Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175384
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la incidentada y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada.
II. Imponer costas de segunda instancia a la recurrente vencida (art. 68 1º párr. del CPCCBA).
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 175384. JUZGADO N° 13
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PESQUERA JAEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA C/ A.F.I.P. S/ INCIDENTE DE REVISION" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 26/11/2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento apelado el juez hizo lugar al incidente de revisión promovido por Pesquera Jael S.R.L. y, en consecuencia, en lo que al recurso concierne, declaró inadmisible el crédito verificado por la A.F.I.P. en la suma $526.686,88 en concepto del impuesto a la ganancia mínima presunta, con costas a la incidentada vencida.
Para arribar a dicha conclusión se fundó en la doctrina legal de la Corte Federal derivada de las causas "Hermitage" y "Diario Perfil S.A.", según la cual de demostrarse que la renta presunta no existía, no mediaba capacidad de contribución y, por ende, tampoco impuesto por abonar.
Destacó que a través del informe pericial del 10/12/2019 quedó acreditado que la concursada carecía de capacidad contributiva en los períodos en los que la A.F.I.P. aplicó dicho tributo. Ello, sumado a que el síndico adhirió al informe pericial, lo convenció de que correspondía rechazar el crédito en concepto de ganancia mínima presunta.
En cuanto a las costas, aplicó el criterio objetivo de la derrota, imponiéndolas a la incidentada en su calidad de vencida.
II. El accionado apeló el 7/12/2021 y fundó su recurso el 17/12/2021. La réplica de la contraria fue presentada el 27/12/2021.
Sus agravios giraron en torno a dos cuestiones: la inadmisibilidad de la acreencia en concepto de ganancia mínima presunta y la imposición de costas.
Con relación a la primera, afirmó que el precedente de la Corte Federal citado en la decisión apelada partía de una premisa errónea al interpretar los alcances de la ley 25.063 y que la redacción de su artículo 1° era clara al referirse a la tenencia de activos.
Sostuvo que la ausencia de capacidad contributiva era irrelevante a los efectos de la procedencia del reclamo del impuesto declarado por la concursada, ya que el hecho imponible de este tributo se configuraba con la tenencia de activos y no con la existencia de ganancias.
Resaltó que sólo las disidencias en el fallo "Hermitage" por parte de las Dras. Argibay y Highton de Nolasco acertaron en la télesis de la norma en juego, al reputar que el legislador instauró este tributo sobre la base de considerar que los activos afectados a una actividad económica son potencialmente aptos para generar una renta, y estableció, por lo tanto, una imposición sobre ellos que opera independientemente de la efectiva obtención de réditos o ganancias.
En lo atinente a las costas aseveró que su representada tuvo no sólo el derecho sino el deber de reclamar la deuda que surgía de las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente.
Estimó que dadas las características del caso, en virtud de los cambios de legislación y jurisprudencia administrativa, más la conducta de la propia incidentista al presentar las declaraciones juradas con saldo a favor del Fisco, correspondía que mediara un apartamiento del principio objetivo de la derrota e imponer las costas por su orden.
III. El recurso no merece prosperar.
III.1 Ganancia mínima presunta.
III.1.1. La controversia suscitada en torno a los términos y alcances del impuesto a la ganancia mínima presunta (ley 25.063) y su aplicación a supuestos como el de autos en los que se alega la inexistencia de capacidad contributiva por parte de la persona jurídica accionante, fue objeto de debate y decisión por parte del Máximo Tribunal Nacional el 15/06/2010 en los autos "Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25.063 s/ proceso de conocimiento" (Fallos: 333:993).
Allí se hizo hincapié en el hecho de que el mencionado tributo se estructuró sobre la presunción de la existencia de una renta mínima -inferida por la existencia o mantenimiento de activos- por lo que la iniquidad de esta clase de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido.
Por ello se concluyó que de mediar la comprobación fehaciente que la renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido sobre la base de un dictamen pericial (vgr. porque los resultados de la sociedad arrojan pérdidas), no correspondería descontar el impuesto del que aquí se trata en tanto incrementaría aun más el detrimento contable e impositivo, circunstancia que desvirtúa la existencia de una ganancia presunta.
Esta doctrina fue ratificada tiempo después en los autos "Diario Perfil S.A" del 11/02/2014 (Fallos: 337:62), en donde siguiendo los lineamientos del caso anterior, se admitió la repetición de los anticipos ingresados por ganancia mínima presunta, por registrarse pérdidas en los balances contables de la actora en los períodos pertinentes. Se explicó que, de ninguna manera, debe demostrarse la imposibilidad de que los activos generen la renta presumida por la ley -o que no tengan capacidad para hacerlo- sino simplemente que esa renta, en el período examinado, no existe.
III.1.2. El apelante, por su parte, procura descartar dicho precedente por estimar que sólo las disidencias de las Dras. Argibay y Highton de Nolasco se ajustaron a la finalidad perseguida por la norma, en tanto pusieron el foco en que el hecho imponible se configura con la tenencia de activos y no en la existencia de ganancias.
Respecto a tal apartamiento de la doctrina legal vigente -sea de fuente federal o provincial-, he tenido oportunidad de resolver en los autos "Cadenaccio" (expte. nro. 141.272, RSD 544 del 23-10-2008) y "Mazzilli" (expte. nro. 143.922, RSD 760 del 8-9-2009), entre otros, que:
a) La única obligación legal que tienen los jueces de acatar la jurisprudencia de otros órganos judiciales, es aquella nacida de los acuerdos plenarios dictados por las Cámaras de Apelación, y que resulta mandatoria para las Salas de la misma Cámara y demás Jueces de ese Departamento Judicial. (art. 37 inc. "f" ley 5827).
b) No existe en el ordenamiento jurídico bonaerense, -como tampoco en la Nación- norma expresa alguna que obligue en forma directa a los jueces inferiores a resolver los litigios de conformidad con la doctrina legal fijada por la Suprema Corte de Justicia Provincial -o por la Corte Federal- en casos análogos. Es decir, sus pronunciamientos no resultan vinculantes para el resto del pretorio de la provincia, más allá, que por razones de celeridad y economía procesal, y también deber moral, los judicantes adecuen sus sentencias a la doctrina del alto tribunal.
c) Sin embargo, cuando los magistrados se alejan de esa doctrina judicial, la Corte con sede en La Plata (o la Corte Federal) puede dejar sin efecto la sentencia no acorde con sus precedentes y proceder a dictar una nueva, componiendo a la par el entuerto, de conformidad con el mandato constitucional y su correspondiente reglamentación. (arts. 161 inc. 3 "a" CProv. y 289 C.P.C.C.; art. 14 de la ley 48).
d) De ahí que el seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Provincial y Nacional, opera como una "obligación indirecta por mandato legal", pues persuade a los falladores inferiores que, si no resuelven de conformidad con los lineamentos sentados por el mayor órgano judicial de la provincia o de la nación, corren el riesgo, de que sus sentencias serán revocadas a través de la actividad casatoria prevista por el legislador (Camps Carlos E. "Jurisprudencia obligatoria y doctrina legal en la Corte bonaerense", JA 2004-II-1164).
e) Sin embargo para aplicar la doctrina legal debe tratarse de casos idénticos, es decir, igual situación fáctica, por lo que cualquier transformación operada entre el precedente y el nuevo caso a juzgar, impide -por una estricta regla de justicia- la petrificación de la doctrina establecida. Ello es así, en la medida que toda sentencia, al establecer o fijar una doctrina, llevaínsita la cláusula rebus sic stantibus , es decir, que los pronunciamientos judiciales mantendrán su vigencia, siempre y cuando se continúen con el mismo estado de las cosas, ponderados al momento del dictado del nuevo fallo.
III.1.3. En el caso, sin embargo, los cuestionamientos de la recurrente se limitan a restar autoridad al voto mayoritario de la doctrina legal vigente sin mayores argumentos que sostener la postura que a la postre asumieran dos de los ministros del Máximo Tribunal Nacional y que terminaron por constituir la posición minoritaria en el fallo.
De allí que al no invocarse por el interesado nuevos elementos (fácticos o jurídicos) que permitan apreciar la variación de los elementos tenidos en cuenta por la Corte al elaborar su doctrina, ni mediar causas graves o razones de justicia que justifiquen un cambio de criterio a su respecto, ésta se mantiene y ratifica.
III.1.4. De los antecedentes de la causa se encuentra acreditado a través de una pericia contable que en los ejercicios fiscales cerrados entre los años 2012 y 2017 la concursada "Pesquera Jael SRL" no obtuvo ganancia contable ni impositiva, gestándose una pérdida operativa y de ejercicio (v. informe del 10/12/2019).
Tales elementos -no desvirtuados por otras pruebas ni rebatidos por la contraria- resultan suficientes a fin de tener por acreditado, en los términos de la doctrina del citado caso "Hermitage" , que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido.
III.2 Costas.
III.2.1. De una interpretación armónica de lo normado por los artículos 68 y 69 del CPCC se extrae que el criterio rector a fin de imponer las costas en el marco de un incidente es preferentemente objetivo, limitándose la aplicación del criterio subjetivo al supuesto en que lo debatido pueda ser calificado como una cuestión dudosa de derecho (Loutayf Ranea, R. Condena en costas en el proceso civil, Buenos Aires: Astrea, 1998, 276 y sgtes; esta Sala, causas nro. 107.462 RSI 548 del 08/10/2015; 162.611, RSI 607 1118/9, del 21/12/2016, entre otras).
No encontramos razones suficientes que ameriten apartarnos del principio general en la materia (art. 68 CPCC). La cuestión central resuelta por el pronunciamiento apelado no planteaba dificultades sustanciales en su solución.
El recurrente no ha invocado la existencia de elementos objetivos que configuren el supuesto de excepción y que razonablemente pudieran haberlo llevado a considerarse con derecho a litigar, sino que simplemente se limitó a manifestar que el impuesto controvertido debía tributarse sobre los activos y no sobre las ganancias, argumento que resulta inatendible pues, la cuestión ya había sido resuelta previamente por nuestro Máximo Tribunal.
III.2.2. Por tales razones, sumado a que la eximición de una solución de carácter excepcional opera sólo cuando existen razones muy fundadas (ob. cit, pág. 76) que, en el caso de autos no se dan toda vez que la cuestión jurídica a resolver no presentaba dificultades en su solución, estimo que corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por la incidentada el 07/12/2021 y confirmar el auto atacado en lo que fue materia de agravio (arg. arts. 68, 69, 228 1° párrafo ultima parte y ccdtes. del CPCC).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde r echazar el recurso de apelación interpuesto por la incidentada y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas de segunda instancia a la recurrente vencida (art. 68 1º párr. del CPCCBA).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la incidentada y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada. II ) Imponer costas de segunda instancia a la recurrente vencida (art. 68 1º párr. del CPCCBA). III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 13/12/2022 09:27:08 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 13:36:20 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 13:44:13 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 14/12/2022 08:30:50 hs. bajo el número RS-344-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia