Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122117
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
"FISCO NACIONAL. AFIP-DGI C/ TRANSPORTADORES UNIDOS DE QUILMES S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION"
La Plata, 3 de Octubre de 2018.
I. La apoderada de la incidentista deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. fs. 445/458 y 440/441, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente revocó parcialmente el fallo que -a su turno- había acogido -también parcialmente- el incidente de revisión incoado por el Fisco Nacional (v. fs. 390/411 y 279/308 vta., respectivamente).
En su presentación invoca las doctrinas de la arbitrariedad y la gravedad institucional, alegando -además- la violación de las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18, Const. nacional; v. fs. 451 y vta.).
I.1. Sostiene que la resolución en crisis -haciéndose eco de los argumentos del Tribunal de Alzada- y sin analizar los hechos probados a lo largo de la tramitación del proceso, pretende imponerle a su parte la acreditación de elementos de imposible realización. Ello, aún cuando en algunos casos ha sido el propio contribuyente quien ha reconocido la magnitud de la deuda, o bien se trata de créditos firmes por haber sido discutidos judicialmente en las ejecuciones fiscales (v. fs. 451 y vta.).
I.2. Aduce que el agravio que produce la sentencia arbitraria recaída en el marco del remedio extraordinario deducido por el Fisco Nacional trasciende el interés de las partes, al evidenciar inseguridad jurídica, violación de los derechos de defensa en juicio y propiedad (v. fs. 452 vta./454 vta.). Así, objeta que la decisión de esta Corte tiene inmediata repercusión en la recaudación del Tesoro nacional en razón de la declaración de improcedencia de las sumas adeudadas a su representada. Considera -por tanto- que la situación planteada en la litis afecta a la comunidad, revistiendo el fallo -a su modo de ver- un supuesto de gravedad institucional apto para alcanzar el conocimiento del Superior Tribunal (v. fs. 448).
I.3. Expone que la decisión cuestionada vulnera manifiestamente los derechos constitucionales mencionados, al basarse en afirmaciones dogmáticas y remisiones genéricas a la prueba producida, situando al acreedor en un estado de indefensión (v. fs. 453/454).
I.4. Afirma, por otro lado, que la Cámara omitió - al fundar su sentencia - la aplicación de la normativa vigente al caso (arts. 289 inc. "b" y 296, CCCN; anteriormente arts. 979 inc. 2 y 993, CC). Y manifiesta que surge de la regulación citada que los certificados de deuda expedidos por el Organismo Nacional de Recaudación gozan de presunción de legitimidad, sirviendo por tanto de causa a los fines de la verificación de crédito, mientras no sean impugnados con suficiente sustento. Por lo que concluye que -en el caso- se invirtieron las reglas de la carga de la prueba (v. fs. 455 vta.)
II. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 459), el mismo no fue contestado.
III.1. Liminarmente, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar esa decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley pcial. 5.827) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal, por lo que en estos casos se hace particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 310:750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; entre otros).
III.2. Por otra parte, frente a la denuncia de arbitrariedad basada en las causales de apartamiento de la normativa aplicable y de las constancias de la causa, así como la irrazonable interpretación de la prueba, falta de fundamentación y dogmatismo, no se exponen argumentos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la alegación de un caso de excepción.
Al respecto, corresponde tener en cuenta que según lo ha dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206; 3761; 330:133; entre otros).
Asimismo, que dicha figura es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 320:1504; 321:2243; etc.).
Dentro de ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la citada doctrina, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie.
III.3. Además, cabe apuntar que la simple denuncia de la invocada vulneración de garantías constitucionales (derecho de propiedad y defensa en juicio, arts. 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 451 y vta.), no abastece el medio de impugnación formulado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. SCBA, causas Ac. 96.343, resol. de 24-IX-2008; C. 100.875, resol. de 2-III-2011; C. 103.368, resol. de 26-XII-2012; e.o.).
III.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (doctr. Fallos: 327:5826 y 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052 y 331:2799; v. fs. 448 y 452 vta./454 vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia