Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32843
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el fallo apelado en cuanto a la multa que impone al recurrente, confirmándolo en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en un 20% a la parte actora y en un 80% al apelante, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa N º MO-3284-2022
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PEREZ RAMONA IMELDA C/ POLICASTRO JOSE LUIS Y OTRO/A S/ INCIDENTE DE REDARGUCION DE FALSEDAD" Causa N º MO-3284-2022 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial nro. 8 Departamental, con fecha 23 de Octubre de 2023 dictó sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda, declarando la inexistencia de la presentación judicial allí aludida, imponiendo las costas a los demandados y también una sanción.
Apeló el Dr. Policastro, por derecho propio.
Su recurso se concedió libremente.
Fue fundado con el escrito de fecha 14 de Diciembre de 2023, replicado con fecha 22 de Diciembre de 2023, presentaciones a cuyos términos cabe remitirse.
Con fecha 8 de Febrero de 2024, se llamaron "autos para sentencia" providencia que adquirió firmeza, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. Circunscripta así la cuestión, he de comenzar señalando que -desde mi punto de vista- los fundamentos del recurso sortean, quizás algo ajustadamente, la valla del art. 260 del CPCC.
Lo cierto es que si bien el quejoso trae una serie de cuestiones que son ajenas a lo puntualmente decidido en la sentencia apelada, con sus restantes planteos ofrece aunque sea un mínimo de crítica técnicamente computable como para ingresar en el fondo del asunto.
Así entonces, paso a su abordaje.
Para circunscribir, adecuadamente, el caso, debemos reseñar a qué apunta el planteo inicial.
Básicamente, estas actuaciones se inician con el objeto de impugnar una presentación efectuada en los autos "ALAGASTINO ROSA ETELVINA Y OTRO C/ DVORKIN SIMON S/ POSESIÓN VEINTEAÑAL” (Expediente Nro. 66641) en trámite ante el juzgado de origen, con fecha 3 de Noviembre de 2021.
El nudo del planteo es el incumplimiento a lo normado por el Ac. 4013, sosteniendo que la firma impuesta por el cliente en el original de dicho escrito no pertenecía al Sr. Martinez.
Para profundizar en el tenor de este planteamiento, cabe remitirse a la presentación que da inicio a las presentes (ver escrito del 7 de Febrero de 2022).
El letrado apelante contesta en los términos que surgen del escrito de fecha 7 de Marzo de 2022.
Llegado este punto, debemos comenzar señalando que, con la digitalización de los trámites judiciales y el avance que se ha venido llevando a cabo en este sentido, se presentó un problema: qué hacer en aquellos casos en que la parte actúa por derecho propio y con el patrocinio de un letrado, cuando es la parte quien tiene que firmar los escritos (art. 118 CPCC).
Esta cuestión ha tenido variedad de abordajes en los distintos ámbitos y normas reglamentarias, con soluciones de distinto tipo, incluso en el ámbito mismo de nuestra Provincia.
Pero no viene al caso estar mencionando aquí estos puntos, porque exceden la discusión.
Lo cierto es que la norma vigente en nuestra provincia es el Ac. 4013 (y sus modificatorios).
Veamos qué nos dice esa normativa.
El art. 5 del Reglamento aprobado indica lo siguiente
" en los casos que la parte actúe por propio derecho y no haya celebrado un convenio con esta Suprema Corte ni se encuentre alcanzado por normas que la habiliten a realizar las presentaciones en forma electrónica, el escrito será firmado ológrafamente en presencia de su abogado. Éste generará una copia digitalizada del escrito firmado por el litigante y la adjuntará a una presentación electrónica firmada electrónica /digitalmente a través del sitio web seguro del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. El ingreso en dicho sistema de una presentación de estas características implicará la presentación formal del escrito, la declaración jurada del abogado de que se ha cumplido con lo previsto en el párrafo anterior y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del depositario del escrito firmado en forma ológrafa . El órgano judicial podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar por resolución fundada la exhibición del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en caso de incumplimiento. El requerimiento previsto en el párrafo anterior podrá ser efectuado de oficio sólo mientras la presentación respectiva no haya sido proveída por el órgano judicial; el pedido de parte podrá ser instado dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que se notifique el auto o resolución por el que se provea la presentación. Con posterioridad, el escrito en copia digital quedará definitivamente incorporado a la causa y no se requerirá en lo sucesivo su exhibición, salvo que mediaren causas graves debidamente fundadas que tomen imprescindible su presentación. En cualquiera de los supuestos, si se hubiera tomado imposible la exhibición del original y no mediara culpa del depositario, se citará personalmente a la parte patrocinada a fin de que ratifique la autoría de la presentación, sin perjuicio de la facultad del órgano judicial de adoptar otras medidas pertinentes a tales efectos" ( el resaltado me pertenece).
Es decir, cuando se efectúa una presentación en los términos de esta norma, el letrado está declarando bajo juramento que cumplió con la misma.
Y en los términos de la norma, los escritos originales (que por regla quedan en depósito bajo la custodia del letrado) deben ser firmados por la parte, en su presencia.
Pues bien, en el caso, se demostró -pericialmente (ver pericia de fecha 15 de Junio y explicaciones del 31 de Julio de 2023)- que la firma en el original no pertenecía al Sr. Martinez (el cliente).
Y ha sido el propio apelante quien afirmó una mecánica de suscripción de la presentación que no se condice con lo indicado por la norma reglamentaria (afirma que el cliente le envió el escrito firmado).
En este contexto, voy dando respuestas específicas a los distintos agravios.
Primero, el tema de la caducidad.
A decir verdad, aquí hay una cuestión, porque discrepo con el enfoque, y trámite, que al tema se le ha dado.
Es que, en realidad, aquí no estamos ante la redargución de falsedad de un instrumento público (ámbito propio del art. 393 del CPCC) sino ante el planteo de falsedad de la firma impuesta a un escrito, que debió haber tramitado por vía incidental.
Ahora, el accionante procuró transitar ese camino (ver su presentación de fecha 12 de Noviembre de 2021) y esto fue proveído con fecha 3 de Diciembre de 2021, enfocando la cuestión hacia el trámite de la redargución de falsedad y haciéndole saber que " deberá promoverse el incidente establecido por la mentada normativa, haciéndole saber que el plazo allí contemplado de 10 días será computado a partir del día siguiente al que se acompañe a estos obrados el original en soporte papel del escrito impugnado" .
Luego, el accionante introdujo su planteo dentro de los 10 días de haber quedado disponible el escrito (tomamos la providencia del 27 de Diciembre de 2021, notificada al día siguiente), conforme se lo había indicado en la providencia -firme- de fecha 3 de Diciembre de 2021.
Tomamos esa fecha, la de notificación de la providencia, y no la de entrega del escrito, dado que tal situación -la entrega- necesariamente debía notificársele a quien había solicitado su exhibición.
Aquí cabe destacar que, desde la Sala 3 de esta misma Cámara, se ha señalado que el plazo para computar la temporaneidad de este tipo de planteos se cuenta desde que la parte que impugna tiene a su disposición efectivamente el escrito original (causa nro. Causa MO- 49.582 – 2019, resolución del 2 de Septiembre de 2021).
De este modo, no podemos hablar de caducidad, primero porque el planteo de fecha 12 de Noviembre de 2021 fue oportuno (incluso se lo hizo de manera temprana, ya que se trajo el tema aun no teniendo el original) y segundo porque, si no se lo toma como incidente y se lo considera redargución, el accionante no hizo mas que seguir lo que se le había indicado en una resolución firme, que el propio apelante consintió.
Concluyo, entonces, que la contraria introdujo la cuestión en forma tempestiva.
Zanjado esto, vemos que el quejoso plantea, e insiste, con la cuestión de la realización de una pericia para determinar que no fue él quien impuso la firma apócrifa.
El planteo debe desestimarse, en los términos del art. 255 del CPCC, dado que dicha prueba se vuelve totalmente inconducente (art. 362 del CPCC).
Aquí nadie alegó tal circunstancia, sino que estuvo en discusión solamente el hecho de que la firma no pertenecía a quien debía (el cliente).
Esto es lo único relevante (al menos para las presentes).
Determinar, luego, quien impuso tal firma puede ser relevante en otro fuero, pero aquí no.
Lo cierto es que la firma, aquí, no corresponde al cliente y con tal circunstancia alcanza para decretar la inexistencia, frente al claro incumplimiento de la norma reglamentaria antedicha.
La cuestión por determinar, finalmente, si corresponde, o no, la imposición de la multa al profesional actuante.
En tal sentido, sabemos que la ley procesal contempla varios supuestos sancionatorios.
Básicamente el art. 45 del CPCC nos habla de temeridad y de malicia.
La Sala ha dicho que " por temeridad se entiende, en principio toda conducta de la parte que sabe a ciencia cierta que no tiene razón valedera, que no esta asistido de razón, no obstante lo cual, abusando de la jurisdicción componen un proceso del que se ha de generar daño a la otra parte. Y a su vez, la malicia se perfila en la actuación u omisión, durante el desarrollo del trámite, es decir cuando cualquiera de las partes obstaculiza, retarda, provoca articulaciones improcedentes, mañosas, con el propósito de dilatar la tramitación del proceso. La sanción cumple una función moralizadora del proceso, cual es la de castigar el obrar de las partes y/o sus letrados, violatorio del deber de actuar en el mismo con lealtad, probidad y buena fe " (esta Sala en causa nro. 44.007 R.S. 594/00, entre otras).
Ahora bien, dados los hechos aquí verificados, no veo que se de ninguno de ellos en relación a la actuación del apelante.
No veo que haya temeridad, en el sentido de conciencia de la propia sinrazón.
Tampoco veo que haya malicia, en el sentido de dilatar el proceso.
Sí veo que ha cometido un error y que no ha procedido conforme lo requiere la Acordada y el Reglamento aprobado por la SCBA.
Pero tampoco puedo perder de vista que -ya desde su primera presentación- viene afirmando determinada mecánica de cosas, en cuanto a la firma del escrito, que si bien denota el incumplimiento de una obligación impuesta reglamentariamente, no deja en evidencia -de por sí- una actuación temeraria o maliciosa.
Diverso sería el caso en que el letrado hubiera afirmado que el cliente había firmado en su presencia y después esto no fuera así, o que hubiera asumido otro tipo de conducta reñida con el deber de buena fe, pero nada de eso sucedió.
Está fuera de toda duda que lo que afirma que hizo no es lo que indicaba el Reglamento, pero no mucho más.
Tampoco surge probado de las constancias de autos que las cosas hubieran sucedido de una manera diversa de aquella que está afirmando el apelante.
Ahora bien, no pierdo de vista que, al imponer la sanción, el Sr. Juez de Grado se apoya en las normas del art. 35.
Dicho artículo establece que " para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán: 1°) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos. 2°) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso. 3°) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por éste Código. El importe de las multas que no tuviesen destino oficial establecido en el mismo, se aplicará al que le fije la Suprema Corte de Justicia. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del Ministerio Público Fiscal ante los respectivos departamentos judiciales. La falta de ejecución dentro de los 30 días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite, o el abandono injustificado, de éste, será considerado falta grave" .
Ahora bien, tales reglas apuntan al mantenimiento del orden en los juicios, pero aquí tampoco nos encontramos en este cuadrante.
De hecho, no hay ninguna norma que contemple la posibilidad de imponer una multa pecuniaria en supuestos así.
Insisto, lo que hizo el letrado apelante fue incorrecto y reprochable, pero no es temeridad, tampoco es malicia y no hay ninguna norma que contemple una sanción pecuniaria para estos casos.
Entre el error y la equivocación, y la mala fe o el abuso, hay diferencias e, insisto, aquí no veo mala fe o abuso.
Sí veo un error, y por ello el quejoso cargará con las costas de primera instancia, pero -desde mi punto de vista y con el criterio restrictivo que cabe emplear en materia sancionatoria- no veo razón suficiente como para imponerle una sanción, por el solo hecho de haber adoptado una mecánica diversa de la indicada en la Acordada.
Consecuentemente, entiendo que este aspecto del fallo deberá revocarse, solo en lo que respecta a la multa impuesta, no en la comunicación a la entidad Colegial, que podrá revisar -dentro de su competencia propia- si el accionar del apelante merece, o no, un reproche en aquel ámbito.
3. Luego, por todo lo que se lleva expuesto, entiendo que deberá revocase el fallo en cuanto a la multa que impone al apelante, confirmándolo en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Las costas de Alzada deberán imponerse en un 20% a la parte actora y en un 80% al apelante, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del CPCC).
Por tales razones, a la cuestión planteada doy mi voto
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, y por iguales razones, el Sr. Juez Dr. GALLO adhiere votando
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA el fallo apelado en cuanto a la multa que impone al recurrente, confirmándolo en lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en un 20% a la parte actora y en un 80% al apelante, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2024 11:22:14 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 11:48:38 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 11:52:22 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 05/03/2024 11:52:23 hs. bajo el número RS-65-2024 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia