Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64541
Causa nº: 2-64541-2019
"CRESCENTE FRANCISCO PASCUAL C/ TANDIL INVERSORA S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
Sentencia Registro nº: 146 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta y un días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Crescente, Francisco Pascual c/. Tandil Inversora S.A. s/. Incidente de Revisión" ( Causa Nº 64.541 ), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Corresponde hacer lugar al recurso de apelación contra la sentencia de fs. 149/153vta.?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós , dijo:
I.1. Francisco Pascual Crescente promovió incidente de escrituración de los inmuebles inscriptos a nombre de Tandil Inversora SACIFIMAG en la Matrícula N° 004618-103, identificados con las siguientes nomenclaturas: a) Circ. 1; Secc. E; Ch. 150; Manz. 150G; Parc. 3; Pda. 103-52669 (fs. 10/12); b) Circ. 1; Secc. E; Ch. 150; Manz. 150G; Parc. 4; Pda. 103-52670 (fs. 13/15); c) Circ. 1; Secc. E; Ch. 150; Manz. 150P; Parc. 7; Pda. 103-52814 (fs. 19).
Refirió que desde entonces ha aguardado que se resuelva el proceso concursal de Tandil Inversora con el fin de escriturar los lotes. Acompañó cédulas de agrimensura, ofreció prueba y pidió que oportunamente se admita la escrituración.
2. La sindicatura designada en autos “Tandil Inversora Financiera S.A. s/. Quiebra” (expte. n° 35.018) a cargo actualmente del Cdor. Adelqui Alfredo A. Acosta resistió la pretensión oponiendo excepción de falta de legitimación activa, que consideró manifiesta.
Argumentó que el actor no acompañó el boleto de compraventa original lo que impide verificar su legitimación como titular del derecho que pretende ejercer, conforme lo exigía el art. 1185bis del C.C. y lo exige el art. 1171 del CCCN. No acreditó la existencia del boleto ni el pago del 25% del precio lo que demuestra su falta de legitimación activa, precisando que “aun cuando hubiera existido un hipotético comprador de nombre Francisco Crecente tampoco se puede verificar la identidad entre el supuesto comprador y el actor de autos” , ya que podría tratarse de un homónimo del actor a estar al Padrón Electoral Nacional del que surgen por lo menos cuatro personas de nombre Crescente Francisco. Finalmente, dijo que el accionante podría no haber extraviado los instrumentos sino haberlos cedido a un tercero, lo cual deslegitimaría su pretensión al no ser ya titular del derecho. Pidió que se admita la excepción planteada y se rechace la demanda (fs. 29/33).
3. Al diferir el tratamiento de la excepción de falta de legitimación activa para la sentencia –por considerarla de fondo-, el Juzgado dispuso abrir la causa a prueba (fs. 48, 50). Transitada dicha etapa se arribó al dictado de la sentencia que arriba apelada.
Se dijo que si bien el demandante no acompañó los boletos de compraventa de los que surgiría la obligación de escriturar, debe tenerse en cuenta que: la inmobiliaria Vinelli informó que el actor adquirió los inmuebles objeto de autos; que se encuentran inscriptos en ARBA a su nombre desde el 30-6-1986; que fue denunciado como adquirente en los autos principales (fs. 2596/2597). Se valoró que los mencionados constituyen elementos e indicios suficientes para sostener que el accionante es la misma persona denunciada en el principal como adquirente de los lotes, por lo que se rechazó la excepción de falta de legitimación activa.
Seguidamente se abordó en la sentencia el fondo del asunto, ponderándose que los elementos probatorios dan cuenta que Tandil Inversora S.A. vendió lotes en mensualidades a Francisco Pascual Crescente, tal como ocurrió en otras tantas causas que tramitan en el Juzgado. Pese a no contarse con el instrumento contractual se consideró en dicho decisorio que las rendiciones de cuentas presentadas en los autos principales por la firma que se encargó de la operatoria en las décadas del 60 y del 70 –inmobiliaria Vinelli-, nombran al incidentista de autos como adquirente de los lotes en disputa (fs. 2596/2597, cit.). Dicha operatoria es corroborada por los registros de la inmobiliaria que demuestran su existencia como así también la de una deuda del actor de $300 por uno de los lotes, añadiéndose además que desde el año 1986 es destinatario postal del organismo de recaudación provincial (ARBA). Se consideró que todos ellos constituyen indicios concordantes y unívocos para afirmar que entre incidentista e incidentada existió una relación jurídica por la que ésta última se comprometió a transmitir la propiedad de los inmuebles objeto de autos -y no lo hizo-, por lo que se admitió la pretensión de escrituración. Sin perjuicio de ello, se dijo que el incidentista no pagó la totalidad de las cuotas (existe una deuda de $300, expresada en moneda del año 1974), y que la promoción del sub-caso y la falta de alegación de cualquier circunstancia impeditiva importó de su parte ofrecer cumplir con la obligación a su cargo, para lo cual deberá tenerse en cuenta que la operatoria data de más de cuarenta años atrás y que en dicho lapso acaecieron diversos procesos inflacionarios, por lo que el saldo adeudado deberá ser actualizado por las partes. En conclusión, el pronunciamiento apelado rechazó la excepción de falta de legitimación activa, hizo lugar a la escrituración e impuso las costas por su orden.
4. Sólo la sindicatura apeló la sentencia mediante presentación electrónica del 19-3-19, recurso que le fue concedido en relación (fs. 154) y que fundó en tiempo legal (03-4-19).
Alegó que la ausencia del boleto y la falta de acreditación del pago del 25% del precio constituyen obstáculos para que la pretensa compraventa sea oponible a los acreedores de la quiebra, ya que desconoce lo prescripto por el art. 1185bis del Código Civil. Criticó que se tenga por demostrado el contrato únicamente sobre la base de prueba informativa e indiciara y en contra de lo normado por el art. 1193 del Código Civil, y sin haberse requerido una libreta de pagos donde conste la percepción de las cuotas pactadas por parte de la fallida, lo que –entendió- constituyó una errónea y absurda valoración de la prueba. Insistió en la existencia de homónimos que “ podrían ser los verdaderos titulares del derecho” , y pidió finalmente que se revoque la sentencia apelada.
5. Elevadas las actuaciones a la alzada, considerada definitiva la cuestión, recabados del juzgado de trámite los autos principales “Tandil Inversora Financiera S.A. s/. Quiebra” (expte. n° 35.018) que corren por cuerda, y practicado el sorteo de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser decidida.
II. El recurso no procede.
1. Enmarcado en el juicio de quiebra de Tandil Inversora S.A. iniciado hace casi cinco décadas al influjo de la anterior normativa concursal, Francisco Pascual Crescente promovió incidente con el fin de obtener la escrituración de tres lotes de titularidad registral de la fallida, cuyos datos catastrales son: a) Circ. 1; Secc. E; Ch. 150; Manz. 150G; Parc. 3; Pda. 103-52669 (fs. 10/12); b) Circ. 1; Secc. E; Ch. 150; Manz. 150G; Parc. 4; Pda. 103-52670 (fs. 13/15); c) Circ. 1; Secc. E; Ch. 150; Manz. 150P; Parc. 7; Pda. 103-52814; inscriptos todos en la Matrícula N° 004618-103 (fs. 19). La particularidad que exhibe la pretensión es que el actor no trajo a juicio los boletos de compraventa de los que emana la obligación de escriturar (manifestó haberlos extraviado; fs. 19vta.).
Y es precisamente en la ausencia de los boletos donde la sindicatura ha pretendido hallar el sustento para sus argumentaciones defensivas. Así, en primer lugar, opuso excepción de falta de legitimación activa porque –al no contarse con el boleto- el adquirente “ podría ser una persona distinta a la del actor por tratarse de un homónimo” , circunstancia corroborada -a su entender- por la existencia en el Padrón Electoral de la República Argentina de “cuatro personas de nombre Crescente Francisco” (fs. 29/33). En segundo lugar, la sindicatura sostuvo que constituye un déficit sentencial el haber admitido la demanda exclusivamente sobre la base de prueba informativa e indiciaria, y sin que el actor hubiera siquiera acompañado una libreta de pagos que demuestre la percepción de las cuotas pactadas por parte de la fallida .
En los párrafos siguientes expondré brevemente las razones y los elementos de prueba en virtud de los cuales considero que ninguno de los argumentos traídos por el apelante alcanza para conmover lo decidido en la anterior instancia (art. 266 CPCC).
2. Ya en la documental identificada como ANEXO D “Nómina de lotes vendidos y sus adquirentes” que integró la propuesta de concordato presentado en el principal con fecha 09-12-1970 por los entonces apoderados de Tandil Inversora, se mencionaba al incidentista como adquirente de lotes de la fallida (fs. 576/603vta., Reg. N° 189 y N° 190, y Reg. N° 192). Por su parte, en fecha 28-10-1970 el síndico que intervenía en aquél entonces –contador Vicente Leonardo Demarco- informó el pago por parte del incidentista de la cuota 30 (por los lotes 3 y 4) y de la cuota 29 (por el lote 7), información que el funcionario siguió proporcionando con la periodicidad del caso a medida que vencían e iban cancelándose las cuotas subsiguientes (en lo que atañe específicamente a Crescente ver fs. 726/772, 910, 921, 927, 939, 943, 951, 961, 970 y 977 del principal). De allí que llame la atención la postura actual de la sindicatura de negar en el marco del presente incidente la existencia de la aludida compraventa, ya que ello contradice la conducta anterior del órgano concursal que, en el marco de la quiebra y -vale la aclaración- con una integración distinta, rindió periódicamente cuentas de los desembolsos que Crescente fue realizando a fin de imputarlos al pago del precio de los lotes en disputa (cf. fs. 726/772, 910, 921, 927, 939, 943, 951, 961, 970 y 977 del principal).
Cabe destacar que la tarea que inicialmente llevó a cabo la sindicatura fue luego encomendada por el juzgado a la inmobiliaria “Vinelli” que, a su turno, también rindió cuentas de los pagos realizados por Crescente hasta el 20-8-77 –surgen pagos hasta la cuota 111,117 por los lotes 3 y 4 de la Manz. 150G ; y hasta la cuota 110,117 por el lote 7 de la Manz. 150P- (cf. fs. 291, 307, 332, 380, 381, 384, 552, 620, 655, 726, 780, 826, 932, de la pieza separada elevada junto con el principal). La continuidad en el pago de más de un centenar de cuotas por parte de Crescente justificadas en las numerosas y periódicas rendiciones practicadas en el juicio de quiebra hace más de cuarenta años por las personas autorizadas al efecto (síndico Demarco e inmobiliaria “Vinelli”), brinda un contundente respaldo a la seriedad del informe presentado en autos por la aludida inmobiliaria, que no sólo denunció haber vendido en el marco de la quiebra al señor Francisco Pascual Crescente DNI 5.526.736 los inmuebles objeto de autos, sino también que a la fecha que se le solicitó la información éste había cancelado íntegramente el precio de dos de los inmuebles ($12.000 c/u), y apenas adeudaba un saldo de $300 (moneda del año 1974) por el restante (fs. 71/73). Como dato que refuerza la seriedad de lo afirmado en dicho informe debe tenerse presente que a la inmobiliaria “Vinelli” no le es indiferente denunciar que Crescente canceló la casi totalidad del saldo de precio, habida cuenta que en su calidad de comercializadora percibe una comisión por cada cobranza que concreta (ver cláusula 16° de las “condiciones de la operación” obrantes a fs. 1005/1013 –aprobadas a fs. 1017, 1362/1367vta.- del expediente principal). En el análisis del sub-caso no debe perderse de vista que el presente reclamo se inscribe en el marco de una operatoria mucho mayor que involucró a una cantidad considerable de adquirentes de lotes que contrataron en términos sustancialmente idénticos a los del incidentista de autos, tal como lo destacó el juez presentenciante y lo prueban los boletos de compraventa suscriptos con un gran número de compradores por Rodolfo F. Vinelli -por cuenta y orden judicial- y que, a título de ejemplo, pueden consultarse a fs. 2859/2870vta., 2879/2880vta., 4594/4602vta., 4653/4657vta. del principal (entre muchos otros).
Existen otras circunstancias adicionales que reafirman lo que vengo sosteniendo en torno a la seriedad de la existencia del contrato de compraventa suscripto entre Crescente y la fallida, que también fueron oportunamente ponderadas por el juez de la anterior instancia: la tramitación de otras causas similares contra la fallida (referenciadas en la sentencia de grado); que desde el 30-6-1986 las partidas correspondientes a los lotes se encuentran inscriptas en ARBA a nombre del incidentista, y –agrego- que el domicilio postal de Alberdi 4346 de CABA al que se dirigen las boletas del impuesto inmobiliario coincide con el que surge de la copia del documento del incidentista emanada del Registro Nacional de las Personas y, además, con aquél informado por la inmobiliaria “Vinelli” (fs. 71/72, 84, 92, 147).
Está claro, entonces, que a pesar de la ausencia del instrumento que es costumbre extender en este tipo de operatorias (boleto), el cúmulo de elementos probatorios a los que hice referencia en los párrafos precedentes suple dicha falencia y demuestra que la compraventa entre el actor y la fallida sobre los inmuebles objeto de autos efectivamente existió en los términos alegados por el incidentista, y fue la causa que provocó el desplazamiento patrimonial del incidentista hacia la fallida (en forma de cuotas) que describí en los párrafos precedentes.
En casos similares se ha decidido que “la falta del boleto de compraventa no impide que pueda establecerse la existencia del contrato por medios idóneos admitiéndose instrumentos particulares, firmados o no, e inclusive prueba de presunciones legales” (CNCom., sala C, “Yepremian c. Nogoya S.A. inc. de esc.” , del 17-7-78; “Monis, Carlos Néstor v. Nogoyá S.A.” , del 03-11-78; “Alsina, Eslava M. v. Tonsa S.A., quiebra” , del 22-11-78; “Lodema, S.R.L. c. Ponce de León, Miguel A.” , del 25-6-82). Asimismo, se ha señalado que “la presentación del boleto no resulta indispensable para la admisibilidad de la escrituración, si la existencia del contrato puede acreditarse por otros medios idóneos, verbigracia, instrumentos particulares, firmados o no; fotocopias; o inclusive, prueba de presunciones legales. Lo mismo si su existencia resulta de los registros contables del fallido; si el saldo de precio adeudado consta en el activo informado por el síndico, etcétera” , o sea, excepcionalmente en tales casos “resulta innecesario acompañar el boleto escrito, porque la existencia del contrato puede acreditarse por otro medio idóneo, conforme al art. 1190 del Cód. Civil” (Pablo D. Heredia, “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, ed. Ábaco, T. 5, pág. 197; conforme, Rivera-Roitman-Vítolo, “Ley de Concursos y Quiebras”, ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, págs. 754, 755).
El boleto de compraventa no es indispensable para obtener la escrituración de un inmueble, si la existencia del contrato del que resulta la obligación respectiva se prueba por medios idóneos a tal fin (doct. arts. 1185bis, 1190, 1191, 1192, 1193 del C.C.; art. 146, ley 24.522; arts. 375 y 384, CPCC).
3. A modo de cierre diré que el pretenso agravio contra el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa -que la incidentada intentó fundamentar en la posibilidad de homonimia con otras personas de apellido Crescente que surgen del padrón electoral (sugirió que el titular podría ser otra persona)- no es tal y resulta por lo tanto improcedente, ya que en los términos alegados constituye apenas una conjetura desmentida por las constancias de la causa, que claramente vinculan al incidentista con la operatoria objeto de debate conforme lo expuse en el punto anterior (arts. 266, 345 inc. 3 y ccs., CPCC).
4. Para finalizar cabe destacar que en el íter contractual subyacente en autos se ha verificado un cumplimiento casi total de las obligaciones a cargo de ambas partes, restando únicamente al comprador pagar el saldo de precio por uno de los lotes que, a instancias de una petición de la propia parte accionada, el perito contador designado en autos calculó en $7587 moneda de curso legal (representativo del 2,5% del monto total del contrato); cumplido con dicho pago, sí podrá exigirse el otorgamiento de la correspondiente escritura traslativa de dominio (art. 7 del CCyC.; arts. 3, 1185bis, 1191, 1197, 1201, 1323, 2355, y ccs., C.C.; arts. 146, ley 24.522; art. 510, CPCC).
5. Por lo expuesto, propicio al acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios, disponiendo que previo depósito por parte del incidentista a la orden del a quo del saldo de precio actualizado de $7587, se proceda a la escrituración de los inmuebles a su favor (art. 7 del CCyC.; arts. 3, 1185bis, 1190, 1191, 1192, 1193, 1197, 1201, 1323, 2355, y ccs., C.C.; arts. 146, ley 24.522; arts. 375, 384, 510 y ccs., CPCC); con costas de alzada a la incidentada vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC; arts. 278, 280 y ccs., ley 24.522).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Galdós , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios, disponiendo que previo depósito por parte del incidentista a la orden del a quo del saldo de precio actualizado de $7587, se proceda a la escrituración de los inmuebles a su favor (art. 7 del CCyC.; arts. 3, 1185bis, 1191, 1197, 1201, 1323, 2355, y ccs., C.C.; arts. 146, ley 24.522; art. 510, CPCC); con costas de alzada a la incidentada vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC; arts. 278, 280 y ccs., ley 24.522).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 31 octubre de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios, disponiendo que previo depósito por parte del incidentista a la orden del a quo del saldo de precio actualizado de $7587, se proceda a la escrituración de los inmuebles a su favor (art. 7 del CCyC.; arts. 3, 1185bis, 1191, 1197, 1201, 1323, 2355, y ccs., C.C.; arts. 146, ley 24.522; art. 510, CPCC). 2) con costas de alzada a la incidentada vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC; arts. 278, 280
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.