Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64104
En la ciudad de Azul, a los quince días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores, María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós para dictar sentencia en los autos caratulados: "Salazar Ismael Oscar c/ Fal Juan Esteban y Otros s/ Incidente de redargución de falsedad" (Causa Nº 64.104), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. LONGOBARDI, Dr. GALDOS y Dr. PERALTA REYES.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.-. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.99/106vta?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Juez Doctora LONGOBARDI, dijo:
I). El actor Ismael Oscar Salazar promovió Incidente de redargución de falsedad contra ALPAJU S.A., Rodolfo Eduardo Seoane, María Victoria Romanelli y el Notario Juan Esteban Fal en relación a la escritura de compraventa n° 280 de fecha 01/08/2011 (fs. 9/13), para que se declaren falsas las manifestaciones y hechos que detalla. Este Incidente fue sustanciado en el marco de los autos principales “Salazar Ismael Oscar c/SUPERCAL S.A. y otros s. Daños y Perjuicios” (causa n° 1432/2012, numeración del juzgado de origen, que tengo a la vista), en el cual se dictó en igual fecha sentencia de primera instancia haciendo lugar a la demanda con relación a los co-demandados María Victoria Romanelli y Rodolfo Eduardo Seoane y rechazándola respecto de los restantes; resolución que se encuentra asimismo apelada y con radicación ante este Tribunal a los fines de sustanciar el respectivo recurso.
En lo que aquí interesa, en este incidente se rechazó la pretensión deducida por el Sr. Ismael Oscar Salazar, y asimismo se rechazó la excepción de falta de legitimación activa deducida por los Sres. Rodolfo Eduardo Seoane y María Victoria Romanelli, con costas al incidentista, excepto las impuestas por la excepción de falta de legitimación en un 20% a cargo de los excepcionantes. El rechazo de la excepción fue consentido por éstos, de modo que arriba firme a esta instancia.
La sentencia fue apelada por el incidentista Sr. Ismael Oscar Salazar, por presentación electrónica de fecha 9/11/2018, recurso concedido a fs.111 y fundado en presentación electrónica del 17/11/2018.
II). a) Para una mejor comprensión del tema, me referiré a los hechos planteados en estos autos incidentales en forma conjunta con los dichos de las partes y las pruebas producidas en los autos principales del presente, caratulados “Salazar Ismael Oscar c. Romanelli María Victoria y ots. s/ Daños y perjuicios”(Expte. 1432/12 de origen), en el que Salazar reclama a los co-demandados María Victoria Romanelli y Rodolfo Eduardo Seoane y a las empresas SUPERCAL S.A., ALPAJU S.A. y COMPAÑIA DE SERVICIOS SUPERTRANS S.A. los daños y perjuicios derivados de la demolición de su vivienda, construida en parte del terreno objeto de la compraventa cuestionada en estos autos; como también las constancias que surgen según sentencia firme recaída en autos “Salazar Oscar Ismael c/ Municipalidad de Olavarría s/Pretensión Anulatoria”, (Expte. n° 8486) tramitados ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°1 de Azul; ambas causas agregadas por cuerda al presente.
b) Los hechos y manifestaciones cuestionados por falsos por el incidentista en relación a la escritura de compraventa n° 280 celebrada entre los Sres. Romanelli y Seoane, como vendedores, y APALJU S.A. como compradora, son los siguientes: 1)que la compradora tuviera la posesión material y efectiva del inmueble al tiempo de la celebración de la escritura y que, por lo tanto, la posesión podía ser ratificada en la escritura; 2) que la tradición se hubiera verificado en legal forma; 3)que el inmueble estuviera totalmente desocupado; 4) que no hubiera existido oposición de terceros (Salazar sería el tercero que se opuso) (cfr. demanda, fs. 5vta.).
c) La sentencia apelada, luego de efectuar una sucinta relación de los hechos según los distintos escritos postulatorios (incidentista, incidentados comprador y vendedores, y notario interviniente) y de rechazar –como se dijo- la excepción de falta de legitimación activa, analiza los criterios de falsedad de los instrumentos públicos, según los cuales se distingue entre falsedad material, falsedad intelectual y falsedad ideológica, o directamente entre falsedad material e ideológica, y teniendo en cuenta las constancias del presente incidente, del principal “Salazar Ismael Oscar c. Romanelli María Victoria y ots. s/ Daños y perjuicios” (Expte. 1432/12) y lo resuelto en los autos “Salazar Ismael Oscar c/ Municipalidad de Olavarría s/ Pretensión anulatoria” (Expte. N°8486 del Juzgado Contencioso Administrativo de Azul citado), consideró que la presente demanda incidental no podía prosperar. Ello, por cuanto de los propios dichos del actor se desprende que ha quedado acreditado que el Sr. Salazar se retiró de la vivienda construida en una parte del terreno de los demandados, en el mes de junio de 2011, y la escritura atacada de falsa por las causas expuestas más arriba, fue suscripta con fecha 01/8/2011, de modo que a esta última fecha el inmueble se encontraba efectivamente desocupado para las partes (de la compraventa) y además no está controvertido que el Sr. Salazar había edificado su vivienda por el Plan Hornero (de autoconstrucción), en un terreno distinto al que en realidad le había sido adjudicado por la Municipalidad de Olavarría. Agregó por otra parte que el escribano, al solicitar los certificados previos a la suscripción de una compraventa inmobiliaria (dominio, inhibición y cédula catastral), utilizó el certificado catastral n° 4072177 del agrimensor Daniel Urdampilleta; en el cual surge que los titulares registrales detentaban un inmueble de 14has.51As.32Cas., desocupado al momento de realizarse la cédula catastral, sin restricciones ni afectaciones.
III). El incidentista manifiesta agraviarse: del apartamiento de los límites impuestos por el principio de congruencia, de la falta de análisis de todas las cuestiones sometidas a decisión y por no abordar adecuadamente la prueba rendida. La primera de las cuestiones no ha sido desarrollada, por lo que prescindiré de su consideración. En lo restante, la parte apelante sostiene que en cuanto a la pretendida desocupación del inmueble a la fecha de la firma de la escritura, y dado que el escribano en su responde manifestó que nunca constata en el plano de los hechos la desocupación concreta de los inmuebles cuya venta autoriza, el a quo debería haber analizado (y no lo hizo) el resto de las pruebas producidas (testimonial, pericial y ratificación de informativa) y como los otorgantes del acto son quienes están en mejor posición para acreditar el momento exacto de entrega de la posesión y no lo hicieron, no se puede concluir que Salazar se había retirado voluntariamente abandonando su vivienda. Agrega que es insuficiente la fundamentación de la sentencia para refutar la”oposición de terceros” en que se encuadra la pretensión de Salazar. Cuestiona el argumento del a quo acerca de la inexistencia de oposición de terceros, pues considera que la constatación de desocupación concreta y la falta de oposición de terceros son aspectos fácticos que deben diferenciarse del análisis documental previo al acto. Considera que no se analizó debidamente la efectiva desocupación y entrega material de la cosa y reitera las afirmaciones iniciales (fs. 5vta.) de los hechos que a su entender son afirmaciones falsas contenidas en la escritura cuya declaración de falsedad solicita.
Corrido traslado de la fundamentación (fs. 112), la misma no fue contestada (fs. 113).
Encontrándose cumplidos todos los pasos procesales de rigor, se encuentran los presentes en condiciones del dictado de la pertinente sentencia.
IV. Anticipo que el recurso no habrá de prosperar.
1. Le asiste parcialmente razón tanto al escribano Juan Esteban Fal como a la codemandada ALPAJU S.A., en cuanto a que se ha equivocado la vía elegida para cuestionar el acto. Como se verá, no era la vía de la redargución de falsedad de escritura pública la adecuada para declarar la insinceridad de las manifestaciones de las partes en la escritura de compraventa n° 280, acerca de la previa posesión de la compradora con anterioridad a la escritura, a la tradición y la entrega del inmueble totalmente desocupado y libre de oposición. Eventualmente, y a los fines de abastecer la prueba de los daños y perjuicios reclamados en el principal, podría haber intentado la demostración de la insinceridad de las manifestaciones de las partes mediante la prueba de la simulación de tales actos (posesión anterior a la firma de la escritura y entrega libre de oposición de terceros), sin que resulte en modo alguno procedente la redargución de falsedad de la escritura pública; pues ésta, como se verá, se refiere a la falsedad de los actos cumplidos por el Escribano interviniente o que este manifieste pasados en su presencia, es decir, es la vía necesaria para destruir la fe pública de que gozan las escrituras públicas, mas no es la vía para declarar falsas las manifestaciones de las partes recogidas por el escribano, pues las mismas no gozan de fe pública.
De la lectura conjunta de las tres causas referidas surgen los hechos relevantes a tener en cuenta: el Sr. Ismael Oscar Salazar oportunamente solicitó y obtuvo de la Municipalidad de Olavarría la adjudicación definitiva de parte de un lote de mayor amplitud (14 Has. y fracción), identificado como parte de la parcela 2d, de la Circ. II, Sec. F, Ch 575. Por un error de demarcación, que no surge bien en claro si fue del Municipio o del propio Salazar, este construyó su vivienda mediante el plan de autoconstrucción “Hornero”, en el lote contiguo, que es la parcela 2c de la misma chacra objeto de la compraventa cuestionada entre los Sres. Romanelli y Seoane por una parte, y la empresa ALPAJU S.A, por otra.
En el mes de junio de 2011 Salazar concurre a la Municipalidad de Olavarría y denuncia (mediante presentación administrativa del 30/6/2011 obrante en el Expte. N° 8486 que tengo a la vista), que habiéndose ausentado de su casa a pasar unos días con su hijo por razones de enfermedad, al regresar encontró que su casa había sido demolida y todos sus muebles y enseres arrojados a un basural; habiéndose informado por parte de vecinos, que ello había sido realizado con maquinarias de la empresa SUPERTRANS S.A. (también demandada en el principal de estos autos). Denuncia tal hecho ante el Municipio y solicita la restitución del terreno. El Municipio - previa intervención de las Áreas competentes y realización de informe socio ambiental por el que se determina que Salazar había abandonado la casa -advierte el error en el terreno sobre el que se asentaba la vivienda, dictando el decreto n° 1982 de fecha 02/8/2011por el que “Desadjudica” el terreno anteriormente cedido a Salazar, considerando que éste no se hallaba en la ocupación real del inmueble y además por entrecruzamiento de datos se constata que había solicitado la escrituración a su favor de otro lote de terreno también en la ciudad de Olavarría.
Ante esta situación, Salazar promueve primeramente una pretensión anulatoria de este último decreto 1982/2011contra la Municipalidad de Olavarría, por ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Azul (Expte. n° 8486 cit.), en el que con fecha 13/02/2017 se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, dejando sin efecto el acto administrativo número 1982 de fecha 02/8/2011 y condenando a la Municipalidad a restablecer la vigencia del anterior decreto n° 1168/2007 y su modificatorio 924/2008 por el que se le había otorgado la adjudicación definitiva de la parcela 2d para construir. Asimismo, y para el supuesto de imposibilidad del Municipio de cumplir la condena en especie (mediante la entrega del lote antes adjudicado o uno similar), estableció que la ejecución de la condena se llevaría a cabo de acuerdo a la cuantificación practicada en la misma sentencia (Cons. 3). Esta sentencia fue consentida por la Municipalidad de Olavarría, que ofreció un terreno de similares características, el cual no fue aceptado por el actor Salazar, quien practicó liquidación y solicitó el pago en dinero, lo que fue admitido en primera instancia. Apelada esta resolución, fue revocada por la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, que estableció que habiendo ofrecido el Municipio a Salazar un terreno de similares y aún mejores características que el inicialmente adjudicado, no estaba en manos de éste aceptarlo o rechazarlo sino que ello quedaba al arbitrio del ente municipal, debiendo ejecutarse la sentencia conforme el Considerando 2 de la misma. Esta forma de cumplimiento, fue finalmente aceptada por Salazar, quien solicitó asimismo la firma del convenio de adjudicación respectivo (ver presentación electrónica de fechas 11/9/18 del expte. 8486).
Separadamente, por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 1 de Olavarría, Salazar demandó también a los vendedores Romanelli y Seoane y a la compradora de la parcela 2-d perteneciente a aquellos, ALPAJU S.A. (en parte de la cual él por error había construido su vivienda por autoconstrucción), por los daños y perjuicios sufridos por la demolición de la misma y la pérdida de los muebles y objetos de la casa (Expte. n° 14312/12 citado). Como una derivación de esta causa principal de daños y perjuicios, promovió el presente incidente de redargución de falsedad, intentando demostrar que las cláusulas de la escritura por las que el escribano recogía las manifestaciones de las partes, de haber estado el comprador en posesión del inmueble y haber recibido la tradición libre de ocupación y sin oposición de terceros con anterioridad a la fecha de la escritura, eran falsas.
2). La escritura pública es un instrumento público regulado en los arts. 979 y ss. del Código Civil de Veléz Sársfield (vigente al momento de la celebración del acto atacado y que por ende habrá de regir en la presente causa, conforme el art. 7° CCCN). En el actualmente vigente Código Civil y Comercial de la Nación la cuestión está tratada en los arts. 289 a 309, aunque la regulación legal no ha sufrido sustanciales modificaciones, salvo precisamente en cuanto a la eficacia probatoria del instrumento público, en que se siguen los antiguos arts. 993 y 994 CC, aunque con mejor redacción (Exposición de motivos, Ley 26.994). Es precisamente en torno a estos dos artículos (con la autoridad interpretativa que surge del nuevo art. 296 CCCN), que se encuentra la solución del presente caso.
En efecto, conforme los textos legales arriba citados y la elaboración doctrinaria y jurisprudencial en torno a los mismos, las escrituras públicas hacen “plena fe” de dos tipos de cuestiones: a) en cuanto al lugar, fecha, realización del acto y todos los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él o en su presencia (o hasta que sea redargüido o declarado falso en juicio civil o criminal); y b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado (hasta que se produzca la prueba en contrario) .
Como recordaba la a quo en la sentencia recurrida, existen dos tipos de falsedades: la falsedad material del instrumento público, y la falsedad intelectual o ideológica (que es la que se ataca por redargución de falsedad cuanto es menester atacar la plena fe que da el escribano acerca de los actos por el cumplidos o cumplidos por las partes en su presencia). El contenido de las declaraciones de las partes, recogido por la escritura pública, debe ser atacado por redargución de falsedad si lo que se pretende es destruir la plena fe que da el escribano acerca de que efectivamente esas declaraciones fueron vertidas por las partes en su presencia en el momento del acto. Mas si lo que se pretende atacar es la insinceridad de las partes en cuanto a las declaraciones que efectúan en presencia del escribano, éste no es responsable de dichas supuestas falsedades o actos viciados por la voluntad de las partes, y estas se pueden desvirtuar por prueba en contrario. Qué es lo que cambia? Pues que quien pretender redargüir de falsa una escritura pública, debe probar sin lugar a dudas que la misma contiene falsedades materiales (de firmas, fechas, errores, enmiendas no salvadas, etc.), o falsedades ideológicas acerca de los hechos que el escribano dice haber percibido o haber pasado en su presencia (por ejemplo, que se entregó en su presencia el dinero y no lo fue).
Las restantes manifestaciones recogidas por el escribano, no tienen la plena fe de los actos que confiere la participación del oficial público otorgante, y por ende, la prueba puede ser más sencilla y aún puede tratarse de presunciones serias y concordantes; pudiendo ser desvirtuadas mediante simple prueba en contrario.
La doctrina elaborada a lo largo de muchísimos años en torno al valor probatorio del instrumento público, al igual que la jurisprudencia de nuestros tribunales, y tanto en torno al Código Civil de Vélez Sársfield como del actual Código Civil y Comercial de la Nación, es conteste en que “...en un instrumento público, lo que hace plena fe, hasta su redargución de falsedad, es la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese enunciado como cumplidos por él mismo o que han sucedido en su presencia, pero no se son veraces las manifestaciones –tal el caso de autos-que alguno de los intervinientes en el acto efectuó al mismo (conf. causas L. 36.002, sent. del 5-VIII-86; Ac. 33.560, sent. del 21-IX-84)” (SCBA, Ac. y Sent.
SCJ, T. 1993 -IV-108/109) (arts. 993/995 Cód. Civil; EtchegaRay-Capurro, Función Notarial, Coord. Etchegaray,Natalio Pedro, en Etchegaray- Capurro, T.I, Derecho Natarial Aplicado, Ed. Astrea, pg.35/37; Pelosi, Carlos A., Ed. Astrea, 4ª reimpresión, pg. 313 y ss, 322/331; Lamber, Rubén Augusto, La escritura pública, Ed. FEN, T.I, pg. 105/108). En igual sentido se pronuncia, como anticipamos, la doctrina en torno al nuevo CCCN, cuyas disposiciones sustancialmente idénticas solo mejoran en la redacción, del actual art. 296, la noción del valor probatorio de la fe pública en los instrumentos públicos. Se dice en este sentido que la fe pública de los instrumentos públicos (enunciados en el art. 289), o sea, “la presunción de verdad de los hechos y actos sometidos a su amparo” (Giménez Arnaud, Enrique; “Derecho Notarial”, Ed.
Universidad de Navarra, Pamplona 1976, pg. 28, cit. en nota 5 pg. 9 por Ventura, Gabriel B. “El valor probatorio de los instrumentos públicos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”) no abarca por igual a todas las cláusulas. Con ello se quiere significar que no todo el contenido del documento público tiene idéntico grado de presunción de verdad; sino que según cuál sea el papel que juega en una relación jurídica cada una de las expresiones contenidas, será el valor asignado por la ley. El CCCN ha sintetizado en una sola norma, todas las valoraciones que pueden efectuarse según cuáles sean los contenidos de las cláusulas dentro del instrumento público. Los arts. 993 y 994 del viejo código están ahora contenidos en el inc. a) del art. 296 CCCN; y el 995 se encuentra en el inc. b) (Ventura, ob.cit.; aclaro que por error material se refiere al art. 298 en lugar del 296 que es el comentado).
Sistematizando el contenido del documento público, la doctrina ha clasificado el mismo de la siguiente manera: a) actos cumplidos por el oficial público, o pasados en su presencia; b) cláusulas dispositivas; c) cláusulas enunciativas directas; d) C
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.