Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77874
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.874, "Goya, Eduardo Ángel contra Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Incidente-Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan, Natiello, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata decidió acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el actor con fecha 9 de octubre de 2019 y, en consecuencia, revocó el fallo impugnado en cuanto desestimaba la pretensión anulatoria interpuesta respecto de la resolución 1.650/18 dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, anulando así dicho acto administrativo.
De su lado, confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia de fecha 27 de septiembre de 2019, en cuanto hacía lugar a la pretensión indemnizatoria promovida por el señor Eduardo Ángel Goya, imponiendo las costas de Alzada a la recurrente en su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437; v. sent. de 4-XI-2021).
Contra dicho pronunciamiento la apoderada del Banco de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación de 23-XI-2021), el que fue concedido por resolución de la Cámara interviniente el día 11 de febrero de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (resol. de 15-IX-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Sin perjuicio de las actuaciones judiciales previas, la presente causa tiene origen en el incidente promovido por el señor Eduardo Ángel Goya en el que solicita la declaración de nulidad de la resolución 1.650/18 dictada por el Banco demandado (v. escrito electrónico de fecha 9-V-2019). En él se consigna que dicho acto administrativo adolece de vicios que lo tornan inválido, pues la entidad no podía ejercer su potestad disciplinaria por haber obtenido su parte la jubilación por invalidez y por hallarse prescripta la acción disciplinaria. Requiere, además, que se resuelva la pretensión indemnizatoria pendiente de tratamiento.
I.2. Como consecuencia de ello, y en lo que a la resolución del presente recurso interesa, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea resolvió: (i) desestimar la pretensión anulatoria de la resolución 1.650/18 dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires "... por resultar inoficioso cualquier planteo sobre el mismo..."; y (ii) hacer lugar a la pretensión indemnizatoria promovida por el señor Eduardo Ángel Goya y, en consecuencia, condenar al Banco accionado a que en el término de sesenta (60) días de quedar firme su pronunciamiento le "...abone la totalidad de los salarios devengados entre octubre de 2008 y julio de 2012, conforme las pautas establecidas precedentemente, con más la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-)...", adicionándole a todo ello los intereses conforme lo dispuesto en los considerandos de su resolución. Impuso las costas a cargo del demandado vencido (art. 51 inc. 1, CCA; [v. resol. de 27-IX-2019]).
Para así resolver, el a quo recordó que con fecha 18 de agosto de 2015 la propia Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de Mar del Plata, en una primera intervención, dejó sin efecto la resolución 119/09 del Directorio del Banco Provincia de Buenos Aires que declaró la cesantía del actor y dispuso que -en el plazo de sesenta (60) días- se dicte un nuevo acto administrativo que patentice una adecuada proporcionalidad entre los medios utilizados y los fines declarados, así como la razonabilidad de la medida que se adopte respecto de la conducta incurrida por el actor. Del mismo modo, ordenó la reincorporación del agente y difirió el tratamiento de la pretensión indemnizatoria a las resultas de la nueva actuación administrativa.
Asimismo, dio cuenta de que -posteriormente- la resolución 1.650/18 dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Goya con base al cargo que le fuera formulado y se decretó -nuevamente- su cesantía. Y que, finalmente, fue requerida la nulidad de la mencionada resolución 1.650/18 por el agente, así como el acogimiento de la pretensión indemnizatoria cuyo tratamiento fuera oportunamente diferido.
En adición, manifestó que en fecha 12 de julio de 2012 el demandante pasó a gozar de los beneficios previsionales por invalidez.
Como consecuencia de todo ello, consideró que esta última circunstancia guardaba semejanza con lo resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al fallar en la causa B. 60.871, "Muguerza" e indicó que "...el acogimiento del accionante a los beneficios previsionales hace imposible cumplir con el decisorio impuesto por el organismo de alzada...", en la medida en que ordenaba la reincorporación del agente y le confería un plazo al demandado para ejercer la potestad disciplinaria. En razón de ello, declaró abstracta la pretensión de nulidad de la resolución 1.650/18 del Directorio del Banco Provincia de Buenos Aires.
Sentado lo anterior, se pronunció favorablemente al planteo indemnizatorio, rechazando así -en primer lugar- la defensa de prescripción de tal pretensión opuesta con apoyo en el plazo quinquenal establecido en el Código Civil y Comercial para los créditos vinculados a salarios. De su lado, y en lo que respecta a la pretensión de cobro de los salarios caídos desde la fecha en que el actor fue suspendido preventivamente (octubre de 2008) hasta el momento en que se acogió a los beneficios previsionales (julio de 2012), diferenció dos momentos: el primero que abarca el período comprendido desde la medida suspensiva hasta la fecha en que se le notificó el acto administrativo de cesantía; el segundo que corre desde este último hasta el momento en que dejó de pertenecer a la planta de agentes del Banco Provincia de Buenos Aires para acceder a su jubilación.
En cuanto al primero de los momentos señalados, se atuvo a lo normado en el capítulo VI del título III del Reglamento de Disciplina para el Personal del mencionado Banco y consideró que, al no habérsele aplicado sanción alguna al demandante, este se encontraba comprendido dentro de la situación prevista en el último párrafo del art. 81, correspondiendo -por consecuencia- que le sean reintegrados la totalidad de los salarios retenidos entre octubre del año 2008 y enero de 2009, con más intereses a computarse desde el inicio de la demanda y hasta el efectivo pago, calculados de acuerdo a la tasa más alta que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días, vigente en los distintos períodos de aplicación. En lo que refiere al restante período que comprende el reclamo indemnizatorio -esto es, al posterior a la resolución 119/09, que fuera declarada nula-, tuvo en consideración que el señor Goya se vio privado de su remuneración por poco más de tres años y medio (desde enero de 2009 a julio de 2012), por lo que entendió prudente fijar el quantum resarcitorio en el 50% de las sumas dejadas de percibir durante tal período, con más los intereses a calcularse de conformidad con las mismas pautas antes expuestas.
Por último, entendió razonable la indemnización otorgada al señor Goya en la suma de veinte mil pesos ($20.000,00) para resarcir el perjuicio moral padecido a raíz de la cesantía declarada ilegítima, con más los intereses "...que se liquidarán desde el inicio de la demanda de acuerdo con la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, desde el día que fue notificada la Resolución n°119/09 hasta el efectivo pago...".
I.3. Apelado el fallo por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, decidió acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el actor con fecha 9 de octubre de 2019 y, en consecuencia, revocar el fallo impugnado en cuanto desestimaba la pretensión anulatoria interpuesta respecto de la resolución 1.650/18 dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el día 15 de octubre de 2019 y confirmar el pronunciamiento de fecha 27 de septiembre de 2019 en cuanto fue materia de agravio (cfr. sent. de 4-XI-2021).
Para así decidir, luego de relatar los antecedentes del caso y reseñar la normativa aplicable, señaló que asistía razón al actor en su embate sobre la resolución 1.650/18. Ello así, en función de que el pronunciamiento dictado por la propia Alzada con fecha 18 de agosto de 2015 no pudo tener en cuenta en tiempo oportuno la circunstancia del acogimiento del agente Goya a los beneficios de la jubilación durante el año 2012 que, si bien acaecido con anterioridad a la sentencia, recién fue puesto en conocimiento del tribunal con posterioridad a su dictado, pese a su constancia ante la demandada.
Agrega la Alzada que, pese a ello, el Directorio del Banco Provincia dictó el acto administrativo aquí impugnado e impuso al actor "una medida disciplinaria [en rigor, idéntica pena expulsiva que aquella que esta Alzada considerara irrazonable y excesiva a la luz de la falta cometida], poniendo con ello fin al sumario seguido en su contra. Así, tal proceder del Banco demandado, en la medida en que fue desplegado cuando la potestad disciplinaria se encontraba extinguida (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 60.027, 'Rodríguez', sent. del 31-10-2016) -y, en ese sentido, debía concluirse el procedimiento sumarial tramitado-, torna inválida la resolución N°1650/18 que, por ello, debe ser anulada" (sic, pto. 1.2 del voto principal del doctor Mora; el destacado me pertenece).
Luego, refiriéndose ya a los agravios relacionados con la pretensión indemnizatoria, el a quo desestimó por insuficiente las críticas del Banco dirigidas a que se declare la prescripción del reclamo basado en las remuneraciones devengadas por el período comprendido entre el mes de octubre de 2008 y julio de 2012, ello, toda vez que -según entendió- el apelante no había dirigido una crítica concreta y razonada contra aquella parcela de la decisión de grado y, asimismo, que el planteo defensivo merecía ser desestimado en razón de su manifiesta extemporaneidad (arg. art. 56 inc. 3, CCA).
A mayor abundamiento, refirió que el pronunciamiento relacionado con la indemnización de los daños producidos por la cesantía ilegítima no había perdido razón de ser por el solo hecho de que el actor se encontrara actualmente en situación de pasividad (invocando a este respecto la doctrina de esta Suprema Corte en la causa B. 60.871, "Muguerza", sent. de 29-VI-2011).
De igual modo, compartió con el juez de primera instancia la determinación de los rubros componentes de la indemnización debida, en cuanto a la integración de los salarios dejados de percibir (por el primer período temporal considerado) y sus correspondientes intereses, por entender que con dicha fórmula se preservaban adecuadamente los derechos del actor. Todo ello dejando expresamente a salvo "aquellos períodos de dicho intervalo respecto de los cuales se lograse demostrar, en la etapa de liquidación, su debido pago al accionante" (sic, pto. 2.2.1.1 de la sentencia de referencia).
En lo tocante al segundo período temporal consignado por el juez de grado, la Cámara entendió que resultaba razonable el criterio desarrollado, mensurando los daños materiales en una suma equivalente al 50% de tales estipendios. No obstante ello, y a diferencia de lo pretendido por el actor, la Cámara consideró apropiado que para el cálculo del monto resarcitorio se tuviera en cuenta el sueldo correspondiente al cargo al que debió reintegrarse el demandante vigente al momento en que obtuvo la jubilación (cfr. art. 165, CPCC y voto del doctor Soria en las causas B. 59.999, "Di Lorenzo", sent. de 21-XII-2011 y B. 58.475, "Petrini", sent. de 16-IV-2014) y no el "salario actual", pues no se presentaba -en su entender- en la especie la situación de continuidad del vínculo de empleo a consecuencia de la declaración de ilegitimidad del cese, que autorizaría a auspiciar la adopción -como guarismo de cálculo- del sueldo actual del agente, de conformidad con el criterio que emerge de la doctrina sentada por esta Suprema Corte (cfr. doctr. causa B. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019 -por mayoría-).
Por último desestimó el agravio presentado por el Banco Provincia en relación a la falta de prueba del acaecimiento del daño moral, al entender que su reconocimiento esultaba procedente y acreditado en el caso, ya que no existían dudas de que la medida expulsiva ilegítimamente aplicada había generado en el actor intranquilidad y sufrimiento, al poner en jaque su derecho constitucional al trabajo y a la estabilidad del empleo público (art. 14 bis, Const. nac.; arg. doctr. SCBA causa B. 64.158, "Móbili de Zuccarini", sent. de 13-XI-2012). Por lo tanto, y teniendo en cuenta "la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso, según la adecuada discrecionalidad del sentenciante" (sic, pto. 2.3. de la sentencia en consideración), consideró justa y razonable la suma fijada por este ítem en la instancia inferior, en un monto de veinte mil pesos ($20.000,00), debiendo ser los intereses calculados "...desde el día que fue notificad(a) la Resolución n°119/09 hasta el efectivo pago..." y liquidados de conformidad con las pautas sentadas en el pronunciamiento en crisis.
II. Contra dicho pronunciamiento la representación legal de la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (arts. 278 y 279, CPCC), en cuyo marco denuncia la violación de la ley así como de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.1. En primer lugar, cuestiona que la sentencia impugnada omite expedirse expresamente sobre "el cumplimiento o no de la sentencia dictada por la misma Cámara el 18.08.2015, fallo que dispuso anular la porción referida a la sanción otorgando plazo para la emisión de un nuevo acto bajo apercibimiento de dar por decaído el ejercicio de la potestad disciplinaria, lo que a la fecha no ha sido resuelto" (sic, pto. a.1. del recurso extraordinario de 23-XI-2021). Sin perjuicio de ello, agrega, la Cámara acogió la pretensión indemnizatoria. Circunstancia que resulta contradictoria -según dice- con aquella otra por la cual resolvió la inexistencia de la potestad disciplinara y hasta la justificación misma de la cesantía.
Asimismo, denuncia que el fallo impugnado es contradictorio con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en este mismo proceso, al pronunciarse con fecha 6 de diciembre de 2017 en donde resolvió que se proceda al dictado de un nuevo acto administrativo, teniendo pleno conocimiento de la circunstancia de que el exagente se encontraba jubilado -ya que dicho hecho se encontraba denunciado en autos-. En consecuencia, prosigue, la sanción que había sido aplicada por el Banco cuando el señor Goya estaba activo (esto es, en el año 2009) no fue nunca anulada por la Cámara. Todo lo cual condujo a una situación de imposible resolución material por la recurrente, quien no podía ya reincorporar al agente jubilado, pero sí debía explicarle al tribunal -emisión de acto administrativo mediante- por qué había tomado la medida de cese durante el citado año 2009.
II.2. Por su parte, se agravia de que la resolución 1.650/18 fuera declarada nula, sin que se analizara propiamente por la Cámara y de que, además, no tuviera en cuenta que ese mismo acto administrativo fue dictado para cumplir con la sentencia previa aclarándose expresamente que: "a raíz de encontrarse debidamente probados los cargos achacados, que a su vez aconsejó formular denuncia en sede penal, el Gerente General, con fecha 09.10.2008 dispuso la suspensión preventiva del Señor Eduardo Ángel Goya, de acuerdo a lo normado en el Artículo 80 y concordante del Reglamento de Disciplina".
En tal sentido, explica que el primer acto administrativo emitido en enero de 2009 y el procedimiento disciplinario estaba concluido, pero "administrativamente hablando" por lo que el agente podía aún impugnarlo judicialmente, lo que efectivamente pasó en el caso de autos. Luego, jubilación mediante y anulada la sanción a las resultas de la emisión de un nuevo acto no por ello el procedimiento sumarial está inconcluso, pues el nuevo acto 1.650/18 habría confirmado un procedimiento sumarial ya cerrado para el organismo demandado en el año 2009 mientras el agente Eduardo Ángel Goya se encontraba aun activo. De allí que, continúa, el nuevo acto solo confirmó otros anteriores, siendo que la actuación sumarial quedó concluida en enero de 2009, por lo que se requiere aún una declaración de validez o no del acto propiamente dicho, sin sujeción alguna a la condición pasiva que revista el actor desde julio de 2012.
Expresa que la potestad disciplinaria del Banco surge explícitamente del art. 24 de la Carta Orgánica (dec. ley 9.434/79), que en su inc. "ñ" permite al Directorio "remover al personal, previo sumario, y reglamentar las medidas disciplinarias al respecto", por lo que la decisión de la Cámara implica una indebida intromisión del Poder Judicial en el ejercicio legítimo de las funciones administrativas encomendadas por la Constitución provincial (v. pto. a.3. del recurso).
Cuestiona asimismo que la Alzada fundamente su posición en la afirmación de que la potestad disciplinaria se encontraba extinguida en el caso, con base en la doctrina legal de esta Suprema Corte dada en el precedente B. 60.027, "Rodríguez, Mario Arnaldo", sentencia de 30-X-2016. En efecto, manifiesta a este respecto que el citado caso no resulta aplicable a este proceso, dado que "el devenir del proceso que originó aquella sentencia fue distinto a la ocurrida en estos autos, dado que aquí el Máximo Tribunal no se expidió al respecto en su oportunidad, ni mandó a esta parte a emitir nuevo acto en función de la nueva condición del agente (jubilado), razón por la cual la única sentencia que había que cumplir era la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo del 18.08.2015 y de la Suprema Corte de Justicia de fecha 06.12.2017 y que expresamente había dispuesto la emisión de un nuevo acto administrativo para justificar la decisión adoptada" (sic, segundo agravio).
Asegura que, por el contrario, en la situación dada, la recurrente no podía hacer otra cosa que dictar un acto administrativo de cesantía debidamente fundado, aun cuando no pudiera materialmente reincorporar al actor, bajo apercibimiento de darse por decaído su potestad disciplinaria, según lo había prescripto el mandato judicial. Todo lo cual determina que la sentencia atacada se torne contradictoria y absurda, según la propia doctrina de esta Suprema Corte en la materia.
II.3. A continuación, la recurrente afirma la improcedencia de las indemnizaciones accesorias concedidas por la Alzada, toda vez que ellas no pudieron ser legítimamente declaradas sin que antes se anulara debidamente (esto es, valorando su motivación) la resolución 1.650/18 (nueva cesantía). En dicho marco, asegura que tal razonamiento de la Cámara encierra una contradicción inadmisible, al permitir por un lado que la jubilación del actor afecte completamente el ejercicio de la potestad disciplinaria pero que, el mismo hecho, no haga perder virtualidad al reconocimiento de los haberes retenidos, confirmándose además l
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