Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 51996-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por improcedente el recurso de apelación intentado y confirmar la resolución en la que se dispuso convertir en prisión preventiva la detención de Alejandra Zaldúa, por considerarlo prima-facie coautora penalmente responsable del delito de comercialización ilegitima de estupefacientes, en los términos del art. 5 inciso c) de la ley 23.737, por ajustarse a derecho, conforme los fundamentos dados.
En la ciudad de Azul, se reúnen en Acuerdo ordinario los Jueces que integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, DAMIÁN PEDRO CINI, GUSTAVO AGUSTÍN ECHEVARRÍA y CARLOS PAULINO PAGLIERE, a fin de resolver la causa Nº51.996 caratulada "ZALDUA, ALEJANDRA EDITH S/ INCIDENTE DE PRISIÓN PREVENTIVA" (IPP N°01-00-000315-26/00).
Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debe observarse el siguiente orden: PAGLIERE - CINI - ECHEVARRÍA
Vistas las actuaciones de mención de las mismas surgen los siguientes:
1. El Juez a cargo del Juzgado de Garantías N°3 de la localidad de Azul, Juan José Suárez, resolvió " CONVERTIR en PRISIÓN PREVENTIVA la detención de los imputados ALEJANDRA EDITH ZALDUA, DNI 17.567.558, nacida el día 27 de noviembre de 1965, en la ciudad Rawson, provincia de San Juan, instruida, argentina, soltera, domiciliada en la calle Independencia y Libertad de Las Flores, hija de María del Carmen Carlo (f) y Néstor Julio Zaldúa (f) y LEONARDO JESÚS WILDEMAR, DNI 45.248.907, nacido en 29/12/2003 en la Localidad de Vella Vista de la Provincia de Corrientes, instruido, argentino, domiciliado en calle Independencia y Libertad de esa Localidad de Las Flores, hijo de Susana Escobar (v) y Pedro Dionicio Wildemar (f), por considerarlos "prima-facie" coautores penalmente responsable del delito de Comercialización Ilegitima de Estupefacientes (art. 5 inc. "e" de la ley 23.737 en relación al art. 2.1 de la ley 26.052 y ley provincial de adhesión 13.392) ".
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación en favor de la procesada Alejandra Zaldúa, el secretario de la UFD N°1 de Azul, Juan Traina.
3. El recurso fue correctamente concedido por el órgano de origen.
En base a lo anteriormente expuesto y en razón de hallarse la causa en estado de resolver, la Cámara decidió plantear y votar la siguiente:
¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto?
A LA ÚNICA CUESTION planteada el Juez PAGLIERE , dijo:
1. En su presentación recursiva, la defensa introduce los motivos de agravio que le irroga del decisorio que cuestiona.
Asevera que la prisión preventiva no se ajusta a derecho, por cuando carece de adecuada fundamentación, lo que -a su criterio- torna arbitrario lo resuelto.
A su entender, el riesgo de elusión del proceso no se encuentra acreditado, sobre todo cuanto el comportamiento de su asistida, demuestra lo contrario.
En ese sentido, alega que en el mes de mayo de corriente año se realizó un allanamiento en el domicilio de su asistida, no encontrándose sustancias ilícitas, pero sí se secuestraron los teléfonos celulares, los cuales fueron peritados. Continuó la investigación y el 10 de septiembre del año en curso se realiza un nuevo allanamiento, no encontrando ningún tipo de sustancias y de elementos asociación a ese delito y se procede a detener a Zaldúa. Según su criterio, ello descarta la presunción de elusión de la justica, ya que Zaldúa, sabiendo que estaba siendo investigada, nunca cambio de domicilio, ni su rutina de vida.
Remarca que la prisión preventiva se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Expone que al ser la medida más severa que se le puede imponer a un imputado, debe ser aplicada excepcionalmente y que la regla es la libertad durante el proceso.
En ese tenor, realiza algunas disquisiciones doctrinales y jurisprudenciales, en torno a una adecuada interpretación constitucional para disponer una medida de coerción, con cita en jurisprudencia y doctrina; recalca que el principio de inocencia que asiste a todo ciudadano durante la sustanciación del proceso, impide la afectación de cualquiera de sus derechos, en especial el de su libertad ambulatoria.
Reitera que privar de la libertad a una persona, aplicando el castigo previo más gravoso, por el solo hecho de creer que su representado no se someterá al proceso, cuando no existen elementos para presumir ello, es ilógico e irracional.
Arguye que el magistrado fundamenta la imposición de la cautelar más grave únicamente en las normas penales y procesales que rigen el proceso penal local, sin tener en cuenta las recomendaciones del Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que resulta una franca violación de los principios rectores establecidos en la normativa internacional.
Asimismo, dice que el a quo no fundamentó debidamente los motivos por los cuales no puede adoptarse razonablemente otra medida menos lesiva, sobre todo cuando no existe ningún indicio que acredite la imposibilidad de conceder un beneficio excarcelatorio.
Por ello pide se revoque el auto apelado y se disponga la inmediata libertad de su ahijada procesal.
2. Analizado el recurso traído por la Defensa; junto con la resolución atacada y las constancias glosadas en el expediente de marras; adelanto que la apelación deducida no puede tener acogida favorable.
A manera de introito, he de destacar que, conforme lo establece el art. 434 del CPP, esta Alzada únicamente tiene competencia para conocer en los puntos de la resolución que han sido motivo de agravio.
Así, se desprende del escrito de impugnación que el recurrente se limita a expresar agravios respecto de la concurrencia de los riesgos procesales para el dictado de la medida de coerción personal recaída sobre Alejandra Zaldúa; por lo que llegan firmes a esta instancia lo que respecta a lo estipulado en los incisos 1 y 3 del artículo de 157 del código de rito.
2.1. Dicho ello, e ingresando a tratar las cuestiones traídas, estimo pertinente recordar lo dicho por el órgano que integro, en numerosos precedentes, en cuanto al fin instrumental de las medidas de coerción:
"3.2. Este Tribunal, en reiterados pronunciamientos que resultan concordantes con la doctrina judicial y de los autores, ha sostenido que el fundamento de las medidas cautelares es procurar la actuación efectiva de la ley penal y la buena marcha del proceso y que, en consecuencia, surge como un principio esencial e insustituible de las mismas que se apliquen tempestivamente cuando existen riesgos procesales (conf. arts. arts. 146 inc. 2º, 151, 157 inc. 4º, 171 y conc. del CPP), y nunca como una medida con fines preventivos del derecho penal material como son la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, los que han sido expresamente censurados a nivel convencional (Informes 12/96 y 35/07 -especialmente párrafo 85- de la Comisión Americana de Derechos Humanos).
Así, dichos riesgos procesales deben traducirse en la concreta posibilidad de interferir en la investigación o de evadirse haciendo ilusoria la acción de la justicia. Es bajo estos parámetros que, ineludiblemente, debe analizarse el texto legal y, así, determinar la procedencia o no de una restricción de la libertad " (conf. causas N° 33334 y N° 36984, entre muchas otras).
A la luz de lo expuesto, encuentro que el a qu o ha analizado y fundamentado, en debida forma, la concurrencia de indicios vehementes de que el causante en libertad se sustraerá al accionar de la justicia y/o podría entorpecer el accionar de la justicia.
Más precisamente, el sentenciante ha merituado y explicado correctamente -de acuerdo a los parámetros de legalidad y razonabilidad que imperan en la materia en análisis- que el caso en examen no encuadra en ninguna de las hipótesis excarcelatorias prevista por el art. 169 del ritual.
En el caso se observa que de acuerdo a la escala penal prevista para el delito intimado a Alejandra Zaldúa -comercialización ilegítima de estupefacientes- surge una pena en expectativa que se erige como un peligro procesal de elusión del proceso, dado que el sub examine no resulta comprendido en ninguno de los supuestos excarcelatorios contemplados en el art. 169 del ritual.
No encuadra en el art. 169 inciso primero, por cuanto el máximo de la escala penal intimada, supera los ocho años de prisión y por el mínimo (cuatro años) imposibilita que la eventual pena a imponer sea de ejecución condicional (art. 169 inciso 3 contrario sensu , en relación al art. 26 del CP).
A lo antes referido he de adunar la objetiva gravedad del hecho que se le endilga a la imputada (v.gr. bien jurídico tutelado, salud pública, cantidad de transacciones realizadas) lo que deriva en un plus del injusto que coadyuva a sostener la existencia del riesgo mentado -art. 148 del ritual-.
Todo lo dicho también repercute en la proporcionalidad de la medida de coerción impuesta, teniendo en cuenta el tiempo que lleva detenida la investigada (desde el 10/09/2026).
Sin perjuicio de lo expuesto y dadas las argumentaciones traídas por el recurrente en torno a la falta de peligros procesales evidenciados en la conducta de la investigada quien conocía la causa seguida en su contra y las posibles consecuencias que la misma podía acarrearle, cabe decir que se trata de diferentes situaciones pues en la etapa señalada la posibilidad de imposición de una pena se presentaba para el causante como algo lejano y eventual. Actualmente es dable presumir que diferente ha de ser su actitud cuando por avance de la investigación y de la prueba de cargo, se lo detiene, se la imputa ya concretamente un delito, se le hacen saber las pruebas en su contra, y ello le permite avizorar que frente a su persona se cierne ahora, con mayores probabilidades que antes, la amenaza de una pena de prisión de magnitud. Allí radica entonces el peligro procesal de elusión del proceso tal como lo tiene resuelto esta Cámara en numerosos precedentes (causa 26.189 Cepeda, Raúl Ernesto - S/Homicidio calificado por el vínculo y otros).
Para finalizar, debo decir que no fueron alegados -ni se aprecian- circunstancias extraordinarias ni relevantes, con claros signos de excepcionalidad y cualitativamente superiores a las comunes, generales y ordinarias, que permitan neutralizar los peligros procesales antes analizados (conf. causa nº 26.411 "Labrin Ariel").
En suma, la serie de elementos de valoración que ha expuesto el a quo , como fundamentos del dictado de la medida de coerción bajo examen, se erigen en datos objetivos de los cuales es dable presumir que en caso de hacerse lugar a la pretensión defensista, Alejandra Zaldua, tratará de eludir la acción de la justicia y/o entorpecer la averiguación de la verdad -art. 148 y 171 del CPP.-.
3. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto propongo a mis colegas del Acuerdo rechazar por improcedente el recurso de apelación intentado y confirmar la resolución que dispuso convertir en prisión preventiva la detención de Alejandra Zaldúa, por considerarlo prima-facie coautora penalmente responsable del delito de comercialización ilegitima de estupefacientes, en los términos del art. 5 inciso c) de la ley 23.737, por los fundamentos dados.
Así lo voto por ser mi sincera y razonada convicción (art. 210 del CPP).
A LA MISMA CUESTIÓN planteada, los Jueces CINI y ECHEVARRÍA , adhieren -de manera individual- al voto que antecede, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acto, dictando la Cámara la siguiente:
POR LO EXPUESTO , y en atención a las disposiciones legales citadas, SE RESUELVE:
RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación intentado y CONFIRMAR la resolución en la que se dispuso convertir en prisión preventiva la detención de Alejandra Zaldúa, por considerarlo prima-facie coautora penalmente responsable del delito de comercialización ilegitima de estupefacientes, en los términos del art. 5 inciso c) de la ley 23.737, por ajustarse a derecho, conforme los fundamentos dados.
Regístrese, Notifíquese al Fiscal General y Defensa Oficial , Líbrese oficio electrónico al Juzgado de Garantías N°3 de Azul y devuélvase al Órgano de origen, encomendándole a su titular el diligenciamiento de las restantes comunicaciones en los términos del art. 126 del CPP.
cpp
Firmas
Funcionario firmante: CINI Damian Pedro - JUEZ
Funcionario firmante: ECHEVARRIA Gustavo Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: PAGLIERE Carlos Paulino - JUEZ
Funcionario firmante: FURIO Lorena - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1644-2026
Fin de la sentencia