Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133541 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio de fecha 22/04/2022. Las costas de Alzada se imponen al actor reconvenido que resulta vencido (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 133541-1; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº16 - LA PLATA
PLOT GUILLERMO OSCAR C/ URRUTIA GUILLERMO ALBERTO S/INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION (ART. 250 CPCC) EN AUTOS "PLOT GUILLERMO OSCAR C/ URRUTIA GUILLERMO ALBERTO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA"
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen el presente legado de apelación a efectos de tratar el recurso incoado el 03/05/2022 -hojas 66/69 de este expediente- (y fundado en el mismo escrito), contra la resolución del 22/04/2022. El medio de impugnación se concedió el 10/05/2022, habiéndose ampliado dicha providencia mediante trámite del 12/05/2022, donde se dejó establecido el efecto devolutivo de la apelación. Si bien la parte actora reconvenida presentó memorial de agravios el 17/05/2022, el mismo resultó de idéntico tenor al contenido en el escrito de interposición del recurso. El 24/05/2022 se ordenó su sustanciación, mereciendo la respuesta de la parte demandada reconviniente del 06/06/2022.
2. El señor juez de grado, teniendo en consideración las manifestaciones vertidas en la audiencia de fecha 20/04/2022 y la documentación acompañada por el demandado en la presentación de hojas 30/90, encontró reunidos en la especie los presupuestos de admisibilidad de la medida cuyo dictado se pretendía, por lo que con la finalidad de impedir el agravamiento de la situación de hecho ya existente hasta las resultas del litigio, ordenó prohibición de innovar en los lotes propiedad de los demandados Guillermo Alberto Urrutia y María Ester Urrutia en el sentido de suspender cualquier construcción o edificación que pudiera estar realizándose sobre los terrenos en cuestión, con el objeto de evitar que la sentencia que recaiga se torne de cumplimiento más gravoso (art. 230 inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-), previa caución juratoria (art. 199 del CPCC) -ver decisorio del 22/04/2022-.
3. En prieta síntesis, se agravia el actor reconvenido toda vez que la resolución en crisis asevera que los lotes son propiedad de los demandados Guillermo Alberto Urrutia y María Ester Urrutia, entendiendo que adelanta el resultado del proceso sin encontrarse siquiera ordenado el traslado de la demanda.
Alega el apelante que resulta ser propietario de los lotes de terreno objeto de la medida cautelar dispuesta en virtud a que cuenta con la posesión de los lotes referenciados por más de 20 años -vía cesión materializada de quien adquirió tal derecho-, y que ha iniciado esta acción a los fines del reconocimiento judicial de su calidad de propietario y perfeccionar el dominio sobre los mismos.
Afirma que los demandados son simplemente los titulares registrales y ya no los propietarios de los lotes, habiendo perdido tal carácter por haberlos abandonado desde hace más de 20 años a la fecha.
Expresa que por su calidad de propietario, puede hacer dentro de los inmuebles cualquier tipo de edificación sin limitación ni restricción ninguna y que de allí surge la improcedencia de la medida cautelar dispuesta.
Refiere que con relación al proceso de usucapión corresponde decretar la anotación de litis y no la cautelar solicitada por los demandados -prohibición de innovar- en cuanto ésta no es idónea en orden a evitar lo que se procura aventar, la que considera debe ser interpretada restrictivamente y admitida sólo en supuestos excepcionales, siendo imperativo para el juez el cumplimiento de los requisitos indispensables de toda medida cautelar.
Concluye que en virtud de la posesión que invoca y que ante la posibilidad de garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable de usucapión, existen otras medidas cautelares por lo que se entraría en contradicción con lo normado por el inciso 3° del artículo 230 de accederse a la misma, lo que afectaría no sólo los derechos de los justiciables intervinientes en el proceso principal, sino de personas distintas (ver fundamentos vertidos en los escritos de fechas 03/05/2022 y 17/05/2022, que resultan de idéntico tenor).
4. Liminarmente, en punto a lo manifestado por el apelante en torno a que el resolutorio recurrido adelanta el resultado del proceso y otorga a los demandados el carácter de propietarios, señálase que el prejuzgamiento tiene como presupuesto de procedencia un indebido aporte subjetivo del juez antes de la oportunidad fijada por la ley para pronunciarse en el mismo proceso, de modo tal que ello importe un anticipo de opinión que haga entrever su decisión final (conf. SCBA, causa Ac. 34325 del 14/05/1985).
Consecuentemente, el supuesto no se configura cuando el juicio emitido haya sido necesario en el momento en que se ha expresado y siempre que se dicte dentro de los límites del aspecto considerado y evaluado (arg. art. 17 inc. 7, CPCC, y su doct.).
Por otro lado, cuadra recordar que las decisiones tomadas dentro del ámbito de las medidas precautorias deben interpretarse en función del carácter estrictamente provisional que las caracteriza, por lo que no pueden por sí solas constituir un prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo (conf. esta Sala, causa 131908-1, sent. int. del 24/05/2022, RR-197-2022).
En mérito de lo preestablecido, no se advierte tipificado en el presente adelanto de opinión alguno, toda vez que la resolución apelada fue dispuesta dentro del marco de decisión que se le presentaba al juez de grado, en la oportunidad de expedirse respecto de la medida cautelar requerida por la parte demandada reconviniente (arts. 195, 198 y concs. del CPCC).
Las circunstancias antedichas, sellan la suerte adversa de esta parcela de los agravios desplegados por el accionante (arts. 260, 272, CPCC).
5.A. Sentado lo anterior, debe repararse que si bien las medidas cautelares nacen como el medio de resguardar los derechos que pudieran emerger de una futura sentencia, a fin de impedir que los mismos se tornen ilusorios, se hace preciso analizar provisoriamente la procedencia de la pretensión, a fin de determinar si, a primera vista, resulta audible. Es que la ley no admite que pueda decretárselas en cualquier caso, sino cuando se conjugan ciertos requisitos (esta Sala, causa 127732; RSI 279/20, sent. int. del 05/10/2020).
Respecto de la medida de no innovar sobre los inmuebles hemos de recordar que para poder llenar su función de prevención urgente las providencias cautelares deben contentarse, en lugar de con la certeza que solamente podría lograrse a través de largas investigaciones, con la apariencia del derecho, que puede resultar a través de una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria (esta Sala, causas 99377, RSI 518/02, sent. int. del 19/12/2002, 124891, RSD 360/18, sent. del 18/12/2018; 128012, sent. int. del 04/11/2020, RSI 323/20; e/o).
La acreditación del peligro en la demora, al igual que la verosimilitud del derecho, deben justificarse con elementos de convicción que, sin llegar a la exigencia de la prueba acabada, permitan inferir los motivos por los cuales se hace imperioso su dictado (causa 128012 cit.).
En particular, se señala que la prohibición de innovar que se decretó en este caso, es una medida de carácter conservativo que tiene por objeto el mantenimiento una situación de hecho existente, decretada con relación a las cosas sobre las que versa el litigio, y su finalidad apunta a impedir que mediante su alteración durante el curso del proceso, la sentencia se haga de cumplimiento imposible (art. 230 inc. 2 C.P.C.C.; conf. de Lázzari Eduardo, "Medidas Cautelares", 2da. edic., págs. 539 y sigts.).
Significa no introducir un cambio en la situación de hecho o de derecho, que pueda perjudicar a una de las partes en una relación jurídica modificando los bienes motivo de ella, o los derechos que los litigantes tenían sobre dichos bienes (Podetti, "Tratado de las medidas cautelares" edic. 1969, p. 371, nº 115, citado por de Lazzari E. N. en "Medidas cautelares" 2da. ed. Tº 1, pág. 543) y su procedencia está supeditada a los presupuestos contenidos en el artículo 230 CPCC.
De esta norma se desprende que el afectado debe acreditar verosimilitud suficiente y que el punto al que se quiere retornar debe ser una consecuencia directa de la relación jurídica existente (inc. 1). Asimismo, podrá decretarse esta medida siempre que existiere el peligro de que si se mantuviera la situación de hecho o de derecho, pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (inc. 2).
5.B. Estos requisitos que impone la norma del artículo 230 del Código ritual, se evidencian configurados en el caso en análisis, pues con la medida de no innovar se pretende que la actora reconvenida suspenda cualquier construcción o edificación que pudiera estar realizándose sobre los terrenos en cuestión, hasta tanto se resuelva en definitiva la contienda (incs. 1 y 2, art. 230 del CPCC).
Debe remarcarse que si bien estas actuaciones fueron iniciadas por la parte actora como prescripción adquisitiva (usucapión), en las mismas se presentaron espontáneamente los demandados planteando reconvención por reivindicación y solicitando el dictado de la medida cautelar ordenada y puesta en crisis.
Es decir, dicha medida precautoria intenta tutelar los derechos e intereses esgrimidos por los reconvinientes. Nótese al respecto que no se trata de una simple contestación de la acción, sino que se formula una contrademanda, circunstancia procesal que, precisamente, habilita el dictado de la medida a su favor (art. 355, CPCC), careciendo de relevancia -por ende- la invocación de la previsión del inciso 3 del art. 230 del CPCC, desde que la eventual anotación de litis que menciona el quejoso no persigue la misma finalidad que la prohibición de innovar dispuesta (arts. 1905 Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; 229, CPCC).
En este sentido y más allá que -tal como refiere el actor apelante- al momento de peticionarse la prohibición de innovar aún no se había conferido traslado de la demanda, es dable resaltar que las medidas cautelares pueden peticionarse y decretarse aún antes de iniciado el proceso principal, razón por la cual la cuestión de trámite procesal aludida (más allá que con posterioridad, según surge de la consulta efectuada en la Mesa de Entradas Virtual de la Suprema Corte de Justicia provincial -MEV SCBA- efectivamente se confirió el traslado de la acción) no puede enervar el dictado de la medida bajo embate (art. 207, CPCC).
5.C. Cabe también señalar que la postura adoptada por el actor reconvenido en torno a su invocado carácter de propietario, dependerá no sólo de la prueba a rendirse en estas actuaciones sino de la sentencia de mérito que oportunamente se dicte, desde que la posesión alegada resulta un hecho jurídico objeto de comprobación, razón por la cual dicha circunstancia no puede en esta instancia procesal ser invocada a los efectos de controvertir la medida precautoria ordenada (art. 1905 CCyC citado).
Así, los fundamentos centrales argumentados por el señor juez de grado, en el sentido de encontrar reunidos en la especie los presupuestos de admisibilidad de la medida postulada (considerando para ello la audiencia de fecha 20/04/2022 y la documentación acompañada por el demandado en la presentación de hojas 30/90) y, a su vez, de decretar la prohibición de innovar con la finalidad de impedir el agravamiento de la situación de hecho ya existente hasta las resultas del litigio, no se ven conmovidos por las manifestaciones vertidas en el memorial de agravios (arts. 260, 272, CPCC).
6. Consecuentemente, en base a lo hasta aquí establecido, corresponde confirmar el decisorio de fecha 22/04/2022. Las costas de Alzada cabe que sean impuestas al actor reconvenido que resulta vencido (arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se confirma el decisorio de fecha 22/04/2022. Las costas de Alzada se imponen al actor reconvenido que resulta vencido (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2023 10:14:41 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 10:22:37 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 11/05/2023 10:37:46 hs. bajo el número RR-220-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia