Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 52115-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar improcedente el recurso traído y confirmar la resolución dictada con fecha 22/10/2026, en cuanto resolvió convertir en prisión preventiva, la detención de Altemar Alfio Giménez, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de Desobediencia y Violación de domicilio en concurso real, conforme los arts. 55, 239 y 150 C.P. (HECHO I: IPP 5869-26:); Hurto conforme el art. 162 C.P. (Hecho II IPP 1395-25); y Coacción agravada por el uso de armas y Desobediencia en concurso real, conforme los arts. 55, 149 ter primer párrafo -en relación al 149 bis in fine- y 239 C.P. (HECHO III: IPP 5848-26), enmarcados en la ley 14509 de Violencia Familiar, ley 14407 y leyes 26485 y 24632.
En la ciudad de Azul, se reúnen en acuerdo los Jueces que integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, DAMIAN PEDRO CINI, CARLOS PAULINO PAGLIERE Y GUSTAVO AGUSTIN ECHEVARRIA, , a fin de resolver en causa Nº 52.115, caratulada: "GIMENEZ, ALTEMAR ALFIO S/ INCIDENTE DE APELACIÓN EN IPP 01-00-005869-26/00".
Practicado el sorteo de ley resultó en el siguiente orden de votación: ECHEVARRIA- CINI- PAGLIERE.
Vistas las actuaciones de mención de las mismas surgen los siguientes:
1 Con fecha 22/10/2026, el Juez, Titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, Dr. Federico Antonio Barberena, resuelve convertir en prisión preventiva la detención de Altemar Alfio Giménez, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de Desobediencia y Violación de domicilio en concurso real, conforme los arts. 55, 239 y 150 C.P. (HECHO I: IPP 5869-26:); Hurto conforme el art. 162 C.P. (Hecho II IPP 1395-25); y Coacción agravada por el uso de armas y Desobediencia en concurso real, conforme los arts. 55, 149 ter primer párrafo -en relación al 149 bis in fine- y 239 C.P. (HECHO III: IPP 5848-26), enmarcados en la ley 14509 de Violencia Familiar, ley 14407 y leyes 26485 y 24632.
2. Contra dicha resolución, interpone recurso de apelación la Defensora Oficial, Dra. Sandra Adorno, con fecha 26/10/2026.
3. El recurso es correctamente concedido por el Juez de la instancia con fecha 27/10/2026.
En base a lo anteriormente expuesto, y en razón de hallarse la causa en estado de resolver, la Cámara decidió plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA ÚNICA CUESTIÓN planteada el Juez ECHEVARRIA dijo:
1 La recurrente se agravia de la decisión dictada por el Juez garante, entendiendo, en primer término, que existe una arbitraria valoración de la prueba respecto del Hecho "III".
Sostiene, que el mencionado suceso no se encuentra corroborado, ya que en el allanamiento practicado en el domicilio de su asistido arrojó el secuestro de una canana con cartuchos de calibres 16, 28 y 32; elemento que no tiene relación alguna con el arma que describe la denunciante la que consiste en una escopeta recortada.
Señala, que los cartuchos no acreditan la existencia ni la exhibición de un arma; así como la fotografía aportada por la denunciante permite suplir
el resultado negativo del allanamiento.
Afirma también, que la testigo Drulleña sólo refiere que la hija de la denunciante le pidió que llamara a la policía, no presenció ninguna conducta coactiva ni observó arma alguna, de modo que su testimonio no corrobora la imputación realizada por la fiscalía.
Por otro lado, pone en crisis, que el magistrado de grado desestime la prueba de descargo con una consideración genérica sobre la posible imprecisión del horario.
Destaca, que los progenitores de su asistido lo ubican cenando en su domicilio hasta la noche del día del hecho con ellos y con su amigo, quien se quedó con su defendido, y el testigo Díaz, el amigo mencionado por los progenitores de mi defendido, expresó que cenó con ellos, y refiere que permaneció con su pupilo procesal hasta la una de la madrugada aproximadamente.
Expresa, que el a quo salva la contradicción conjeturando un "error " de la denunciante respecto del horario, sin elemento probatorio alguno, por el contrario, apartándose de las circunstancias acreditadas en este proceso.
Refiere, que cuando existe prueba de descargo que ubica al imputado en otro lugar al momento del hecho, no puede resolverse la duda a favor de la acusación.
Asimismo, respecto del hecho "II", reclama que la denunciante sitúa el episodio alrededor de las 20:10, mientras que la imputación lo ubica entre las 12:00 y las 12:30 hs; sumándose a ello, que el testigo de preexistencia del objeto no puede precisar marca, modelo ni color del teléfono.
Por último expone, que el peligro procesal no puede presumirse por la sola gravedad abstracta de los hechos, por la pena en expectativa o por la existencia de antecedentes, destacando que el art. 148 del C.P.P.B.A. exige una valoración concreta de las circunstancias del caso, y los arts. 144 y 146 del mismo cuerpo normativo imponen que toda medida de coerción sea excepcional, proporcional y necesaria.
Señala, que en autos no se han señalado actos concretos de fuga, incumplimientos procesales, amenazas posteriores, intentos de amedrentamiento a testigos ni maniobras de ocultamiento probatorio atribuibles al imputado, configurando una fundamentación aparente, lo que torna arbitraria la resolución.
Respecto del episodio ocurrido durante el allanamiento, menciona que el a quo lo valora como una muestra de que intentará sustraerse a la acción de la justicia, entendiendo que esa conclusión es dogmática y no se condice con las constancias de la causa, ya que se trató de una reacción espontánea e instintiva, producto del temor lógico y comprensible que genera la irrupción inesperada de personal policial en el domicilio de una persona, no surgiendo además que su asistido hubiera sido notificado, citado o informado de proceso alguno vinculado con el hecho III al momento del allanamiento, ordenado ese mismo día.
Pone de resalto además, que el episodio tuvo una duración de segundos y un recorrido de escasos metros, pues su asistido saltó la medianera hacia un domicilio lindero y fue aprehendido de inmediato por personal apostado en el lugar, no se ocultó, no se alejó de la zona ni intentó abandonar la ciudad.
En lo que hace a los Antecedentes penales con los que cuenta Gimenez, refiere que la existencia de una condena anterior no puede fundar por si sola el dictado de la medida cautelar.
Asimismo, sostiene que en el caso, no se valoraron adecuadamente alternativas tales como la fijación de domicilio; prohibición de acercamiento y contacto; perímetro de exclusión respecto de la denunciante y del damnificado; presentaciones periódicas; caución; monitoreo electrónico; cualquier otra regla del art. 159 del C.P.P.B.A.
Por todo ello, pide se haga lugar al recurso, se revoque el auto apelado y se disponga la inmediata libertad de su ahijado procesal, bajo caución juratoria.
2. Examinados los fundamentos dados por el Juez de grado en el auto sub examine , y los agravios traídos contra dicho decisorio, debo adelantar que la apelación deviene improcedente.
2.1 En lo que hace a los agravios de la defensa, relativos a la falta de elementos que den cuenta de la existencia del arma de fuego mencionada por la denunciante, resulta dable destacar que la misma debe ser desestimada.
De los dichos de la propia víctima de autos surge claramente la utilización del adminiculo ofensivo por parte del imputado, mediante el uso de amenazas y con el fin de vencer la voluntad de Yanina Franco, procuró obligarla a entregarle el celular contra su voluntad.
Las referencias de la denunciante, poseen coherencia lógica interna, resultan claras, se han mantenido incólumes durante la investigación y encuentran correlato en el resto de los elementos de cargo agregados a la pesquisa, como el hallazgo en el domicilio de Gimenez de una canana -cartucho porta municiones de cuero- poseyendo colocados ocho cartuchos calíbre 16, ocho cartuchos calíbre 28 y uno calíbre 32, siendo las municiones compatibles con el arma mencionada por Yanina Franco.
A ello, debe agregarse la placa fotográfica aportada por la víctima, quien en un momento de descuido de Gimenez logró capturar con su teléfono una imagen del arma de fuego utilizada, la que resulta conteste con la descripta por ella en sus distintas deposiciones.
Respecto del testigo único como fuente de la imputación, ya ha dicho esta Alzada en reiteradas oportunidades: "Es sabido que en nuestro sistema adjetivo rige el sistema de libertad probatoria. Con lo cual; mientras no se afecten garantías constitucionales o disposiciones expresas del ritual; todo extremo procesal puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba. Lo que se exige es que el juzgador valore las probanzas a la luz de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia; y que exponga los fundamentos de la decisión que ha adoptado conforme a esos parámetros. Arts. 209 y 210.
En tal sentido, no existen cortapisas para vedarle aptitud probatoria al testigo único, inclusive con el fin de alcanzar la certeza propia de esta instancia. A tal efecto, se deberá determinar si la declaración presenta congruencia y coherencia lógica interna; si en los aspectos trascendentales se ha mantenido incólume durante el proceso; si existen indicios de querer perjudicar al imputado con dichos falsos; y si las manifestaciones del testigo no resultan controvertidas -en forma seria- por otros elementos de prueba que las desestimen o que arrojen una duda que haga aparecer como razonable la existencia de otra hipótesis diferente a la sostenida por la acusación fiscal" . Causa 42.759 "VERA, Ever Ramón s/ Coacción y lesiones leves agravadas - Azul".
Si bien la defensa no cuestiona la veracidad de los dichos de la víctima, lo que sella la suerte negativa del agravio, sino sólo la aptitud del testigo único para tener por acreditado los eventos, corresponde destacar que la víctima brinda un relato creíble por: resultar dotado de congruencia y coherencia lógica interna (producto de una exposición precisa y contextualizada de los eventos centrales y periféricos, contando circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos); ser persistente en sus aspectos trascendentales; ausencia de motivación de querer perjudicar al imputado con dichos falsos; y correlato con otros elementos de convicción.
2.2 Tampoco puedo acompañar la pretensión de la defensa, en lo que hace a la valoración genérica de la prueba de descargo aportada.
Coincidiendo con el magistrado de grado, he de destacar que los testimonios brindados por Leonardo Gimenez, Estela Noemi Grillo y Martin Diaz, no logran aportar datos relevantes respecto los hechos que aquí se investigan, sin perjuicio de haber relatado este último que estuvo con el imputado hasta aproximadamente la "una y pico" de la mañana tomando mate.
La divergencia horaria a la que hace referencia la defensa, entre el horario consignado en el relato del suceso y lo manifestado por el testigo Diaz, quien refirió haber permanecido junto al imputado hasta aproximadamente la una de la madrugada, no conduce, sin más, a desacreditar la hipótesis delictiva; ya que el evento denunciado habría durado varias horas, desde las 23.00 horas aproximadamente del día 06 de octubre hasta la hora 16.00 del 07 del mismo mes, lo que da la pauta de que aun cuando Gimenez pudiera haber estado con Diaz hasta la hora 01 de la madrugada, el imputado se habría hecho presente en el domicilio de la víctima inmediatamente.
Tal como lo manifiesta el magistrado actuante, la determinación temporal de un acontecimiento puede presentar cierto margen de imprecisión, sin que ello implique necesariamente que el suceso no haya ocurrido, máxime cuando existen otros elementos de convicción que permiten tener por acreditada, con el grado de probabilidad positiva propio de esta etapa procesal.
2.3 Respecto a la diferencia en el horario en que habría acaecido el hecho 2, tal como fuera relatado -entre las 12 y 12.30 horas- y lo que surge de la denuncia de la víctima -alrededor de las 20.10 horas-, entiendo que se trata de un claro error material involuntario por parte de la instrucción, que no afecta el derecho de defensa del aquí imputado.
Asimismo, corresponde destacar, que más allá de que el relato del evento en trato, en el horario, no se condice con lo narrado por la víctima, esta Alzada tiene dicho que el objeto de la acusación no sólo se determina con la fecha, sino por las conductas imputadas y el contexto en el que se desarrollaron -causa nro. 37.739 "Rojas" y otras-.
Debe tenerse en cuenta que lo que se protege es la concreta posibilidad de que el imputado pueda rebatir las circunstancias de hecho y derecho que constituyen el objeto del proceso, por lo que debe analizarse ese aspecto sustancial y no la mera formalidad de la hora precisa del suceso.
En tal sentido, no resulta suficiente invocar la falta o modificación del horario en sí mismo, sino que corresponde examinar cada caso en particular para apreciar si, en razón de la concreta imputación que se le dirige al causante, éste puede intentar una defensa eficaz.
En suma, la mengua que pueda presentar una relativa imprecisión del horario del hechos -requisito que se erige como un dato más, pero no el único, para individualizar la conducta imputada-, no acarrea, sin más, una vulneración al derecho de defensa de grado tal que pueda sostenerse que ha existido un estado de indefensión del aquí investigado.
Así, considero que en el caso mal podría alegarse tal estado cuando -además del horario establecido- el contexto y las circunstancias de los hechos endilgados se abonan con las pruebas producidas a lo largo de la investigación; las cuales van a ser puestas en conocimiento del imputado al momento de prestar declaración en los términos del art. 308 C. P.P.
3. Por último, en lo que hace al agravio relativo a la falta de peligros procesales que justifiquen el dictado de la medida en trato, corresponde mencionar que analizadas las constancias de autos, entiendo que; sin perjuicio de que los delitos por los que viene imputado Gimenez resultan prima facie excarcelables a tenor de lo dispuesto por el art. 169 inc. 2. del CPP; existen -por el momento- peligros procesales que autorizan a mantener la medida cautelar dispuesta (arts. 148, 157 inc. 4 y 171 del CPP).
En este orden de ideas estimo oportuno recordar que este Tribunal en reiterados pronunciamientos, que resultan concordantes con la doctrina judicial y de los autores, ha sostenido que el fundamento de las medidas cautelares es procurar la actuación efectiva de la ley penal y la buena marcha del proceso y que, en consecuencia, surge como un principio esencial e insustituible de las mismas que se apliquen tempestivamente cuando existen riesgos procesales (conf. arts. arts. 146 inc. 2º, 151, 157 inc. 4º, 171 y conc. del CPP), y nunca como una medida con fines preventivos del derecho penal material como son la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, los que han sido expresamente censurados a nivel convencional (Informes 12/96 y 35/07 -especialmente párrafo 85- de la Comisión Americana de Derechos Humanos).
Así, dichos riesgos procesales deben traducirse en la concreta posibilidad de interferir en la investigación o de evadirse haciendo ilusoria la acción de la justicia. Conf. arts. 148 y 171 del ritual.
Estudiados los elementos de cargo obrantes en autos (especialmente testimoniales de la víctima, su vecina, placas fotográficas, etc.), se advierten, en consonancia con lo resuelto por el magistrado de grado, la concurrencia de motivos trascendentes, que me llevan a concluir que, de recuperar la libertad, Gimenezi intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación.
En tal sentido valoro, la existencia de un conflicto de larga data, en la que el imputado, de manera continua y concurrente arremete física y psicológicamente contra su ex pareja Yanina Noemí Franco; dando cuenta la denunciante de la existencia de una situación de violencia sostenida en el tiempo, en la que se repiten hechos intimidatorios por parte del imputado. Desprendiéndose, de este modo, la influencia que puede ejercer el encartado sobre la víctima y demás testigos, en caso de recuperar la libertad, máxime valorando que Franco se encuentra atemorizada y desprotegida por los reiterados hechos de violencia sufridos, temiendo que el imputado cumpla con sus promesas, creyéndolo capaz de ello, lo que la llevó a solicitar la intervención de los organismos estatales a fin de evitar la repetición de eventos criminosos, lo que ha resultado infructuoso, habiendo el imputado desobedecido contantemente las órdenes de restricción impuestas, lo que da la pauta que el mismo no se motiva en las normas.
También deben valorarse la objetiva gravedad y características de los hechos reprochados, a saber: el haber amenazado en retiradas ocasiones a su ex pareja, perturbándola incluso con un arma de fuego y en presencia de la hija de ambos ; lo que me lleva a concluir razonadamente, la existencia de un peligro de elusión de la justicia, conf. art. 148 del CPP,
Por último, tal como lo expone el a quo , Gimenez registra una condena firme, tal como surge del informe de actuario ( E01000005527762 09/10/2026 08:53:31 Informe - Informe), del que se desprende: "... la I.P.P. Nro. 3320-22 caratulada "GIMENEZ ALFIO ALTEMAR S/ AMENAZAS - DESOBEDIENCIA - LESIONES LEVES AGRAVADAS - VIOLACION DE DOMICILIO EN CONCURSO REAL - LAS FLORES" , en la cual el juez en lo Correccional Nº 1 de Azul resolvió "Azul, 19 de Diciembre de 2025 . 1) CONDENAR AL REINIDENTE ALFIO ALTEMAR GIMENEZ, argentino, instruido, soltero, nacido en la ciudad de Las Flores el día 14 de enero de 1992, hijo de Leonardo y de Estela Noemí Grillo, domiciliado en calle Martín Fierro nro. 417 de la ciudad de Las Flores, titular del D.N.I. 36.552.562, como autor penalmente responsable de los delitos de AMENAZAS, DESOBEDIENCIA, LESIONES LEVES AGRAVADAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO EN CONCURSO REAL DE ACCIONES, hechos cometidos en la ciudad de Las Flores, el día 7 de junio del año 2022 , en perjuicio de Yanina Noemí Franco, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO; con Costas."; circunstancia que impide, en caso de recibir una sentencia condenatoria en estos actuados, que la misma sea de ejecución condicional. A ello se suma, una probable declaración de reincidencia por segunda vez. Conf. art. 148 del ritual.
En suma, existen plurales y trascedentes datos que revelan la existencia de peligros procesales que tornan necesario y razonable el dictado de la prisión preventiva, tal como lo sostuviera el a quo . Conf. arts. 148, 157 y cc. del ritual.
Asimismo, debo ponderar, como peligro de fuga, el actuar del imputado al momento de efectivizarse el allanamiento dispuesto en su casa, quien, al constatar la presencia de efectivos policiales intentó huir del lugar, escalando la medianera de su domicilio e ingresando a un domicilio lindero.
4. He de pronunciarme, finalmente, respecto al agravio de la supuesta falta de análisis por parte de la judicatura de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Del estudio de la resolución puesta en crisis, surge que el juez de la instancia, ha fundado debidamente la existencia de riesgos procesales que tornan procedente el dictado de la prisión preventiva de Giménez; los que como vimos justifican -por ahora- la necesidad y proporcionalidad de la cautelar.
Mas allá de ello, la defensa del imputado, de estimarlo procedente, invocando elementos que mitiguen los respectivos riesgos procesales, podrá solicitar en la instancia medidas alternativas al encierro preventivo de su defendido.
Bajo tales parámetros entiendo que la prisión preventiva dictada a Altemar Alfio Gimenez debe ser confirmada.
Así lo propongo a mis colegas del Acuerdo por ser mi sincera y razonada convicción (arts. 148 párrafo primero y segundo inciso 4°, 169 inc. 2°, a contrario sensu, 171, 210, 439, 497 y 498 del CPP).
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA los jueces, Dres. CINI y PAGLIERE , adhirieron al voto que antecede, por compartir sus fundamentos (arts. 210 y 440 del Código Procesal Penal).
Con lo que terminó el Acuerdo dictando la Cámara la siguiente:
POR LO EXPUESTO, disposiciones legales citadas y lo establecido en los artículos 148 párrafo primero y segundo inciso 4°, 169 inc. 2° "a contrario sensu", 210, 439, 497 y 498 del Código Procesal Penal y; se resuelve:
DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso traído y CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 22/10/2026, en cuanto resolvió convertir en prisión preventiva, la detención de Altemar Alfio Giménez, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de Desobediencia y Violación de domicilio en concurso real, conforme los arts. 55, 239 y 150 C.P. (HECHO I: IPP 5869-26:); Hurto conforme el art. 162 C.P. (Hecho II IPP 1395-25); y Coacción agravada por el uso de armas y Desobediencia en concurso real, conforme los arts. 55, 149 ter primer párrafo -en relación al 149 bis in fine- y 239 C.P. (HECHO III: IPP 5848-26), enmarcados en la ley 14509 de Violencia Familiar, ley 14407 y leyes 26485 y 24632.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE al Sr. Fiscal General y a la defensa, líbrese oficio electrónico y DEVUÉLVASE al Juzgado de origen, encomendándole a su titular el diligenciamiento de las restantes comunicaciones de conformidad con lo dispuesto por el art. 126 del CPP, y el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 15.232.
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Firmas
Funcionario firmante: ECHEVARRIA Gustavo Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: PAGLIERE Carlos Paulino - JUEZ
Funcionario firmante: CINI Damian Pedro - JUEZ
Funcionario firmante: FURIO Lorena - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1641-2026
Fin de la sentencia