Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63775
Causa nº: 2-63775-2018
"LIZASO RICARDO JOSE S/ INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS (187) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 71 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los cuatro días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Lizaso, Ricardo José s/ Incidente de rendición de cuentas” (causa n° 63.775), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 151/155?
2da- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 280/284?
3ra- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I. El presente incidente de rendición de cuentas, se inicia en el marco de la sucesión de Ricardo José Lizaso (Exp. n° 232/2017, que tengo a la vista), en la que, a fs. 52 y vta., fueron declaradas herederas sus tres hijas (Celia Viviana, Nelly Noemí y Adriana Inés Lizaso), y su cónyuge supérstite, Nélida Hortensia Fernández. Se denunciaron como bienes inmuebles –algunos gananciales- integrantes del acervo hereditario, tres chacras, una casa y tres fracciones de campo, por una valuación fiscal última de $17.112.189,95 (ver fs. 721/722 del citado expediente), así como bienes muebles por un valor último denunciado de $461.750 (ver fs. 572 vta.), y muebles registrables (incluidos vacunos, caballos y lanares) por la suma de $938.250. A fs. 519 de la sucesión, la administración de los bienes fue asignada en forma conjunta a todas las coherederas, aún cuando, en los hechos y acorde las constancias de ese expediente, ella ha sido ejercida en el último tiempo por las coherederas Celia y Nelly Lizaso.
En razón de ello, estas últimas presentaron una primera rendición de cuentas (fs. 1/125) correspondiente al período 16/07/17 a 31/10/17, que fue impugnada por Nélida Hortensia Fernández a fs. 133/134 vta., y por Adriana Inés Lizaso a fs. 135/136. Posteriormente, presentaron una segunda rendición de cuentas (fs. 156/260) por el período 01/11/17 al 28/02/18, que fue también impugnada por Nélida H. Fernández (fs. 266/268 vta.) y Adriana I. Lizaso (269/271). Las sentencias de fs. 151/155 y 280/284 que resolvieron las impugnaciones a esas dos rendiciones, así como otras cuestiones adicionales –algunas de ellas también cuestionadas-, dieron lugar a los recursos de apelación (fs. 265 y escrito electrónico del 15/08/18, respectivamente) de las coherederas que rindieran cuentas (Celia y Nelly Lizaso), motivando la elevación de las actuaciones a esta Alzada. El recurso de apelación contra la primera de las mencionadas sentencias será abordado en esta primera cuestión, abordándose el restante en la cuestión siguiente.
I I. Por la sentencia apelada de fs. 151/155 que motiva esta primera cuestión, se abordaron, en lo que aquí importa, las impugnaciones formuladas por Nélida Hortensia Fernández (fs. 133/134 vta.) y Adriana Inés Lizaso (fs. 135/136), a la rendición de cuentas presentada a fs. 1/125 por sus coherederas, Celia y Nelly Lizaso, por el período 16/07/17 a 31/10/17, y se resolvió el cese de la administración conjunta por las coherederas dispuesta a fs. 519 de los autos sucesorios, designándose a un tercero, el Sr. Ricardo Álvarez, como administrador definitivo de los bienes sucesorio. Por escrito electrónico impreso a fs. 265, estas dos últimas plantean recurso de apelación contra la aludida resolución, especificando por escrito del 26/04/2018 (ver fs. 273), que se agravian de lo resuelto en los apartados I (relativo a las impugnaciones efectuadas a la rendición de cuentas de fs.1/125) y III (cese de la administración conjunta por las coherederas y designación de un tercero como administrador). Fundan su recurso con el memorial presentado electrónicamente el 02/08/18. A fs. 285 se corrió traslado del memorial, el que fue contestado electrónicamente con fecha 30/08/18 por Adriana Lizaso, y el 03/09/18 por Nélida Fernández.
A fs. 290 se elevan las actuaciones a la Alzada departamental, y una vez radicadas en esta Sala (fs. 292) se dispone que resultando definitiva la cuestión objeto de apelación, ella debe resolverse con la formalidad del acuerdo. Firme esa providencia (fs. 295), y practicado el sorteo de rigor (fs. 296) se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
En razón de la disparidad y autonomía de las cuestiones a resolver, y a fin de facilitar su comprensión y evitar repeticiones innecesarias, me referiré seguidamente a cada una de los fundamentos del decisorio atacado, con las correlativas críticas de las quejosas y los argumentos defensivos de la contraparte, al tiempo de abordar cada parcela del decisorio en crisis.
III. 1. En primer término, las apelantes Celia y Nelly Lizaso se agravian de que su recurso de apelación de fs. 265 haya sido concedido en relación y no libremente (ver fs. 280), en razón de que, arguyen, la sentencia dictada debe asimilarse a definitiva. Requieren a esta Alzada que haga uso de la facultad emanada del art. 271 in fin CPCC, a fin de que puedan replantear la prueba denegada en primera instancia, conforme lo habilita el art. 255 CPCC.
Sin perjuicio de destacar que las recurrentes ni siquiera han manifestado cuál es la prueba que habría sido denegada en la anterior instancia y que tendrían concreto interés en replantear, señalo que, de todos modos, la forma “en relación” con que fue conferido el recurso de apelación en cuestión resulta ajustada a derecho, pues la sentencia que resuelve un incidente no se inscribe entre las que el art. 243, 2º párr., CPCC refiere, taxativamente, para la concesión de una apelación en forma “libre”.
De modo que corresponde rechazar las críticas en punto a la forma en que concedido el recurso en cuestión (arts. 243 y 271 CPCC).
IV. Ahora bien, en lo que concierne a la decisión de fondo, las recurrentes Celia y Nelly Lizaso se agravian primeramente del rechazo de la erogación de $83.000 denunciada en concepto de 2ª cuota por operación de compra de terneros (cf. recibo de fs. 31). La sentencia apelada (fs. 151/155), dispuso rechazar ese gasto en razón de advertir que en la rendición de cuentas anterior, ya aprobada y firme, presentada por la coheredera Fernández por el período 01/01/17 al 15/07/17, ya se había computado el valor total de la operación de compra en cuestión (por $157.794), aun cuando su pago se hubiera –como sostienen las impugnantes- acordado en cuotas. Subrayó el decisorio que la aludida operación por el monto total fue debidamente acreditada mediante la Factura n° 0002-00000001 (fs. 394 del expediente sucesorio que tengo a la vista), por lo que, concluyó, no puede admitirse como gasto de la sucesión la erogación de $83.000 denunciada ahora por las coherederas Celia y Noemí Lizaso por igual concepto (2ª cuota).
. En su memorial, las mencionadas relatan que la operatoria en cuestión fue efectuada con una hermana del causante, Raquel Beatriz Lizaso, y que la Sra. Fernández abonó sólo la primera cuota. Arguyen que sus coherederas no ofrecieron pruebas de que la compra se hubiera abonado en su totalidad en el mes de junio de 2017, y argumentan que su parte se ha visto perjudicada por no poder producir prueba que acredite que a pesar de haberse incluido en la cuenta de junio la factura con la totalidad de los terneros, ella fue íntegramente cancelada posteriormente por su parte, conforme el recibo agregado y emitido por la propia vendedora Raquel Beatriz Lizaso (fs. 31).
En su responde del 30/08/18, la Sra. Adriana Lizaso sostiene que el segundo pago de $83.000 por la compra de terneros ya había quedado cristalizado con la cuenta aprobada a la Sra. Nélida Fernández en junio de 2017, con lo que, arguye, pretender pagar dos veces la misma deuda es improcedente. A su turno, la Sra. Nélida Fernández (escrito del 03/09/18) agrega que el monto de $83.000 ya había sido abonado.
A mi juicio, la decisión apelada resulta ajustada a derecho en la materia en tratamiento. Ello desde que a fs. 329 y 441 de las actuaciones sucesorias, en el detalle de gastos correspondiente al mes de junio de 2017 (período abarcado por la segunda rendición de cuentas presentada por la coheredera Nélida Fernández a fs. 439/442 vta.), efectivamente se encuentra consignada la suma de $157.794 (valor total de la operación) en concepto de la compra de 28 terneros, que se corresponde con la factura que obra a fs. 394 de ese expediente.
Por otra parte, en el detalle de gastos e ingresos del período siguiente (ver fs. 406 y 441 vta.), ya se parte del saldo que arrojara el resumen de junio ($413.461,9), de modo que, efectivamente, la operación de compra de los 28 terneros en cuestión, fue computada como cancelada completamente en junio de 2017. La rendición de cuentas a la que antes aludiera no mereció impugnación alguna por las coherederas, por lo que fue aprobada por despacho de fs. 469, por ellas también consentido.
De modo que por el principio de preclusión procesal, no pueden las apelantes, Celia y Nelly Lizaso, ignorar la existencia de un gasto ya denunciado y aprobado como efectuado en la sucesión. Es que, como señala Couture al reflexionar sobre el desenvolvimiento del proceso civil, “la estructura misma del juicio contribuye, por su lado, a que, agotados los plazos que se conceden para realizar los actos, se considere caducada la posibilidad de realizarlos ("preclusión") pasándose a los actos subsiguientes. El conjunto de estas situaciones asegura el impulso procesal de tal manera, que es el propio interés de las partes el que les mueve a realizar los actos dentro del término que se les señala. El juicio marcha así, incesantemente, impulsado por las partes o por el tribunal, hacia su destino, sin detenerse (salvo por acuerdo expreso o tácito de partes) y sin regresar jamás.” (Couture, Eduardo J., Desenvolvimiento del Proceso Civil, LA LEY 27, 998; Sup. Esp. Páginas de Eduardo J. Couture en La Ley 2008 (agosto), 23; RCyS 2018-VI, 265).
Y tan relevante resulta el acatamiento de dicho principio en la materia de autos, que de acogerse el planteo de las recurrentes, se alteraría la continuidad lógica y concordancia con las anteriores rendiciones de cuentas presentadas en autos, ya aprobadas y firmes. En todo caso, la cuestión deberá resolverse por intermedio del carril que corresponda, fuera de las presentes actuaciones, pues la cuestión excede ya los intereses de la masa hereditaria, habiendo devenido en un conflicto particular entre la Sra. Nélida Fernández (que dijo y mantiene la afirmación de haber abonado toda la suma pactada; ver fs. 329 y presentación del 03/09/18) y las ahora apelantes, Celia y Nelly Lizaso, que dicen haberla cancelado parcialmente ellas. La desaprobación de ese gasto efectuado por estas últimas en nombre de la sucesión, podría habilitar en todo caso las pertinentes acciones contra la Sra. Nélida Fernández, la que -de ser cierta la versión de las aquí apelantes-, se habría apropiado indebidamente de la suma de $83.000, perjudicando así a las ahora apelantes que deberán afrontarla con su peculio. Mas bien pudo suceder también –y de allí la afirmación de que el debate excede las presentes actuaciones-, que las coherederas hayan incurrido en un pago indebido, por error o en exceso al tercero implicado; el que, sin perjuicio de las pertinentes acciones contra el tercero comprador, en modo alguno puede cargarse sobre la sucesión. De modo que, lo cierto y lo concreto es que frente a un gasto ya incluido en una rendición de cuentas anterior, aprobada y firme, y a la afirmación de la Sra. Fernández –autora de aquella rendición- de que efectivamente realizó tal pago total (presentación del 03/09/18), no encuentro configurada la existencia de un manifiesto error contable o numérico (art. 166 inc. 1 CPCC; Juan J. Formaro, Juicio por rendición de cuentas, Ed. Hammurabi, Depalma, Bs.As., 2010, pág. 155), ni un reconocimiento de su existencia por la parte implicada (la Sra. Fernández), que autorice a excepcionar los fatales efectos que la preclusión procesal ha operado sobre la facultad procesal de las ahora apelantes de cuestionar o desconocer una rendición de cuentas anterior no impugnada, firme y consentida.
En suma, propongo al acuerdo rechazar el recurso de apelación incoado por las Sras. Celia y Nelly Lizaso, y confirmar el decisorio atacado en la cuestión recientemente analizada (arts. 150, 155, 166 inc. 1, 243 y ccds. CPCC).
V. Por otra parte, las coherederas Celia y Nelly Lizaso, se quejan también de lo resuelto en la sentencia de fs. 151/155 respecto de la factura por combustible, presentada por la suma de $19.454,46. Haciendo lugar a la impugnación de las coherederas Nélida Fernández y Adriana Lizaso, el decisorio apelado rechazó el rubro por haberse ingresado dos veces en el mes de agosto, destacando que tras el pedido de explicaciones, las coherederas Celia y Nelly Lizaso habían incluso rectificado la cuenta de gastos de ese mes.
En su memorial, las recurrentes Celia y Nelly Lizaso sostienen que el error cometido al respecto ya había sido reconocido y rectificado en el monto del haber total (que fue incrementado de $328.429,42 a $347.883,88 al presentarse la rendición de cuentas posterior al 01/11/17; cf. fs. 260/261), con lo que el importe en cuestión ya ha sido “devuelto” al sucesorio. Por su parte, la Sra. Adriana Lizaso, destaca que si bien las recurrentes dicen haber rectificado el error, jamás fue puesta a disposición de la sucesión el dinero en cuestión, ni se denunció dónde se encontraba.
A mi juicio, el recurso de apelación debe prosperar en la parcela bajo análisis, pues asiste razón a las recurrentes en punto a que la decisión apelada se ha expedido sobre un aspecto de la rendición de cuentas sobre el que -tras el reconocimiento del error y aclaración efectuada por las ahora apelantes a fs. 146 vta.-, mediaba consenso entre las partes, por lo que ya no constituía una cuestión litigiosa (art. 3 CCCN). Sólo procedía, a mi juicio, dejar aclarado que acorde la rectificación de fs. 146 vta., debía detraerse el gasto en cuestión (correspondiente al mes de agosto de 2017) de la rendición de cuentas de fs. 125 y vta.
Vale destacar que las alegaciones de la coheredera en punto a que, de todos modos, la diferencia oportunamente reconocida nunca se habría depositado por las administradoras Nelly y Celia Lizaso, puesto que esa circunstancia no interesa a la rectitud de la rendición de cuentas efectuada, sino, en todo caso, al depósito o eventual ejecución de su saldo (arts. 747, 748 y 653 CPCC).
En razón de lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar a esa parcela de las críticas de las coherederas; modificar el punto 2° del fallo impugnado (fs. 152 vta.) excluyendo de allí la referencia al rubro 2; y ampliar el punto 1°, determinando que la rendición de cuentas en cuestión se aprueba parcialmente en lo allí aludido, y “con la rectificación de fs. 146 vta.”
VI. En otro orden de consideraciones, las coherederas Celia y Nelly Lizaso se quejan también de lo decidido en relación con el gasto de $10.000 rendido en concepto de “pago saldo compra a José R. Álvarez” (incluido en la liquidación de agosto de 2017, por saldo de precio de compra de 26 terneros). La sentencia apelada, por iguales fundamentos que en el supuesto del pago de la segunda cuota ($83.000) por la compra de 28 terneros, rechazó el rubro por cuanto ya había sido incluido en la liquidación presentada en la sucesión por la coheredera Fernández, aprobada por resolución firme.
Al criticar la decisión, Celia y Nelly Lizaso esgrimen que la sentencia apelada no tuvo en cuentas las explicaciones. La documentación por ellas presentada al contestar las impugnaciones de la Sra. Fernández, particularmente, el recibo del Sr. Álvarez. Explican que la operación de compra fue por la suma $219.000, de los cuales $209.000 se rindieron en julio de 2017, quedando un remanente impago de $10.000, que se abonaron en agosto de 2017. Sostienen que las impugnaciones oportunamente efectuadas por sus coherederas no pueden desacreditar el gasto en cuestión, pues sólo refieren que la operación se había rendido por $209.000 en el mes anterior.
A su turno, por escrito electrónico del 30/08/18, Adriana Lizaso esgrime que el gasto de $10.000 pretende duplicarse, pues ya se había deducido en la rendición de cuentas anterior, y que las críticas de las apelantes solo importan una discrepancia con lo resuelto y la alegación de su propia versión de los hechos. La Sra. Fernández nada responde sobre el particular.
Respecto del presente rubro, estimo que asiste razón a las impugnantes. Ello así por cuanto a diferencia de lo acontecido con la operación de compra de 28 terneros abordada en el punto 2, en esta hipótesis, el gasto de $10.000 que las recurrentes oportunamente justificaron con el recibo de fs. 3 (expedido en concepto de “compra pago total” por Ricardo José Álvarez, mandatario de hacienda y bienes muebles designado a fs. 533/534 y 539 de la sucesión), no se superpone, sino que se adiciona al monto de $209.000 que la coheredera Nélida Fernández había denunciado como gasto del mes de julio de 2017, por la compra de 25 terneros (fs. 406 y 442 del expediente sucesorio). Según lo relataron las apelantes al contestar las impugnaciones al gasto en cuestión (ver fs. 147), “la propia Sra. Fernández había acordado en el mes de junio comprarle al Sr. Álvarez 26 terneros (no 25, como erróneamente se consigna), pero por razones climáticas no había podido concretarse. Llegado fines de junio, concretamente 29/6, y por razones impositivas, la contadora informa que debemos comprar animales caso contrario daría valor elevado de IVA para pagar (diferencia IVA venta contra IVA compras). Por dicha razón se acordó con el Sr. Ricardo Álvarez, ya que los terneros a comprar eran de su producción personal, que extienda una factura aproximada por los 26 animales y que cuando mejorase el tiempo se concretaría la pesada, el traslado y el pago de la diferencia. Así sucedió que se extendió la factura 0002-00000045 por $209.729 el 29/6/17, el día 4/7 se procedió a la pesada y traslado, arrojando la misma 5830 kg. por los 26 animales, con la diferencia de $10.000 sobre el valor facturado. Esta operación se abonó el día 3/7 $100.000, el 12/7 $109.000, y el 1/8 los $10.000 por la diferencia entre el valor facturado y los kilos realmente comprados.” (sic. fs. 147)
En el marco de esas explicaciones oportunamente brindadas, si bien es cierto que el recibo que obra a fs. 3 no es preciso en la descripción de la operación a la que obedece, no lo es menos que tampoco en su oportunidad la Sra. Nélida Fernández acompañó factura correspondiente a la operación de compra por ella denunciada (sin perjuicio de que su rendición haya sido luego aprobada), y que, en contraste con ese proceder, las ahora impugnantes adjuntaron con su presentación electrónica del 12/12/17, sendos recibos expedidos por el Sr. Álvarez, por las sumas de $100.000 y $109.000. Esos recibos (del 03/07/17 y 12/07/17), no sólo guardan correlato con los gastos oportunamente denunciados por la Sra. Nélida Fernández para el período julio de 2017 ($209.000), sino que, evaluados en consonancia con el recibo que ahora importa (el de fs. 3, por la suma de $10.000), contribuyen a tornar verosímil la versión de los acontecimientos aportada por las impugnantes en su presentación electrónica del 12/12/17 (ver fs. 147), y, en consecuencia, a considerar acreditado el gasto en cuestión, acorde el razonable
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