Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180530
Expte. Nº 180530 - Juzgado Civil y Comercial N°04
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “DUHALDE, MARÍA ALEJANDRA C/ OLIVERA FONSECA MARÍA AYELEN S/ INCIDENTE DE REVISIÓN”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la resolución dictada el 8 de marzo de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 8 de marzo de 2024, la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 departamental, Dra. María Marcela Meregoni, resolvió rechazar el incidente de revisión promovido por la concursada, con costas.
Para así decidirlo, señaló que al dictar la sentencia prevista en el art. 36 de la LCyQ en el principal, el juez admitió el crédito por la suma de U$D41.000 con grado quirografario y luego admitió U$D4.810,14 y $4.785 de intereses y aranceles, respectivamente, también con carácter quirografario. Se dijo allí que la causa de los créditos se probó por la evaluación de los títulos cambiarios y los mutuos suscriptos por la Sra. Duhalde -con firma certificada- y la valoración que se hizo de los juicios ejecutivos que operaron como presunción a favor de la acreedora.
Destacó que en este incidente la concursada pide se rechace la admisibilidad del crédito por considerar que la acreedora no demostró la causa del crédito, negando la deuda, negando haber suscripto los títulos o documentos. Además, alega que hay serios indicios de que la entrega de dinero no existió porque tanto los prestamistas originales (Olivera y Olazábal) como su cesionaria (Olivera Fonseca) no poseen capacidad económica ni contributiva.
La jueza advirtió que la única prueba nueva -distinta de la que ya obra en el expediente principal- es una constancia de monotributo del Sr. Albor Jewel Olivera y un informe en el que consta que Máximo Ernesto Olazábal posee CUIT bloqueado y un informe donde surge que la Sra. Olivera Fonseca no posee CUIT.
Indicó que la documental en poder de la contraria fue producida el 26/11/2023, oportunidad en la que se acompañó una copia de la escritura N°69 de compraventa celebrada entre Albor Jewel Olivera y la Sra. Gisela Sol Campos el 12/06/2017 por la suma de U$D87.000, expresando que el Sr. Olivera recibió dicha suma en efectivo y en billete contado ante la escribana, cediéndola a los progenitores de su nieto Manuel Olazábal. La incidentista dijo que no era esa la documental que fue requerida al ofrecer la prueba.
Seguidamente, la magistrada apuntó que, sin perjuicio de que no se acreditó la entrega de los fondos por una modalidad bancaria, la entrega de dinero fue recibida por la Sra. Duhalde en el acto de la firma de los mutuos, consignándose en la cláusula primera que “el mutuario recibe en este acto, sirviendo el presente de eficaz recibo y carta de pago”.
Apuntó que, más allá de la negativa efectuada por la concursada respecto de la suscripción de los documentos base del presente crédito, no se aportó prueba que condicione la virtualidad de los mutuos y títulos cambiarios rubricados por las partes con firma certificada notarialmente.
Sobre esa base, rechazó la pretensión revisionista.
II. La concursada apeló el 19 de marzo de 2024 y fundó su recurso el 8 de abril de 2024, mereciendo la réplica de la contraria el 15 de abril del mismo año.
Se agravia de que la jueza no haya tenido en cuenta el principio de la carga dinámica de la prueba. Entiende que al no encontrarse acreditada la entrega efectiva de la cosa (dinero) el mutuo no es exigible. Agrega que “no se encuentra los medios bancarios que acreditan la entrega (cheque, transferencia) por lo que nos pone en una situación de probar un hecho negativo (la no entrega) por lo que deberá tener presente Usía el art. 1735 del Código Civil y Comercial”.
Luego de numerosos párrafos con citas doctrinarias y jurisprudenciales, argumenta que no se puede exigir la prueba de un hecho negativo, sino que aquel que está en mejor condición de probar es quien debe hacerlo. Refiere que el acreedor ni probó la transferencia de fondos ni demostró capacidad económica para disponer la sumas en préstamo.
III. El recurso no prospera.
III.a. La queja de la apelante se sustenta en tres premisas: (a) que la acreedora no probó la entrega del dinero mediante cheque o transferencia, invocando para ello el art. 1 de la Ley 25.345; (b) que la jueza no aplicó la teoría de la carga probatoria dinámica y (c) vinculado con lo anterior, no se la puede obligar a demostrar un hecho negativo (que no recibió el dinero).
El planteo de la Sra. Duhalde no es fundado y ha sido correctamente desestimado en la resolución apelada.
La recurrente insiste en discutir el modo en que debió probarse un hecho que la magistrada ya calificó como irrelevante: no interesa probar la transferencia bancaria del dinero que la parte mutuante le entregó a la mutuaria (o la salida del patrimonio de aquellos y el ingreso al de este último), dado que esa entrega y su inmediata recepción por parte de la Sra. Duhalde está reconocida por ella misma en la cláusula primera de cada uno de los mutuos cuyas rúbricas fueron autenticadas el 30 de septiembre de 2020.
Sobre este punto, central en el esquema argumental de la resolución que le ha sido adversa, la concursada nada dice en su recurso.
La recepción del dinero se encuentra enunciada en los dos instrumentos privados en los que se documentaron los mutuos y que cuentan con firmas autenticadas por una escribana pública; esta última certificación conlleva el reconocimiento de todo el cuerpo del instrumento en el que esa rúbrica fue inserta (art. 314 del CCyC). Consecuencia de ello, "no puede ser impugnado por quienes lo reconocieron, excepto por vicios en el acto del reconocimiento" (art. cit., seg. párr.).
Coincido con la opinión de la sindicatura en que la Sra. Duhalde no cuestionó nunca —ni en este, ni en otro proceso judicial— la eficacia y validez de los contratos en los que declaró haber recibido las divisas que le fueron entregadas de manos de los mutuantes. Ningún vicio de la voluntad o del acto jurídico fue invocado con el objetivo de enervar la plena eficacia que esa manifestación tiene en orden a probar el acaecimiento de un suceso pasado que hoy resulta central en la presente controversia: que el 30 de septiembre de 2020, en la ciudad de Mar del Plata, la Sra. Duhalde recibió de los mutuantes las divisas que componen el total pretendido por la acreedora cesionaria (arts. 260, 314, 382, 383 y cctes. del CCyC).
No tiene mayor sentido discutir el modo de distribuir las cargas probatorias cuando el debate gira en derredor de un hecho pasado que ha sido explícitamente reconocido por quien ahora pretende desconocerlo (arts. 10 del CCyC, 375 y 384 del CPCCBA).
III.b. Tampoco cambia la suerte del embate la consideración de lo normado en el art. 1 de la Ley 25.345 sobre "Prevención de la evasión fiscal".
El planteo de la apelante tiene dos problemas.
III.b.i. El primero se vincula con la relación que existe entre la premisa normativa que se invoca (la violación al art. 1 de la Ley 25.345) y la conclusión fáctica que por su intermedio pretende justificar (que nunca recibió las divisas que la acreedora reclama, que no puede probar un hecho negativo y que la entrega debe probarla la incidentada).
El art. 1 la Ley 25.345 regula los efectos de los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a $1.000 o su equivalente en moneda extranjera y que no fueran realizados mediante depósitos bancarios, transferencias, giros u otros medios enunciados por el legislador. Se trata de una norma que ha merecido críticas de toda índole y ha motivado no pocos esfuerzos de la doctrina para intentar comprender su alcance y conciliar sus efectos con el resto del ordenamiento jurídico (entre muchos otros, Bonacina, Milton S., Algunas reflexiones alrededor de la Ley 25.345, denominada antievasión, La Ley, PET. 2005, 219, AR/DOC/1792/2005; Benseñor, Norberto R., Cursack, Eduardo V. "Los pagos en efectivo. A más de tres años del dictado de las leyes 25.345 y 25.413", La Ley 12/08/2004, 1; Loustaunau, Roberto, Ineficacia del pago superior a diez mil pesos (Ley 25.345), La Ley, 2001-B, 1022, Mariani de Vidal, Marina, "Limitación a las transacciones en dinero efectivo. Leyes 25.345 y 25.413. El decreto 22/2001 del Poder Ejecutivo Nacional y la intervención de los escribanos públicos" La Ley, 2001-E, 1013).
Al margen de los debates interpretativos, resulta incuestionable que la ley regula las consecuencias que se siguen de omitir las formalidades exigidas por el legislador en el marco de una traslación patrimonial dineraria realizada en efectivo, mediante la entrega en mano de los billetes de moneda nacional o extranjera. En otras palabras, el presupuesto de aplicación de la norma es que una persona entregue a otra dinero o divisas en efectivo en una cantidad superior a la allí enunciada, y el debate consecuente se orientará a dilucidar qué efectos tiene —o deja de tener— entre partes o frente a terceros una operatoria de esa naturaleza. A la inversa, si esta última entrega no existió (como hecho o suceso histórico), la norma no resulta relevante pues no se verifica su presupuesto fáctico de aplicación. No habría ningún hecho o acto cuya eficacia pudiera ser objeto de análisis o controversia.
Lo dicho puede parecer una obviedad, pero resulta relevante para advertir la inconsistencia argumental que subyace al planteo de la Sra. Duhalde.
Lo que la incidentista pretende es invocar el citado art. 1 de la Ley 25.345 no para enervar la eficacia de una traslación patrimonial, sino como subterfugio argumental para negar la entrega misma de un capital que ya reconoció haber recibido. Dicho de otro modo, Duhalde no pretende que el Tribunal reste eficacia o validez a la entrega del dinero que ella ya reconoció en un instrumento con firma certificada, sino que su pretensión va más allá: quiere que se concluya que esa traslación patrimonial nunca existió. Y es sobre esa premisa que construye su agravio vinculado a la necesidad de aplicar las cargas probatorias dinámicas y alega que la decisión apelada la fuerza a acreditar un hecho negativo.
El argumento no resiste análisis.
Primero, porque constituye en sí mismo una falacia non sequitur dado que de la premisa jurídica alegada (la supuesta ineficacia de una traslación patrimonial realizada en efectivo) nunca puede seguirse la conclusión de hecho que pretende esgrimir a su favor (que la traslación en verdad no existió). Segundo, porque el planteo es contradictorio dado que, al confundir el plano fáctico (el hecho) y el jurídico (sus efectos), la concursada pretende que la aplicación de una norma redunde en una conclusión que implica negar la ocurrencia misma del hecho que constituye su presupuesto de aplicación (si la entrega del dinero no existió, como alega Duhalde para reclamar la aplicación de las cargas dinámicas probatorias, pues entonces la norma es inaplicable).
Las leyes regulan los efectos de los comportamientos humanos y de los hechos en general, pero no tienen la aptitud para transformar la realidad ni eliminar -siquiera ficción mediante- un suceso pasado. Al regular los efectos de las ineficacias negociales, el legislador ha sido siempre muy cuidadoso de no confundir ambas dimensiones, prescribiendo que la nulidad de un acto no importa desconocer el hecho mismo y las consecuencias —incluso reparatorias— que de él puedan seguirse, de acuerdo a las circunstancias de cada caso (arts. 1056 del CC y 391 del CCyC).
El art. 1 de la Ley 25.345 solo podría permitirnos analizar qué efectos tiene o deja de tener el pago hecho en infracción a las exigencias formales allí contempladas, pero no puede ser un argumento para negar la existencia de la entrega y recepción del dinero, premisa fáctica que —insisto, a riesgo de ser reiterativo— ya fue reconocido explícitamente por la deudora en una declaración negocial plenamente válida y eficaz (art. 314 del CCyC).
Por ello, todo planteo vinculado a la prueba de la entrega del dinero, a la aplicación de las cargas probatorias dinámicas y a la imposibilidad de demostrar un hecho negativo resulta inadmisible (arts. cit.).
III.b.ii. El planteo tiene un segundo problema que define su suerte adversa.
Asumiendo por hipótesis que lo que la concursada pretende al invocar el art. 1 de la Ley 25.345 es que se reste eficacia a la traslación patrimonial que reconoció en los mutuos y, sobre esa base, se declare inadmisible el crédito de la Sra. Olivera Fonseca, lo cierto es que su pretensión [y el resultado que con ella pretende obtener] sería ostensiblemente abusivo (art. 10 del CCyC).
El art. 10 del Código Civil y Comercial prescribe que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, siendo tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
El abuso de derecho opera como principio general que tiene influencia en todo el sistema de Derecho Privado, por lo que todos los derechos pueden ser juzgados conforme a este criterio, operando como límite interno a su ejercicio. Los derechos deben ser ejercidos de un modo regular, reparando en el postulado general de la buena fe, las buenas costumbres y los propósitos del legislador y la norma que contempla el derecho ejercido: tienen en su nacimiento, un perímetro que el ejercicio posterior no puede trasgredir (Lorenzetti, Ricardo L. Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2014, t. I, pág. 60).
El vínculo entre la buena fe, el abuso de derecho y los efectos de la Ley 25.345 fueron medulosamente estudiados por mi colega de Sala, quien analizó en un trabajo de doctrina el contenido de la norma y sus efectos a la luz de la teoría general de las ineficacias negociales (Loustaunau, Roberto, Ineficacia del pago superior a diez mil pesos (Ley 25.345), La Ley, 2001-B, 1022).
Coincido con él cuando señala que, aun si no se considerase que el pago en infracción a la norma fuese una nulidad, relativa o absoluta, sería igualmente contrario al postulado de la buena fe aquel acreedor que, amparándose en el art. 1 de la Ley 25.345, reclama un pago que ya recibió, dado que su pretensión sería abusiva al querer servirse de una ley para otros fines de los que el legislador tuvo en mira. Ello es así dado que «[l]a tentativa de prevenir la evasión fiscal no puede llevarnos a renunciar la aplicación del principio general de buena fe» (ob.cit.).
Idéntica solución, entiendo, se aplica en el caso en estudio. Aquí no es un acreedor que pretende cobrar nuevamente lo que ya se le entregó, sino la propio deudora -coautora en la alegada infracción que ahora tardíamente denuncia- que se niega a restituir lo que reconoció haber recibido.
Recordemos que la Sra. Duhalde celebró en septiembre de 2020 dos contratos de mutuo en los que reconoció explícitamente haber recibido una suma nominal de moneda extranjera. Como dije, no promovió acción judicial alguna para demostrar que esos negocios fueron celebrados mediando algún vicio en su voluntad (error, dolo, violencia) o algún vicio en el acto propiamente dicho (lesión, simulación o fraude). No hizo ninguna denuncia penal para que se investigue la aparente estafa o argucia de la que dijo haber sido víctima (v. demanda concursal del 22/40/2022, causa n° 12714 del JCC N°4 deptal.). Las rúbricas en los instrumentos acompañados por la acreedora fueron certificadas notarialmente y, en paralelo a dichos contratos, y en la misma fecha, suscribió dos pagarés por idéntico valor que también cuentan con la firma certificada (art. 314 del CCyC).
Mediando dos procesos ejecutivos en los que no se defendió útilmente, y en las vísperas de medidas liquidativas de venta forzada, la deudora se presentó en concurso y, con el indisimulable propósito enervar el derecho creditorio de la otrora ejecutante, denuncia ahora la violación a lo normado el art. 1 de la Ley 25.345 para afirmar —sin mayores precisiones— que el dinero que le prestaron en verdad nunca lo recibió.
Duhalde no ha movilizado un interés fiscal ni algún otro cuya protección pueda estar siquiera tangencialmente vinculado a la aplicación del art. 1 de la Ley 25.345; tampoco esgrime un interés general vinculado a la tutela de los derechos creditorios de otros acreedores insinuados al pasivo. Invoca esta regla de derecho con el único, exclusivo e indisimulable propósito de abstraerse del cumplimiento de sus propias obligaciones y con el evidente objetivo de negar la ocurrencia de un hecho que ella misma ya había reconocido en dos contratos que firmó ante a una escribana, todo lo cual resulta contrario a los actos propios, al postulado general de la buena fe, a los fines del ordenamiento jurídico y a los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres (art. 10 del CCyC).
En un caso también concursal y en el que la fallida pretendía negar la recepción [y resistir la devolución] de una suma de divisas cuya entrega se encontraba fehacientemente demostrada, la Sala E de la Cámara Nacional Comercial afirmó que «encontrándose acreditada la realidad de la operación, la aplicación formal de las consecuencias previstas en la ley 25.345 implicaría una violación al principio elemental de buena fe negocial (art. 1198 del CC, hoy 961 del CCyC), al de conservación del contrato y de los actos jurídicos (218.3 del CCom, hoy 1066 del CCyC) y a la teoría de los actos propios, además de constituir un enriquecimiento patrimonial sin causa, pues se recepcionaron los fondos sin brindar la contraprestación pactada» (CNCom, Sala E, "Fideicomiso y Garantía Taxodium Vida Park s/ Liquidación Judicial s/ Incidente de revisión de crédito", sent. del 29/05/2019; en igual sentido, Sala D, “LC Acción Producciones S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. –Artear”, del 27/03/12).
En suma, cualquiera sea la posición que se adopte sobre el alcance y efectos del mencionado art. 1 de la Ley 25.355 (inoponibilidad, nulidad relativa invocable por el Estado Nacional con motivos tributarios, nulidad absoluta declarable de oficio, etc.), entiendo que, en el caso específico que aquí se dirime, se trata de una norma que no resulta aplicable en razón de que constituye el fundamento legal aparente de lo que en verdad constituye una pretensión abusiva, contraria a las exigencias de la buena fe negocial y que tiene en miras un resultado pérfido que es completamente ajeno a los propósitos institucionales que motivaron su sanción (art. 10 del CCyC).
Por todo lo dicho, considero que su demanda revisionista ha sido correctamente desestimada (arts. 10 del CCyC y 1 de la Ley 25.345).
Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo desestimar el recurso en estudio y confirmar la resolución apelada (arts. 10 y 314 del CCyC, 375 y 384 del CPCCBA, 37 in fine de la LCyQ).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de la Sra. María Alejandra Duhalde, con costas (art. 68 del CPCCBA) II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve I) Rechazar el recurso de la Sra. María Alejandra Duhalde, con costas (art. 68 del CPCCBA) II) Diferir la regulación de honorarios para el momento pro
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