Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I · Causa 38842
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa técnica y, consecuentemente, confirmar la resolución de fecha 14 de octubre del corriente, en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención de Lucas Ezequiel Iturbe, en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, y por cometerse con la participación de una menor de 18 años de edad en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad. (rigen los arts. 41, 45, 55, 166 inc. 2do., párrafo 2do., 189 nis inc. 2 tercer párrafo y 239 del Código Penal; arts. 146, 148, 157, 158, 439 y cc. del Código de Procedimiento Penal bonaerense, según ley 11.922 y modificatorias).
Se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces integrantes de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, Doctores Gerardo Lucio Frega, Marcelo Claudio Dau y Ricardo Hector Cabrera , bajo la presidencia del nombrado en primer término, a fin de dictar resolución en la causa nro. 38842 del registro de este Tribunal, caratulada: "Iturbe, Lucas Ezequiel s/ Incidente de prisión preventiva" , proveniente del Juzgado de Garantías nro. 5 Departamental (I.P.P. nro. 05-00-047372-26) , y, practicado que fuera en su oportunidad el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: doctores FREGA - CABRERA - DAU .
Seguidamente, el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la resolución atacada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez doctor Frega, dijo:
Que, tal como emerge de la resolución de fecha 14 de octubre del corriente, el señor Juez Garante, doctor Gustavo Banco, resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Lucas Ezequiel Iturbe, por considerarlo coautor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, y por cometerse con la participación de una menor de 18 años de edad en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.
Contra dicho decisorio, la defensa técnica del nombrado, doctor Alustiza, interpuso formal recurso de apelación, agraviándose en primer término, por considerar que no se encuentran debidamente acreditados los presupuestos exigidos por el art. 157 del C.P.P. para el dictado de la prisión preventiva, particularmente en lo que respecta a la probable participación de Lucas Ezequiel Iturbe en el hecho investigado.
En ese sentido, sostiene que el Magistrado atribuyó a los cuatro imputados la calidad de coautores sin efectuar una adecuada individualización de las conductas desplegadas por cada uno de ellos, limitándose a invocar una supuesta división de roles y funciones, sin precisar cuál habría sido el aporte concreto de su asistido en la ejecución del desapoderamiento.
Al respecto, señala que Iturbe fue identificado por el personal policial con posterioridad a la persecución y colisión del vehículo sustraído, encontrándose en el asiento trasero junto con otro masculino y una femenina menor de edad, circunstancia que, a criterio de la defensa, no permite establecer por sí sola su intervención en el robo.
En esa línea, destaca que la propia víctima manifestó que quienes abordaron inicialmente el vehículo fueron tres personas -una mujer y dos hombres-, sin que exista una explicación concreta acerca de cómo, cuándo y en qué circunstancias se habrían incorporado los restantes ocupantes. Por ello, considera que la conclusión del Magistrado relativa a que otros dos sujetos se habrían sumado posteriormente al rodado constituye una inferencia carente de respaldo probatorio suficiente.
Asimismo, pone de resalto que la defensa cuenta con tres testigos que podrían aportar información relevante respecto de la ubicación de Iturbe al momento de los acontecimientos y las circunstancias en las que habría ingresado al vehículo con posterioridad a la sustracción. En consecuencia, solicita que tales elementos de descargo sean incorporados y debidamente valorados, por resultar conducentes para esclarecer la secuencia temporal de los hechos y determinar su eventual intervención.
Agrega que la resolución efectúa una mención genérica de los elementos probatorios reunidos, tales como las declaraciones del personal policial, las placas fotográficas y las restantes constancias de la investigación, sin explicar de qué manera permiten sostener la hipótesis acusatoria respecto de su defendido.
En definitiva, entiende que la sola presencia de Iturbe en el interior del automóvil, aproximadamente treinta minutos después del hecho, no resulta suficiente para tener por acreditado un acuerdo previo ni un aporte esencial que permita atribuirle responsabilidad en calidad de coautor, conforme las exigencias del art. 45 del Código Penal. Por ello, considera que la decisión impugnada resulta arbitraria y carece de fundamentación suficiente.
En segundo lugar, la defensa cuestiona la calificación legal asignada a los hechos, por entender que las circunstancias acreditadas no permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido, la totalidad de las agravantes y figuras penales atribuidas a su asistido.
En relación con la agravante prevista en el art. 166 inc. 2°, segundo párrafo, del Código Penal, señala que de las dos armas secuestradas solamente el revólver calibre .32 largo se encontraba en condiciones de funcionamiento, mientras que la víctima no brindó descripción alguna del arma que habría sido utilizada durante el desapoderamiento. En consecuencia, sostiene que no existe certeza respecto de cuál de las armas habría sido empleada en el hecho, circunstancia que podría conducir a una modificación de la calificación legal en favor del imputado.
A ello añade que tampoco se encuentra acreditado que Iturbe tuviera conocimiento de la existencia del arma dentro del vehículo en el que fue detenido, destacando incluso las inconsistencias existentes en la propia resolución respecto del lugar preciso en el que habría sido hallado el armamento secuestrado.
Por otra parte, cuestiona la aplicación de la agravante contemplada en el art. 41 quater del Código Penal, al considerar que no se encuentran acreditados los extremos necesarios para su procedencia. En particular, sostiene que no se demostró que su asistido conociera la minoridad de la coimputada Melany Abigail Sogari, ni que se hubiera valido de dicha circunstancia para facilitar la comisión del ilícito o procurar disminuir su responsabilidad.
En apoyo de su postura, refiere que la agravante no puede aplicarse por la mera intervención objetiva de una persona menor de edad en el hecho, sino que requiere acreditar que el mayor se valió de ella en los términos contemplados por la norma.
Asimismo, destaca que Sogari nació el 30 de diciembre de 2008, por lo que se encontraba próxima a alcanzar la mayoría de edad al momento de los acontecimientos.
Finalmente, controvierte la imputación del delito de resistencia a la autoridad previsto en el art. 239 del Código Penal, al sostener que Iturbe se encontraba en el asiento trasero del vehículo, sin ejercer su conducción ni tener el control del automotor al momento de la huida. Agregó que tampoco se acreditó que hubiera intentado resistirse a la intervención policial, toda vez que, luego de la colisión, se encontraba dentro de un vehículo con las puertas trabadas y su único comportamiento habría consistido en intentar descender del rodado.
En ese sentido, señala que los actos de resistencia descriptos en la resolución fueron atribuidos al conductor del automóvil y al ocupante del asiento delantero del acompañante, quien habría esgrimido un arma de fuego contra el personal policial, sin que se haya individualizado conducta alguna de esa naturaleza respecto de su defendido.
Por tales motivos, solicita que las dudas existentes en torno a la materialidad y participación atribuida sean resueltas conforme el principio in dubio pro reo y que se adecue la calificación legal a las circunstancias efectivamente acreditadas.
En última instancia, la defensa se agravia de la valoración efectuada respecto de los peligros procesales, al considerar que la resolución afirma la necesidad de mantener privado de su libertad a Iturbe exclusivamente en la gravedad del hecho y en la pena en expectativa, sin identificar circunstancias concretas que permitan afirmar la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En tal sentido, recuerda que los arts. 144 y 146 del C.P.P. establecen como regla la libertad durante la sustanciación del proceso, y que la imposición de medidas de coerción requiere verificar la existencia de un peligro cierto de frustración de los fines del procedimiento, además de observar la debida proporcionalidad entre la medida adoptada y el objeto de tutela.
Sostiene que la gravedad de los delitos atribuidos y la eventual imposición de una pena de efectivo cumplimiento no pueden operar como fundamentos autónomos para justificar el encarcelamiento preventivo, pues ello importaría convertir la prisión preventiva en una pena anticipada, en contradicción con el principio de inocencia y el carácter excepcional de dicha medida.
Asimismo, cuestiona que el magistrado haya mencionado de manera genérica la posibilidad de que los imputados intenten eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, sin señalar cuáles serían las circunstancias particulares que permitirían sostener semejante conclusión.
Al respecto, destaca que los principales elementos probatorios de la causa -acta de procedimiento, declaraciones testimoniales, secuestro de armas e informe balístico- ya se encuentran producidos y asegurados, sin que se haya individualizado ninguna diligencia pendiente que pudiera verse afectada por la libertad de su defendido.
También pone de resalto las condiciones personales de Iturbe, quien tiene diecinueve años de edad y carece de antecedentes penales, circunstancias que, a criterio de la defensa, debieron ser ponderadas al momento de evaluar la existencia de riesgos procesales.
En esa dirección, sostiene que la resolución recurrida efectúa una interpretación arbitraria de la normativa procesal, al presumir la existencia de peligros procesales a partir de la escala penal aplicable, sin efectuar un análisis individualizado de las circunstancias personales del imputado ni de los elementos concretos de la causa.
Por último, considera que, aun en el supuesto de estimarse existente algún riesgo procesal, el mismo podría ser neutralizado mediante la aplicación de medidas de coerción menos gravosas, resultando desproporcionado recurrir a la privación de libertad como primera y única alternativa.
En virtud de todo lo expuesto, solicita que se revoque la resolución impugnada y se disponga la inmediata libertad de Lucas Ezequiel Iturbe, por considerar que no se encuentran debidamente satisfechos los requisitos legales exigidos para el dictado de la prisión preventiva.
Expuestos los motivos de agravio, y al momento de iniciar el tratamiento de la cuestión planteada, he de resaltar que en el auto criticado se tuvo legal y debidamente acreditado que ".. Sogari Melany Abigail de 17 años, Iturbe Lucas Ezequiel de 19 años, Gonzalez Facundo Alejandro de 19 años, Manjon Facundo Ezequiel de 30 años y a Diaz Nicolás Ezequiel de 20 años que el día 8 de septiembre de 2026, siendo aproximadamente las 22.00 hs., momentos en que la Sra. MARCELA GISELA NIEVA circulaba a bordo de un rodado marca Peugeot modelo 208 dominio Al-264-NQ, cuando desarrollaba su trabajo como conductora de una aplicación de transporte (Uber), tres de los mencionados se suben como pasajeros al auto referido en inmediaciones de las calle Santa Rosa y Obligado de la localidad de San Carlos, cuando minutos después de haber iniciado el viaje los sujetos activos, en clara división de roles y funciones actuando de consuno, la intimidaron apuntándola con armas de fuego -mas abajo descriptas y secuestradas amenazándola de muerte diciéndole "quedate quieta porque te pego un tiro", luego logra bajarse del vehículo para proteger su integridad física, siendo que indudablemente otros dos sujetos activos se han subido al rodado en ese momento, en una clara divisón de roles y tareas, dándose a la fuga todos los agresores, apoderándose ilegítimamente del botín mencionado.
Minutos después personal Policial de la Comisaría de San Carlos logra dar con el vehículo referido, iniciándose una persecución hasta que el vehículo Peugeot 208 colisiona contra otro vehículo marca Chevrolet modelo Agile descendiendo del mismo dos de los ocupantes que estaban en la parte de adelante, siendo que el acompañante del conductor intenta impedir el legítimo ejercicio de las funciones del persona policial para lograr su impunidad, apuntando con un arma al personal policial, quien repele dicha agresión ilegítima disparando y lesionando a esta persona en una de sus piernas. Los efectivos policiales posteriormente certifican y corroboran con testigos de actuación, que en el interior del vehículo en la parte trasera se hallaba un Revolver Calibre 32 largo marca Tiver Extra de color negro serie Nro.
N04818B con tres cartuchos y en las cercanías del vehículo encuentran el elemento usado por los agresores siendo el mismo un revolver calibre 22 largo marca Gecado Nro. de serie 14.994 con cuatro cartuchos en su interior los que portaban todos los ocupantes del rodado, en condiciones inmediatas de uso sin la debida autorización legal para ello. ".
Dicha materialidad ilícita encuentra sustento en el acta de procedimiento labrada en fecha 8 de septiembre del corriente por los numerarios de la Comisaría de San Carlos.
De allí, emerge, en lo medular, que el día referido, siendo aproximadamente las 22:30 horas, los funcionarios policiales intervinientes tomaron conocimiento vía radial de la sustracción de un vehículo marca peugeot dominio AI-264-NQ, pudiendo localizarlo en la intersección de las calles Carlos Casares y ruta 3, el cual al ser requerido por los agentes del orden aceleró la marcha y se diò a la fuga por varias cuadras siendo finalmente interceptados, toda vez que colisionaron con un tercer vehìculo, ocasión en la que fue reducido el conductor. Asimismo el sujeto masculino que iba en el asiento del acompañante descendió del auto y esgrimió un arma de fuego contra el personal policial por lo que fue herido a manos de los funcionarios y finalmente se identificaron a los tres sujetos que iban en el asiento trasero quienes intentaron descender del rodado pero no pudieron lograrlo a raìz del choque. Asimismo del instrumento surge el secuestro de dos armas de fuego, una que portaba Manjon y la otra en el interior del vehìculo.
Dicho acta fue ratificada por los numerarios intervinientes y el testigo de actuación quienes relataron lo sucedido desde sus diferentes perspectivas e intervención en el marco del operativo relatado.
Asimismo, tal instrumento -respecto a lo que hace a los motivos de agravio y a la participación signada a Iturbe-, deviene coherente con los dichos de Marcela Gisela Nieva, quien mediante su declaración testimonial, expresó que trabaja como chofer de la aplicación Uber y el día del hecho recibió un pedido de viaje, al llegar al lugar subieron a la parte trasera del rodado una femenina y dos masculinos siendo que en el transcurso del recorrido, precisamente en la interseccion de las calles Santa Rosa y Obligado, la apuntaron con un arma y uno de los agresores la obligó a descender del vehículo para darse a la fuga con el rodado de su propiedad. Asimismo, brindó la descripción de las características físicas de los sujetos.
De lo dicho, y del análisis del cuadro de cargo colectado por la instrucción es posible determinar que -en principio-, Iturbe habría sido uno de los sujetos masculinos que habría subido en primer término al rodado que le fuera sustraído a la señora Nieva.
En dicho contexto, no puedo más que desechar los agravios defensistas, pues aún considerando el cuestionamiento dirigido al momento en que se habrían subido al vehículo sustraído los dos sujetos restantes, la instrucción ubica al justiciable como uno de los sujetos que abordó el sujeto primigeniamente.
Nótese, que su participación encuadra en lo que la doctrina ha llamado teoría de la coautoría funcional -la cual es de plena aplicación al presente caso-, pues ella implica un plan previo con división de funciones en el cual el papel que cada individuo lleve adelante debe ser esencial para la comisión de lo injusto, por lo que no encuentro atendible el primer tramo de los agravios.
Asimismo tampoco acogeré el agravio dirigido a cuestionar la agravante por el empleo de un arma de fuego dado que más allá de cual fuere el admíniculo efectivamente utilizado al momento del injusto contra la propiedad, Iturbe tenía a su disposición, en inmediatas condiciones de uso, un arma de fuego de uso civil en circunstancias temporo-espaciales que no me permiten descartar que haya sido utilizada en el injusto contra la propiedad conforme lo sostiene la hipótesis fiscal.
En relación a la aplicación de la circunstancia agravante por la intervención de un menor de edad, tal como lo hemos efectuado en antecedentes previos, no puedo pasar por alto la jurisprudencia emanada por la Suprema Corte de Justicia provincial al respecto en el precedente nro. P. 111.446 y su acumulada P. 111.944, resuelto en fecha 9 de abril del año 2014.
En dicho pronunciamiento el Ministro Soria indicó, luego de referenciar brevemente los diferentes proyectos parlamentarios que estipulaban la circunstancia agravante, que "(d)e todas esas fórmulas prevaleció la que expresaba como común denominador la agravación del hecho cuando "sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad", quedando relegadas las que especificaban el "valerse" o "servirse" de un menor, inimputable o no, con el fin de descargar la responsabilidad criminalidad en él, o las de inducción o instigación (el que determinare a un menor de 18 años directamente a cometer un delito determinado)" ; de modo que "... primó como fórmula abarcativa de todas las expresiones en danza la del hecho cometido "con la intervención de menores", por sobre la de "utilización de menores", "servirse o valerse de menores", que por definición comprenden el "aprovechamiento". Con quedar también esas conductas comprendidas en la agravante no parecen ser las únicas que le dan sentido" .
Luego de realizar ese análisis, concluyó en su voto, al que adhirió la mayoría, que "(l)a norma agrava la pena respecto de los mayores que hubieran participado en alguno de los delitos contemplados en el digesto penal, cuando en él haya existido la "intervención" de un menor de dieciocho años de edad. Esa "intervención" del menor a que alude el precepto es aquella con significado jurídico, penalmente relevante, lo cual se da cuando éste interviene en el hecho en el cual participa el mayor a través de algunas de las formas de autoría o participación previstas en el sistema penal (arts. 45 y 46 del C.P.)" .
Así, nótese que la minoridad de uno de los sujetos intervinientes se encuentra debidamente corroborada al igual que su participación en el ilícito ventilado en los autos principales, la cual, como fuera indicado en los párrafos que precede, no fue cuestionada por la recurrente. De ese modo, comprendo que la vía articulada no puede prosperar, pues la circunstancia agravante prevista y reprimida en el art. 41 quáter del códex fondal se encuentra correctamente configurada en relación al delito contra la propiedad que se viene achacando a los encartados.
En relación al planteo dirigido a cuestionar la configuración del delito de resistencia a la autoridad, no encontrándose en juego la libertad del encartado, conforme el principio recogido y plasmado por el legislador en el art. 23 inc. 5to. del C.P.P., esta Alzada no entenderá en el planteo referente al encuadre jurídico que el ilícito en cuestión merece.
En este contexto, resulta pertinente recordar que esta Sala se ha expedido en situaciones análogas -ver ca. nro. 20.633, entre otras- afirmando que en materia recursiva el ordenamiento procesal resulta ser sumamente restrictivo, procediendo las impugnaciones solamente por los medios y en los casos expresamente establecidos en el propio ritual (art. 421 del C.P.P.).
Asimismo, atento a las consideraciones vertidas a lo largo de este voto y considerando las características del hecho, el monto de la pena en expectativa previsto para los delitos endilgados y la consecuente imposibilidad de aplicar una pena de ejecución condicional frente a un eventual pronunciamiento condenatorio, encuentro a todas luces reunidos los requisitos exigidos por los artículos 146 y 157 del digesto adjetivo para la procedencia de la prisión preventiva, resultando proporcional ella y el objeto de tutela.
Recapitulando, entiendo que el auto apelado debe ser confirmado en base a los delitos imputados.
Por lo expuesto, es que encuentro ajustada a derecho la resolución recurrida y doy respuesta afirmativa a esta primera cuestión
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA CUESTION, la señora Juez doctora Cabrera, dijo:
Que por los fundamentos expuestos en el voto que precede, a los que adhiero, voto en el mismo sentido.
A LA MISMA CUESTION, el señor Juez doctor Dau, dijo:
Que por los fundamentos expuestos por el doctor Frega, a los que adhiero, voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el señor Juez doctor Frega, dijo:
Que, atento como ha quedado la cuestión que antecede, corresponde: No hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa técnica y, consecuentemente, Confirmar la resolución de fecha 14 de octubre del corriente, en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención de Lucas Ezequiel Iturbe, en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, y por cometerse con la participación de una menor de 18 años de edad en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad. (rigen los arts. 41, 45, 55, 166 inc. 2do., párrafo 2do., 189 nis inc. 2 tercer párrafo y 239 del Código Penal; arts. 146, 148, 157, 158, 439 y cc. del Código de Procedimiento Penal bonaerense, según ley 11.922 y modificatorias).
A LA MISMA CUESTION, la señora Juez doctor Cabrera, dijo:
Que, compartiendo el pronunciamiento propuesto por mi colega preopinante, voto a esta cuestión en igual sentido.
A LA MISMA CUESTION, el señor Juez doctor Dau, dijo:
Que por los fundamentos expuestos por el doctor Frega, a los que adhiero, voto en el mismo sentido.-
Con lo que se dio por concluido el presente Acuerdo, dictándose la siguiente:
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la defensa técnica y, consecuentemente, CONFIRMAR la resolución de fecha 14 de octubre del corriente, en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención de Lucas Ezequiel Iturbe, en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, y por cometerse con la participación de una menor de 18 años de edad en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad. (rigen los arts. 41, 45, 55, 166 inc. 2do., párrafo 2do., 189 nis inc. 2 tercer párrafo y 239 del Código Penal; arts. 146, 148, 157, 158, 439 y cc. del Código de Procedimiento Penal bonaerense, según ley 11.922 y modificatorias).
Regístrese y devuélvase al Juzgado de origen, delegando en dicha instancia las notificaciones de rigor ; sirva el presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: FREGA Gerardo Lucio - JUEZ
Funcionario firmante: DAU Marcelo Claudio - JUEZ
Funcionario firmante: CABRERA Ricardo Hector - JUEZ
Funcionario firmante: LEVITA Mario Patricio - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1546-2026
Fin de la sentencia