Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121754
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fecha 30 de noviembre de 2021, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto, sin costas dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 121754 "TOLEDO JUAN ANTONIO C/ A.R.B.A. S/ INCIDENTE DE REVISION "
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El apoderado de Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que -por mayoría- hizo lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto por el incidentista y, en consecuencia, revocó la sentencia apelada y declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal, manteniendo lo resuelto en primera instancia sobre la inadmisibilidad del crédito (conf. arts. 68, 69, 274, 289 y concs., CPCC; v. sent. 30-VIII-2021, trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 13-X-2021 y su archivo adjunto identificado como "REF TOLEDO.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal y al incidente de revisión intentado por el señor Juan Antonio Toledo, declarando inadmisible el crédito de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, los desestimó al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su progreso (v. sents. de 29-XII-2015 y 2-III-2017).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de razonabilidad, defensa en juicio, propiedad, debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y autonomía provincial (arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 75 inc. 12, 121, 122 y 123, Const. nac.; v. págs. 3/6, 17/19 y 24/29, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de la normativa que rige al caso, revocó -mediante afirmaciones dogmáticas y ritualistas- la decisión del Tribunal de Alzada que había rechazado el incidente de revisión, vulnerando -de ese modo- los derechos constitucionales mencionados. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 321:441; 324:920; 306:879; 311:2077; entre muchos; v. págs. 16/28, adjunto cit.).
Aduce, además, que la decisión atacada resulta contradictoria en tanto reconoce la autonomía de la normativa local y establece su similitud con la legislación nacional, para luego declarar su inconstitucionalidad. Agrega, también, que la comparación entre ambos regímenes -nacional y provincial- se encuentra doblemente prohibida por el principio de autonomía legislativa provincial y por la falta de vigencia -al inicio del presente incidente- de la ley nacional referenciada (v. pág. 19/20).
Por otro lado, arguye que es erróneo ponderar que el régimen provincial es más gravoso que el nacional. Expone que, a pesar de no contar con el plazo de 15 días y la previa intimación a la sociedad que fija esta última, el ordenamiento local establece que el responsable solidario, para demostrar que el incumplimiento no le es imputable subjetivamente, debe acreditar el caso fortuito o la fuerza mayor.
Concluye que las diferencias entre ambas normativas son insignificantes y no modifican -según su modo de ver- la esencia del incumplimiento de los impuestos cuya falta de pago debe extenderse a los infractores. Y alega, con sustento en el voto que integró la minoría, que los ejecutados no dedujeron una pretensión anulatoria para impugnar la decisión administrativa que determinó su responsabilidad ilimitada y solidaria por la deuda de la sociedad, ni acreditaron la imposibilidad de cumplir por culpa de los sujetos pasivos de los gravámenes, tal como manda el Código Fiscal provincial (v. págs. 17/25, adjunto cit.).
II.3. Afirma, también, que si bien las cuestiones de derecho común no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona los derechos constitucionales invocados por el recurrente y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente, lo que se traduce en una violación a las garantías de defensa en juicio, debido proceso y propiedad (v. pág. 4 y 26/27, adjunto cit.).
II.4. Finalmente, denuncia que el caso constituye un supuesto de gravedad institucional en tanto lo resuelto no sólo es de interés de la parte, sino también de la comunidad, al afectar la recaudación de las rentas públicas y alimentar el flagelo de la evasión impositiva (v. págs. 5/6, 25 y 27/28, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 9-XI-2021), el mismo fue contestado por el apoderado del incidentista (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 30-XI-2021 y su archivo adjunto identificado como "CONTESTA+TRASLADO+DEL+RECURSO+EXTRAORDIN").
IV. En relación a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito referido a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2, 3 y 5 a 15; v. adjunto cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En consecuencia, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que atañe al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
En el caso, si bien se cuestionó la validez de ciertos artículos del Código Fiscal provincial, bajo la pretensión de ser contrarios a la Carta Magna nacional, lo cierto es que la sentencia de este Tribunal declaró la inconstitucionalidad del articulado local, lo que descarta la configuración de la cuestión federal invocada (arg. art. 14, inc. 2°, ley 48; Fallos: 285:322; 287:73; 300:474, 866; 301:478; 302:998; 308:441; 311:96, 955; 312:2340; 313:714; 318:1357; 327:5747, 5794 y 5799; 331:2223, entre otros).
Por otro lado, debe señalarse que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal y público local, son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, autocontradicción, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para declarar procedente el remedio de inaplicabilidad de ley deducido por la incidentista y, en consecuencia, resolver la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal (v. págs. 16/28, adjunto cit. y sent. en crisis).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de razonabilidad, defensa en juicio, propiedad, debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y autonomía legislativa; arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 75 inc. 12, 121, 122 y 123, Const. nac.; v. págs. 3/4, 17/19 y 24/29, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.432, "Martínez", resol. de 14-XII-2016; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional.
Es que, además de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear recaudos formales y procesales -y no para suplir la ausencia de cuestión federal-, aquella doctrina constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso (CSJN, Fallos 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799). Adviértase en esa línea que la decisión atacada no afecta la normal recaudación relacionada con los deudores tributarios principales sino que refiere al instituto de la solidaridad, concebido sólo para coadyuvar en aquella actividad.
VI. De acuerdo a las consideraciones precedentes, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario federal intentado, sin costas dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres dijeron:
Coincidimos con nuestros colegas preopinantes en que en el presente caso el recurso, tal como fue planteado, no supera la verificación -propia de esta instancia- del cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del remedio federal; lo que impide su concesión por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 14 y 15, ley 48; arts. 256 y 257, CPCCN).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fecha 30 de noviembre de 2021, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto, sin costas dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2022 09:19:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2022 14:17:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2022 09:25:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2022 10:02:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2022 18:13:42 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2022 09:23:59 hs. bajo el número RR-147-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia