Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33641 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al planteo de nulidad formulado por la defensa técnica y II- confirmar parcialmente la resolución del Sr. Juez Juan Manuel Sueyro, en cuanto su vez confirmó la sanción administrativa impuesta por la autoridades de la Unidad Penal N° XV de Batán a Leonel Alejandro Ponce, aplicándole diez (10) días de exclusión de actividad común, por la comisión de la falta prevista en el art. 48 incisos "b" y "r" de la Ley 12.256 t.o. 14.296, hecho ocurrido el 26 de diciembre del 2022, modificandose la subsunción legal efectuada, suprimiéndose la imputación del inciso "r" del art. 48, de modo que Leonel Alejandro Ponce resulta en definitiva sancionado por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el inciso "b" del art. 48 de la Ley de Ejecución Penal 12.256 t.o. 14.296, reduciéndose el monto sancionatorio de diez (10) días a ocho (8) días de exclusión de actividad común. Tal modificación deberá ser incorporada en su legajo penitenciario. Todo ello en cuanto fue materia de recurso por el penado in pauperis y, canalizado técnicamente por el Defensor Particular Lucas Adrian Tornini. Rigen el art. 48 inciso "b" de la ley 12.256 t.o. 14.296 y arts. 01, 21, 106, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. ISD-33641-1. "PONCE LEONEL ALEJANDRO S/ INCIDENTE DE SANCIÓN DISCIPLINARIA".
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° ISD-33641-1, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez Juan Manuel Sueyro, resolvió confirmar la sanción sanción disciplinaria impuesta por las autoridades de la Unidad Penal N° XV de Batán a Leonel Alejandro Ponce, consistente en diez (10) días de exclusión de actividad común, por la posesión de un teléfono celular en condiciones de clandestinidad. Hecho que habría ocurrido el día 26 de diciembre del 2022, a tenor del art. 48 inc. "b" y "r" de la Ley N° 12.256 t.o. 14.296.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el encausado in pauperis, canalizando técnicamente dicha voluntad impugnativa el Defensor Particular Lucas Adrian Tornini, que como motivos de agravio plantea:
a) Nulidad manifiesta en las actas que dieran lugar a las presentes actuaciones.
b) Insuficiencia probatoria, pues alega que no existen elementos para constatar una relación de tenencia entre su asistido y el objeto secuestrado. Además refiere que el secuestro se produjo durante una requisa que tuvo lugar en la celda que Ponce comparte con otros dos internos.
c) Atipicidad de la conducta en los términos del art. 48 inc. "r" de la Ley N° 12.256 t.o. 14.296. Considera que la tenencia de un teléfono celular no supone un principio de ejecución del verbo típico "mantener comunicaciones", encontrándonos ante un acto preparatorio.
En respaldo de su defensa técnica, cita jurisprudencia que considera aplicable al caso.
Concluye peticionando se revoque la resolución del a quo y, consecuentemente, se absuelva al encartado Leonel Alejandro Ponce.
3. Que conferida la vista del planteo de nulidad a la Fiscalía General departamental, propugna su rechazo en atención a que no sustentó el recurrente cuál sería el vicio, o sobre qué pieza pesa la irregularidad que le pudo haber generado un perjuicio a su defendido.
1. Que se encuentra acreditado que el día 26 de diciembre de 2022 en la Unidad Penal N° XV de Batán, siendo aproximadamente las 7:15 horas, lograron incautarle a Leonel Alejandro Ponce, oculto en su posesión, un teléfono celular marca Samsung color negro, en condiciones de clandestinidad por no encontrarse inscripto en los registros correspondientes creados al efecto; además el referido Ponce se encontraba haciendo uso de la red social Tik Tok.
Lo descripto encuentra respaldo en las declaraciones testimoniales de los funcionarios intervinientes, Alcaide Mayor Cristian Utinko, Sargento Ayudante Fernando Molina y Sargento Primero Rodrigo Veliz, en el acta de incautación, en los dos fotogramas agregados y en el informe de verificación del registro de aparatos celulares declarados.
Al momento de ser llamado a brindar su descargo, el Ponce se negó a acudir a la requisitoria.
En consecuencia, Ponce fue sancionado en sede administrativa, resolución confirmada por el a quo, con diez (10) días de exclusión de actividad común, en los términos del art. 48 inc. "b" y "r" de la Ley N° 12.256 t.o. 14.296.
2. Que analizadas las constancias de este expediente, compartimos lo dictaminado por la Fiscalía General departamental. Así, el planteo de nulidad esgrimido por la Defensa técnica no puede lograr acogida favorable, habida cuenta que no especifica e indica el motivo en que se sustenta y su fundamento (art. 421 CPP).
A mayor abundamiento, el acta cabeza de estas actuaciones cumplimenta los requisitos del art. 52 Ley N° 12.256 t.o. 14.296, pues contiene los datos del imputado así como una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho atribuido y su calificación legal -48 inc. "b" y "r" de la citada Ley.
Por lo tanto, el procedimiento utilizado en autos ha respetado las normas aplicables (arts. 50 y sstes. Ley 12.256), no existiendo ningún motivo a tenor de los arts. 201 a 203 del CPP que ameriten la declaración nulificante que se pretende.
3. Que en cuanto a las dudas insuperables en torno a la autoría de Ponce, los elementos colectados por la instrucción administrativa resultan por demás concluyentes, permitiendo tener por suficientemente acreditados los extremos de la imputación.
En efecto, es criterio de esta Alzada que la condición de funcionario del Servicio Penitenciario no inhabilita per se a oficiar como testigo, ni esa calidad importa una merma en la credibilidad de las declaraciones que los mismos pudieran brindar, cuando son requeridos por la instrucción a testificar y profundizar acerca de los procedimientos que realizan. No puede soslayarse que son ellos quienes por directivas de la autoridad a cargo se ocupan de velar por el normal desenvolvimiento de la vida intramuros y por el cumplimiento de la normativa disciplinaria.
Bajo este lineamiento, los penitenciarios Utinko, Molina y Veliz fueron suficientemente claros y precisos en sus declaraciones, manifestando que el celular secuestrado fue habido en posesión de Ponce. Consecuentemente, no se verifica duda con respecto a la autoría responsable del hecho -como desliza la defensa en su escrito-, pues más allá de que se tratara de una celda compartida, fue el referido Ponce quien detentaba el dispositivo móvil no registrado adecuadamente, haciendo uso personal e indebido de la red social Tik Tok.
c) Finalmente, la conducta infraccionaria que se le endilga a Ponce no representa, en el actual escenario normativo punitivo, una acción típica en los términos del art. 48 inc. "r" Ley N° 12.256 t.o. 14.296.
Con el avenimiento de la pandemia del Covid-19 y las restricciones impuestas por el PEN en relación al contacto personal, las vinculaciones familiares de los detenidos con sus allegados se vieron seriamente afectadas y la solución a este inconveniente fue la apertura por parte de las autoridades ejecutivas hacia el uso de celulares dentro de los establecimientos carcelarios, aunque bajo debido registro y ciertas condiciones de uso plasmadas en el protocolo para la utilización de celulares por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense.
A pesar de que actualmente ya no rige el aislamiento ni el distanciamiento obligatorio, no se volvió al estado anterior en relación al uso de celulares. Vale decir que la autorización de uso de aparatos móviles reduce la operatividad del precepto al dejar afuera la punición de formas de comunicación admitidas por la autoridad penitenciaria.
Consecuentemente, suprimiremos la tipificación en los términos del 48 inc. "r"de la Ley 12.256 t.o. 14.296, por no haberse determinado la acción típica en ese sentido.
Por otra parte, merece ser receptado favorablemente el encuadre típico, impuesto por la autoridad penitenciaria y confirmado por el Juez de la instancia, acorde a la previsión del art. 48 inc. "b" de la Ley 12.256 t.o. 14.296 ("Incumplir las normas de los procedimientos de registro personal o de sus pertenencias...") toda vez que se ha podido acreditar en este expediente que la acción desplegada por el encartado, quien fue sorprendido haciendo uso de un teléfono celular, no se encontraba registrado debidamente, y además poseía soporte técnico para la aplicación, que se encontraba descargada y activa, de la red social Tik Tok, que no se encuentra autorizado.
Ademas, atenta de manera expresa contra lo establecido por el protocolo para el uso de celulares por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. El referido instrumento en su art. 3 inc. "a" establece la obligación de "toda persona privada de su libertad que ingresa a cualquiera de las dependencias del SPB y que cuenta con un teléfono celular, de declararlo ante el personal a cargo de su recepción, quien registrara la marca, modelo, el número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI) y el número de tarjeta de modulo de identificación de abonado (chip o tarjeta SIM)" ; además en su art. 7 segundo párrafo dispone que "se encuentra prohibido el uso de las redes sociales, con excepción de la aplicación Whatsapp".
Por todo lo expuesto, esta Alzada RESUELVE: I- No hacer lugar al planteo de nulidad formulado por la defensa técnica y II- CONFIRMAR parcialmente la resolución del Sr. Juez Juan Manuel Sueyro, en cuanto su vez confirmó la sanción administrativa impuesta por la autoridades de la Unidad Penal N° XV de Batán a Leonel Alejandro Ponce, aplicándole diez (10) días de exclusión de actividad común, por la comisión de la falta prevista en el art. 48 incisos "b" y "r" de la Ley 12.256 t.o. 14.296, hecho ocurrido el 26 de diciembre del 2022, MODIFICANDOSE la subsunción legal efectuada, suprimiéndose la imputación del inciso "r" del art. 48, de modo que Leonel Alejandro Ponce resulta en definitiva sancionado por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el inciso "b" del art. 48 de la Ley de Ejecución Penal 12.256 t.o. 14.296, reduciéndose el monto sancionatorio de diez (10) días a ocho (8) días de exclusión de actividad común. Tal modificación deberá ser incorporada en su legajo penitenciario. Todo ello en cuanto fue materia de recurso por el penado in pauperis y, canalizado técnicamente por el Defensor Particular Lucas Adrian Tornini. Rigen el art. 48 inciso "b" de la ley 12.256 t.o. 14.296 y arts. 01, 21, 106, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 02/11/2023 11:01:07 - ANGULO Adrián - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2023 11:36:16 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2023 11:36:25 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 02/11/2023 11:36:38 hs. bajo el número RR-753-2023 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia