se podría prescindir de la cosa juzgada, de los límites de su jurisdicción y de las normas procesales en juego, pues de ello depende el debido proceso y el respeto a otras garantías constitucionales por las cuales se debe velar (CSJN Fallos: 328:3041; doctr. causa B. 56.715-2, "Valenti", resol. de 15-VIII-2007).
VI. Si bien lo expuesto hasta aquí basta para desestimar lo solicitado, cabe agregar que en lo atinente al agravio referido al porcentaje de aceptación alcanzado –pilar estructural del cuestionamiento incoado-, esta Corte ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre un asunto semejante al presente en los autos "Aballay" (causa B.60.131 bis, resol. de 5-II-2014). Allí, se concluyó que conforme resultaba del dictamen pericial practicado en esos obrados, el plan fue aceptado por el 60,34% del total de beneficiarios, alcanzando el 79,25% de aprobación sobre el total de beneficiarios con vida.
En aquellas actuaciones, la Fiscalía de Estado acompañó el expediente administrativo nº 5100-20126/12, del cual surgía un informe que dio cuenta de que el porcentaje de beneficiarios que suscribieron el plan de saneamiento ascendió al 80,12%. En dicho informe, la caja demandada explicó que el porcentual que arrojó la prueba pericial contable realizada –esto es, 60,34%-, era erróneo por cuanto se había considerado la totalidad del padrón de jubilados, contabilizando inclusive a 1.481 personas fallecidas al momento de aceptar la propuesta en el mes de octubre/noviembre de 2006. Consideraron, asimismo, que debía tomarse -y así lo hizo en su presentación- como 100% a los 4.726 agentes susceptibles de expresar su voluntad. Siguiendo esto último, el porcentaje de aceptación llegaba al 80,12%, pues habrían prestado su conformidad 3.755 beneficiarios.
Frente a la consulta efectuada, la Dirección de Análisis Jurídico Financiero del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y la Asesoría General de Gobierno sostuvieron idéntico criterio.
De este modo y conforme surgió del informe elevado por la Caja demandada en el expediente administrativo nº 2138-111194/06, se pudo acreditar que se alcanzó el nivel de adhesión requerido como condición de validez del ofrecimiento y esto se produjo dentro del plazo establecido en la ley 13.437 y su decreto reglamentario.
VII. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el incidente de nulidad y revisión de la sentencia homologatoria del convenio celebrado entre los señores Norberto Oscar Andres y Eduardo Néstor Chacón con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar al incidente de nulidad y revisión de la sentencia homologatoria dictada en los autos principales promovido por los señores Norberto Oscar Andrés y Eduardo Néstor Chacón (arts. 175 y concs., CPCC y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-)
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/11/2022 20:05:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2022 01:03:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 10:02:14 - TOR
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