Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 166/167, reputándose inoficiosa dicha actuación y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 18 de Septiembre de 2019.
I. La apoderada de la incidentista deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley articulado, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. fs. 149/164 y 143/144 vta., respectivamente).
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de grado en cuanto rechazó la insinuación hecha por el Fisco Nacional (AFIP-DGI) de las acreencias previsionales e impositivas -capital e intereses- en gestión judicial, al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 84/87 y 116/119).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y de propiedad (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 154 y vta., 156 vta./157, 158/159, 160 y vta., 161 vta. y 162).
II.1. Sostiene, que la sentencia en crisis lo colocó en una situación de indefensión, en tanto -dogmáticamente- se apartó de la normativa prevista para el caso y de las constancias de la causa, dejando firme el fallo del a quo que cuestiona.
Así, esgrime que esta Corte, sin analizar los hechos probados a lo largo de la incidencia, ponderó -erróneamente, según su modo de ver- que el remedio local había sido insuficientemente fundado y, consecuentemente, resolvió que no se hallaba acreditada la alegada interrupción de la prescripción, desentendiéndose de los argumentos allí dados que evidenciaban -a su modo de ver- las flagrantes infracciones constitucionales en que incurrió el Tribunal de Alzada (v. fs. 157 vta./163).
De ese modo -asevera-, desconoció el carácter de instrumento público que tienen las boletas y los certificados de deudas emitidos por la entidad que representa. Ello -agrega- afectó en forma directa e inmediata las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio (v. fs. 160 vta./161 y 163).
II.2. Con sustento en lo antedicho, alega que la decisión atacada deviene fácticamente arbitraria en tanto su mandante acreditó la procedencia del crédito que reclama y aportó los elementos idóneos y necesarios para sustentar su pretensión fiscal, y peticiona que el máximo Tribunal de la Nación deje sin efecto el pronunciamiento objetado (v. fs. 163 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 165), el mismo fue contestado por el Síndico (v. fs. 166/167).
Con relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito vinculado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 reglones a fs. 166 y vta.). En razón de ello, se lo tiene por no presentado, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
IV.1. Liminarmente, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la valoración efectuada por el a quo respecto del plazo de prescripción; así como la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para desestimar esa decisión), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos caso, deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el presente, toda vez que los argumentos de la recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, ineficaz como tal para habilitar la vía intentada (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59 y 310:405; entre otros; arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en las causales dogmatismo y apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio y de propiedad; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. fs. 154, 156 vta., 158/159, 160 y vta., 162), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; entre otros).
IV.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 154 vta., 156 vta./157, 158 vta./159, 161 vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 166/167, reputándose inoficiosa dicha actuación y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia