Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121841
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 301. Los autos deberán volver al tribunal de grado, a fin de que realice los actos procesales necesarios para proveer el escrito apelatorio de fs. 301 (conf. doctr. arts. 56, 289 y concs., CPCC).
El depósito previo deberá restituirse (conf. art. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.841, "Industrial Pesquera S.A.I.C. Quiebra (Grande). Incidente de realización de bienes", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea -por mayoría- confirmó el fallo de origen que, a su turno, dispusiera la remoción e inhabilitación del martillero designado en autos (v. fs. 297 y vta. y 319/338).
El profesional removido interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 346/377).
Oído el señor Procurador General a fs. 401/404, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 301?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el marco de la quiebra de la empresa Industrial Pesquera Necochea S.A.I.C. el órgano sindical promovió sendos incidentes de realización de bienes con el objeto de subastar determinados inmuebles sitos en la ciudad de Necochea (v. fs. 17 y vta., 65 y vta., 112 y vta., 160 y vta. y 250 y vta.).
Luego de haberse designado al martillero señor Osvaldo Raúl Iglesias como enajenador, el proceso se mostró inactivo en varias oportunidades, razón por la que el magistrado de origen intimó al mentado profesional inmobiliario a que realice los actos impulsorios necesarios para cumplir con su cometido, bajo apercibimiento de ser sancionado (v. fs. 19, 41, 67, 114, 162, 211 y 252).
Corroborado el incumplimiento de las obligaciones impuestas al enajenante, el juez de primera instancia le impuso una multa de $500 (quinientos pesos) y lo intimó nuevamente a fin de que lleve adelante las diligencias oportunamente ordenadas (v. fs. 42/43).
Posteriormente, el auxiliar peticionó al órgano jurisdiccional la unificación de los incidentes en atención a las características del inmueble a subastar (v. fs. 45/46, 93/94, 140/141, 189/190, 238/239 y 285/286).
Proveída dicha presentación, el juez falencial unificó el trámite de los expedientes de realización y ordenó que -previo a decretar la subasta- se acompañen los informes de estilo con una fecha de expedición no mayor a tres meses del momento probable de realización del bien, la valuación fiscal y la tasación con idéntica anticipación, la constatación del estado de ocupación del inmueble y el libramiento del respectivo mandamiento. Cabe destacar que estas diligencias fueron impuestas al enajenante, haciéndole saber que debería tener en consideración la demora que conlleva la publicación de edictos y la comunicación a acreedores embargantes/inhibientes y acreedores hipotecarios y el diligenciamiento del mandamiento de constatación, teniendo -además- que instrumentar las diligencias ordenadas en el término de 5 días luego de ser notificado por ministerio de la ley (v. fs. 288/290).
Tras una serie de actos procesales infructuosos (v. fs. 291 y croquis de fs. 293) el juez emplazó nuevamente al martillero para que, en su carácter de enajenador de los bienes, efectúe los actos conducentes para la prosecución de la causa bajo apercibimiento (v. fs. 294).
La omisión de dichas diligencias motivó el dictado de una resolución judicial que impuso un severo llamado de atención por no haber cumplido con la intimación, hizo saber que de continuar con el deficiente desempeño mostrado se impondrían sanciones de mayor gravedad e intimó al martillero para que en el plazo de cinco días cumpliera con lo ordenado, bajo apercibimiento de multa (v. fs. 295).
Finalmente, ante la falta de cumplimiento de la manda judicial se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto y se ordenó la remoción e inhabilitación del martillero para desempeñar el cargo por cuatro años (v. fs. 297 y vta.).
II. Tal solución fue apelada por el funcionario concursal sin asistencia letrada (v. fs. 301).
III. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea -por mayoría- mantuvo la solución de origen (v. fs. 319/338).
En prieta síntesis, sostuvo que la inactividad evidenciada por el martillero durante el trámite procesal constituía una grave negligencia, al no haber efectuado los actos conducentes a materializar la liquidación del activo falencial, no obstante las reiteradas intimaciones que realizó el juez -en ejercicio de su potestad disciplinaria-, de las que hizo caso omiso, situación que denotaba despreocupación y dejadez en el cumplimiento de su función durante el período de un año y seis meses, desde que aceptó el cargo y hasta que se dispuso su remoción (v. fs. 330).
IV. Frente a ello el auxiliar de la justicia, con asistencia letrada, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que adujo infracción a los arts. 56, 57 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 8, 9, 21, 25 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 10, 15 y 31 de su par local. Asimismo, invocó absurdo en la valoración de la prueba y violación de doctrina legal que cita (v. fs. 346/377).
En primer lugar, cuestionó el trámite procesal en atención a la falta de asistencia letrada y solicitó la nulidad de las actuaciones (v. fs. 358 vta./362).
Sostuvo que las severas sanciones que se le impusieron exigían una adecuada sustanciación previa con la asistencia jurídica de un letrado -apoderado o patrocinante- a fin de que este pudiera contribuir a una pertinente y eficiente defensa técnica de sus derechos (v. fs. 359).
Manifestó que la integración del patrocinio letrado constituye una exigencia legal que ingresa dentro de los deberes funcionales de los magistrados, más aún cuando las cuestiones debatidas presentaban implicancias personalísimas y patrimoniales de magnitud, que causan un agravio constitucional irreparable y resultan ajenas al desempeño funcional del enajenador concursal (v. fs. 361 vta. y 362).
En apoyo de tales argumentos denunció la conculcación de doctrina legal a través de la cita del precedente C. 120.281, "Sodero" (sent. de 11-XI-2015; v. fs. 360/361 vta.).
En segundo orden, esgrimió la violación a las normas concursales relativas a las sanciones hacia los enajenadores en el proceso falencial, errónea distribución legal de las competencias en la quiebra y absurdo en la valoración de la prueba (v. fs. 362/374).
En este extenso pasaje del recurso el impugnante criticó la inadecuada aplicación analógica de las normas concursales que hiciera el Tribunal de Alzada por cuanto, lejos de utilizar los preceptos legales involucrados (v.gr. 217 y 255 de la ley 24.522) para morigerar la sanción, los utilizó para agravarla (v. fs. 362 vta.).
Por un lado, sostuvo que el art. 255 de la ley concursal posee un ámbito de aplicación específico que aparece reflejado en diferentes pasajes de la propia norma y que apunta a regular la conducta del síndico más nunca la del enajenador (v. fs. 362 vta./363 vta.).
Por el otro, manifestó que las reglas constitucionales de seguridad jurídica y legalidad debieron haber conducido a los magistrados a aplicar al caso de autos el art. 217 de la ley 24.522, evitando de tal modo la aplicación del art. 255 en lo que concierne a la inhabilitación o bien recurrir a la integración analógica del art. 217 con el art. 255 del ordenamiento concursal, a los efectos de morigerar la sanción sustituyéndola por un apercibimiento o una multa (v. fs. 363 vta.).
En cuanto al plano fáctico, aduce que lo único que puede reprochársele es no haber detallado claramente la inconsistencia catastral, lo que de ningún modo puede dar lugar a una remoción ni mucho menos a una inhabilitación, ya que la ley no determina este tipo de represión para esta clase de auxiliares (v. fs. 361 vta./373 vta.).
Por último, plantea subsidiariamente la morigeración de la sanción y reitera ciertos argumentos en torno al principio de legalidad y la prohibición constitucional y convencional de utilizar la analogía a la hora de punir (v. fs. 373 vta./375 vta.).
V. Oído lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el tópico en debate merece favorable respuesta.
V.1. Comienzo por señalar que el estudio primigenio de este caso fue llevado a cabo por el doctor de Lázzari, integrante de esta Suprema Corte por ese entonces. Dado que comparto plenamente el análisis que hiciera el distinguido colega, hago propios esos fundamentos y expongo a continuación las razones de mi voto.
El art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial -cuya enumeración, valga señalarlo, no es taxativa, sino meramente enunciativa (conf. Ac. 44.337, "Bomcompni", sent. de 18-VI-1991 en "Acuerdos y Sentencias": 1991-II-196)- dispone la obligatoriedad del patrocinio letrado, vedando expresamente dar trámite a escritos de expresiones de agravios que no lleven firma de letrado.
El control letrado encuentra justificación en la necesidad de asegurar una defensa eficaz, aún contra la pretensión del propio interesado de valerse por sí mismo, y evita que esa tarea sea mal ejercitada por desconocimiento de las normas jurídicas y principios del derecho aplicables al caso. Por tanto, su obligatoriedad comprende la asistencia y dirección jurídica del patrocinado durante el curso del proceso y su omisión acarrea el estado de indefensión de aquel -arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional- (conf. causa L. 60.919, "Saeig", sent. de 28-IV-1998).
Tal circunstancia, no queda desplazada aun cuando el art. 257 de la ley 24.522 autorice a otro de los funcionarios concursales -como es el caso del síndico- a requerir "asesoramiento profesional" y "patrocinio letrado" cuando la materia exceda su competencia, poniendo a su cargo los honorarios devengados por los profesionales, en tanto no pueden desplazarse las claras preceptivas del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial en supuestos como el de autos, en los que la materia a tratar requiera de conocimientos netamente jurídicos, toda vez que esta Corte tiene dicho que la aparición de determinados requisitos en las leyes procesales, como la homologación judicial o el patrocinio letrado, dan cuenta de la finalidad de reglamentar la garantía de justicia que consagra la Constitución (conf. causas L. 60.919, "Saeig", citada; L. 67.422, "Araujo", sent. de 27-IV-1999 en "D.J.B.A.", 156-321, T.S.S., 1999-983).
Si existe un tema por excelencia para el cual se requieran especiales conocimientos jurídicos ese es justamente el concerniente a la materia recursiva, la que supera ampliamente la técnica contable y los conocimientos de derecho propios del contador; resulta -por ende- necesaria la intervención de un letrado como patrocinante del mismo, teniendo entonces plena vigencia la directriz del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial.
La imposición del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial no solo responde a la tutela del debido proceso de la parte que debe actuar con asesoramiento sino a una adecuada administración de los litigios y a una eficiente prestación del servicio de justicia que se vería obstruido ante la permisión de postulaciones de deficiente técnica (conf. doctr. causas C. 111.780, "Seara", resol. de 5-X-2011; C. 118.141, "Frigorífico Mellino S.A.", resol. de 5-III-2014 y C. 120.281, "Sodero", resol. de 11-XI-2015).
Estas razones explican por qué la regulación de la actividad de los profesionales auxiliares en los procesos concursales encuentra su lugar en el código procesal bonaerense, integrándose la prescripción del art. 257 de la ley 24.522 en torno a la necesaria asistencia letrada de aquellos y el control de oficio que deben ejercer los magistrados sobre su cabal cumplimiento.
De tal modo, advirtiéndose que la falta de asesoramiento pudo incidir en la suerte del intento recursivo formulado por el enajenador -v. fs. 303/311 vta.- sin que se verifiquen en la especie circunstancias que permitan juzgar la cuestión de un modo diverso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en este incidente de realización a partir de fs. 301 (arts. 56 y 289, CPCC).
V.2. Antes de finalizar el presente sufragio quisiera hacer propio el análisis que realizara oportunamente el doctor de Lázzari, al momento de intervenir en la votación de la presente causa, respecto del reciente pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Frigorífico Mellino S.A. s/ incidente de continuidad de la explotación" (art. 189, ley 24.522), sentencia de 26-IX-2019.
En prieta síntesis, el Cimero Tribunal -por remisión al Dictamen de la Procuración General de la Nación- revocó una sentencia de esta Suprema Corte (C. 118.141, resol. de 5-III-2014) en el entendimiento de que, a la hora de decretarse la nulidad de las actuaciones concursales por falta de asesoramiento letrado al síndico, no se efectuó ninguna referencia al art. 257 de la ley 24.522 ni se explicitó cómo debía ser interpretado e integrado dicho precepto con la ley procesal local, ni su incidencia concreta en el trámite del caso allí estudiado, situación que -remarcó- ameritaba hacerlo.
También fustigó el control oficioso de la causa en razón de la ausencia de una solicitud expresa de declaración de nulidad, el largo recorrido del trámite, la actividad desplegada por el órgano concursal sin patrocinio letrado durante gran parte de aquel y la falta de advertencia por parte de la magistratura durante el desarrollo del pleito, situaciones que -dijo- autorizaban a calificar la sanción impuesta por esta Corte como excesiva, en tanto la nulidad implicaba retrotraer el trámite al inicio.
De tal modo, descalificó el pronunciamiento en virtud de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias, por no constituir una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa, afectando derechos y garantías reconocidos en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
Expuestos los argumentos en los que se sustenta la referida sentencia de la Corte Suprema, tengo para mí que no se hallan motivos fácticos análogos en la especie que me persuadan de pronunciarme en forma disímil a la propuesta.
Inicialmente, cabe destacar que aquí es el propio funcionario concursal quien solicita la nulidad de las actuaciones, explicando las concretas razones que ameritan su dictado (v. fs. 358 vta./362).
Sin embargo, la falta de apego a los recaudos de admisibilidad para su decreto impide hacer lugar a su petición, en tanto esta no hubo de ser interpuesta en forma, modo y tiempo debido (conf. arts. 169 y concs., CPCC), lo cual no impide su declaración oficiosa (conf. arts. 34 inc. 5, 172 y concs.).
Por otra parte, en el caso se observa la incidencia que ostenta la falta de asesoramiento letrado en el enajenador, ya que el tópico discutido y las consecuencias jurídicas que acarrea exceden holgadamente sus conocimientos propios e impiden el efectivo goce de las garantías constitucionales que gobiernan la defensa en juicio (conf. arts. 17 y 18, Const. nac. y 15 de su par local; e. o.), circunstancia que torna extremadamente diferente una tesis de otra.
Finalmente, es del caso señalar que se han puesto de manifiesto las razones concretas que detallan el modo en que la normativa procesal local debe ser interpretada en función del plexo concursal y la importancia del control que tienen que ejercer los magistrados para la correcta administración de justicia.
Por último, remarco que la retroacción aquí propuesta no implica llevar al proceso a su inicio, sino que solamente lo hace a los fines de que se realicen los actos procesales necesarios para proveer el escrito de apelación del auxiliar concursal (v. fs. 301).
VI. Por ello, si mi opinión resulta compartida, deberá decretarse la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 301. En consecuencia, los autos deberán volver al tribunal de grado, a fin de que realice los actos procesales necesarios para proveer el escrito apelatorio (conf. doctr. arts. 56, 289 y concs., CPCC).
Las costas deberán ser impuestas por su orden, atento a la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Conforme el modo en que ha quedado resuelta la primera cuestión, no corresponde abordar el tratamiento de la presente.
Los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 301. Los autos deberán volver al tribunal de grado, a fin de que realice los actos procesales necesarios para proveer el escrito apelatorio de fs. 301 (conf. doctr. arts. 56, 289 y concs., CPCC).
El depósito previo deberá restituirse (conf. art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2021 14:47:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 20:15:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 11:23:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:36:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 10:52:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia