Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34512 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Prescindir del trámite previsto en el artículo 3 de la ley 12.256 y modif.;
2Revocar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez de Ejecución Penal Juan S. Galarreta mediante el cual, declarando la inconstitucionalidad del artículo 14 segunda parte inciso 10 del CP y bajo las condiciones que consideró pertinentes al caso, dispuso la libertad asistida de la encausada Daniela Florencia Arias. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. INC-34512-2. "ARIAS DANIELA FLORENCIA S/INCIDENTE DE SALIDAS TRANSITORIAS". IPP 941-21.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-34512-2, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Ejecución Penal Juan S. Galarreta, declarando la inconstitucionalidad del artículo 14 segunda parte inciso 10 del CP y bajo las condiciones que consideró pertinentes al caso, dispuso la libertad asistida de la encausada Daniela Florencia Arias.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Ministerio Público Fiscal.
Marca la parte recurrente que la causante sólo podría acceder a la libertad asistida seis meses antes del agotamiento de la pena que observa, ello por encontrarse vigente el impedimento normativo previsto en el art. 14 inc. 10 del CP que obtura la posibilidad de la incorporación al instituto de la libertad condicional.
En ese sentido critica el argumento que llevó al sentenciante de origen a dictar la inconstitucionalidad de aquella norma del artículo 14 del CP, trayendo a colación múltiples criterios jurisprudenciales que abonan su conclusión, expresando que -incluso- de ellos se desprende doctrina legal del Superior Tribunal provincial que resulta imperativa para las instancias inferiores.
Desde otroángulo expresa que también el a quo oportunamente tuvo por no pronunciados varios correctivos disciplinarios impuestos a Arias; extremo que entiende, de haber confirmado los mismos, habría implicado una merma en la conducta alfanumérica que en la actualidad posee la penada; ello más allá de señalar que en cada uno de esos casos se vislumbra un claro incumplimiento de los plazos establecidos por la legislación vigente ( Ley 12256, modif.; art. 58).
Además se agravia de la conclusión a la que arriba el sentenciante de origen respecto de la evolución tratamental para adicciones que cumplía la encausada dentro del Centro Ambulatorio de Consumos Problématicos de la UP N° 50; señalando que, a contrario de lo expuesto por el a quo, en Arias se vislumbra una acción meramente especulativa con el fin de obtener el beneficio liberatorio.
Con todo solicita que se haga lugar al recurso interpuesto.
1. Que el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental, el día 16 de mayo de 2022 condenó a Daniela Florencia Arias a la pena de cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión, multa por la suma de cuarenta y cinco (45) unidades fijas, accesorias legales y costas del proceso; ello en razón haberla hallado coautora penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, hecho ocurrido en la ciudad de Mar del Plata los días 2 y 3 de junio de 2021. Asimismo, el día 31 de mayo de 2022 aquél organismo jurisdiccional departamental, dictó pena única respecto de Arias, la que ascendió a seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, con más multa en la suma de cuarenta y cinco (45) unidades fijas; sanción comprensiva de la anterior pena descripta y de la impuesta en causa 7181 del Tribunal en lo Criminal 3 Departamental (IPP nº 08-00-000325-19) de dos (2) años y seis (6) meses de prisión de ejecución condicional, cuya condicionalidad fue revocada en ese momento.
Del oportuno cómputo de pena realizado en autos, se determinó que la pena única impuesta a Arias vencerá el día 25 de mayo de 2027.
2. Que en el particular y teniendo en cuenta el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, por el que Arias resulta también condenada en autos, tal como lo propugna la parte recurrente y resulta criterio de doctrina legal del Superior Tribunal provincial compartida en su totalidad por de los suscriptos, el supuesto de autos se halla excluido de las posibilidades de ingreso al instituto de libertad condicional y, consecuentemente, al de asistida tal como se prevé en la ley provincial 12.256 y modificatorias como una posibilidad de egreso seis meses antes de adquirir el recaudo temporal para ingresar al régimen normado en el artículo 13 del CP.
Al efecto baste consignar que el criterio que lleva al a quo a resolver la inconstitucionalidad del artículo 14 del CP, desde hace tiempo ya fue tratado en modo adverso a la conclusión sentada en autos, por nuestro Superior Tribunal Provincial. Véase, por todos, causa P. 131703 (Sent. del 18/12/2019) y causa P. 129218 (Sent. del 06/06/2018) donde la Suprema Corte provincial señaló que "la liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización... (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018)".
A mayor abundamiento, ante un planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, en cuanto restringe la posibilidad de acceder al beneficio de salidas transitorias a condenados por ciertos delitos, la Suprema Corte provincial en causa P. 129.831, sostuvo "..que el legislador no ha seleccionado ningún grupo de personas por su condición, sino por lo que han hecho. Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, limitadas por supuesto al término de la condena dictada con todas las garantías en el juicio correspondiente, no establece una diferencia que viole el art. 16 de la Constitución nacional".
3. Que teniendo en cuenta lo consignado en el caso la situación de la penada Arias no ingresa dentro de las pautas legales para acceder al régimen de libertad que le fue acordado en la instancia de origen.
Siendo así, sin ingresar a tratar los otros requisitos que exige el instituto de libertad bajo análisis para su precedencia, también fueron puestos en tela de juicio por la parte recurrente, corresponde la revocatoria del pronunciamiento de la instancia de origen y, firme que sea el presente, que Arias continúe cumpliendo la pena a la que fue condenada en autos bajo la modalidad de privación de libertad.
Ello, sin dejar de advertir al sentenciante de origen que en casos como el presente debe tomar adecuada nota del criterio de esta Alzada y, además, del sentado desde ya hace varios años por la Suprema Corte de Justicia provincial, extremo este último que conlleva a no alzarse contra la doctrina legal del Superior.
4. Que, luego, siendo la cuestión traída de pleno derecho y en función de la consabida desintegración de esta Alzada, se prescinde en el caso del trámite legal previsto en el artículo 3 de la ley 12.256 y modif.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: 1) Prescindir del trámite previsto en el artículo 3 de la ley 12.256 y modif.; 2) Revocar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez de Ejecución Penal Juan S. Galarreta mediante el cual, declarando la inconstitucionalidad del artículo 14 segunda parte inciso 10 del CP y bajo las condiciones que consideró pertinentes al caso, dispuso la libertad asistida de la encausada Daniela Florencia Arias. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Firme que sea devuélvase a origen a fin de proceder a la detención de la encausada.
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2024 17:53:18 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2024 09:41:32 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2024 10:01:17 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 29/10/2024 10:11:48 hs. bajo el número RR-552-2024 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia