Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 118428
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el decisorio del día 11/12/2020 y se imponen las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.).REGISTRESE.
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 118428; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
INDABURU JUANA POCHELU Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCIDENTE DE PACTO DE CUOTA LITIS Y EJECUCION
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los dieciocho días del mes de mayo de Dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 118428, caratulada: "INDABURU JUANA POCHELU Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCIDENTE DE PACTO DE CUOTA LITIS Y EJECUCION", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. La resolución del día 11/12/2020 en cuanto rechaza las liquidaciones presentadas por el doctor Javier Musotto y el doctor Bona, en su carácter de administrador de la sucesión del señor Antonio Clark, mandando a practicar nueva cuenta, viene apelado por este último, el día 15/12/2020.
Se concedió el recurso el día 16/12/2020 y resultó fundado el día 28/12/2929, habiendo contestado traslado los demandados el día 4/2/2021.
2. El señor Juez de grado indicó en el resolutorio atacado que los incidentados contestaron fuera de término el traslado a la liquidación practicada por el doctor Bona. No obstante ello, resolvió acerca de las liquidaciones practicadas por el Dr. Bona y el Dr. Javier Musotto. Detalló que en las actuaciones se mandó a llevar adelante la ejecución de honorarios, habiéndose aprobado luego a fs. 285 la liquidación por la suma de U$S 395.087,12 al 9/3/2018 y que posteriormente, se dispusieron transferencias electrónicas a los tres letrados ejecutantes, en todos los casos por las sumas de U$S 121.136,31, correspondientes al pacto de cuota litis convenido en la suma de U$S: 100.112,66 (1/3 de US$ 300.338 indemniz. exprop.) y U$S 21.023,65 en concepto de IV. y los aportes transferidos directamente a la cuenta de la Caja de Abogados.
Sostuvo que sin perjuicio de la falta de impugnación que pudiera efectuarse respecto a los cálculos elaborados por los profesionales, las revisiones de las liquidaciones pueden realizarse aún de oficio por cuanto ellas deben ser un fiel reflejo de la sentencia en que se fundan, pues de lo contrario implicarían un velado ataque al principio de cosa juzgada y el veredicto de condena sería tergiversado en una etapa que está destinada a hacerlo cumplir.
Concluyó, entonces, que las liquidaciones presentadas no se ajustaban a las pautas de condena, en tanto se debía partir ahora de la liquidación aprobada al 9/3/2018 para efectuar el nuevo cálculo, aplicando los accesorios posteriores.
Dijo la resolución: “…En definitiva, para que la liquidación traduzca corrección cuantitativa con lo dispuesto en autos, deberá merituar: U$S.301.827,76 capital; U$S.30181,97 aportes: IVA U$S. 63.070 e IVA s/intereses U$S;7,39. desde el 9 de marzo de 2018 (ver fs.285), calcular los intereses hasta que cada letrado percibió parte de su acreencia, deducir lo percibido y a partir de allí calcular con los mismos parámetros el interés hasta la fecha actual…”
Por ello, se rechazó las liquidaciones practicadas por el Dr. Bona y Javier Musotto y se dispuso que en el plazo de cinco días se proceda a realizar un nuevo cálculo conforme a las pautas enunciadas, indicando que esa decisión también alcanzaba al Dr. Gerardo Musotto a quien se debía notificarle a fin de que haga valer los derechos que estime corresponder (arts. 501, 502 y ccds del CPCC).
3. Sostiene el apelante que la resolución iguala la situación procesal de dos liquidaciones presentadas por distintos actores, sin advertir que una de ellas sí fue impugnada en tiempo y forma (cuenta presentada por el doctor Javier Musotto) y la otra no (la de la parte recurrente), arrogándose el Juez -según su criterio- de facultades revisoras precluídas, disponiendo derechos exclusivos de las partes, pasados en autoridad de cosa juzgada. Considera que la falta de impugnación oportuna implica que en forma implícita se conformó la determinación de la cuenta.
Entiende afectado el principio de congruencia ya que, al no existir oportuna impugnación a la liquidación por parte de la accionada, ello importa sellar cualquier tipo de análisis con relación a lo liquidado por la apelante: “…pues ha sido la parte quien ha exteriorizado su voluntad de no impugnación o conformidad, luego de operado el correspondiente e íntegro traslado…”
Considera que al presentarse la cuenta y prestado consentimiento la contraria por falta de impugnación, se produce un liso llano acuerdo o transacción, que se establece al no presentar la parte llamada a hacerlo, su disconformidad con lo propuesto.
Manifiesta que ha existido preclusión procesal, porque el accionado no impugnó en tiempo la cuenta y así como le está vedado al litigante la renovación de una cuestión ya decidida o impugnar tardíamente una presentación, tampoco el Juez puede -luego de consentido el procedimiento- válidamente desconocer o dejar sin efecto su propia decisión, sin que se afecte los principios de seguridad que fundamentan la perentoriedad de los plazos.
Argumenta que es al momento de presentarse la liquidación al juzgado cuando el juez puede revisar de oficio la presentación liquidatoria realizada, no siendo posible efectuarla posteriormente. Entiende que al haberse abordado en forma oficiosa el control de la liquidación no impugnada, se ha violado de los art. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
En síntesis, manifiesta que, en el caso ante el correcto traslado de la liquidación practicada, el transcurso del tiempo sin que se hubiera impugnado la presentación relativa esa parte y sí impugnación con relación a las restantes, corresponde que en la porción que corresponda a la apelante, la aprobación de la cuenta. Ello, ya que no es posible ni corresponde el rechazo tardío realizado, pues se exhibe indisponible por la judicatura en este estadio procesal y luce más como una defensa que como una imparcial decisión de lo sometido a juzgamiento.
Considera que se debe revocar el decisorio y tener por aprobada la liquidación realizada en lo que a esa parte se refiere, sin perjuicio de lo que corresponda con relación a los restantes ejecutantes.
4. Entiende al contestar el traslado la parte demandada -a través de su apoderado- en el escrito del día 4/2/2021, que el apelante no ataca el argumento del Juez de grado, respecto a que la liquidación realizada no se ajusta a la sentencia dictada en las actuaciones, que se encuentra firme.
Destaca que los motivos impugnativos que fueran por él oportunamente expresados y luego declarados extemporáneos, son los mismos que los efectuados en tiempo ante la liquidación presentada por el doctor Javier Musotto, por lo que no puede dictar el Juez una resolución para una litisconsorte de un modo distinto a la de la del otro litisconsorte.
Sin perjuicio de ello expresa que es abstracto considerar si impugnó o no la liquidación, en tanto la misma debe ajustarse necesariamente a las pautas de la sentencia y el Juez debe revisarlas aún de oficio, indicando que no rige en el caso el principio preclusión estricto. Solicita se declare la inadmisibilidad del recurso deducido por la contraria, con costas.
Si bien en el encabezado del escrito solicita sanción por temeridad y malicia, no aparece desarrollado este punto en el escrito de contestación.
5. Esta Sala ha sostenido, como principio rector de la materia, que en la causa L 91.874 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Juan Carlos Hitters señaló: “…La clásica expresión de que las liquidaciones judiciales se aprueban "en cuanto hubiere lugar por derecho" enseña Morello, quiere significar que se las conforma en tanto y en cuanto se ajusten al "derecho" declarado y reconocido en la sentencia. De ello se desprende -siempre en palabras textuales del citado autor- que en el ámbito de las liquidaciones juega como principio o regla que, aun aprobadas, pueden ser reformuladas o modificadas, habida cuenta que las decisiones no causan instancia ni resulta aplicable el principio de la cosa juzgada, aunque una vez aprobadas, gozan sí de estabilidad (autor cit. "Liquidaciones Judiciales", edit. LEP, año 2000, pág. 115; esta Sala, causa 126779 (RSD 25/2020 del 3/3/2020).
En esa misma línea de razonamiento la Corte federal ha sostenido que el art. 166 inc. 1 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ha receptado el principio según el cual los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificadas por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio. Tal principio se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquélla buscó amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él ("Fallos", 312:570; 317.III.1845). Que en lo referido al momento procesal en que se advierte ese déficit -y la posible aplicación del principio de preclusión- el Máximo Tribunal de la Nación ha establecido, que el hecho de que la liquidación haya sido consentida por las partes "no obliga al magistrado a obrar en sentido determinado". Ello así no cabe argumentar sobre la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, toda vez que la aprobación de las liquidaciones sólo procede en cuanto hubiere lugar por derecho, excediendo los límites de la razonabilidad pretender extender el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemáticas equivocadas, a pesar de encontrarse dicha situación puntualmente evidenciada durante el trámite de ejecución ("Fallos", 310:302; 317.III.1845, supra cit).
6. También nuestro más Alto Tribunal Nacional sostuvo que “…cabe agregar que los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben, ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio (conf. arto 166, inc. l°, último párrafo, del código citado), principio que se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes” lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional…3°) Que esta Corte ha sostenido, además, que la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia; de modo que si bien los jueces deben fallar con sujeción a las reglas y principios de forma -según las circunstancias de hecho que aducen y acreditan las partes- nada excusa su indiferencia respecto de la objetiva verdad en la augusta misión de dar a, cada uno lo suyo (Fallos: 330: 4216 y sus citas). 4º) Que los jueces de la causa han observado tales principios, de modo que no vulneraron la cosa juzgada ni afectaron los derechos constitucionales de propiedad y de defensa en juicio de la apelante. Ello es así, pues, como se señaló, ni el consentimiento dado por las partes a una determinada manera de calcular las diferencias salariales, ni la aprobación judicial ulterior -hecha en cuanto hubiere lugar por derecho- impiden volver sobre el punto, en tanto se compruebe, como en el caso ocurrió, la existencia de errores que evidencien apartamiento de la sentencia que se procura ejecutar…” (S. 850. XLVIII. Expediente: “Stieben, Luis Manuel y otros contra Estado Nacional – Ministerio de Seguridad - GN - Decretos 1104/05 y 752109 s/ Personal Militar.y Civil de las FFAA y de Seg.” Del 1/10/2013).
7. Sentado lo expuesto, no cabe razón alguna al apelante al sostener que los jueces no pueden revisar las liquidaciones de modo oficioso, aun cuando la contraria no hubiera contestado el traslado a la cuenta, no violándose en modo alguno los principios de congruencia, preclusión y cosa juzgada, ni lo prescripto en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.
En el memorial de agravios el recurrente no ataca en modo alguno la cuestión de fondo que expresó el Juez para desestimar la liquidación presentada (arts. 260 y conc. del CPCC), por lo que cabe, por todos los motivos expuestos, desestimar el recurso.
Tampoco el apelado desarrolló en el escrito de contestación respectivo, el pedido de temeridad y malicia que aparentemente esbozó en el encabezado de esa pieza, por lo que no cabe resolver nada al respecto.
Voto por la AFIRMATIVA
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar el decisorio del día 11/12/2020 e imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido
. CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el decisorio del día 11/12/2020 y se imponen las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.).REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia