Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la recusación formulada por el Dr. Julio Roberto Sosa, en ejercicio de la defensa técnica de Julio César Nieva, contra el Dr. Jonathan D. Felsztyna, Juez de Control de Garantías de Primera Nominación.
2Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: CUARENTA Y CINCO
San Fernando del Valle de Catamarca, nueve de octubre de dos mil veintiséis.
I. Estos autos, expte. Corte n° 113/2026, caratulado: “Incidente de recusación interpuesto con causa interpuesto por el Dr. Julio Roberto Sosa c/ Dr. Jonathan D. Felsztyna, Juez de Control de Garantías n° 1”.
El Dr. Julio Roberto Sosa, defensor de Julio César Nieva, solicita el apartamiento del magistrado por considerar objetivamente comprometida la garantía de imparcialidad.
Funda su pretensión en la relación afectiva de pareja que el juez habría mantenido con quien se desempeña como Secretaria de la Fiscalía N° 5, sede que interviene en la investigación penal seguida contra su defendido.
Reconoce que esa circunstancia no constituye una causal expresamente prevista en el Código Procesal Penal, pero sostiene que el régimen de recusación debe interpretarse a la luz de los arts. 18 y 33 de la Constitución Nacional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Invoca el precedente “Llerena, Horacio Luis” (Fallos: 328:1491) y afirma que la imparcialidad comprende una dimensión objetiva, vinculada con circunstancias externas capaces de generar razonablemente temor de parcialidad, sin necesidad de acreditar una efectiva predisposición del magistrado.
Aclara que no cuestiona la honorabilidad del juez, sino que considera que aquel vínculo con una funcionaria de la Fiscalía cuya actuación debe controlar resulta suficiente para generar dudas razonables acerca de su neutralidad.
II. En el informe previsto por el art. 64 del CPP, el Dr. Jonathan D. Felsztyna se opone a la recusación.
Señala que la circunstancia invocada no encuadra en ninguna de las causales previstas en el art. 56 del CPP y que quien fuera su pareja se desempeña como Secretaria de la Fiscalía N° 5, mientras que la dirección de la investigación y la adopción de las decisiones corresponden al Fiscal de Instrucción.
Sostiene que ese vínculo no compromete su imparcialidad y destaca que su intervención se limita al hábeas corpus, encontrándose la situación legal del detenido radicada ante otro magistrado. Por ello, solicita el rechazo de la recusación.
III. Descriptas las posiciones, corresponde señalar que esta Corte resulta competente para resolver la recusación articulada contra el Juez de Control de Garantías de Primera Nominación, conforme los arts. 60 y 64 del Código Procesal Penal.
La recusación procura asegurar la imparcialidad del juzgador, garantía que debe armonizarse con el principio del juez natural y el regular funcionamiento de la administración de justicia. De allí que el apartamiento de un magistrado constituya una medida excepcional y que sus motivos deban ser apreciados con prudencia.
Esta Sala ha señalado que las causales de recusación deben ser interpretadas con carácter restrictivo, aunque no rígido, pues aquella regla no puede impedir el examen de circunstancias objetivas capaces de comprometer la garantía de imparcialidad (A.I. N° 37/2026).
En esa misma línea, en el A.I. N° 55/2025 se sostuvo que el hecho de que el temor de parcialidad no se encuentre expresamente contemplado entre las causales enumeradas en el art. 56 del CPP no excluye su consideración, a partir del criterio sentado por la Corte Suprema en “Llerena”.
Sin embargo, tratándose de un supuesto no reglado, se exige un escrutinio particularmente estricto acerca de la razonabilidad del temor invocado, sustentado en elementos objetivos y no en meras sospechas o apreciaciones personales.
Asimismo, en el A.I. N° 6/2026 esta Sala reiteró que no basta una afirmación genérica de parcialidad ni la sola existencia de una circunstancia vinculada con el magistrado, sino que deben verificarse elementos que permitan establecer, en el caso concreto, una sospecha seria y fundada de afectación de su imparcialidad.
Es bajo esas pautas que debe examinarse el precedente “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones” -Fallos: 328:1491-, citado por la defensa, en el que la Corte Suprema distinguió las dimensiones subjetiva y objetiva de la imparcialidad. Esta última exige valorar si existen circunstancias externas capaces de suscitar dudas legítimas acerca de la posición del juzgador.
Ello no significa, sin embargo, que cualquier temor o relación personal indirectamente vinculada con alguno de los sujetos del proceso determine necesariamente el apartamiento. La duda debe aparecer razonablemente justificada mediante circunstancias concretas, objetivamente verificables y relacionadas con el caso.
IV. Aplicadas esas pautas, la recusación no puede prosperar.
La defensa sustenta su pretensión en la relación afectiva que el Dr. Felsztyna mantuvo con la Secretaria de la Fiscalía N° 5 y en la pertenencia funcional de ésta a la sede fiscal que interviene en la investigación.
Aun teniendo por existente ese vínculo, la circunstancia resulta insuficiente, por sí sola, para comprometer objetivamente la imparcialidad del magistrado.
En efecto, la presentación no individualiza ningún acto de la funcionaria relacionado con el objeto del hábeas corpus, no señala que posea un interés personal en su resultado, ni describe una intervención suya que permita inferir incidencia sobre la decisión que corresponde adoptar al juez.
Tampoco se atribuye al Dr. Felsztyna haber anticipado opinión, exteriorizado interés en el resultado del proceso, intervenido previamente de manera que comprometa su neutralidad o desarrollado alguna conducta concreta indicativa de una posición favorable a la acusación.
De ese modo, entre el hecho invocado -la existencia del vínculo afectivo- y la conclusión postulada -la pérdida objetiva de imparcialidad- no aparecen elementos suficientes que justifiquen esa inferencia. La sola circunstancia de que la persona vinculada al magistrado se desempeñe en la fiscalía interviniente no permite presumir, sin otros datos, un interés en el resultado del caso ni una influencia sobre la decisión jurisdiccional.
Este criterio encuentra particular respaldo en el A.I. N° 39/2018, del 06/11/2018, dictado en el incidente de recusación promovido contra el Dr. José Antonio Carma. En aquella oportunidad, aun cuando se encontraba reconocida una relación de amistad entre el magistrado y el Fiscal cuya actuación debía controlar, esta Corte entendió que ese vínculo no resultaba suficiente para poner en duda su imparcialidad, al no verificarse circunstancias concretas que permitieran vincular aquella relación con una actuación parcial en perjuicio del imputado.
El antecedente resulta especialmente ilustrativo, pues si una relación personal con quien ejerce directamente la función acusatoria no determina por sí sola el apartamiento, con mayor razón corresponde exigir, en el presente caso, datos objetivos que permitan establecer de qué manera el vínculo invocado con una funcionaria de la sede fiscal podría proyectarse sobre la decisión jurisdiccional.
Tampoco “Llerena” conduce a una solución diferente. En aquel supuesto, el temor objetivo de parcialidad se vinculaba con la intervención de una misma magistrada en funciones sucesivas respecto del mismo objeto procesal. Aquí no existe una superposición funcional semejante ni se identifica una actuación previa del Dr. Felsztyna que importe haber tomado posición sobre la cuestión sometida a su conocimiento.
A ello se agrega que, conforme surge del informe del magistrado, su intervención se encuentra circunscripta al hábeas corpus, mientras que la situación legal del detenido tramita ante otro juez.
En definitiva, como también se señaló en los A.I. N° 55/2025 y N° 37/2026, no basta la afirmación de un temor de parcialidad, sino que es necesario que éste encuentre sustento en hechos objetivos que permitan considerarlo serio y razonablemente justificado. Tales extremos no se verifican en el caso.
La garantía de juez imparcial impone el apartamiento cuando existan razones objetivas y legítimas para dudar de la neutralidad del magistrado, pero no autoriza a desplazar al juez natural sobre la sola base de una relación personal cuya incidencia concreta en la cuestión sometida a decisión no ha sido demostrada. Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la recusación formulada.
Por ello, la SALA PENAL de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. No hacer lugar a la recusación formulada por el Dr. Julio Roberto Sosa, en ejercicio de la defensa técnica de Julio César Nieva, contra el Dr. Jonathan D. Felsztyna, Juez de Control de Garantías de Primera Nominación.
2. Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
3. Protocolícese, notifíquese y, sin demoras, bajen las actuaciones al Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, a fin de que continúe el trámite del hábeas corpus según su estado.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia