Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto el 29-11-2022 por la concursada y, por ende, revocar la resolución del fecha 24-11-2022 con los alcances indicados (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 37 y conc. LCQ).
II. Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N° 176.508. JUZGADO N° 9.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "GARCÍA, MARÍA FERNANDA C/ AGUSTI. BEATRIZ ELENA S/ INCIDENTE DE REVISIÓN", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución de fecha 24-11-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la decisión impugnada el juez rechazó in limine el incidente de revisión porque en la sentencia del art. 36 de la ley 24.2522 (en adelante LCQ) dictada en los autos principales ("García, María Fernanda s/ Concurso preventivo"), no se decidió aceptar ni rechazar la acreencia invocada por la pretensa acreedora Beatriz Elena Agusti.
Destacó que se formuló una reserva, entendiendo ésta como un mecanismo por el cual se tuvo presente la insinuación en término por la supuesta acreedora, pero sin resolver sobre el requerimiento por ella formulado, de modo que al no existir pronunciamiento verificatorio que detentara el carácter de cosa juzgada material, se encontraba ausente el requisito necesario para articular una revisión.
Puso de manifiesto, finalmente, que a los fines de ejercer las defensas que estimara corresponder el accionante debía ocurrir a los procesos ordinarios correspondientes (art. 21 LCQ).
II. El incidentista apeló el 29-11-2022 y presentó el memorial el 11-1-2023.
Alegó, en líneas generales, que al dictarse la resolución del art. 36 LCQ resultaba improcedente realizar una “reserva de admisión de crédito" supeditada a que sea reconocido por sentencia firme y favorable al reclamo invocado por la aquí incidentada en el proceso principal.
Explicó que la pretensa acreedora había iniciado un proceso de conocimiento contra el concursado con anterioridad a la apertura del concurso, pero luego de ello optó por verificar su crédito conforme lo dispuesto por los arts. 21 inc. 2do. y 32, por lo que el juicio de conocimiento quedó automáticamente suspendido y el juez, al dictar la resolución verificatoria, debió limitarse a declararlo admisible o inadmisible.
Refirió que el juez desestimó el planteo de nulidad contra tal decisión por no haberse invocado defectos o vicios de forma y que, en todo caso, al cuestionarse la valoración y aplicación del derecho sustantivo la resolución verificatoria contaba en el proceso concursal con vías propias de impugnación: el incidente de revisión (art. 37 LCQ) y la acción por dolo (art. 38 LCQ).
Aseveró que, pese a lo expuesto, el juez decidió rechazar in limine el presente incidente de revisión pese a que en los autos principales había indicado que era la vía con la que contaba el concursado para modificar los alcances de la resolución del art. 36 LCQ.
III. El recurso merece prosperar.
III.1. A la luz de la doctrina de los propios actos resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que resultan incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Tal circunstancia, se ha dicho, importa una afectación al principio de la buena fe y vulnera la confianza que el otro ha tenido en el obrar previo (C.S.J.N., Fallos: 321:221, 338:161, entre otros; S.C.J.B.A., Ac 51445 del 15/11/1994, C.119273 del 15/07/2015, entre otros; esta Sala, causas nro. 149.831, RSI 670 del 15/12/2011, nro. 162.527, RSD 590 del 15-12-2016, entre otras).
Ahora bien, he sostenido en otra oportunidad que la aplicación del principio de los actos propios no necesariamente queda circunscripta a un juicio crítico sobre la coherencia de la conducta de las partes: también alcanza al órgano jurisdiccional que es llamado a dirimir la controversia (véase mi voto en la causa nro. 162.410, "S.A.D.A.I.C. C/ Resto Gob S.A. S/Cobro Sumario Sumas Dinero", RSD 96 del 11-4-2017 de la Sala III)
Eisner ha sido uno de los primeros en advertir que "aquella provechosa construcción jurídica es también invocable en los supuestos en que es el propio juez o tribunal quien incurre en la contradicción o incongruencia que hasta ahora se ha computado para tener por configurado el brocárdico venire contra factum proprium non valet cuando el obrar reprochable provenía de las partes (...) Los sujetos del proceso no son sólo dos -las partes- sino que también, y en grado superlativo, lo es el magistrado" (“La doctrina de los propios actos compromete también al obrar del tribunal - «Venire contra factum propium non valet»-, publicado en La Ley 1987-C, 280, LLP, 1987, 460).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tuvo oportunidad de resolver que la doctrina de los propios actos compromete igualmente el proceder del tribunal, al estimar que no resultaba admisible que éste, al tiempo de dictar sentencia, se contradiga con sus propios actos procesales dictados durante la sustanciación del proceso y alcanzados por la preclusión (Ac. 45.412 del 14-5-1991, Ac. 88.658 del 12-7-2006, Ac. 117.195 del 09-4-2014, entre otros).
III.2. De las constancias habidas en los autos principales ("García, María Fernanda s/ Concurso preventivo"), que puedo consultar a través de la mesa de entradas virtual en la página de la S.C.J.B.A., encuentro que:
La concursada formuló observaciones al planteo por considerar que la documental acompañada no resultaba idónea para acreditar las manifestaciones esbozadas por la pretensa acreedora.
El síndico aconsejó declarar inadmisible la acreencia invocada al no encontrarse debidamente acreditada la causa de la obligación.
b) El 17-10-2022 el juez dictó la resolución del art. 36 LCQ en la que puso de manifiesto que con las constancias acompañadas no podía tener por acreditada la causa de la obligación al no haberse probado que los fondos reclamados hubieran sido depositados en la casa de cambio aludida, ni tampoco que mediara una vinculación comercial con ésta en general ni con la Sra. María Fernanda García en particular.
No obstante ello, destacó que al encontrarse iniciada en sede civil una causa en la que se reclamaba al crédito en cuestión, se vio obligado a enderezar la petición de verificación formulada a los fines de resguardar en la forma más ajustada a derecho el interés de la Sra. Agusti.
Para ello explicó que si bien la presentación a verificar debería llevarlo a interpretar que la pretensa acreedora hizo uso de la opción establecida en el artículo 21 inc. 2 LCQ, sin embargo, el hecho de que el proceso de conocimiento siguiera su trámite denotaba que la voluntad de aquélla era obtener la sentencia correspondiente y, a su turno, efectuar la insinuación en el concurso en los términos el art. 56 LCQ.
Concluyó que, en aras de proteger los posibles derechos que pudiere tener a futuro la reclamante, correspondía declarar inadmisible a la pretensa acreencia pero dejando constancia que dicha decisión se concretaba con la reserva de la suerte que corriera el proceso de conocimiento en trámite para el caso que la Sra. Agusti obtuviera una sentencia firme y favorable a su favor.
Sin embargo, en la parte dispositiva del pronunciamiento, luego de enumerar las acreencias verificadas, las admisibles y las inadmisibles, no consignó entre estas últimas al crédito de la Sra. Agusti sino que tuvo por formulada "reserva" en caso de obtener sentencia firme y favorable a su reclamo en el proceso de conocimiento.
c) El 26-10-2022 la concursada planteó la nulidad parcial de la resolución por considerar que mediaba un apartamiento flagrante a los términos del art. 21 LCQ, pues de la insinuación verificatoria tempestiva realizada por la Sra. Agusti se desprendía que ésta, en forma clara y deliberada, optó expresamente por verificar su crédito en este concurso en los términos del art. 32 LCQ, por lo que el proceso de conocimiento instado por ella quedó automáticamente suspendido.
Refirió, a su vez, que al realizarse el pedido verificatorio no se formuló manifestación o reserva alguna de que se optaba por continuar el proceso de conocimiento ya instado a los fines del art. 56 LCQ.
Aseveró, en consecuencia, que resultaba contrario a la normativa concursal y afectaba sus derechos constitucionales la decisión oficiosa del juez que tuvo por formulada una reserva -para el caso que la Sra. Agusti obtuviera una sentencia firme y favorable a su reclamo- por no haber sido ello objeto del planteo verificatorio, el que debía tenerse por inadmisible.
Finalmente, apeló de manera subsidiaria cualquier decisión que resulte contraria a lo pretendido.
d) El 2-11-2022 el juez desestimó por improcedente el planteo de nulidad al no haberse invocado defectos o vicios de forma en la decisión, sino que perseguía atacar directamente lo resuelto en la sentencia verificatoria en cuanto a la valoración y aplicación del derecho sustantivo.
Aclaró que la resolución verificatoria en el marco del proceso concursal tenía vías propias de impugnación (arts. 37 y conc. LCQ), a lo que se agregaba el principio general que regía en la materia previsto en el art. 273 inc. 3ero. LCQ, por lo que también correspondía desestimar (por inadmisible) el recurso de apelación formulado.
Instó al peticionario a ocurrir por las vías procesales que estimara pertinentes en procura del derecho que alegaba tener (arts. 37 segundo párrafo y 274 LCQ).
e) El 14-11-2022 la concursada promovió el presente incidente de revisión cuyo rechazo in limine del 24-11-2022 (cuyos fundamentos fueron sintetizados en el punto "I") motivó la apelación bajo análisis.
III.3. De los antecedentes reseñados se desprende con claridad una manifiesta contradicción entre los argumentos por los cuales la demanda fue desestimada y la decisión precedente dictada por el mismo órgano jurisdiccional durante el trámite del proceso principal.
Repárese que al impugnarse los términos de la resolución del art. 36 LCQ por doble vía: la nulidad parcial del pronunciamiento y la apelación en subsidio, el juez desechó ambos planteos por reputar que el cuestionamiento contra aquélla debía encauzarse por medio del incidente de revisión del art. 37 LCQ, por ser el carril procesal específico previsto en la normativa concursal (amén de la acción por dolo del art. 38 LCQ).
Sin embargo, cuando la concursada procedió de ese modo también se desechó su pretensión porque no existía un pronunciamiento verificatorio que detentara el carácter de cosa juzgada material respecto a la acreencia de la Sra. Agusti.
La contradicción en la que ha incurrido el órgano jurisdiccional es evidente.
La concursada alega que media una incongruencia entre la solicitud de verificación formulada por la pretensa acreedora Beatriz Elena Agusti (legajo nro. 9) y el modo en que oficiosamente el juez decide sobre la suerte de tal acreencia, dejando supeditada su incorporación al pasivo concursal para el caso que medie una sentencia firme y favorable a los intereses de aquélla, cuando debió limitarse a declarar al crédito admisible o inadmisible, ya que al realizarse el pedido verificatorio no se formuló manifestación o reserva alguna de que se optaba por continuar el proceso de conocimiento ya instado a los fines del art. 56 LCQ
El colega de la instancia previa, a su vez, le señala que debe ocurrir por la vía del incidente de revisión, en tanto único remedio previsto por la norma concursal para modificar los alcances de la resolución del art. 36 LCQ (además de la acción por dolo del art. 38 LCQ). Pero cuando ello acontece, desestima la demanda incidental por estimar que no ha mediado un pronunciamiento definitivo sobre la incorporación de la acreencia a la masa de acreedores.
Ello denota que debió proceder de una de las siguientes maneras: sustanciar con la sindicatura y la acreedora Agusti la impugnación formulada por la concursada contra el modo en que se decide sobre tal acreencia a raíz de las especiales circunstancias puestas de manifiesto por el juez (ello más allá de los nombres jurídicos empleados en el planteo: nulidad y apelación, a raíz del encauce oficioso que pudo realizar el propio juzgador en función del iura novit curia), o bien, admitir el incidente de revisión deducido por la deudora in malis como vía procesal idónea, por ser formalmente admisible para procurar la revocación de la resolución del art. 36 LCQ.
Sin embargo, nada de ello aconteció dejando a la apelante ante un entuerto procesal a raíz de la decisión que viene apelada y que se presenta como incoherente y contradictoria con la dictada con anterioridad en el proceso principal.
Recuerdo que la Suprema Corte provincial tuvo oportunidad de resolver que "la parte que confió en los sucesivos proveídos dictados en la causa, para encuadrar su actividad en el proceso, se hallaría sorprendida y vulnerada en su derecho de defensa si por causa de una posterior decisión judicial se le privara de alguna facultad o recurso con manifiesto menoscabo de la confianza debida y del principio de seguridad jurídica. El deber de lealtad es exigible a todos los sujetos del proceso, sin exclusión del juez o tribunal" (Ac. 71628, autos “Zárate, Antonio Eliseo c/Fábrica Eivaar de Carrocerías S.A. s/Cobro de pesos”, del 13-12-2000).
La mutación sorpresiva o injustificada de los criterios que sostiene el juez o Tribunal en un mismo proceso –cualquiera sea la materia sobre la que recaiga la decisión, y salvo que se trate de enmendar un evidente error– no solo genera incertidumbre en las partes y afecta sus legítimas expectativas (a partir de las cuales condicionaron su propia conducta en el pleito), sino que además deterioran la calidad del servicio de justicia y la solidez argumental de las decisiones adoptadas. La aplicación del principio de los actos propios a la actividad jurisdiccional se traduce, entonces, en una exigencia de razonabilidad y coherencia en las decisiones que adoptan en el proceso judicial (art. 3 del Código Civil y Comercial).
Por ello, el rechazo de la demanda por las razones esbozadas en el auto apelado no solo sorprende al litigante que confió en la actividad desplegada por el juzgado en la causa principal, sino que revela la discordancia entre ésta y aquél, por lo que el recurso merece prosperar con los alcances indicados (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 37 y conc. LCQ).
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto el 29-11-2022 por la concursada y, por ende, revocar la resolución del fecha 24-11-2022 con los alcances indicados, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68, 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 37 y conc. LCQ).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto el 29-11-2022 por la concursada y, por ende, revocar la resolución del fecha 24-11-2022 con los alcances indicados (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC; arts. 32, 36, 37 y conc. LCQ). II) Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del CPCC). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 10:57:55 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 13:29:50 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 13:40:21 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/06/2023 09:09:18 hs. bajo el número RS-149-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia