Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122224
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.224, "Ferrero, Geraldo Raúl contra Santori, Marcela Alejandra. Incidente de revisión" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había rechazado el pedido de revisión iniciado por el fallido (v. fs. 62/64).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/80 vta.)
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, rechazara el pedido de revisión iniciado por el fallido (v. fs. 62/64).
Para así resolver, la Cámara tuvo presente que en los autos "Sartori, Marcela Alejandra y otros contra Ferrero, Geraldo Raúl. Ejecución Hipotecaria", con fecha 10 de junio de 2003, se dictó sentencia condenando al ejecutado al pago de cincuenta mil ochocientos veinte dólares estadounidenses –USD 50.820-, en tanto se reputó inaplicable al caso la pesificación prevista por el art. 8 del decreto 214/2002 (v. fs. 62 vta. y 63).
Al respecto, recordó que en los autos referidos el demandado consintió dicho pronunciamiento y puntualizó que intentaba por esa vía revisora reeditar una cuestión firme, pasada en autoridad de cosa juzgada (v. fs. cit.).
Por fin, concluyó que la cuestión había sido resuelta correctamente por la magistrada de origen habida cuenta de que no obstante condenar al pago en dólares estadounidenses, había fijado las pautas para la determinación y liquidación de la deuda (v. fs. 63).
II. Contra esta decisión Geraldo Raúl Ferrero deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de fs. 65/80 vta., en el que denuncia la violación del principio de cosa juzgada; la errónea aplicación de las leyes 25.561, 25.820; de los decretos 210/2002 y 320/2002 y de los arts. 1, 3, 5, 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y 17, 18 y 31 de la Constitución nacional. Asimismo, aduce el quebrantamiento de la doctrina legal que cita.
En primer lugar, cuestiona el quejoso la integración de la Cámara con el señor juez doctor Ribichini, sosteniendo que su falta de excusación en autos, que sí hiciera en el incidente de revisión contra el crédito insinuado por Jorge Alberto Malbert, podría conllevar el dictado de sentencias contradictorias respecto de idéntica controversia (v. fs. 69 vta. y 70).
Seguidamente, denuncia la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales que -a su juicio- debieron ser abordadas por el Tribunal de Alzada a los fines de dar adecuada respuesta a la problemática suscitada en autos (v. fs. 70 y vta.).
En adición, efectúa una serie de consideraciones atinentes a las razones que avalan la aplicabilidad al caso de las normas de emergencia económica, alegando el carácter de orden público del mentado plexo normativo, la inexistencia de cosa juzgada en sentido material, la entrada en vigencia de la ley 25.820 con posterioridad al fallo recaído en el juicio ejecutivo -y su consecuente aplicación inmediata- y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nació in re "Souto de Adler" (v. fs. 71/80).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer término, la crítica vinculada con la defectuosa integración del Tribunal de Alzada (v. fs. 69 vta. y 70) no puede ser acogida. Ello así toda vez que de la lectura del recurso no se evidencia sino la denuncia de un perjuicio meramente conjetural, en la medida en que el recurrente aduce que podrían dictarse sentencias contradictorias en virtud de la conducta asumida por el doctor Ribichini en causas de idéntico tenor, sin demostrar la existencia de un agravio actual y concreto.
Ha expresado reiteradamente esta Corte que lo que legitima al recurso es el interés de quien lo interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de una decisión que al eludir la concreta voluntad de la ley ha desconocido un bien actual tutelado por aquella voluntad (conf. causas C. 101.652, "Montenegro Velázquez", sent. de 10-X-2012; C. 118.101, "Dos Marías S.A.", sent. de 15-VII-2015; e.o.). Ello es así dado que el ejercicio de un camino recursivo, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a quienes justifiquen una afectación que legitime el acceso a la vía judicial de carácter extraordinario, pues a falta de aquélla no hay petición audible ante dicha instancia (conf. causas Ac. 84.185, "B., N. L.", sent. de 5-IV-2006; C. 111.495, "Villanueva", sent. de 24-IV-2013; entre muchas).
En rigor, el interés para recurrir da lugar a la actividad jurisdiccional del tribunal; por ello el acceso a la vía extraordinaria supone la existencia de un agravio actual y no meramente hipotético o eventual como acontece en autos (conf. causas Ac. 34.640, "Minz", sent. de 26-XI-1985; Ac. 43.866, "Casasco", sent. de 26-II-1991; etc.), circunstancia que conduce al rechazo de esta parcela de la impugnación.
III.2. De otra parte, en lo que respecta a la alegada ausencia de tratamiento de concretos agravios esbozados ante la Cámara (v. fs. 70 y vta.), cabe recordar que la omisión de cuestiones esenciales en el pronunciamiento del Tribunal de Alzada es revisable a través del recurso de nulidad, lo que conduce a la desestimación del agravio planteado en esta vía recursiva.
Sobre este punto tiene dicho la Corte que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resulta ser instrumento idóneo para canalizar reclamos por omisión de cuestiones esenciales, pues para ellos se ha establecido el recurso extraordinario de nulidad (conf. causas C. 106.743, "Municipalidad de Junín", sent. de 12-VII-2017; entre muchas).
III.3. Ingresando ya a lo medular de la pretensión recursiva, importa destacar que la decisión en crisis se fundó en el carácter de cosa juzgada que para la Cámara de Apelación emanaba de la sentencia de trance y remate dictada en la ejecución individual que oportunamente promoviera el acreedor hipotecario contra su deudor, ahora fallido. Según se ha visto en dicho pronunciamiento el demandado fue condenado a pagar la deuda en la moneda pactada, a saber, dólares estadounidenses, tras desestimar la aplicación al caso de la legislación de emergencia económica (v. sent. de fs. 91/93, expte. "Sartori, Marcela Alejandra y otros contra Ferrero, Geraldo Raúl. Ejecución Hipotecaria").
La decisión recaída en el juicio ejecutivo fue dictada el 10 de junio de 2003, encontrándose vigente la ley de emergencia económica 25.561 y los decretos 214/2002 y 320/2002, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.820 (B.O. del 4-XII-2003).
Para el impugnante, en virtud de la doctrina que emana de la causa "Souto de Adler, Mercedes c. Martorano, Marta T.", S.499.XXXIX, resuelta por la Corte Suprema de la Nación el 14 de agosto de 2007 (Fallos: 330:3593), no existe cosa juzgada en el tema en discusión, toda vez que al dictarse la sentencia del a quo no había sido aún sancionada la ley 25.820, circunstancia que permitiría reeditar la cuestión a la luz de dicha normativa. Concretamente, sostiene que conforme el criterio del Alto Tribunal de la Nación si el fallo en cuestión no fue dictado bajo la vigencia de la normativa de emergencia -lo que a su juicio debe suponer la totalidad de la misma, incluyendo a la ley 25.820- no puede estimarse que se encuentre amparado por lo dispuesto por el último párrafo del art. 11 de la ley 25.561, conforme el texto que le imprimiera la norma citada (v. fs. 76 vta.).
La aludida ley 25.820, en lo que aquí interesa, modificó mediante su art. 3 el art. 11 de la ley 25.561, consagrando una solución diversa a la adoptada por el Tribunal de Alzada en el trámite de ejecución hipotecaria que antecedió a este proceso concursal. El texto en cuestión en lo pertinente dispuso: "Las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor , se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso" (el destacado me pertenece). Por otra parte, dicho dispositivo incluyó en su último párrafo la siguiente previsión: "La presente norma no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales".
Pues bien; contrariamente a lo sostenido por el quejoso, el advenimiento de la ley 25.820 no posee los efectos que le atribuye, ni es apta para descalificar lo resuelto por el Tribunal de Alzada. Veamos.
III.3.a. En los autos "Santori, María Alejandra y otros c. Ferrero, Geraldo Raúl s. ejecución hipotecaria" (expte. 116.974) cuya copia corre por cuerda, el Tribunal de Alzada resolvió que "no corresponde aplicar al caso la pesificación, por lo que la ejecución debe seguir adelante hasta tanto el ejecutado haga íntegro pago a los acreedores del capital reclamado de cincuenta mil ochocientos veinte dólares estadounidenses (U$S 50.820), con más intereses y costas" (fs. 93). Para así decidir, el voto que concitó la mayoría precisó que "la conversión de la obligación en moneda extranjera a moneda nacional prevista por el art. 8 del decreto n° 214/02, sólo se aplica a las obligaciones que se hicieron exigibles desde la fecha de promulgación de la ley 25.561, puesto que el art. 1° del dec. 320/02 aclaratorio del decreto 214/02, prescribe que las disposiciones de éste último sólo rigen para las obligaciones reestructuradas por la ley 25.561, y a tenor de lo prescripto por el art. 11 de la citada ley, sólo se convierten a moneda nacional las obligaciones exigibles luego de su promulgación" (fs. 91 vta.).
Con posterioridad, e insinuada esta acreencia en el presente proceso falencial, el deudor peticionó la aplicación de la normativa de emergencia y pesificación del crédito, lo que fue desestimado por el juez de origen con base en la inmutabilidad de aquella sentencia que acabo de transcribir, a la que atribuyó el carácter de cosa juzgada (v. fs. 34). La Cámara confirmó esta decisión e insistió en que el demandado había consentido el pronunciamiento que había reputado inaplicable al caso el régimen de la pesificación, de manera que por esa vía revisora se procuraba reeditar una cuestión alcanzada por los efectos de la cosa juzgada (v. fs. 62 vta.).
Teniendo en consideración el planteo del revisionante vertido en su expresión de agravios, a tenor del cual la mentada ley 25.820 -a la que atribuye el carácter de aclaratoria- se habría pronunciado en un sentido contrario al sostenido por la Cámara en la ya referida sentencia recaída en el proceso de ejecución hipotecaria (v. fs. 42), dicho tribunal precisó que el art. 3 de aquella ley "de ningún modo autoriza al revisionante a reabrir el debate de la cuestión [...] porque el dispositivo es muy claro en su último párrafo, en excluir de sus alcances a 'las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales'" (fs. 63).
III.3.b. Corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 330:2902 ("Grillo", sent. de 3-VI-2007) puso de resalto que "habida cuenta de que en el trámite del proceso ejecutivo las partes consintieron que se debatiese de manera irrestricta acerca de la validez constitucional de las normas de emergencia y de que dicha cuestión ha sido resuelta en términos que no admiten recurso alguno, el tema no podrá ser replanteado en otro juicio ulterior que permita alcanzar un resultado distinto" (cons. 12), puntualizando que -en el caso- la decisión allí cuestionada había pasado en autoridad de cosa juzgada; y añadió que "el hecho de que este Tribunal haya considerado razonables las medidas adoptadas para paliar las consecuencias de la grave crisis económica -causa R.320.XLII 'Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra' del 15 de marzo de 2007- no resulta óbice para resolver la cuestión en el sentido indicado, ya que la alteración de los derechos adquiridos que las leyes pueden llegar a disponer circunstancialmente para asegurar el bien común comprometido en la emergencia por desequilibrios económicos o sociales u otros motivos de análogo carácter extraordinario, no pueden alcanzar la inmutabilidad de la cosa juzgada, porque no hay bienestar posible fuera del orden (Fallos: 307:1289 y cita; 319:3241 y 326:2546)"(cons. 17).
Si bien en esa causa la Corte federal juzgó que la falta de impugnación concreta respecto del argumento corroborante utilizado por la cámara, vinculado con el art. 11 in fine de la ley 25.561 conforme el texto dado por la ley 25.820, tornaba innecesario ingresar en la interpretación del alcance de esa norma, aclaro, no obstante, que dicha previsión normativa -en alusión al dispositivo previsto en el artículo 3 de la ley 25.820, último párrafo- "excluye expresamente la posibilidad de aplicar las soluciones previstas en las normas de emergencia en materia de pesificación cuando las situaciones hubiesen sido resueltas mediante acuerdos privados o sentencias judiciales" (cons. 19).
III.3.c. Poco tiempo después, ese mismo tribunal tuvo ocasión de pronunciarse en Fallos: 330:3593 ("Souto de Adler", cit.) en relación con un pedido formulado por el deudor para que se aplicasen las normas que previeron la pesificación de las obligaciones entre particulares pactadas originariamente en moneda extranjera (leyes 25.561 y 25.820 y decretos 214/2002 y 320/2002 y normas complementarias) y el régimen de refinanciación hipotecaria (leyes 25.798, 25.908 y 26.167), que había sido deducido con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate (recaída en el mes de noviembre de 2001 y que mandó llevar adelante la ejecución por el capital reclamado en dólares), decisión a la cual el Tribunal de Alzada había atribuido el carácter de firme y pasada en autoridad de cosa juzgada (v. cons. 8).
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal recordó que "ha aceptado siempre la jerarquía constitucional que corresponde a la cosa juzgada, pero estima que en el caso no resulta razonable interpretar que un pronunciamiento dictado con anterioridad a la crisis -e incluso en pleno conflicto económico y social- se encuentre amparado por dicho principio respecto de normas que reconocieron y legislaron dicha emergencia en forma sobreviniente y que por tal motivo no fueron objeto de consideración por los jueces de la causa" (cons. 9).
En esas condiciones resolvió que, en la especie, "y dado el contexto descripto, la inaplicabilidad de las disposiciones legales cuestionadas no encuentra fundamento válido en las directivas del art. 3 de la ley 25.820, según el cual la norma '...no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales'" (cons. 11). Y ello, pues, conforme las razones que exhibió la Corte en ese precedente, "resulta adecuado interpretar que cuando la nueva ley dispuso no modificar situaciones ya resueltas por acuerdos privados y/o sentencias judiciales, lo hizo con referencia a aquellas finiquitadas en virtud de la autonomía contractual de las partes o por decisiones emanadas de órganos jurisdiccionales encontrándose vigentes las leyes en cuestión y dentro del marco jurídico que ellas reglamentan" (cons. 12).
III.3.d. La interpretación armónica de ambos precedentes permite arribar a las siguientes conclusiones:
III.3.d.i. Los derechos reconocidos en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada quedan incorporados al patrimonio del litigante y se encuentran protegidos por el art. 17 de la Constitución nacional (causa "Grillo", cons. 13 y sus citas; causa "Souto de Adler", cons. 9).
III.3.d.ii. Si en el proceso las partes hubiesen consentido que se debatiese de manera irrestricta acerca del alcance y validez constitucional de las normas de emergencia en términos que no admiten recurso alguno, el asunto no podrá ser replanteado en otro juicio que permita alcanzar un resultado distinto en tanto se haya arribado a una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada formal y material (causa "Grillo", cons. 12).
III.3.d.iii. Dicha conclusión no se ve alterada por la circunstancia de que en la causa "Rinaldi" se haya resuelto que las medidas de emergencia adoptadas para paliar la crisis económica sean razonables, dado que tales soluciones no pueden afectar la inmutabilidad de la cosa juzgada (causa "Grillo", cons. 18 y sus citas).
III.3.d.iv. Sin embargo, no es correcto postular que un pronunciamiento dictado con anterioridad a la crisis se encuentre amparado por el atributo de la inmutabilidad, derivado de la cosa juzgada respecto de las normas que reconocieron y legislaron dicha emergencia en forma sobreviniente a esa decisión y que no fueron objeto de consideración por los jueces de la causa (causa "Souto de Adler", cons. 9).
III.3.d.v. Por consiguiente, el enunciado previsto en el art. 3 último párrafo de la ley 25.820, en cuanto estatuye que lo establecido en dicha ley (que reformó el texto del art. 11 de la ley 25.561) "no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales", ha de ser interpretado en consonancia con los alcances que fijan ambos precedentes respecto de la inmutabilidad de las decisiones que han alcanzado el carácter de cosa juzgada.
III.3.d.vi. En ese contexto, lo decidido en "Souto de Adler" debe ser comprendido como una solución excepcional -y por lo tanto de interpretación restrictiva- frente al criterio reafirmado en el precedente "Grillo", en tanto aquella hermenéutica importa una limitación a las garantías constitucionales que asisten al justiciable, derivadas del carácter de cosa juzgada de la decisión objeto de revisión (art. 17, Const. nac.).
III.3.e. A la luz de estas consideraciones cabe ahondar en el sentido de la expresión plasmada en el art. 3 párrafo final de la ley 25.820. La norma ha sido interpretada por la Corte federal como un límite infranqueable para la revisión de aquellas decisiones a las que se hubiera arribado luego de debatirse el alcance y validez constitucional de la normativa de emergencia, aun cuando su resultado fuera diverso al sostenido por ese órgano jurisdiccional en el precedente "Rinaldi" (causa "Grillo", cons. 17). Sólo podría ser relativizado cuando aquel debate no hubiera sido posible (causa "Souto de Adler", cons. 9).
III.3.f. En el presente caso, lo atinente a la moneda de pago fue planteado por la actora encontrándose vigente la legislación de emergencia, en virtud de la "pesificación" del crédito determinada por el sentenciante de origen (v. fs. 77/78; ejecución hipotecaria). Ese asunto fue resuelto por la Cámara -más allá del acierto o error- de modo desfavorable a los intereses del demandado (v. fs. 91/93; expte. cit.). El pronunciamiento hizo referencia expresa a las normas de pesificación y no fue controvertido por el ejecutado.
De este modo, no se configuran en autos las circunstancias excepcionales consideradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Souto de Adler, Mercedes c. Martorano, Marta T.". En efecto, la cuestión relativa a la moneda de pago fue (o al menos pudo ser) controvertida
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