Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122862
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.862, "Domínguez, Guillermo Manuel contra Sequeiros, Marta Haydee. Incidente de rendición de cuentas en autos Domínguez, Antonio Serafín. Sucesión Ab intestato" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó -en lo principal- la resolución de fs. 1.343/1.348, modificando la base regulatoria de honorarios (v. fs. 1.366/1.370 vta.).
Se interpuso, por el doctor Pablo Guillermo Menna, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.403/1.406 bis vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Marta Haydee Sequeiros -en su carácter de ex curadora de su difunto esposo Antonio Serafín Domínguez- presentó la rendición de cuentas finales requerida en los autos "Domínguez, Antonio Serafín. Sucesión ab intestato", por el período comprendido entre septiembre de 2009 hasta la fecha del fallecimiento del incapaz acaecido el 24 de abril de 2016, ordenándose la formación de la presente incidencia (v. fs. 242/247 vta. y 248).
A fs. 249/256 vta. Guillermo Manuel Domínguez -heredero del causante- con el patrocinio letrado del doctor Pablo Guillermo Menna impugnó las cuentas rendidas, solicitando la producción de prueba tendiente a cuantificar las omisiones e irregularidades en que habría incurrido la ex curadora al efectuar su labor.
El magistrado de origen hizo lugar a las impugnaciones deducidas rechazando, en consecuencia, la rendición de la gestión formulada por Marta Haydee Sequeiros (v. fs. 1.343/1.348).
A los fines de estipular los honorarios de los letrados intervinientes, comenzó por señalar que en virtud de la noción de consumo jurídico los mismos debían ser considerados a la luz de la ley 8.904 debido a que las tareas desarrolladas habían sido efectuadas durante la vigencia de la mencionada ley arancelaria, hoy derogada (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 1.347 vta.).
A ello agregó que a los efectos de ponderar el monto de los estipendios debían tenerse en cuenta la labor desarrollada por los profesionales, las etapas cumplidas, la actividad probatoria desplegada por cada uno de ellos y el monto del asunto, el cual -sin perjuicio del activo y el pasivo del patrimonio administrado- debía estimarse a partir de las ventas o ingresos anuales por todo el período en el que la curadora hubiese cumplido sus funciones, el que surgía de las planillas acompañadas por el perito contador como resumen mensual de ventas (v. pericia contable: fs. 964/975, pto. "f" y planillas anexas: fs. 115/1.130), ascendiendo la base regulatoria a la suma de quince millones de pesos ($15.000.000; v. fs. cit.).
En función de lo expuesto y la escala establecida en el art. 21 de la ley 8.904, pautó los honorarios de los letrados intervinientes en un 4% y un 2% y, sobre dicha base, reguló los emolumentos de los letrados Pablo Guillermo Menna en la suma de seiscientos mil pesos ($600.000) y Juan Carlos Germain en la suma de trescientos mil pesos ($300.000). Asimismo, fijó los de la perito contadora Graciela Luján Granja en la suma de seiscientos mil pesos ($600.000; v. fs. 1.347 vta./1.348).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la ex curadora y el letrado del incidentista, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó -en lo principal- la decisión, modificando la base y cuantía de los estipendios regulados (v. fs. 1.366/1.370 vta.).
Para así decidir, luego de discriminar la normativa aplicable al caso teniendo en cuenta las tareas profesionales cumplidas durante la vigencia del régimen de la ley 8.904 y la actual legislación -ley 14.967- adelantó que el monto tomado por el juez de origen a los fines de determinar los honorarios profesionales resultaba arbitrario (v. fs. 1.369 y vta.).
Advirtió que se estaba ante la determinación arancelaria por la rendición de cuentas final de una curatela y, en tal entendimiento, expresó que la base regulatoria en los casos de administración judicial estaba dada, en principio, por los ingresos obtenidos en la administración, con prescindencia del valor de los bienes (conf. arts. 21, 23, 32 y 47, dec. ley 8.904). Sin perjuicio de ello expresó que no podían obviarse otras cuestiones, tales como la calidad de la gestión, el tiempo que duró la administración y el patrimonio neto (v. fs. 1.369 vta.).
A la luz de estas consideraciones, concluyó que correspondía tomar como base arancelaria el patrimonio neto al finalizar la gestión de la curadora -el cual surgía del informe pericial obrante a fs. 964/975- fijando los honorarios del doctor Pablo Guillermo Menna en la suma de cuarenta mil pesos ($40.000), los del doctor Juan Carlos Germain en la suma de veintiocho mil pesos ($28.000) y los de la perito contadora Graciela Luján Granja en la suma de catorce mil ($14.000; conf. arts. 16, 21, 23, 31, 32, 47 y concs., dec. ley 8.904; v. fs. 1.369/1.370).
Por la labor realizada en la Alzada, habiendo transcurrido el iter recursivo luego de la entrada en vigencia de la ley 14.967, estimó adecuado determinar los honorarios de los letrados en el 25% de los estipendios fijados en la instancia de origen (conf. arts. 15, 15 incs. "a", "b", "c", "d", "e", "g", "h", "i", "j", 21, 31, 47 y concs., ley 14.967; v. fs. 1.370).
III. Frente a este fallo, se alza el letrado Pablo Guillermo Menna -por su propio derecho- mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 2, 3 y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 15, 16, 21, 23, 27 inc. "c", 28 y 32 del decreto ley 8.904 y 34 incs. 4 y 5 "d", 163 incs. 3, 4, 5, 6, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial. Alega el vicio de absurdo. Hace reserva del caso federal (v. fs. 1.403/1.406 bis vta.).
En prieta síntesis, aduce que la sentencia tiene un fundamento solo aparente e incurre en un razonamiento absurdo al prescindir por completo del texto claro de la ley y de la prueba producida y agregada a la causa (v. fs. 1.405 vta. y 1.406).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. El quid de la cuestión gira en torno a la determinación de la base regulatoria de honorarios en la presente incidencia.
En rigor, el recurrente denuncia el quebrantamiento del art. 32 del decreto ley 8.904, exponiendo las razones por la cuales estima infringida la citada normativa.
Por un lado, sostiene que la Cámara al tomar como base del pleito para fijar sus honorarios profesionales el patrimonio neto del causante en lugar de los ingresos obtenidos durante el período que duró la administración de la curadora, ha vulnerado el texto claro de la ley (v. fs. 1.404/1.405).
Por el otro, afirma que el fallo es contradictorio pues si bien, en un primer lugar, alude expresamente a la letra del mentado dispositivo legal, concluye luego -a su entender, arbitrariamente- que debe tomarse a los fines de determinar la cuantía del litigio el valor de los bienes, interpretando de modo erróneo la referida normativa (v. fs. 1.405).
Tal como puede apreciarse, la crítica esbozada se emplaza en el terreno específico del art. 32 del decreto ley 8.904, el que consigna las pautas arancelarias para las tareas desarrolladas por el administrador.
En efecto, el citado artículo prescribe: "Para la regulación de los honorarios del administrador judicial designado en juicios voluntarios, contenciosos y universales, se aplicará la escala del art. 21 sobre el monto de los ingresos obtenidos durante la administración, con prescindencia del valor de los bienes".
Sin embargo, la cuestión aquí traída a debate se vincula con la base regulatoria de los honorarios profesionales del letrado patrocinante del coheredero Guillermo Manuel Domínguez, hipótesis ajena -en principio- al especial ámbito de aplicación del art. 32 -honorarios del administrador judicial- motivo por el cual la crítica fundada estrictamente en la letra del referido precepto legal deviene a todas luces improcedente.
En rigor, el Tribunal de Alzada -más allá del acierto u error que pueda predicarse en torno al modo en que finalmente resolvió la cuestión- efectuó una interpretación armónica de los arts. 21, 23, 32 y 47 del decreto ley 8.904, concluyendo así que debía tomarse como base arancelaria del presente incidente el patrimonio neto al finalizar la gestión de la curadora Marta Haydee Sequeiros (v. fs. 1.369 vta.).
En consecuencia, al ceñir el quejoso su cuestionamiento al examen del art. 32 de la ley 8.904 sin formular una crítica concreta en torno a las restantes normas actuadas por la Cámara, las cuales remiten a diversas pautas arancelarias para la determinación del monto en los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria (v. arts. 21, 23 y 27, ley cit.), el impugnante soslaya el plano en que la Cámara instaló su decisión, dejando incólume el fundamento en que descansa (conf. causas C. 118.902, "Otermin", sent. de 4-III-2015; C. 121.688, "Daix", sent. de 6-XI-2019; e.o.), sin lograr demostrar la violación de la norma legal denunciada, ni cumplir con la carga de formular una crítica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo (arg. art. 279, CPCC).
Tiene dicho reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 109.731, "R. C., F. J.", sent. de 2-V-2013; C. 120.728, "Macovoz", sent. de 31-V-2017; e.o.); déficit que resulta -en la especie- de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta el pronunciamiento en crisis (conf. causas C. 120.515, "Lo Curto", sent. de 15-VIII-2018; C. 121.062, "R., J. A.", sent. de 7-XI-2018; e.o.).
IV.2. Desde otroángulo, la alegada nulidad de los honorarios regulados basada en la ausencia de citas normativas conforme lo establecido en el art. 15 de la ley arancelaria (v. fs. 1.405 vta.) tampoco puede ser receptada, no bien se advierte que el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (v. fs. 1.369/1.370), las que -tal como fuera explicitado- no han sido objeto de crítica alguna por parte del impugnante.
IV.3. Finalmente, el despliegue de agravios vinculados con el apartamiento de prueba esencial producida en la causa y demás elementos de convicción (v. fs. 1.405 vta.) no alcanza a exhibirse más que como una simple disconformidad con lo resuelto, careciendo -por tanto- de entidad técnica para cuestionar las motivaciones del fallo (conf. causas C. 110.372, "Juárez", sent. de 5-III-2014; C. 120.749, "Losinno", sent. de 10-VII-2019; e.o.).
Como puede apreciarse de la simple lectura de la sentencia, el Tribunal de Alzada -contrariamente a lo afirmado por el recurrente- tuvo especialmente en cuenta lo dictaminado por el perito contador a fs. 964/975, en particular, el patrimonio neto resultante al finalizar la gestión de la ex curadora a los fines de determinar la base arancelaria; circunstancia que deja sin sustento al planteo articulado y sella definitivamente la suerte adversa del recurso (art. 279, CPCC).
V. Encuentro lo expuesto suficiente para desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto, pues, por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2020 18:28:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2020 21:56:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:23:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:13:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 14:32:56 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia