Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.228 FOLIO Nº 135/137 PROT. ELECT. JR101 376I.261
Río Gallegos, 04 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: "Incidente de S/ Prisión Domiciliaria Interpuesto por B.S.L.", Expte. Nº 33241/25 - Apelación/Causa JR Nº 10.330/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 54/56vta., del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en Río Gallegos, quien en el punto 1º) no hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria formulado en favor de S.L.B.. Que a fs. 61/64 del presente incidente, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 70 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, presentó el memorial de agravios obrante a fs. 72/78.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por el recurrente.
1. De la errónea valoración del requisito domiciliario. Propuesta de domicilio: La defensa se agravia del rechazo de la prisión domiciliaria bajo el argumento que el inmueble propuesto se encuentra en litigio civil, remitiendo las partes a dicho fuero, por cuanto el contrato de locación se encuentra vigente y sin perjuicio de ello, de manera previa a resolver, el Sr. Juez a quo debió requerir a la defensa se ofrezca otro inmueble alternativo y no denegar lo peticionado lisa y llanamente. Bajo el Anexo I, la defensa sostiene la vigencia del contrato de locación sobre el inmueble sito en calle X de J Nº X5, Dpto. XE, en esta ciudad capital, como domicilio para el cumplimiento de la cautelar, sugiriendo a la Sra. S como persona responsable de acompañar a la imputada. Argumenta que el domicilio se encuentra a corta distancia del HRRG, permitiendo los seguimientos clínicos, de laboratorio y nutricionales indicados. Ofrece asimismo la instalación de un dispositivo de monitoreo (tobillera) y/o controles periódicos por el Patronato de Liberados. Por último manifiesta que su asistida se compromete a no ausentarse salvo para traslados médicos autorizados y solicita se oficie al nosocomio a fin de recabar información certificada actualizada por su médico tratante. Pues bien, analizando la cuestión planteada entendemos, en concordancia con lo resuelto por la Instrucción, que la viabilidad de la prisión domiciliaria exige la propuesta de un ámbito físico seguro, cierto y jurídicamente estable donde se pueda ejecutar el control estatal de manera efectiva. Y en el caso de marras, un inmueble bajo un incidente de restitución en el fuero civil carece de la estabilidad jurídica indispensable para garantizar la permanencia de la imputada, existiendo un riesgo cierto de desalojo que frustraría la medida de coerción de forma abrupta.
Observamos que es doctrina pacífica que la carga de aportar y acreditar un domicilio apto, seguro y libre de contingencias recae exclusivamente sobre la parte que solicita el beneficio (la defensa), no correspondiendo al Magistrado suplir dicha inactividad o requerir alternativas previsoras cuando la propuesta original es defectuosa.
Del mismo modo, entendemos que el ofrecimiento de dispositivos electrónicos (como la tobillera) o el compromiso de un tercero (la Sra. S) constituyen medidas accesorias de supervisión que presuponen la existencia de un domicilio jurídicamente estable, por lo que no logran subsanar ni compensar la precariedad de la tenencia del inmueble propuesto. Es por todo lo valorado que los argumentos expuestos por la defensa no logran desvirtuar la decisión bajo análisis, motivo por el cual, este primer agravio no prosperará.
2. De la insuficiente ponderación del estado de salud: La defensa se agravia que pese a que del informe médico forense se concluye que no existen impedimentos médicos actuales para el tratamiento dentro del establecimiento carcelario, ello no exime al Magistrado de considerar que su asistida cursa un post operatorio de trasplante de médula ósea por leucemia, cuadro que encuadra en el estándar del interno enfermo previsto en el art. 33 en relación al art. 32 inc. a) de la ley 24.660, el cual autoriza la detención domiciliaria cuando la privación de la libertad impida recuperarse o tratar adecuadamente la dolencia.
Que para dar respuesta a este segundo agravio corresponde tener en cuenta que, para la procedencia de la prisión domiciliaria de un interno enfermo bajo el estándar del art. 32 inc. a) de la Ley 24.660 (en el caso, la imputada S.L.B.), no basta con la acreditación de una patología grave (como la leucemia o el postoperatorio de un trasplante), sino que se requiere demostrar un nexo de causalidad específico: que la permanencia en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia.
En ese contexto, contamos con que al haber dictaminado fehacientemente el médico forense que el lugar de alojamiento de la imputada cuenta con las condiciones para llevar adelante el seguimiento clínico, de laboratorio y el suministro de la medicación prescripta, no se configura el supuesto excepcional de la norma. Tampoco advirtió el perito forense que la imputada presente intercurrencias, complicaciones o efectos adversos al tratamiento.
Que, siguiendo la jurisprudencia de los tribunales de Alzada, si de los informes médicos especializados surge que la privación de la libertad no obstaculiza el tratamiento adecuado de la enfermedad (ya que los controles, la medicación y la dieta se pueden proveer dentro del establecimiento o mediante traslados programados), corresponde denegar la prisión domiciliaria (conforme los criterios de la Cámara Federal de Paraná en "L.B.G.J. s/ inc. de prisión domiciliaria”, LLLitoral 2014 (julio), 671- TR LALEY AR/JUR/9771/2014, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en "B.A.H. s/ prisión domiciliaria”, La Ley Online, TR LALEY AR/JUR/65613/2014 y del Tribunal de Comodoro Rivadavia en "B.F.K.A. y otros s/ infracción ley 23.737”, La Ley Online,TR LALEY AR/JUR/10960/2018).
Que, por el contrario a lo argumentado por la defensa, advertimos que el Sr. Juez de grado valoró adecuadamente no sólo el padecimiento de salud de la imputada sino que analizó que si bien al inicio de la detención se presentaron algunas complicaciones en cuanto a la provisión de medicación que la condujeron a una serie de internaciones en el HRRG, concluyó fundadamente que en la actualidad dichos inconvenientes se han solucionado, conforme las certificaciones actuariales obrantes en el legajo.
Con lo cual, la disconformidad de la defensa con la decisión fundada arribada por el Magistrado, no habilita a esta Alzada a revocar la denegación de la prisión domiciliaria, por no lograr controvertir su justificación.
3. De la omisión de informes preceptivos (psicológico y socioambiental): La defensa se agravia en función que, conforme lo previsto por el art. 32 -2º párrafo de la ley 24.660, que exige que la decisión relativa al interno enfermo se funde en informes médicos, psicológico y social conjuntos, el Sr. Juez de grado resolvió contando únicamente con el informe médico, lo que vicia de insuficiente fundamentación la decisión apelada. Que este tercer agravio será rechazado de plano por esta Alzada, toda vez que si bien el art. 33 de la Ley 24.660 exige que las decisiones relativas al interno enfermo se funden en informes médico, psicológico y social conjuntos, esta exigencia rige plenamente para la concesión o viabilidad del beneficio. Cuando el informe médico forense -que constituye la prueba umbral y el presupuesto biológico básico del reclamo-, descarta de forma categórica que el encierro impida el tratamiento o la recuperación, la producción de los informes psicológicos o socioambientales deviene estéril. Ninguna conclusión social o psicológica puede suplir o revertir la aptitud clínica del penal ya certificada por el médico forense, por lo que su ausencia no genera indefensión ni vicio de fundamentación en el rechazo.
4. De la insuficiente evaluación del interés superior del niño: La defensa plantea como punto de agravio que si bien la Defensora Oficial de NNyA se pronunció adhiriendo al dictamen fiscal, no consta una valoración autónoma sobre si el mantenimiento de la privación de libertad de la madre, en el contexto de su enfermedad oncológica, resulta compatible con el interés superior de su hijo B.E.H., en los términos de los arts. 5 y 9 de la CDN, de jerarquía constitucional.
Que, con relación a este cuarto punto de agravio, concordamos con la defensa en que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Ley 26.061 consagran la consideración primordial del interés de los menores en todas las medidas estatales. Sin embargo, la jurisprudencia establece que la sola condición de madre de un menor no otorga de manera automática el derecho a la prisión domiciliaria, ya que la persecución penal y las medidas de coerción conllevan inevitablemente inconvenientes y restricciones para el entorno familiar (Confr. Cámara Federal de Casación Penal, sala IV • 12/12/2013 • Y. M., R. • La Ley Online • TR LALEY AR/JUR/86785/2013).
Para que proceda la domiciliaria bajo este prisma, la defensa debe probar que el menor se encuentra en un estado de extremo desamparo, abandono o inseguridad material y moral insalvable provocado por la detención de la madre (criterio de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en "Y. M., R.").
Y, en el caso de marras, al no haberse acreditado que el niño carezca de otros familiares directos que le brinden la contención y cuidado necesarios mientras dure el proceso, la separación temporal resulta jurídicamente válida ante los fines cautelares de la causa.
Advertimos que la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes intervino en el proceso y, en ejercicio de su rol de representación complementaria del menor, adhirió voluntariamente al dictamen fiscal negativo. Dicha adhesión constituye un acto autónomo de valoración jurídica especializada que concluye que el interés superior del niño B.E.H. se encuentra debidamente resguardado aun con el mantenimiento de la detención de su progenitora, lo que descarta cualquier tacha de omisión o arbitrariedad en este aspecto.
Por todo lo valorado, este cuarto agravio no prosperará, motivo por el cual confirmaremos la resolución venida en grado de apelación por resultar ajustada a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 54/56vta., del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia