Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I · Causa 33595
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al recurso de apelación introducido por la defensa y consecuentemente, confirmar la resolución dictada en fecha 19 de octubre de 2026 , por medio de la cual no se hizo lugar a las salidas transitorias solicitadas en favor de Lucas Leonel Montañes (rigen los arts. 100 a contrario sensu, 146, 147 y ccdtes. de la ley 12.256 T.O. según ley 14.296; 439, 498 y ccdtes. del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, según Ley 11.922 y modifs.).
II. Tener presente la reserva de caso federal planteada por el señor defensor oficial del condenado, doctor Sergio Gabriel García (rige el artículo 14 de la Ley 48).
Se reúnen en acuerdo ordinario los jueces integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, doctores Gerardo Lucio Frega, Marcelo Claudio Dau y Ricardo Héctor Cabrera , bajo la presidencia del nombrado en primer término, a fin de dictar resolución en el incidente nro. 33595 , del registro de este Tribunal, caratulado "MONTAÑES, LUCAS LEONEL S/ INCIDENTE DE SALIDAS TRANSITORIAS" , en trámite ante el Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 Departamental (causa nro. ST-1727-00 , e I.P.P. nro. 05-49704-1701 ) y, practicado que fuera en su oportunidad el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: doctores Dau - Frega - Cabrera .
Seguidamente, el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es justa la resolución impugnada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el doctor Marcelo Claudio Dau dijo:
Que, luego del trámite que siguieran los presentes obrados en donde el 4 de septiembre de 2026 la Sala IV del Tribunal de Casación Penal provincial resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto, anular el resolutorio anterior dictado por esta Sala I - el cual había confirmado la denegatoria de salidas transitorias y régimen abierto- , y reenviar las actuaciones a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento sin incurrir en los vicios señalados; habiendo bajado los autos al Juzgado de Ejecución Penal N° 3 y dictado el Magistrado de grado nuevo auto interlocutorio en fecha 19 de octubre de 2026 -por medio del cual nuevamente no hizo lugar a las salidas transitorias solicitadas en favor del penado Montañés -, llega nuevamente la incidencia a conocimiento de esta Alzada en virtud de la vía recursiva impetrada por la defensa técnica.
Para fundar su embate, el doctor Sergio Gabriel García (UFD N° 10 Deptal.), desplegó una crítica estructurada y pormenorizada en diversos agravios que pasare a enumerar y analizar ordenadamente.
En primer lugar, denunció la creación y aplicación de requisitos extralegales, argumentando que el fallo recurrido establece barreras para la progresión no previstas en la normativa aplicable, convirtiendola en un avance rígido e indefinido al exigir un plazo prolongado en el régimen abierto (casi un año y medio acumulado en estamentos previos), lo que vulnera los principios de legalidad, reserva de ley y razonabilidad (arts. 18, 19 y 28 de la C.N.).
De seguido, objetó el irrazonable apartamiento de la conclusión favorable emitida por el Departamento Técnico Criminológico (Acta N° 912/26 y su antecedente informe integral), sosteniendo que el "a quo" incurrió en un vicio de arbitrariedad al ignorar el dictamen multidisciplinario favorable sin aportar datos concretos que lo desvirtúen, sustituyendo indebidamente el criterio técnico de los profesionales por una visión puramente especulativa y restrictiva, en franca inobservancia de los lineamientos del tribunal revisor y del art. 106 del C.P.P..
A raíz de lo expuesto requirió se revoque el auto atacado y se le conceda a su ahijado procesal la medida abogada; formulando ante una decisión adversa, expresa reserva del caso federal por violación a las garantías de legalidad, razonabilidad, progresividad, tutela judicial efectiva y debido proceso.
Vista como ha quedado la presentación efectuada por el letrado, comenzaré por señalar que conforme emerge de la resolución cuestionada, Lucas Leonel Montañes ha sido condenado a la pena de nueve -9- años y seis -6- meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable de los delitos de portación ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad en concurso ideal con disparo de arma de fuego criminis causae y tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, todos agravados por la intervención de un menor de dieciocho años en concurso material entre si, en perjuicio de la seguridad pública; cuyo vencimiento operará el 8 de Mayo del 2027. De modo que en función de los tiempos de detención que lleva compurgado el penado, el recaudo temporal exigido en el art. 147 de la ley 12.256 -T.O. según ley 14.296 - se encuentra satisfecho.
Ahora bien, adelantando mi opinión al respecto, entiendo que la resolución recurrida que deniega por el momento las salidas transitorias se encuentra ajustada a derecho y por lo tanto corresponde su confirmación.
Para esto, ponderamos con especial atención los lineamientos rectores impartidos por el Tribunal Superior al casar el pronunciamiento anterior, los cuales nos vedan toda fundamentación basada en un automatismo cronológico o en una visión rígidamente secuencial de la pena. Sin embargo, tal premisa no importa consagrar la concesión automática de los institutos liberatorios o semi-liberatorios ante el mero transcurso formal del tiempo o la sola incorporación a un régimen de mayor autogestión.
En efecto, al adentrarnos en la naturaleza jurídica de las salidas transitorias, corresponde enfatizar que el riguroso nivel de confianza que dicha medida en ciernes requiere - implicando el egreso efectivo del establecimiento carcelario hacia el medio social amplio - se alcanza no solo con la constatación de una conducta ejemplar (10), un concepto bueno y el paso formal a un régimen abierto (dispuesto recientemente el 2 de octubre de 2026); sino también a través del correcto y profundo aprovechamiento de los espacios tratamentales y de la absoluta inexistencia de factores de riesgo que puedan obturar su correcto desarrollo, los cuales [por cierto] en el actual estadio se advierten latentes y pendientes de consolidación (vide. campo electrónico "INFORME TECNICO CRIMINOLOGICO / SE PRESENTA" del 28/09/26).
Más aún, teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento de la sanción oportunamente impuesta, considero que la trayectoria institucional alcanzada por Montañes -de momento- resulta insuficiente para el otorgamiento del instituto semiliberatorio pedimentado en su favor, por lo que estimo prudente contemplar su adaptación y desempeño bajo el marco del estamento que, como ya fuera mencionado, le resulta novedoso (régimen abierto -sin salidas- concedido el pasado 2/10/2026), pues tal circunstancia permitirá delimitar sus posibilidades resocializadoras y capacidad por mantener un correcto apego a las normas en un segmento de contención más autogestivo; al igual que, un mayor aprovechamiento de los ámbitos de superación ofrecidos por la órbita carcelaria, en miras de profundizar su proceso de reintegración.
De continuidad con este tren de ideas, resulta necesario traer a colación -en lo pertinente- lo expresado por la profesional interviniente en el informe psicológico "...En relación con su posicionamiento subjetivo frente al delito, no asume responsabilidad directa respecto de la conducta específica que configuró el hecho investigado, aunque reconoce su participación dentro del contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos. En este sentido, la asunción de responsabilidad aparece parcialmente relativizada. No obstante, evidencia una postura autocrítica respecto de su permanencia en un entorno que identifica actualmente como disfuncional, pudiendo reconocer que existían indicadores previos de conflictividad y escalada de violencia que no logró advertir ni evitar oportunamente. Asimismo, logra establecer asociaciones entre determinadas modalidades vinculares sostenidas en aquel momento y las consecuencias posteriores derivadas de las mismas, dando cuenta de un proceso reflexivo orientado a revisar aspectos de su trayectoria personal y de las decisiones adoptadas en contextos de riesgo..." (ver IF-2026-27460118-GDEBA-DUP43SPB del 9 de junio de 2026; Fdo. Marisol Hebe Vallejos Magallán); lo que da cuenta de un proceso reflexivo incipiente junto con una adecuada predisposición del mentado al reconocer las dinámicas desfavorables de su entorno previo.
A mayor abundamiento, cabe remorar lo establecido en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), en cuanto establecen que "Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia" , los cuales ".solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo" . Asimismo, se explica que "Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos" (regla número 4, puntos 1 y 2).
Ante tal panorama, si bien no pasa desapercibido el favorable dictamen del Departamento Técnico Criminológico (cnf. Acta Nro. 912/2026) ni el encomiable desempeño institucional que detenta el penado, tal como ya fuera puesto de relevo en anteriores pronunciamientos de esta Sala I - con fecha 3 de noviembre de 2022 y 26 de febrero de 2026 -, los extremos relativos a la necesidad de profundizar el compromiso con los espacios socio-educativos y laborales, así como de afianzar los mecanismos de autogestión y autodisciplina ante la quita de barreras perimetrales, conservan absoluta vigencia -a la fecha-. Máxime, cuando tal opinión -DTC- resulta meramente ilustrativa para el juzgador, mas no vinculante, conforme ya hemos sostenido en numerosos precedentes de esta Alzada.
Por lo que, la exigencia de afianzar su desempeño en el sector otorgado no constituye un requisito extralegal ni un plazo caprichoso, sino una herramienta metodológica indispensable para testear su capacidad de adaptación ante la disminución de los controles directos, evitando exponerlo prematuramente a un medio libre para cuyas exigencias aún deben consolidarse los medios de contención necesarios. No olvidemos que "(s)e aboga cada vez más por una interpretación "progresiva" del principio resocializador, en el sentido de posibilitar un desarrollo personal adecuado del condenado a pena privativa de libertad que favorezca su futura reintegración en la vida social y minimice los efectos desocializadores del encierro carcelario ..." (Ricardo F. Oliveira Buscarini: "Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense (Modificatoria Ley 14269) -Comentada y anotada- ", Ed. La Plata: Librería Editora Platense, 2015, pag. 74 y sgtes.).
Consecuentemente, dando cabal respuesta a los planteos de la defensa y encontrándose debidamente resguardada la garantía de fundamentación lógica y legal, habré de votar a esta cuestión por la afirmativa.
Marginalmente, corresponde tener presente la reserva del caso federal planteada en los términos del art. 14 de la Ley 48.
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN, el doctor Gerardo Lucio Frega dijo:
Al compartir los argumentos vertidos por mi colega preopinante, voto a esta cuestión en el mismo sentido.
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN, el doctor Ricardo Héctor Cabrera dijo:
Atento a los fundamentos esgrimidos por el doctor Marcelo Claudio Dau, a los que adhiero, voto a esta cuestión por la afirmativa.
ASÍ LO VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el doctor Marcelo Claudio Dau dijo:
En virtud de como ha quedado desarrollada la cuestión que precede, corresponde: I.- No hacer lugar al recurso de apelación introducido por la defensa y consecuentemente, confirmar la resolución dictada en fecha 19 de octubre de 2026, por medio de la cual no se hizo lugar a las salidas transitorias solicitadas en favor de Lucas Leonel Montañes (rigen los arts. 100 a contrario sensu, 146, 147 y ccdtes. de la ley 12.256 T.O. según ley 14.296; 439, 498 y ccdtes. del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, según Ley 11.922 y modifs.); II.- Tener presente la reserva de caso federal planteada por el señor defensor oficial del condenado, doctor Sergio Gabriel García (rige el artículo 14 de la Ley 48).
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN, el doctor Frega dijo:
Vista la solución propiciada por mi colega preopinante, la que comparto, voto a esta cuestión de igual manera.
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN, el doctor Cabrera dijo:
Al adherir al pronunciamiento propugnado por el doctor Dau, voto a esta cuestión en el mismo sentido.
ASÍ LO VOTO.
Con lo que se dio por concluido el presente Acuerdo, dictándose la siguiente
I. NO HACER LUGAR al recurso de apelación introducido por la defensa y consecuentemente, CONFIRMAR la resolución dictada en fecha 19 de octubre de 2026 , por medio de la cual no se hizo lugar a las salidas transitorias solicitadas en favor de Lucas Leonel Montañes (rigen los arts. 100 a contrario sensu, 146, 147 y ccdtes. de la ley 12.256 T.O. según ley 14.296; 439, 498 y ccdtes. del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, según Ley 11.922 y modifs.).
II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal planteada por el señor defensor oficial del condenado, doctor Sergio Gabriel García (rige el artículo 14 de la Ley 48).
Regístrese , notifíquese de modo directo en: [email protected] , [email protected] ; y radíquese electrónicamente a la instancia de origen, quedando delegada la notificación del penado . Sirva el presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: DAU Marcelo Claudio - JUEZ
Funcionario firmante: FREGA Gerardo Lucio - JUEZ
Funcionario firmante: CABRERA Ricardo Hector - JUEZ
Funcionario firmante: ZALACAIN Rodolfo Osvaldo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1551-2026
Fin de la sentencia