Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121754
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.754, "Toledo, Juan Antonio contra A.R.B.A. Incidente de revisión", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Soria , Pettigiani , Kogan , Torres .
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, por mayoría, revocó el fallo de primera instancia que hiciera lugar al incidente de revisión intentado por el señor Juan Antonio Toledo contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, lo desestimó al no encontrar reunidos en autos los presupuestos necesarios para su progreso (v. fs. 338/342 y 383/390).
Se interpuso, por el incidentista vencido, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 394/407).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Juan Antonio Toledo promovió el presente incidente de revisión, en el marco de su concurso preventivo, contra la declaración de admisibilidad del crédito insinuado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 17/24 vta.).
En su escrito de inicio, centralmente, critica la constitucionalidad de la normativa fiscal en referencia a la extensión de responsabilidad que asigna sobre tributos adeudados. En tal orden, indica que la normativa provincial (Código Fiscal) avanza sobre el ordenamiento nacional (Ley de Sociedades Comerciales), transgrediendo la Constitución nacional (v. fs. 19 vta./23 vta.).
El juez de origen hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad solicitado por el concursado y declaró inaplicable al caso de marras los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal. En consecuencia, acogió la pretensión revisionista y dispuso la inadmisibilidad del crédito insinuado por la entidad recaudadora (v. fs. 338/342 vta.).
II. Apelada la sentencia, el Tribunal de Alzada, por mayoría, la revocó (v. fs. 383/390).
Para así decidir, luego de confrontar los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. por resolución 39/11), sostuvo que la responsabilidad solidaria de los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas no surgía únicamente por su condición de tales, sino que respondían también por la conducta que hubiesen desplegado en el ejercicio de su función. Agregó que el representante de la persona jurídica tiene a su cargo el ingreso del tributo y, por tal motivo, la ley lo hace responsable solidario; pero si ese representante demuestra que exigió a su representado (persona jurídica) los fondos para afrontar el pago de los tributos y este último lo colocó en imposibilidad de cumplir con la obligación, entonces la ley lo exime de esta responsabilidad (v. fs. 385 y vta.).
Refirió que la solidaridad del art. 24 no era objetiva sino subjetiva, dado que requiere la imputabilidad de la conducta del tercero responsable, pudiendo demostrarse que el contribuyente los colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con su obligación (v. fs. 385 vta.).
Bajo tales premisas, el Tribunal de Alzada no encontró incompatibilidades entre los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. por resolución 39/11) y los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 que hicieran factible la declaración de inconstitucionalidad por violación del art. 31 de la Constitución nacional y revocó el pronunciamiento apelado. En consecuencia, desestimó la pretensión revisora intentada por el convocatario (v. fs. 390).
III. Frente a ello, los letrados apoderados del incidentista vencido interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncian el vicio de absurdo e infracción a la ley 19.550. Asimismo, solicitan la declaración de inconstitucionalidad de las normas tributarias contenidas en los arts. 18, 21 y 55 del Código Fiscal provincial (v. fs. 394/407).
En síntesis, se agravian porque el fallo en crisis declara responsable al señor Juan Antonio Toledo, en virtud de los tributos debidos por la firma Supermercados Toledo y su carácter de director en dicha organización comercial, aplicándose para ello el régimen de responsabilidad establecido en el Código Fiscal local.
En primer término, consideran errónea la aplicación del régimen jurídico en el sub lite . En este punto, cuestionan el tipo de responsabilidad atribuida -v.gr. objetiva- ya que esta ha sido aplicada en virtud del carácter de director de su representado; y en ningún momento se ha analizado si existía o no alguna circunstancia que pudiera considerarse como eximente de la misma (v. fs. 400).
En segundo término, critican que -por tratarse de un aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores- compete al legislador nacional la regulación de la responsabilidad de marras, toda vez que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con los códigos de fondo por haberse delegado a la nación la facultad de dictarlos, habiendo admitido la preeminencia de las leyes del Congreso y la necesaria restricción de no dictar normas que las modifique o contradigan. En tal camino, impugnan la decisión de fs. 383/390 por otorgar preeminencia jurídica al Código provincial por sobre la ley nacional (v. fs. 402).
Agregan que la posición asumida por la mayoría del Tribunal de Alzada desvirtúa el régimen de la ley 19.550, ya que invierte el principio de la carga de la prueba. En esta vereda, esgrimen que, en el ordenamiento societario, quien invoca la responsabilidad de un director debe probarlo. Sin embargo, según la sentencia cuestionada, en los casos en que el acreedor sea el fisco provincial solamente debe probarse la calidad de director del funcionario y, de allí en más, este debería probar su inocencia, lo que consideran desajustado a derecho (v. fs. 402 vta.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1.a. En esencia, el señor Juan Antonio Toledo cuestiona la constitucionalidad de las disposiciones del Código Fiscal en cuanto le extienden la responsabilidad como administrador o representante legal por el pago de los tributos de la firma Supermercados Toledo S.A. Ello debido a la imposibilidad provincial de legislar en materia delegada al Congreso nacional (arts. 59 y 274 de la ley 19.550, t.o. 1984).
IV.1.b. Las disposiciones censuradas determinan que el pago de gravámenes, recargos e intereses se encuentra también a cargo de quienes, como responsables del cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, administren o dispongan de bienes de las sociedades debido a su mandato legal, incluyendo de igual manera a los integrantes de los órganos de administración o representantes legales de personas jurídicas civiles o comerciales, etcétera (art. 21, Código Fiscal, t.o. 2011).
Asimismo, se especifica que los responsables mencionados afrontan el tributo solidaria e ilimitadamente con el contribuyente en la misma forma, monto y oportunidad, pudiendo eximirse de aquella obligación acreditando haber exigido a los sujetos pasivos los fondos necesarios para su cancelación y, a la vez, que estos lo hubieren colocado en la imposibilidad de cumplir de modo correcto y tempestivo (art. 24, Cód. cit.).
El proceso para efectivizar la extensión de responsabilidad se inicia contra todos los responsables a quienes se pretendiera obligar, incluyéndose a todos los involucrados (art. 21, cit.). A tales fines se contempla su intervención para que aporten el descargo y ofrezcan las pruebas respectivas que hagan a su derecho en la misma oportunidad procedimental en que se intima al contribuyente principal (art. 113, Cód. cit.).
IV.1.c. Del estudio liminar de los textos referenciados surge la responsabilidad de los directores por las obligaciones fiscales de la sociedad, por el solo hecho de integrar los órganos correspondientes. Tal diseño presenta un factor de atribución distinto en principio al sistema del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual atribuye consecuencias en caso de dolo o culpa en el incumplimiento de una obligación.
Se observan dos relaciones jurídicas de naturaleza tributaria claramente diferenciadas. La primera de ellas es la entablada entre el Estado y la sociedad comercial o ente colectivo, como contribuyente de un gravamen determinado. La segunda es la que enlaza al Estado con el administrador de ese contribuyente principal, cuando determinadas circunstancias de su actuación derivan en la formulación de un cargo a la sociedad por la que dicho administrador debe responder personalmente y en paridad de condiciones que el órgano que administra y que resulta el sujeto pasivo de la relación por haber perfeccionado el hecho imponible.
Así, la primera define al contribuyente, en tanto que la restante determinada el concepto de "responsables por deuda ajena", elevando a estos últimos a la categoría de responsables en forma personal y solidaria con el sujeto obligado en la relación jurídico-tributaria.
Ello por cuanto el legislador ha considerado necesario diseñar un mecanismo del cumplimiento de la obligación impositiva que cuente asimismo con un responsable solidario de quien obtener el ingreso fiscal (conf. arg. CSJN "Monasterio Da Silva, Ernesto", sent. de 2-X-1970).
Puede afirmarse, entonces, que la solidaridad definida en la ley fiscal no es similar a la del derecho común sino que se presenta de manera diferenciada.
En efecto, en el orden nacional impositivo el compromiso surge debido a la insatisfacción de una deuda ajena que, normalmente, debe cancelarse con los recursos que aquellos administran, perciben o disponen y no con los propios (v.gr. arts. 5 y 6, ley 11.683); la que incumplida hace nacer la obligación en cabeza de estos sujetos que no exhiben en principio una vinculación material con el hecho imponible, pero a quienes sin embargo les será exigido el gravamen por el incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago. Punto este en el que difiere de la normativa local, la que obliga al solidario en el mismo plano que el contribuyente, sin necesidad de incumplimiento previo de la intimación de pago por parte del contribuyente principal (ver art. 21, ley 10.397, "en la misma forma y oportunidad que rija para éstos").
Asimismo, la normativa nacional expresamente predica que no existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente (art. 8 inc. "a" in fine , de la ley citada); mientras que el Código Fiscal estipula que solo se eximirá de la responsabilidad solidaria e ilimitada a quienes acrediten haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva (art. 24, Código Fiscal).
En definitiva, en ambos ordenamientos se trata, entonces, de sujetos seleccionados por el legislador -distinto del sujeto que perfecciona el hecho imponible- a quienes se obliga al pago del tributo.
IV.1.d. Ahora bien, la diferencia radica tanto en el momento a partir del cual se activa el instituto bajo análisis, como respecto de los supuestos contemplados para exonerarse de dicha responsabilidad.
En términos generales, el derecho fondal requiere para establecerla los incumplimientos de los deberes que la ley impone a los directores o administradores, la dilucidación de una cuestión de hecho que deberá juzgarse en cada caso y respecto de cada uno de ellos, pues la actuación o intervención personal puede ser distinta según las funciones que los directores tengan asignadas en la empresa.
En esa línea de pensamiento se ha expresado en la doctrina que la obligación impuesta personalmente al director y el grado de su incumplimiento susceptible de generar responsabilidad solo puede nacer de una valoración de conducta y no del mero hecho de la falta de pago de la deuda social, la que debió satisfacer con los fondos que administra (cfr. Luqui, Juan Carlos; La obligación tributaria , Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 223).
Este aspecto se halla limitado en el art. 21 del Código Fiscal, el que desplaza cualquier otro factor de eximición de la conducta determinante de la responsabilidad.
En el contexto descripto, es válido añadir que la responsabilidad de los directores, administradores y representantes de una sociedad se encontraba regulada en los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 (t.o. 1984) y responderán de manera ilimitada y solidaria por mal desempeño de su cargo, incumplimiento contractual o acto ilícito realizado con dolo o culpa en el ejercicio de su actividad.
Asimismo, y sin perjuicio de señalar que su sanción sucedió luego de promovida la demanda, el art. 144 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) establece que la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, cuando constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados (v. art. 160, Cód. cit.).
La otra diferencia radica en que el reticulado legal bajo examen difiere sustancialmente del previsto en los arts. 6 y 8 de la ley 11.683, toda vez que en este último su responsabilidad nace en el caso en que el contribuyente no abone oportunamente el tributo ante la intimación fiscal. Es decir que la resolución final determinativa de oficio al responsable solo puede ser dictada e intimada a su pago una vez vencido el plazo de la intimación previa cursada al deudor principal.
El vencimiento de dicho plazo sella el incumplimiento del deudor principal, habilitando en forma subsidiaria la posible extensión de la responsabilidad personal y solidaria a los directores de una sociedad anónima y socios gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada (CSJN in re "Brutti, Stella Maris c/ DGI", sent. de 30 de marzo de 2004).
IV.2.a. Analizados los distintos regímenes normativos resta evaluar si en el caso las disposiciones provinciales por las que se extendió la responsabilidad solidaria al demandado se encuentran en contradicción con las dictadas por el Congreso nacional o bien si, por el contrario, la Provincia de Buenos Aires se ha limitado a ejercer facultades impositivas propias.
Del modo expuesto, es evidente que la legislación local avanzó sobre aspectos sustanciales, determinando una situación incompatible por su restricción con la diseñada por el legislador nacional, a quien se le ha delegado la facultad de legislar en esa materia (arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.) y que ejerció esa facultad mediante el dictado de la ley 19.550 y luego del Código Civil y Comercial de la Nación.
A los fines de este análisis, vale aclarar que aquel "tercero" del derecho fondal (art. 59, ley 19.550) ante el cual el administrador societario responde ilimitada y solidariamente por su mal desempeño del cargo -en el caso- es el Fisco provincial.
De allí que resulta una idea liminar, en el marco de la ley 19.550, que los administradores y representantes "que faltaren a sus obligaciones" son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión, sin que pueda considerarse el actual esquema del art. 21 del Código Fiscal una derivación razonada de esta.
IV.2.b. En dicho escenario, es prudente recordar que las normas locales deben adecuarse a las leyes sustantivas dictadas por el Congreso nacional y no pueden ser derogadas sin violentar las facultades exclusivas de la Nación en una materia como es, en general, los aspectos substanciales de las relaciones entre acreedores y deudores y, en especial, los diversos modos por los cuales, como en el caso de la atribución de responsabilidad, le es privativa por estar reconocida en la categoría de legislación común que prevé el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional (conf. arg. Fallos: 183:143; 193:231; 202:516 y 320:1344).
En esa comprensión, no basta con apelar a la autonomía del derecho tributario para desconocer la uniformidad de la legislación de fondo perseguida mediante la atribución que se confiere al poder central para dictar códigos según el art. 75 inc. 12 de la Carta nacional; uniformidad esta que no sería tal si las provincias pudieran desvirtuarla en su esencia, legislando con distinto criterio instituciones fundamentales de carácter común, so color del ejercicio de los poderes que le están reservados (CSJN in re "Martinez Ezquivel, Dora y otro", sent. de 4-XII-1967).
Sin embargo ello no significa negar que las provincias gozan de un amplio poder impositivo, sino simplemente reconocer que ese poder encuentra sus límites constitucionales en la delegación de atribuciones efectuadas al Congreso nacional con miras a lograr la unidad, entre otras materias fundamentales, en lo tocante a la legislación de fondo (Fallos: 243:98; 249:292 y sus citas).
IV.2.c. De lo seguido hasta aquí no encuentro ningún argumento que permita definir la atribución local para avanzar en los aspectos vinculados a la extensión de la responsabilidad de los directores de sociedades, por las deudas de estas últimas.
A tal extremo debo añadir los fundamentos que tuve oportunidad de expresar en los autos A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos SRL" (sent. de 16-V-2018), los que considero trasladables al caso en tratamiento.
Allí sostuve, en referencia a la doctrina originada en "Filcrosa", fallada el 30 de septiembre de 2003, que esa solución respetaba las previsiones del art. 31 de la Constitución nacional al imponer a las provincias, en ejercicio de su poder no delegado, adecuarse a las normas dictadas por el Congreso en ejecución de aquellos que sí lo habían sido.
Y era claramente más valiosa desde un punto de vista práctico pues, además de reflejar el propósito de los constituyentes de contribuir a la creación de aquellos lazos de unidad entre las provincias y sus integrantes necesarios para fundar la República, evitaba los peligrosínsitos en la dispersión de soluciones concernientes a institutos generales, que quedarían librados -pese a tal generalidad- al criterio particular de cada legislatura local.
En definitiva, la responsabilidad de los administradores y representantes hacia terceros -en este caso el Fisco- es la del derecho común, que obliga a indemnizar el daño debido a la falta de cancelación de los tributos exigidos, esto es por el incumplimiento de una obligación legal que se puede instrumentar por el mal desempeño de su cargo (arts. 59 y 274, ley 19.550 -entonces vigente- y arg. CSJN, "F. 528.XLII, Funes Alejandra", sent. de 28-V-2008).
IV.3. Ahora bien, el estudio de los dispositivos enjuiciados destaca una dimensión residual cuya dinámica y naturaleza responde, en mi pensamiento, al ámbito reservado a la Provincia de Buenos Aires, habilitando su aplicación (art. 121, Const. nac.).
Me refiero a la hipótesis de una actuación destinada al incumplimiento de las obligaciones fiscales como metodología de gestión y administración empresaria, al amparo de la personalidad jurídica societaria, que escapa a la configuración del art. 274 de la ley 19.550 -supuesto reseñado supra - así como al supuesto del art. 54 del mismo cuerpo normativo (Fallos: 325:2817 y 326:1062; v. voto doctor Lorenzetti CSJN in re "Funes, Alejandra Patricia", cit. y "Davedere, Ana María", sent. de 29-V-2007).
En dichos supuestos del derecho común, el presupuesto de operatividad de la responsabilidad personal y solidaria parte de reconocer una personalidad societaria diferenciada (arts
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