Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala I · Causa 36376
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto contra el punto I de la resolución dictada el día 21 de octubre de 2026; y confirmar el mismo, en tanto denegó la incorporación de C.A.M. en el régimen abierto. Sin costas.
Rigen los arts. 100, 119 y cc. de la Ley 12.256 y sus modif.; 439, 440 párrafo primero, 530 y 531 del C.P.P.
El recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial de C.A.M. contra el punto I de la resolución dictada el 21 de octubre del corriente año, mediante el cual no se hizo lugar a la incorporación del nombrado en el régimen abierto. Que fue concedido el día 30 del mismo mes y año.
I. La Sra. Jueza a quo, apartándose del dictamen conveniente emitido por el Departamento Técnico Criminológico (DTC) denegó a M. el régimen abierto con sustento en que presenta una insuficiente capitalización del tiempo de encierro y si se tiene en cuenta el tiempo restante para el cumplimiento de su condena, existe la posibilidad de generar avances al respecto, sin poder además, soslayar los elementos significativos de cautela emergentes del plano psicológico que no permiten depositar sobre el mismo el nivel de confianza necesario para habilitar su acceso a dicho régimen.
También valoró que el causante permanece alojado en un régimen de normas cerradas, y se tiene en consideración la extensa pena impuesta, los períodos durante los cuales los internos transitan por los distintos estamentos del tratamiento penitenciario deben guardar una relación directa y proporcional con el quatum sancionatorio recibido, para de este modo propiciar un avance gradual y progresivo dentro de su proceso de aprendizaje de reinserción social.
II. La recurrente señaló que la decisión impugnada se centró en la valoración arbitraria que hizo el órgano jurisdiccional del correcto desempeño institucional de su pupilo, donde no se puede dejar pasar por alto que el encartado obtuvo el consejo favorable para su inclusión en el régimen abierto por parte del DTC, obteniendo la máxima conducta susceptible de ser alcanzada en virtud de su tiempo en detención (ejemplar 10), concepto calificado como bueno, y no registra correctivos disciplinarios.
Refirió que el a quo se apartó del contenido de los informes favorables emitidos por la Institución carcelaria sosteniendo la no inclusión en el régimen abierto a los fines de no soslayar el sistema progresivo en virtud de encontrarse transitando la modalidad moderada del régimen cerrado. Entendió que dicho argumento resulta arbitrario porque conforme la manda de los arts. 6 y 94 de la Ley 12.256 los regímenes no son necesariamente secuenciales sino que tampoco se impone la necesidad de transitarlos por un período temporal predeterminado. Por consiguiente, la inclusión del encartado en el mismo no vulneraría principio alguno, y por el contrario, el criterio esgrimido sí conculca el principio de progresividad que pretende resguardar.
En cuanto a la valoración efectuada respecto de las reservas emergentes del informe psicológico, puntualmente ante la falta de proceso crítico; ésta resulta violatoria del principio de reserva.
También dijo que la obtención del régimen impetrado consiste en un significativo paso en el proceso de reinserción social de su defendido (art. 4 ley 12.256), que debe guiar la ejecución de la pena privativa de libertad, sentando el principio básico de progresividad del régimen penitenciario (art. 6 de ley 12.256).
Entendió que la valoración realizada del informe criminológico resulta errada (art. 210 del C.P.P. a contrario sensu ) y violenta el principio de progresividad y resocialización que deriva del trato humano y digno que merece toda persona privada de su libertad.
Por todo ello, solicitó que se revoque el punto I del resolutorio en crisis, y se conceda el ingreso del causante al régimen abierto.
III. Que, acorde a lo informado en el pronunciamiento impugnado, C.A.M. fue condenado a la pena de diez años por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y por encontrarse el sujeto activo encargado de su guarda, hechos reiterados, en cuanto menos dos oportunidades, que concursan idealmente con el delito de corrupción de menores agravado por la edad de la víctima y por resultar el sujeto activo encargado de la guarda; que concurren a su vez de forma real con el delito de amenazas simples.
Fue detenido el 9 de junio de 2021 y de acuerdo al cómputo de pena practicado y aprobado, se estableció que la condena impuesta vencerá el 8 de junio de 2031 .
Ingresó a la órbita del Servicio Penitenciario el 31/05/22, se encuentra alojado en un régimen cerrado de modalidad moderada desde el el 23/04/24, posee conducta ejemplar (diez), concepto bueno, no registra sanciones disciplinarias, realiza tareas de mantenimiento, no está incluído en el área educativa y participó de diversos cursos de capacitación profesional.
Vemos que, en el particular, la circunstancia de que M. se encuentre inserto en el régimen cerrado de modalidad moderada, en confronte directo con el tiempo que resta para que opere el vencimiento de la pena, exige atender esos datos con el riesgo de quebrantamiento de pena, desde que -el beneficio pretendido- no posee guardia armada uniformada, muros perimetrales, rejas u otras formas de contención. Ello hace necesario, que el interno avance gradualmente y no evada los diversos estamentos de la ejecución de la pena, en consonancia con el propio espíritu de la ley, a los fines de garantizar un positivo pronóstico de reinserción social.
Es que no debe soslayarse que el principio de progresividad es uno de los extremos rectores en la ejecución penal.
Se ha sostenido que ".no puede pasarse por alto que el "principio de progresividad" es una de las formas en que se materializa el mandato constitucional de readaptación social por medio de la flexibilización de la ejecución de la pena, atravesando las distintas fases y períodos que prevé la ley 24.660 y, en el ámbito de nuestra provincia, la ley 12.256 (arts. 4 y 5, entre otros)." (Causa N° 121.110 de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, caratulada: "Mengoni Solari, Leandro Ezequiel s/ recurso de casación", de fecha 24 de noviembre de 2022).
Del mismo modo el Superior ha considerado que ".nuestro ordenamiento jurídico identifica en la progresividad de ese tránsito una herramienta central, que funge como una suerte de escalera hacia la libertad. Esto último implica que la adaptación y el cumplimiento de los requisitos impuestos en cada etapa puede habilitar el ingreso a la siguiente, con una merma en las restricciones a la libertad que rodean el cumplimiento de la pena..." (Causa N° 135.061 de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, caratulada: "S. S. V. I. s/ recurso de casación", de fecha 01/04/2025).
Por todo ello, se muestra razonable la conclusión arribada por la Jueza a quo , impresionando prematura la concesión del beneficio en trato por desatender a la progresividad del tratamiento resocializador.
En razón de lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuestos por la Defensa Oficial en favor de M., contra el punto I del resolutorio cuestionado, en tanto se denegó el acceso del nombrado al régimen abierto.
Por lo que antecede, y citas legales que contiene, este Tribunal RESUELVE : NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el punto I de la resolución dictada el día 21 de octubre de 2026; y CONFIRMAR el mismo, en tanto denegó la incorporación de C.A.M. en el régimen abierto. Sin costas.
Rigen los arts. 100, 119 y cc. de la Ley 12.256 y sus modif.; 439, 440 párrafo primero, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese copia. Cumplido, procédase a la devolución del presente al Juzgado de Ejecución Penal nro. 1 Departamental, quedando a cargo de la Secretaría del mismo, el cumplimiento de la totalidad de las notificaciones de rigor debiendo hacer saber en las mismas lo dispuesto en el art. 2, párrafo segundo del Acuerdo 4011 de la SCBA. Sírvase atribuirle a este decisorio el carácter de respetuosa y muy atenta nota de envío.
Firmado en la Ciudad de Morón, en la fecha indicada en las referencias.
Firmas
Funcionario firmante: BELLIDO Fernando Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: CARDOSO Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: GOMEZ Griselda Mariana - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1029-2026
Fin de la sentencia