Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI 119587
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada, y admitir parcialmente el presente incidente con el alcance señalado en el voto a la primera cuestión, con costas en el orden causado.
Expte: SI-119587
Juzgado de origen: Civ. y Com. N° 4 de Moreno - Gral. Rodríguez
Juicio: MARQUES EDUARDO GABRIEL C/ COMPAÑIA ESTEBAN S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la firma, se reúnen en Acuerdo telemático continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y LUCAS RICARDO GOMEZ, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo Extraordinario del 19 de agosto del 2022, con la intervención del Auxiliar Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-119587 , en los autos: “ MARQUES EDUARDO GABRIEL C/ COMPAÑIA ESTEBAN S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION ” .
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C..
1ª) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez y Emilio Armando Ibarlucía.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA , el señor juez Dr. Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. La sentencia del 27/12/21, mediante la cual se rechaza el pedido de revisión, es apelada por el actor.
II. El Señor Eduardo Gabriel Márques promovió el presente incidente de revisión contra la resolución del 15/3/21 dictada en los términos del art. 36 de la ley 24.522 en los autos principales, en cuanto declaró inadmisible el rubro multa según art. 275 de la LCT con fundamento en el informe individual de la Sindicatura, que consideraba que debía unificar criterio con el resto de los trabajadores y en su opinión dicho rubro debía ser rechazado.
Dijo que la suma de verificación que pretendía ascendía a $ 1.025.504,58.-, y el monto sometido a verificación constituía un crédito con privilegio especial y general, con beneficio de pronto pago laboral.
Afirmó que debido a la conducta maliciosa de la concursada, debía aplicarse la multa que establece el tercer párrafo del artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (incorporado por ley 26.684), ya que su crédito provenía del convenio laboral celebrado con la ahora fallida en el Ministerio de Trabajo, e incumplido en su totalidad por ésta.
Indicó que su pedido de verificación no había sido objeto de observación alguna, y la Sindicatura en su informe individual ha considerado probado el monto, causa y privilegio, aconsejando verificar el monto total del acuerdo con intereses, pero ha desaconsejado verificar la multa del acuerdo que establece el art. 275 de la LCT, fundamentando su dictamen en la unicidad de criterio para el resto de los trabajadores, argumento tomado por el juez en su resolución verificatoria del art. 36 de la LCQ.
Dijo que la ley 26.686 introdujo en la última parte del artículo 275 de la LCT, una sanción para el caso de incumplimiento por el empleador de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa y que el trabajador se viera precisado a continuar y/o promover la acción judicial, estableciendo que, independientemente de las sanciones que tal actitud generara, dicha conducta debía ser calificada como temeraria y maliciosa y la suma adeudada devengar a favor del trabajador, desde la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés contemplado en el artículo de dos veces y media la tasa activa de operaciones de descuento de documentos.
Sostuvo que los intereses moratorios eran siempre acumulables a la multa que establecía el art. 275 de la LCT, dado que su procedencia era independiente de la calificación de conducta del deudor.
Pidió que se verificara el crédito por el monto y en el carácter solicitado.
La Sindicatura contestó el traslado del pedido de revisión. Al hacerlo, reiteró que tal como lo había aconsejado en el informe individual, a fin de unificar el criterio respecto de los demás acreedores de causa laboral y en aplicación de principio de la pars conditio creditorum, los intereses se habían recalculado hasta la fecha de presentación del concurso preventivo a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires por ser la que se aplicaba en el fuero laboral.
Manifestó que la aplicación del art. 275 de la LCT debía meritarse dentro de los principios de la concursabilidad de una empresa en cesación de pagos y dentro del carácter universal.
En cuanto a la previsión del art. 19 de la LCQ, dijo que si bien le asistía razón al incidentista en cuanto al derecho al devengamiento pos-concurso, a los fines de la verificación los créditos debían ser determinados a la fecha de presentación en concurso, independientemente de que se continuaran devengando con posterioridad, que luego serían calculados.
Así, conformó la liquidación efectuada a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El 27/12/21 se dictó la sentencia apelada mediante la cual, como se dijo, se rechazó el pedido de revisión, con costas al actor.
Allí, el juez indicó que oportunamente consideró acreditado el título del actor, pero que la insinuación valió la observación de la Sindicatura respecto del monto reclamado en concepto de tasa de interés establecida por el art. 275 de la LCT, habiendo aconsejado el órgano concursal el rechazo de estos, aunque reconociendo la tasa de interés que recalculó desde la fecha de mora hasta la fecha de presentación en concurso a tasa pasiva digital BPBA debido a que existían diversos procesos judiciales que tramitaban en sede laboral y posteriormente solicitarían verificación de las sentencias que valdrían como título verificatorio y con esa tasa de interés.
Sostuvo el juez que en oportunidad de la declaración de admisibilidad parcial del crédito en cuestión, adhirió al consejo de la Sindicatura, y lo hacía nuevamente en esta instancia revisora. Ello así, en ausencia de elementos suficientes que lo llevaran a modificar el criterio asumido, toda vez que el principio de razonabilidad con el cual fuera fundada la verificación del crédito lo llevaban a confirmar lo decidido, en orden a la interpretación del principio de equidad que el juez debía aplicar para mantener incólumne la "pars conditio creditorum" , evitando poner en una condición desventajosa al resto de lo trabajadores.
Consideró, además, que más allá de la circunstancia señalada por el incidentista, que tornaría aplicable la multa prevista en el art. 275 de la LCT, la fecha fijada por la Sindicatura a partir de la cual la fallida habría ingresado en cesación de pagos (7/2/2018) tornaría verosímil el incumplimiento del acuerdo.
III. El actor expresa sus agravios con la presentación del 23/2/22, que doy por reproducida.
En cuanto al principio de equidad, dice que él ha firmado un acuerdo conciliatorio muy inferior a las indemnizaciones que legalmente le correspondían, y encima el fallido no cumplió. y que así su crédito laboral se vio congelado al monto conciliado sin posibilidad de ser reajustado en la quiebra de la fallida, cuando, por el contrario, el resto de los trabajadores que no han accedido a las presiones de la patronal para llegar a un acuerdo hoy tienen verificado el 100% de su crédito laboral.
Afirma que la multa del art. 275 de la LCT grava la conducta maliciosa de la fallida, y grava el incumplimiento de los compromisos asumidos frente a un trabajador despedido que ante la necesidad económica deja de lado el verdadero monto de su reclamo para acceder a una indemnización acotada.
Expresa que los intereses moratorios son siempre acumulables a la multa que establece el art. 275 de la LCT, dado que su procedencia es independiente de la calificación de la conducta del deudor.
Sostiene que se aplica a la situación de autos lo dispuesto por el art. 275 tercer párrafo de la LCT ya que el acuerdo celebrado fue incumplido.
Solicita que se revoque la resolución recurrida, con costas, mandándose verificar la multa en los términos pedidos, con el beneficio del pronto pago laboral.
Del memorial se corre traslado, no habiendo sido contestado.
Llegadas las actuaciones a esta Sala, se confiere vista a la Fiscalía de Cámara en los términos del art. 276 de la Ley 24.522, habiendo sido evacuada con la presentación del 6/7/22 en la que el Sr. Fiscal General indica que no se advierte en el caso ninguna de las circunstancias que habilitan la intervención que le podría corresponder al Ministerio Público Fiscal en las presentes actuaciones, por lo que entiende que no le corresponde emitir opinión en torno a la admisibilidad y/o procedencia del recurso deducido.
IV. Como primera consideración, es de señalar que de conformidad con lo que surge del legajo de verificación correspondiente al crédito aquí en cuestión, que se encuentra digitalizado en los autos principales y es consultado por la MEV, el accionante presentó ante la Sindicatura su demanda verificatoria por la suma de $ 600.000.- en concepto de capital correspondiente al monto del acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo, con más la de $ 1.025.504,58.- en concepto de intereses.
En cuanto a estos últimos, indicó allí que "La mora operó el 22/04/2019, ante la conducta maliciosa de Compañía Esteban S.A. por falta de pago del acuerdo celebrado en sede administrativa, corresponde calcular el interés agravado que establece el art. 275 de la ley 20.744 último párrafo. Siendo el interés aplicable de dos veces y media el que cobren los bancos oficiales para operaciones de descuento de documentos comerciales." Calculó el rubro interés conforme a esa norma.
Así, más allá de los términos allí utilizados por el incidentista, es lo cierto que introdujo la insinuación por el concepto previsto por el art. 275 tercer párrafo de la LCT.
Al respecto, destaco que el capital se ha verificado con fundamento en que se ha acreditado la causa, que consiste en el acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo entre el accionante y la fallida, por el despido del primero, que ha sido totalmente incumplido.
De esta manera, se verifican los extremos exigidos según lo dispuesto por el art. 275 tercer párrafo de la LCT para la procedencia de lo allí dispuesto, esto es, considerar como temeraria y maliciosa la conducta consistente en la falta de cumplimiento del acuerdo homologado en sede judicial y administrativa, y el consecuente devengamiento a favor del trabajador, desde la fecha de mora y hasta su efectiva cancelación, de un monto resultante de aplicar sobre el del convenio dos veces y media la tasa que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales.
Ahora bien, el incidentista pretende la adopción de tal temperamento hasta el efectivo pago de su crédito laboral, lo que considero que encuentra una valla en la prohibición para la fallida de realizar actos que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación, establecida por el art. 16 de la LCQ.
Tratándose la norma aludida de la LCT sobre la temeridad y malicia por falta de pago de un crédito que surge de un acuerdo laboral homologado, más allá de la necesidad del trabajador de promover la verificación del mismo ante la presentación en concurso de la deudora -hoy su quiebra-, la prohibición de realizar pagos a acreedores por causa o título anterior establecida por el art. 16 de la LCQ obsta a la determinación de la conducta de la deudora como temeraria y maliciosa desde que dicha prohibición es operativa, es decir, a partir de la presentación en concurso.
Con todo ello, encuentro razonable admitir la verificación del crédito insinuado por el accionante con sustento en lo dispuesto por el art. 275 tercer párrafo de la LCQ, pero estableciendo la fecha de presentación del concurso como límite para calcular su monto conforme a lo allí establecido, con privilegio general - art. 246 inc. 1 de la LCQ - (art. 3 del C.C.C. ).
La liquidación en esos términos deberá realizarla en autos el accionante, debiéndose sustanciar con la Sindicatura de conformidad con lo dispuesto por los artículos 501 y sgtes. del C.P.C.C.
Es dable puntualizar que reiteradamente ha dicho la S.C.B.A. que la verificación de créditos con distintas tasas de interés en un proceso concursal, no importa vulnerar el principio de la pars conditio creditorum, y que la ley vigente tolera la verificación de créditos con intereses convencionales, legales o judiciales, convalidando la coexistencia de diferentes tasas (SCBA LP C 119644 S 29/06/2016; SCBA LP C 105247 S 26/06/2013; SCBA LP C 106552 S 21/06/2012).
Sin perjuicio de ello, toda vez que en atención al origen laboral del crédito continúan devengándose intereses según lo establecido por el artículo 19 de la LCQ - como se indica en la resolución apelada -, habiendo el insinuante pedido los accesorios hasta la fecha de pago del crédito, también debe dejarse establecido que a partir del día siguiente a la de la presentación del concurso, los mismos se calcularán usando la tasa aplicada por la Sindicatura y establecida por el Juez al resolver la verificación; es decir, la pasiva correspondiente a Plazo fijo digital 30 días en pesos que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (art. 3 del C.C.C.)
En cuanto al beneficio del pronto pago, nada corresponde decidir debido a que ya fue admitido en la resolución recurrida.
En consecuencia, corresponde revocar la sentencia apelada, y admitir parcialmente y con el alcance señalado el presente incidente de verificación, con costas de ambas instancias en el orden causado por existir vencimiento parcial y mutuo (arts. 71 y 274 del C.P.C.C.)
Por lo expuesto, a la primera cuestión planteada VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía , por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA , el señor juez Dr. Lucas Ricardo Gomez dijo:
Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el de revocar la sentencia apelada, y admitir parcialmente el presente incidente con el alcance señalado en el voto a la primera cuestión, con costas en el orden causado.
ASI LO VOTO .
El señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía , por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales y jurisprudenciales efectuadas, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE : revocar la sentencia apelada, y admitir parcialmente el presente incidente con el alcance señalado en el voto a la primera cuestión, con costas en el orden causado.
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, Ac. 4013/2021; Ac. 4023/2021 Y Ac. 4039/21) . Y DEVUELVASE .
Fin de la sentencia