Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126841
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cit.). Con costas.
C. 126.841 "E. M. A. C/ E. A. A. S/ INCIDENTE DE PLAN DE PARENTALIDAD"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la solicitud de autorización de la joven A. para radicarse en la ciudad de Barcelona junto a su progenitora y, en lo que resulta aquí relevante destacar, reguló los honorarios de la letrada Sara Cánepa, en su carácter de abogada de la niña, en la suma equivalente a 20 jus (v. sent. de 26-X-2022, en arch. adj.).
A su turno, la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, tratando la apelación deducida por el apoderado de la Fiscalía de Estado provincial, redujo tales estipendios y los fijó en la suma de 15 jus (v. sent. 8-VI-2023, en arch. adj.).
Frente a dicho fallo, la mencionada abogada de la niña interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 28-VI-2023, en arch. adj.), cuya denegatoria -sustentada en la insuficiencia del valor del agravio- (v. resol de 13-VII-2023, en arch. adj.), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 6-VIII-2023).
II. Al respecto, cabe señalar que en el supuesto de autos, tal como lo sostuvo el Tribunal de Alzada, teniendo en consideración el importe de los honorarios fijados en favor de la profesional (v. regulación en la sentencia de primera instancia y Cámara de fecha 26-X-2022 y 8-VI-2023) y en atención a los planteos expuestos en su impugnación, cabe concluir que el valor del agravio no alcanza el monto mínimo fijado por la norma ritual para acceder a la revisión por esta vía, sin que se observen motivos suficientes para apartarse de dicha regla (art. 278, CPCC y ley 14.141; doctr. causas C. 123.091, "M. V. A.", resol. de 28-VIII-2019; C. 124.056, "Zabala", resol. de 29-VII-2020; C. 124.163, "Morbiducci,", resol. de 4-XI-2020; C. 125.432, "B. A. A.", resol. de 30-XI-2022; C. 126.177, "V. M. A.", resol. de 13-IX-2023).
Asimismo, en torno a la alegación formulada en la vía denegada con respecto a la inconstitucionalidad del art. 280 del digesto de forma local y al recaudo vinculado al valor mínimo para recurrir, cabe señalar que esta Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al monto del juicio para la concesión del remedio extraordinario regulado en el art. 278 citado no vulneran derechos o garantías de ese rango (causas C. 111.979, "Municipalidad de Exaltación de La Cruz", resol. de 1-IX-2010; C. 113.913, "Castosa", resol. de 13-IV-2011; C. 117.376, "Amundarain", resol. de 26-VI-2013; C. 119.026, "Zarzecki", resol. de 23-XII-2014; C. 120.733, "Pérez", resol. de 22-VI-2016; C. 122.008, "Conti", resol. de 29-XI-2017 y C. 122.365, "San Miguel", resol. de 3-V-2018).
En su impugnación, y en relación al mencionado recaudo de admisibilidad de la vía revisora intentada, y con el fin de sortear tal limitación, la recurrente invoca la existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio" (v. pág. 5 de la presentación del 28-VI-2023; Fallos: 308:490 y 311:2478). Ello carece de asidero.
Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa a la circunstancia de que no sean aplicadas para limitar el tratamiento de embates que porten agravios federales.
Así, no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, lo cierto es que no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (conf. doctr. art. 15, ley 48; causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018).
Tampoco se advierte que se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por el art. 31 bis de la ley 5.827 que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando la limitación del art. 278 citado (conf. causas C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020; C. 125.432 cit.)
Y, con respecto a la gravedad institucional alegada también por la recurrente al deducir el recurso denegado para sortear el mentado recaudo de admisibilidad, este Tribunal ha dicho que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.402, "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 123.541 "Gerez", resol. de 23-IX-2021; C. 125.330, "Volponi", resol. de 10-VIII-2022; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en la queja a tal fin.
En consecuencia, corresponde desestimar la queja articulada (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cit.). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:22:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:20:37 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:06:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:06:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2024 09:44:45 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2024 10:56:18 hs. bajo el número RR-652-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia