Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124060
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.060 "FISCO NACIONAL A.F.I.P.-D.G.I. S/ INCIDENTE DE REVISION (AUTOS: INSTITUTO PRIV. CLINICA Y CIRUGIA DE LOBOS S/ CONCURSO)"
I. La apoderada del Fisco Nacional deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley articulado -con costas- ante la falta de definitividad de la cuestión traída a discusión (art. 278, CPCC; v. resol. de 19-VIII-2020; escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 14-IX-2020 y su archivo adjunto identificado como "Recurso Extraordinario Federal- Clinica").
En el caso, la Cámara interviniente anuló el fallo del juez de Primera Instancia que, a su turno, había hecho lugar al incidente de revisión promovido por el Fisco Nacional AFIP y declarado verificado su crédito por la suma que detalló, con carácter de quirografario y dispuesto su inclusión en el pasivo concursal del Instituto Privado de Clínica y Cirugía de Lobos S.A. En consecuencia, por un lado, ordenó que los autos vuelvan al juzgado de origen a efectos de que se prosiga con el trámite de reconstrucción, esto es, el dictado de la resolución del art. 129 del Código Procesal Civil y Comercial y -posteriormente- con la producción de la prueba. Por el otro, dispuso que una vez cumplido, se remita la causa a otro juez que sea asignado, para que dicte la sentencia de mérito. Finalmente, impuso las costas al Fisco Nacional -AFIP.DGI- (v. "PROVEÍDO" de fecha 5-VII-2018, "SENTENCIA DEFINITIVA" de fecha 24-IV-2020 y su aclaratoria de fecha 14-V-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, propiedad y legalidad (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3, 5/6, 9/11, 13/14 y 16; adjunto cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto, apartándose de las constancias del expediente y de la normativa aplicable, ponderó -erróneamente- que la decisión atacada no era definitiva. En consecuencia, declaró mal concedido el remedio local, con la consiguiente vulneración de las garantías constitucionales mencionadas y configurando -según su modo de ver- un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria, al exceder el mero interés individual de las partes y afectar de modo directo a toda la comunidad. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN Fallos: 307:770:919; 255:41; 290:266; 292:229; 247:601)
En tal sentido, expone que esta Corte omitió dar tratamiento a los hechos y fundamentos desarrollados en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la falta de consideración de las constancias del juicio, la referencia a actuaciones de una causa ajena a la de marras y la improcedencia de la aplicación de costas a su representada por tratarse de una nulidad decretada de oficio, omisión que -entiende- configura per se una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Refiere, para abonar sus planteos, otros pronunciamientos del Superior Tribunal federal (CSJN Fallos: 291:245:382; 292:254; 293:176; 303:120:434:1134; 306:717; 308:1762; entre muchos; v. págs. 6, 12/16 y 32/33, adjunto cit.).
Reconoce, además, que si bien la decisión del Tribunal de Alzada no pone estrictamente fin a la cuestión, en los hechos es como si lo hiciera y por tanto es equiparable a definitiva, dado que le causa a su parte un perjuicio de dificultosa reparación ulterior. Ello pues, el crédito de su mandante se continúa diluyendo en el tiempo, con el consecuente perjuicio y la potencial imposibilidad de cobro en un concurso preventivo absolutamente dilatado (v. págs. 15/16, adjunto cit.).
II.3. Por otro lado, reitera y transcribe fragmentos del recurso de inaplicabilidad de ley tendientes a demostrar la arbitrariedad del pronunciamiento de la Cámara -y de su aclaratoria- y denuncia que dicho tribunal vulneró el principio de preclusión (v. págs. 16/32, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 18-IX-2020) el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones vinculadas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean adecuados para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para declarar mal concedido el remedio de inaplicabilidad de ley intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 12/33, adjunto cit. y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, debido proceso, propiedad y legalidad; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3, 5/6, 9/11, 13/14 y 16; adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (doctr. Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 6, 16 y 32/33, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2021 16:18:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2021 18:09:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2021 09:20:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 14:01:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2021 12:20:37 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia