Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123545
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.545, "Sfeir, Lilia Cristina contra Sauma, Marta y otro. Incidente reajuste equitativo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari , Kogan , Genoud , Torres .
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la resolución dictada a fs. 252/254 vta. que había establecido el monto de reajuste equitativo en la suma de $1.592.496,52 (v. fs. 270/274).
Se interpuso, por la letrada apoderada de la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 642/646).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La sentencia dictada en los autos principales "Sfeir, Lilia Cristina contra Sauma, Marta y otro. Juicio ejecutivo" determinó la conversión a pesos de las sumas reclamadas en dólares estadounidenses, provenientes de tres contratos de mutuos pactados originalmente en la mencionada divisa (USD 5.000; USD 58.000 y USD 87.000), conforme el plexo normativo de emergencia económica (v. fs. 6/8 vta. y 10/15 vta.).
En atención a la reserva oportunamente efectuada en los autos principales, Lilia Cristina Sfeir inició la presente incidencia solicitando el reajuste equitativo del monto pesificado, de acuerdo con lo previsto en el art. 8 del decreto 214/02 (v. fs. 17/23 vta.).
II. El magistrado de origen hizo lugar a lo peticionado. Para así decidir, juzgó que ambas partes debían soportar el impacto de la imprevisible situación económica sufrida en el país. En consecuencia, estableció que debía tenerse en cuenta, por un lado, la liquidación que hubiera resultado de haberse mantenido la condena en dólares estadounidenses y, por el otro, la que resultare de aplicar las pautas fijadas en el pronunciamiento recaído en los autos principales. La diferencia entre ambas determinaría el monto del reajuste que debía ser soportado por mitades (v. fs. 44 y vta.).
Apelado dicho pronunciamiento, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro modificó la decisión en lo que respecta a los intereses que debían adicionarse a la liquidación ordenada en dólares estadounidenses, estableciendo la aplicación de una alícuota del 6% anual (v. fs. 81/82 vta.).
Una vez firme esta decisión y tras la presentación de diversas liquidaciones e impugnaciones por las partes (v. fs. 90/91; 95/96 vta.; 98/99; 125/126); el juez de primera instancia -en lo que aquí interesa destacar- resolvió, con relación a la cuenta presentada por la actora a fs. 134/145 vta., "hacer lugar parcialmente a las impugnaciones formuladas por los ejecutados y mandar a la actora a practicar nueva liquidación en pesos, actualizando la última liquidación aprobada en los autos principales y en dólares, fijando la misma fecha de corte de los intereses para ambas liquidaciones, tomando para la conversión de la moneda dólar estadounidenses a pesos la cotización oficial" (fs. 158 vta.).
Finalmente, con fecha 16 de abril de 2018, la incidentista presentó una nueva cuenta, arrojando la diferencia entre ambas liquidaciones la suma de $3.544.641, siendo el 50% de esta cifra de $1.772.320,50, a cargo de la demandada (v. fs. 235/236).
III. Corrido el pertinente traslado y ante nuevas objeciones de la contraria, el magistrado de origen estableció las siguientes pautas interpretativas a los fines de realizar el reajuste equitativo solicitado: 1) para la liquidación en pesos, determinó que debían tomarse en cuenta las sumas que arrojaban las cuentas practicadas y aprobadas en el juicio ejecutivo, a saber, $860.221,07 (v. fs. 252/254); 2)respecto de la liquidación efectuada en dólares estadounidenses, dispuso que la conversión a pesos debía efectuarse al día en que adquirieran firmeza los autos que aprobaron las ultimas liquidaciones presentadas por la actora en el expediente principal, esto es: en relación a los mutuos 1 y 2, el día 3 de julio de 2017 y en cuanto al mutuo 3, el día 4 de septiembre de 2017 (v. fs. 254).
A continuación, luego de determinar la deuda en pesos de cada uno de los mutuos de acuerdo con los parámetros señalados, concluyó que de la suma de tales conceptos se obtenía la cifra de $4.045.214,12, la que debía comparase con el monto que arrojan las liquidaciones provenientes del juicio ejecutivo, es decir, $860.221,07, de donde surgía la diferencia de $3.184.993,05, que debía ser soportada en mitades por ambas partes (v. fs. 255 vta.).
Por lo expuesto, estableció el monto de reajuste equitativo en la suma de $1.592.496,52 (v. fs. cit.).
IV. Apelada dicha resolución por la actora, la Cámara Departamental confirmó la decisión (v. fs. 272/274).
Para así fallar, recordó que la actora, al fundar su recurso de apelación, se agravió de la fecha establecida para tomar la cotización del dólar estadounidense, solicitando se tomase el tipo de cambio actual o, al menos, el de la fecha en que se realizó la liquidación (14 de agosto de 2018; v. fs. 273).
Abocado a resolver la cuestión, el Tribunal de Alzada destacó que entendía acertada la cotización del dólar estadounidense tomada por el magistrado de origen, dado que -en consonancia con las decisiones dictadas en autos (v. fs. 44 y 158/159)- para realizar el cotejo entre la liquidación que hubiera correspondido en caso de mantenerse la deuda en dólares y la que determinó el total del monto pesificado, era indispensable que ambas comprendieran los mismos periodos, ya sea en cuanto al cálculo de intereses o, como sucede en este caso, respecto de la fecha de cotización del dólar estadounidense (v. fs. cit.).
V. Frente a este modo de decidir se alza la letrada apoderada de Lilia Cristina Sfeir mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 31, 56 y 171 de su par provincial y de la doctrina legal que cita. Alega el vicio de absurdo y hace reserva del caso federal (v. presentación electrónica de fecha 25 de junio de 2019).
En prieta síntesis, aduce que el pronunciamiento vulnera los lineamientos esbozados por esta Corte en la causa C. 95.349, "Eik, Umberto Elías c/Álvarez, José y otro. Consignación de pago, eventual reajuste prudencial de precio y cancelación de hipoteca" (sent. de 12-VI-2013), en tanto allí se expresó que debía tomarse la cotización actual al momento de practicarse la liquidación en dólares estadounidenses (v. pág. 8).
En tal sentido, afirma que la sentencia toma arbitrariamente la cotización de la divisa extranjera a la fecha en que quedaron firmes las liquidaciones en pesos en los autos principales -retrotrayéndola al año 2017- en lugar de tomar la cotización actual, en desmedro del derecho de propiedad de la actora (v. págs. 8/9).
Por fin, sostiene que el fallo carece de fundamentación legal, en tanto contraría lo resuelto a fs. 44, a la par que vulnera el principio de reformatio in pejus (v. págs. 9/14).
VI. El recurso no prospera porque la recurrente no ha podido demostrar que la solución a la que se arribara en la primera instancia, convalidada en lo sustancial por la Cámara actuante, resulte ser absurda, inequitativa o violatoria de la cosa juzgada.
La cuestión central a dilucidar gira en torno del sentido que -mediante ajustada interpretación- corresponde dar a los arts. 8 del decreto 214/02 y 11 de la ley 25.561, en lo que respecta al mecanismo de reajuste de precio allí previsto, y cómo aplicarse el resultado de tal operación al caso de autos.
VI.1. Puesto a ello, no puede -a mi juicio- propiciarse una interpretación de la ley que desnaturalice la finalidad de sus preceptos o que contraríe el principio de equidad, directriz sobre el que se asienta el régimen de emergencia y la teoría del esfuerzo compartido.
Cuando se habla de interpretación -señala el tratadista español Puig Peña- "se da a entender que entre la fórmula rígida y abstracta de la ley y el caso o especie regulados por ella se alza la personalidad del aplicador del derecho para acomodar aquéllos a éstos, incorporándose la norma con su verdadero significado a los efectos y relaciones de la vida social. La interpretación es, pues, en definitiva, la investigación dirigida a adquirir el sentido y alcance de una norma jurídica" (Puig Peña, Federico, Tratado de Derecho Civil Español , Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1957, págs. 423 y sigs.).
En estos casos, el juez, más que buscar el sentido que los textos entrañan, procede a atribuirles él mismo un sentido. Desde luego que no se trata de un significado cualquiera sino de aquel que mejor se corresponda con la situación jurídica involucrada, de consuno con los principios generales y la ponderación de los valores en juego. En esas condiciones el juez da, propone o decide un significado a tales términos (o fija un alcance) con preferencia a otros, para obtener una solución razonable del caso, verificando las consecuencias de sus resoluciones tanto para las partes como para la comunidad en general. No otra cosa reclama el actual Código Civil y Comercial (más allá de que su normativa se aplique o no al caso) en su art. 2: el análisis y aplicación de sus normas ( id est : su interpretación) ha de hacerse teniendo en cuenta, entre otros aspectos, sus palabras, sus finalidades, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
La propia Corte Suprema de la Nación así lo entiende: "No debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio que utilice y prefiera la labor interpretativa pues ellas (las consecuencias) constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma" (Fallos: 307:1018, cit. por Morello, "Dinámica de la Constitución. Las consecuencias valiosas de la interpretación" en LL número especial del Suplemento de Derecho Constitucional en el 150° Aniversario de la Constitución nacional, abril de 2003, pág. 34).
Resultan esclarecedoras las agudas reflexiones de Ciuro Caldani ("El juez en el cambio histórico", LL supl. del 31 de julio de 2001, pág. 1 y sigs.) quien, al describir la tarea judicial de la nueva era, destaca las grandes transformaciones a las que asistimos, en donde el sistema exige una intervención útil de los jueces que supere las limitadas posibilidades de los legisladores para hacerse cargo de las complejidades actuales. En su función interpretativa del plexo normativo, corresponde al juez lograr que la voluntad del legislador -que este concretó pensando en ciertos medios- pueda expresarse en la plenitud de sus fines. Al juez le incumbe la tarea de resolver la relación a veces tensa entre normas y principios porque es el encargado de desarrollar el espíritu de la ley, determinando su significado verdadero y real, incorporando en plenitud la dimensión dikelógica. Al fin y al cabo, como también sostiene Ciuro Caldani, el derecho es siempre lo que los jueces lo hacen ser.
Pues bien: este es un caso donde la terminología usada ("reajuste equitativo del precio") presenta una notable vaguedad, una imprecisión tanto de significado (no se sabe con precisión qué se dice) como de alcance (no se sabe con exactitud hasta cuándo o hasta dónde se aplica), a lo que se agrega la ausencia de otras directivas que ayuden a desentrañar el sentido genérico al enunciado. Ante ello, cualquier técnica interpretativa que se use a esos efectos debe necesariamente complementarse con un ejercicio de la prudente discrecionalidad: solo así podrá decirse cuál cantidad en concreto implica tal "reajuste equitativo".
En tal camino no queda sino acudir a los principios jurídicos rectores (entendidos como reglas generalísimas -dentro de la organización jerarquizada del ordenamiento jurídico- que pueden ser obtenidos mediante procesos de inducción a partir de las normas jurídicas ya dadas), actuando tanto lo prescripto por el art. 171 de la Constitución local, como el art. 16 del Código Civil vigente a la época de los hechos, a los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial actual (como directriz que muestra el pensamiento actual) y atendiendo particularmente a las circunstancias del caso. Es decir: acatando el texto de la norma, en cuanto en él se establece que el reajuste que se disponga debe estar regido por la idea de equidad.
Para un concepto de equidad ( epikeia ) se comienza siempre con una remisión al pensamiento aristotélico: es corregir la justicia ya contenida en una ley general, para su mejor aplicación en una situación concreta. Así, ante un caso no contemplado por la formulación universal, "entonces está bien allí donde no alcanza el legislador y yerra al simplificar, corregir la omisión, con aquello que el legislador mismo habría dicho si hubiera estado allí y habría hecho constar en la ley si hubiera sabido" (Aristóteles, Ética a Nicómaco , 1137, 1138, trad. J. Marías y M. Araujo). Luego, mucho más cerca en el tiempo, Helmut Coing llamó a una decisión "equitativa" cuando, superando las exigencias mínimas del orden jurídico, tiene en cuenta las especiales circunstancias del caso decidido y la situación personal de los interesados en el mismo ( Fundamentos de la filosofía del derecho , Ed. Ariel, 1961), mientras que, entre nosotros, Carlos Cossio jugó con las palabras para mantener el concepto: la equidad no es la justicia del caso particular, sino lo singular del acto de justicia ( La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad , Abeledo Perrot, 1964; v. mi voto en la causa C. 94.000, "Rutenberg, Marta Irene y otro c/Pocovi, Jorge Alberto. Incidente de reajuste equitativo", sent. de 26-XII-2012).
VI.2. A esta altura debe advertirse la especial relevancia que cobra la interpretación que ha ido elaborando la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las normas de emergencia económica, en general, y sobre el reajuste equitativo, en particular. Veamos.
En oportunidad de pronunciarse en la causa L. 971. XL. "Longobardi, Irene Gwendoline y otros c/ Instituto de Educación Integral San Patricio S.R.L." (sent. de 18-XII-2017, el Máximo Tribunal del país expreso que "...no puede desconocerse que, desde la primera ley que reguló la cuestión en examen como de las posteriores, se tuvo como propósito perfeccionar el conjunto de la normativa de emergencia con espíritu conciliatorio. Así, los dispositivos legales y reglamentarios se ocuparon de proporcionar herramientas y parámetros técnicos precisos -paridades, coeficientes, tasas de interés- a fin de que, mediante su implementación, pudiera lograrse una equitativa recomposición de las prestaciones obligacionales afectadas por las medidas de excepción en orden a una efectiva tutela de los derechos constitucionales de los involucrados. Cabe destacar que, entre los arbitrios diseñados para alcanzar esa equitativa recomposición, el legislador asignó un papel fundamental al Coeficiente de Estabilización de Referencia (confr. art. 11 de la ley 25.561, texto según ley 25.820, ley 25.713 y art. 4/ del decreto 214/2002" (conf. cons. 27).
Asimismo, señaló que "...sin perjuicio de ello, en la búsqueda del restablecimiento de un adecuado equilibrio de las prestaciones, a través de una distribución proporcional de las cargas, el bloque normativo de emergencia ha dejado abierta la posibilidad de recurrir a otras vías cuyo tránsito debería ser abordado con arreglo al principio de equidad. Baste mencionar, al respecto, las previsiones vinculadas con la eventualidad de requerir un 'ajuste equitativo', ya mencionadas, contenidas en los arts. 11 de la ley 25.561 (modificada por la ley 25.820) y 8 del decreto 214/2002. En suma, el sistema legal admite senderos alternativos para alcanzar un único fin, es decir, una solución equitativa. Y es precisamente dentro del marco de esas posibilidades que la jurisprudencia de los tribunales inferiores ha elaborado y empleado en forma generalizada la denominada doctrina del esfuerzo compartido -que más recientemente ha sido receptada en las previsiones del art. 6 de la ley 26.167- que postula la distribución proporcional entre las partes de la carga patrimonial originada en la variación cambiaria" (conf. cons. 28).
A ello agregó que "...a la luz de las referidas orientaciones normativas, se presentan, básicamente, dos caminos alternos para dar solución a problemas como el aquí suscitado, que no se contraponen ni se excluyen necesariamente, frente a los cuales el operador jurídico tiene el deber de aplicarlos de manera integrada a fin de hacer efectiva la regla de equidad que, como ya se ha señalado, constituye el eje sobre el que la legislación de emergencia ha procurado hacer girar todo sistema de reajuste. Tales caminos son a) aplicar los parámetros indicados en las prescripciones legales referidas en los considerandos anteriores (en síntesis, determinar el quantum de la obligación según la paridad 1 a 1 más CER, más intereses); y 2) ordenar la distribución equitativa entre los contendientes de las consecuencias de la variación cambiaria (las diferencias entre un dólar igual un peso y el dólar de mercado, más sus intereses)" (conf. cons. 29).
Llevamos todas estas consideraciones al caso que hemos de resolver: el juez de la causa, al dictar su sentencia en el juicio ejecutivo, determinó la conversión a pesos del capital adeudado, con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) e intereses. Esto es, de los posibles caminos a seguir optó por aplicar estrictamente los parámetros legales a los fines de lograr una justa recomposición del crédito (v. copia sent., fs. 6/8 vta., agregada a la presente incidencia). Pero, junto con ello, dejó abierta la posibilidad de que las partes solicitaran un "reajuste equitativo", circunstancia que motivó la presente incidencia y que nos coloca en el compromiso de seguir aquellas reglas de la Corte Suprema para establecer el sentido y alcance de tal término.
VI.3. Por otro lado, el art. 8 del decreto 214/02 establece que "Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (USD 1) igual a un peso (ARS 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el art. 4 del presente decreto. Si por aplicación de esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, except
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